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Quito (Pichincha).- Wilson Pastor, ministro de Recursos naturales no Renovables, participó en el espacio Diálogo Abierto, del Sistema de Información Oficial El Ciudadano, en el que aseguró que no existirá desabastecimiento de gas en Tulcán, asimismo la eliminación del contrabando, con las medidas implementadas en ésa provincia.

“Desde hoy en adelante las familias estén tranquilas porque tendrán precio del gas garantizado de $1.6 por cilindro en la bodega y de $2.5 máximo cuando se entrega en camionetas de las distribuidoras en los hogares”, mencionó Pastor, quien también precisó que los carchenses se benefician directamente de estas medidas, pues no tendrán que desplazarse ni hacer colas para obtener el gas.

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Explicó que la simplificación de entrega del producto, se da de acuerdo al número de miembros en el hogar, es decir, que las familias de Tulcán que tengan  uno, dos y tres miembros recibirán aproximadamente dos cilindros de gas cada mes. Si existe una familia con cuatro, cinco, seis y siete integrantes el cupo asignado es de cuatro cilindros de gas cada mes. En el caso de las familias integradas por ocho, nueve y diez integrantes, la entrega es de seis cilindros por mes.

Además de ello, las medidas de control militar y policial que se efectúan en diversos sitios de la frontera norte, suman esfuerzos para erradicar por completo el contrabando, lo es considerado una estafa al Estado ecuatoriano, por tratarse de un producto subsidiado como el gas, enfatizó el secretario de ésta Cartera de Estado. LI/ElCiudadano.

Quito.- (Andes).- Ecuador rechazó este 25 de junio pasado una resolución que lo incluye en la lista de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que enfoca sus acciones a impedir el lavado de activos y circulación de capitales del narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Las acciones del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico han sido reconocidas de múltiples ocasiones por la comunidad internacional, por ejemplo con la ampliación de preferencias arancelarias a los productos de este país (ATPDA) un acuerdo que fue extendido por segunda ocasión en 2011.

El procurador general del Estado, Diego García, rechazó la decisión del GAFI de definir al país con deficiencias estratégicas contra el lavado de activos, terrorismo y su financiamiento.

“Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que han sido reconocidos por el propio Grupo de Revisión de las Américas en su informe presentado en la plenaria del GAFI en Roma, por lo que no solamente rechazamos enérgicamente esta decisión que nos coloca en una lista de países con alto riesgo financiero y no cooperantes, sino que no compartimos los criterios expuestos que derivaron en la resolución del GAFI”, expresó el procurador general del Estado desde Roma, en el marco de la Tercera Ronda de Reuniones de la XXIII Plenaria del GAFI realizado el pasado viernes 22 de junio.

En la cita, el secretario ejecutivo del GAFISUD, Alejandro Montesdeoca, reconoció “el fuerte compromiso que Ecuador asumió, al más alto nivel político, para reforzar sus sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de los estándares internacionales”.

Señaló además que Ecuador adoptó “un importante número de medidas legales, regulatorias y operacionales, incluyendo el proyecto de una nueva legislación, que es parte de una reforma integral del sistema penal”.

Por su parte, el delegado de Brasil planteó al Pleno que esperara a que Ecuador apruebe su ley hasta octubre –que se reúne nuevamente la plenaria de GAFI– y que recién entonces se tome una decisión. Esta propuesta, que contó con el apoyo de Argentina, no fue aceptada por el Pleno por considerar que el procedimiento del GAFI no lo permite. (Enviado por luis.padilla).

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- Hasta el momento la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea tiene aprobado ocho artículos del informe para el primer debate del proyecto de Ley de Tierras. Esto, luego de 45 días de trámite y cuando faltan 20 días para que venza el plazo de entrega.

Una de las razones para esta demora es la falta de una propuesta del Ejecutivo en torno a temas claves para la configuración de esta ley, como el fondo de tierras y la nueva institucionalidad estatal.

Hace unos días la presidenta de la Comisión, Irina Cabezas (AP), justificó el retraso en el debate por la espera al pronunciamiento del régimen.

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Este escenario motivó a que las tres organizaciones indígenas más fuertes: la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la Fenocin y la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) se unan para impulsar la aprobación de esta norma y organicen un gran congreso de la tierra.

El asambleísta Gerónimo Yantalema (PK) manifestó que esta unidad se consolidará porque tienen propuestas e intereses comunes.

Yantalema insistió en que si el régimen no remite su propuesta este debate no prosperará. La muestra, a su criterio, es que hasta ahora ni siquiera está analizado el primer capítulo.

Puntualizó que en el oficialismo no hay voluntad política para tratar esta norma ante la cercanía de un proceso electoral, por lo que el trabajo de la comisión es incierto.

La Red Agraria, que junto a Fenocin y otras organizaciones campesinas entregó esta propuesta de ley bajo la figura de iniciativa popular (con 50 mil firmas de apoyo y 180 días de plazo para su análisis), tiene una actitud más positiva en torno al proyecto.

Romelio Gualán, coordinador de la Red Agraria, coincidió en la necesidad de que el Ejecutivo remita su propuesta, pero está conforme con el avance del debate, pues considera que se lo hace con firmeza y de manera concreta.

Añadió que si bien la comisión tiene solo ocho artículos aprobados, las subcomisiones y los asesores de los legisladores tienen más avanzado el análisis. Informó que a través de los legisladores oficialistas se busca una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, para analizar este proyecto.
Gualán anunció que se realizarán asambleas provinciales para rendir cuentas a las organizaciones campesinas sobre el avance de este debate.

Lo que más genera discusión es si se establecen límites y condiciones para la tenencia de la tierra, la creación del fondo de tierras, la creación de nuevos organismos estatales, entre otros temas.

La Comisión recibió cinco proyectos para esta ley, que fueron unificados, con los plazos de una norma presentada como iniciativa popular.

Consulta prelegislativa

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea no define los temas para llevar adelante la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas. Ya está listo el instructivo y esta semana podrían estar definidos los puntos para que la convocatoria a este proceso se realice la próxima semana.

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- El temor a una supuesta criminalización de la protesta social está latente entre distintos sectores políticos por el contenido del informe para primer debate del proyecto de Código Penal Integral (CPI).

El texto contempla figuras legales en el apartado denominado “Delitos contra el Estado”, que tienen que ver con reclamos o la disconformidad ante alguna medida tomada desde un poder o autoridad.

Los actos de huelga o boicot, por ejemplo, son sancionados con prisión de 6 meses a un año. Los de rebelión con privación de la libertad que va de 5 a 7 años. El proyecto la define como las acciones que tengan por objeto o efecto el derrocamiento de la máxima autoridad pública, en cualquiera de las funciones del Estado.

El informe también señala que la persona que impida la prestación de un servicio público, el libre tránsito de vehículos, de personas o mercaderías por las vías públicas del país, o que provoque daños en las vías u obras destinadas a la comunicación pública y en las instalaciones u obras destinadas a brindar servicios públicos será apresada de 1 a 3 años.

El sabotaje se castiga con prisión de 3 a 7 años. Este delito es definido como la alteración de la capacidad del Gobierno de asegurar el orden público, la destrucción de instalaciones industriales, centros comerciales, puertos, canales, vehículos, entre otros. Si se destruye la infraestructura de sectores estratégicos, la pena se incrementará de 7 a 11 años.

El terrorismo será sancionado con cárcel, de 8 a 15 años.

Se lo tipifica como la provocación de un estado de terror, ya sea por una asociación armada o no, a un sector de la población, mediante actos que pongan en peligro la vida o libertad de las personas “con medios capaces de causar estragos”.

Para el legislador Ramiro Terán (MPD), es evidente el interés del régimen de perseguir y sancionar a los que piensan distinto y reprimir la movilización y la protesta social y popular. Dice que el objetivo es consolidar su proyecto político autoritario y represivo, para silenciar e imponer su política de terror e institucionalizar un Estado policiaco.

Terán precisó que si se aprueban estas disposiciones se abrirá un escenario para que existan más perseguidos, especialmente del MPD, cuyos integrantes ahora ya están apresados. Además puntualizó que se quiere someter a organizaciones sociales, de profesores, de trabajadores, de indígenas a los designios del Ejecutivo.

La asambleísta Gina Godoy (AP) rechazó esta visión y justificó la dureza en la penalización de estos delitos. Explicó que la Constitución ya establece que no se puede afectar, bajo el pretexto de protesta social, a los bienes públicos y a la propiedad privada.

Aseguró que este Código tiene como objetivo resguardar los derechos de todos los ciudadanos. Y sobre el tiempo de las penas, la legisladora señaló que eso aún está en debate.

“La protesta social tiene libertad para expresarse en el país, lo que no hay libertad para ningún ciudadano es afectar el tránsito y la integridad de las personas, porque ahí sí estaríamos hablando de violación de derechos de la gente”, dijo.

Aclaró que las condiciones de terrorismo están muy lejanas a las acciones que protestan que realiza la oposición. Aseguró que para que se caiga en esta figura legal tiene que existir una organización con manejo de armamento con la intención de afectar al régimen democrático en el país.

Contra el presidente

La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República se la sanciona de 8 a 12 años, el atentado contra el Jefe de Estado con prisión de 3 a 5 años.

Símbolos patrios

El proyecto contiene figuras como las ofensas a símbolos patrios, que recibe una pena de 6 meses a un año.
Discordia

La incitación a la discordia entre ciudadanos incitando a armarse unos contra otros, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Apología del delito

La persona que por cualquier medio haga apología del delito será sancionado con prisión de quince días a tres meses.