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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Baltasar Garzón, coordinador de la veeduría internacional del proceso de reestructuración de la Justicia, no quiere que su informe preliminar que presentó el 11 de mayo pasado y que señala ciertas irregularidades en la designación de jueces nacionales se use como herramienta política.

Sin embargo, como resultado de esas irregularidades, en el Parlamento se debate un juicio político planteado por el asambleísta de la ID Andrés Páez contra los miembros de la Judicatura, quienes organizaron el concurso de designación de jueces nacionales, tres de los cuales han sido llamados a confesión judicial.

Garzón llegó al país el lunes pasado, en su quinta visita oficial, para verificar el avance del eje de infraestructura civil y tecnológica que llevan adelante los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias quien han minimizado las observaciones preliminares de Garzón.

Páez, apoyado en el informe de Garzón, cree que los jueces que él cuestiona deben salir de la Corte de inmediato.

Insiste en que el CJT favoreció las candidaturas de Mariana Yumbay, Lucy Blacio, Ximena Vintimilla, Wilson Merino, Wilson Andino y Paúl Íñiguez con puntos que, según él, no merecían. Su denuncia sobre esos jueces, excepto contra Íñiguez, fue recogida por la veeduría.

“El informe es preliminar y solo eso”. “No habrá un pronunciamiento respecto de los temas de selección de jueces sino hasta diciembre”. Esas fueron las respuestas de Garzón a las inquietudes sobre la conformación de la Corte. Se fue el viernes pidiendo que dejen trabajar a los veedores.

Gremios de abogados lamentan que Garzón quiera ahora “bajarle el tono” a lo que ya expuso en su informe. Páez dice que “las irregularidades no van a cambiar” por más que los veedores dejen para el final su pronunciamiento sobre el tema.

El oficialista Juan Carlos Casinelli, en una entrevista en Ecuavisa, insistió en el carácter preliminar y no definitivo del informe que presentó Garzón, tratando de minimizar las conclusiones del informe.

En ese documento, los veedores indican que la legitimación del proceso de selección proviene de la consulta popular del 7 de mayo pasado, lo que fue resaltado por Casinelli y por el propio Garzón.

Pero en su informe también señala “aparentes irregularidades referentes a la fase de méritos, pruebas orales y a la entrevista oral”. Y agrega que emitirá las correspondientes conclusiones y recomendaciones en su informe final, previsto para diciembre, “una vez que (se) haya completado la exhaustiva indagación iniciada sobre tales aspectos”.

Casinelli sostuvo lo mismo que ya han manifestado el presidente de la República, Rafael Correa y el vocal del CJT, Fernando Yávar, que Páez busca en este hecho su propio interés: asegurarse un periodo más como asambleísta.

¿Usted será o no candidato para la reelección?. “Eso lo decidirá mi partido, no importa que digan lo que quieran de mí, aquí lo importante es que nadie ha podido negar lo que denuncié y lo que dice la veeduría”, responde el legislador de la Izquierda Democrática.

Antes de volver a España, el viernes, Garzón exhortó a la clase política a que deje trabajar a los observadores que siguen de cerca el proceso de reestructuración de la justicia.

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador deploró la actuación de Garzón por haber sostenido que las conclusiones de su primer informe, en el que se expone “aparentes irregularidades”, están siendo malinterpretadas por grupos de oposición.

La Federación y los colegios de abogados del Guayas, Loja, Esmeraldas y Santo Domingo denunciaron por separado a Garzón ante la Relatora Especial para la Independencia de Magistrados de la ONU, porque lo consideran cómplice de la designación de los jueces que ha cuestionado Páez.

Esa relatoría, según consta en el informe de Garzón, ya le ha pedido información al Estado “sobre el desarrollo de la reforma de la Función Judicial”.

Yávar dijo hace dos semanas no saber sobre la existencia de ese pedido de información, mucho menos qué indaga la relatoría. La denuncia contra Garzón que los abogados remitieron el viernes a dicha instancia internacional es un alcance a la que hicieron hace una semana, cuando se quejaron por la falta de independencia de poderes.

La veeduría, que deja para el final de su labor su apreciación sobre la elección de jueces nacionales, no supervisó este proceso. En el informe preliminar los observadores dejan constancia que su labor comenzó el 26 de enero de este año, un día después de que los jueces fueron posesionados en sus cargos al haber sido declarados por el CJT como ganadores.

Incluso dice la veeduría que este concurso y la evaluación a los judiciales son los “puntos críticos” del proceso. Esa evaluación empezó el 26 de noviembre del año pasado, por lo que tampoco fue supervisada.
No obstante, la veeduría dice en su informe preliminar que su trabajo no solo consiste en validar esos procesos, aún así ha pedido información de los mismos, incluso al CJT.

Aunque Garzón resaltó el carácter preliminar de su informe en una de las recomendaciones, expresa las mismas críticas que hicieron en su momento los judiciales y políticos como Paco Moncayo, César Rodríguez, César Montúfar, entre otros, cuyos criterios constan en el informe presentado hace un mes.

Una de las recomendaciones dentro del eje de talento humano señala: “Proponer que la audiencia o entrevista final en el proceso de evaluación para acceso a la función judicial no sea el último acto de aquel y se reconsidere así mismo la excesiva puntuación. (se otorgaba 10 máximo)”.

Los asambleístas que se entrevistaron con los veedores indicaron que esta parte era la más discrecional del concurso. De hecho, el informe de los vee

Apuntes: Reestructuración

Proceso

Este proceso de selección de los nuevos jueces, desarrollado a través de un concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo de la Judicatura Transitorio, demoró cinco meses.

Costo de veeduría

El trabajo de veedores internacionales, liderado por el juez español Baltazar Garzón, tiene un costo de $ 550.000 y, según el cronograma, se prevén cuatro visitas durante el periodo de reestructuración del sistema de justicia.

Textuales: Protagonistas
Baltasar Garzón

Veedor internacional
“No entraré en el ámbito de discusión o debate político, lo que pido es que se deje a los veedores hacer su trabajo”.

Andrés Páez
Asambleísta de ID

“Los vocales del CJT deben corregir su error, por decir lo menos, o serán cómplices de estos jueces chimbos”.

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- La jueza nacional Mariana Yumbay debe acudir mañana, a las 09:00, al Juzgado 6º de lo Civil de Pichincha para rendir una confesión judicial sobre su designación como autoridad de la Corte Nacional.

Esa diligencia fue solicitada por el asambleísta Andrés Páez (ID), quien también solicitó la comparecencia de Wilson Merino, que no asistió el lunes pasado y de Ximena Vintimilla, prevista para el próximo mes.

Según la denuncia del legislador Andrés Páez (ID), Yumbay fue beneficiada con seis puntos que no merecía. Se basa en el instructivo del concurso respecto a la calificación de “méritos” y los títulos de abogados de los jueces Mariana Yumbay y Wilson Merino.

El instructivo establece que luego del décimo año de graduación (de abogado) se le asigna a cada postulante dos puntos extras por cada año completo cumplido luego de la década de profesional, con un máximo de diez puntos.

El título de Yumbay, que el Consejo de la Judicatura remitió a Páez, indica que lo obtuvo el 15 de marzo del 2001, es decir, que cumplió diez años de graduada en el 2011.

“El primer año completo adicional a esa década se cumplió en marzo pasado, cuando ya era jueza nacional. Yumbay merecía cero, pero le pusieron 6 puntos”, dijo Páez.

Igual pasó, según el asambleísta de oposición, con la jueza Ximena Vintimilla, exasesora de la legisladora Rossana Alvarado (AP) en la Asamblea Constituyente de Montecristi y exfuncionaria de la Cancillería, y con Lucy Blacio, exfuncionaria del Consejo de Participación Ciudadana.

En el caso de Merino, su título es del 26 de marzo del 2001, por lo que a esa misma fecha, el año pasado, recién había cumplido diez años como abogado. “El primer año completo, posterior a los diez de graduación, recién se cumplía en marzo de este año, cuando ya había dictado la sentencia contra diario EL UNIVERSO”, expresó Páez.

La semana pasada, el presidente de la Corte Nacional, Carlos Ramírez, dio su “absoluto respaldo y apoyo a los jueces señalados por Páez”, a quienes –dijo– se los está agraviando, “al considerar que el informe de la veeduría internacional es preliminar y su texto recoge los injustificados cuestionamientos de inconsistencias y no contiene conclusiones”.

Insistió en que el informe de la veeduría de Baltasar Garzón es preliminar y no contiene conclusiones. Minimizó las denuncias de supuestas irregularidades en el concurso que ha hecho Páez.

Calacalí.- (Andes).- El Gobierno advirtió con aplicar la ley si la prensa sigue jugando con temas serios como la seguridad nacional. El anuncio lo hizo este sábado el presidente de la República, Rafael Correa, durante su informe semanal de actividades.

El Mandatario rechazó el manejo político que Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, dio a una investigación en curso que adelantaba la Policía para desmantelar una banda dedicada al tráfico de drogas.

A través de su cuenta en twitter y en una entrevista en la radio Democracia, el coronel retirado alertó sobre el ingreso de una avioneta a la península de Santa Elena y frustró el trabajo de la Policía.

Video cortesía ECUAVISA

Basado en supuestas fuentes anónimas, Pazmiño alertó que la avioneta ingresó al espacio aéreo ecuatoriano y las autoridades no habían comunicado del hecho.

Esta acción le valió el inicio de una demanda penal contra la seguridad del Estado, planteada por el ministro del Interior, José Serrano, el pasado jueves. Según la autoridad, además de frustrar la operación, Pazmiño puso en riesgo la integridad física de los agentes policiales.

El Presidente Correa califico la actitud del ex militar como “politiquería” y no excluyó la posibilidad que exista complicidad con los narcotraficantes.

“En todo caso, este mal ecuatoriano, irresponsable y politiquero ha atentado contra la seguridad nacional y tendrá que responder ante la justicia”, recalcó.

El Mandatario lamentó que “la prensa corrupta” le haya concedido grandes espacios de entrevistas para tratar de victimizarlo y darle la razón.

Mario Pazmiño, quien se formó militarmente en la Escuela de las Américas, fue destituido en 2008 de su cargo de director de Inteligencia del Ejército por ocultar información importante para el Estado, lo que puso en peligro la seguridad nacional, durante el ataque del Ejército colombiano al territorio ecuatoriano de Angostura.

La destitución de Pazmiño se dio tras el ataque, en el marco del inicio de la investigación realizada por el Ministerio de Defensa, sobre la infiltración de la Central de Inteligencia Americana (CIA, que fue denunciada por el propio Presidente Correa.

Mientras fue director de Inteligencia fue denunciado por organismos defensores de los derechos humanos y por otros militares, como el coronel Jorge Brito.

Brito, jefe militar de la guerra contra Perú en 1995, enjuició a Pazmiño en 2001 como autor de la Legión Blanca, supuesto grupo de ultraderecha que amenazaba de muerte a periodistas, activistas de los derechos humanos, dirigentes políticos y sociales. (Enviado por andres.reliche)