Quito.- (Diario HOY).- El Gobierno de Ecuador defendió hoy ante la Corte Constitucional una ley que restringe la cobertura del proceso electoral por parte de la prensa, con el argumento de que los medios de comunicación «han privilegiado a sus propios candidatos» en el pasado.
El Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo que el llamado «Código de la Democracia» evita el «abuso» histórico de los grandes medios de comunicación, que a su juicio han «aupado» a ciertos aspirantes.
«Desde hace muchas décadas los medios han privilegiado a sus candidatos», dijo Alvarado. «Básicamente han tratado de legitimar entre la población sus intereses grupales o individuales por sobre los de la nación», añadió.
Video cortesía Ecuavisa
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La Corte analiza actualmente cinco demandas contra el Código, presentadas por gremios periodísticos y partidos políticos, que aseveran que viola los derechos fundamentales.
La ley establece que durante la campaña electoral los medios «se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política».
Tras la audiencia de hoy, que duró aproximadamente una hora, Vicente Ordóñez, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), una de las entidades demandantes, afirmó a la prensa que «se está impidiendo ejercer un derecho a los comunicadores sociales en el momento de trasmitir informaciones en tiempos de elecciones».
Ordóñez dijo que la UNP defiende el derecho del ciudadano «a estar bien informado» durante la campaña y el de los periodistas a elaborar sus noticias «sin condicionamientos y sin censuras previas».
En cambio, Alvarado indicó que abstenerse de promocionar a un candidato, como dice la ley, «es totalmente diferente a informar» y aseveró que la norma asegura que todos los candidatos «puedan tener igual de posibilidades», sin importar si tienen más o menos «recorrido».
Además, afirmó que el Código garantiza que los medios públicos, «que dicen que podrían estar manejados por el gobierno», den los mismos espacios a candidatos opositores.
Hernando Morales, uno de los miembros de la Corte, criticó la intervención de Alvarado, pues consideró que los comparecientes deben ceñirse a hablar «de la constitucionalidad» de la ley.
«Si nosotros vamos a traer posiciones ideológicas sobre los medios de comunicación, no ayudan», afirmó.
Le respaldó Nina Pacari, otra integrante del tribunal, quien dijo a la prensa que los testigos deben aportar «argumentación jurídica», porque si no «se encierra en dimes y diretes del ámbito ideológico político».
En la sesión también participó Gustavo Medina López, expresidente de la antigua Corte Suprema y ex Procurador General de Ecuador, quien se refirió a otras cláusulas polémicas de la ley.
Medina, quien dijo no pertenecer a ningún grupo político, afirmó que el Código «no tiene sustento constitucional porque vulnera el principio de igualdad del voto», al establecer un nuevo sistema de cálculo de escaños.
La ley establece que para los representantes nacionales se usará el método Webster y para los parlamentarios regionales el sistema D’Hont.
Políticos de oposición mantienen que el método D’Hont favorece a Alianza País, el movimiento oficialista, pues da más escaños a los partidos grandes.
La nueva ley también relaja la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de «temas de importancia nacional», como campañas de salud, seguridad «u otras de naturaleza similar».
Medina afirmó que esa prohibición constitucional «no admite excepciones», las cuales «pueden ser materia de abuso», alertó.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar en febrero de 2013. Se prevé que el actual mandatario, Rafael Correa, se presente a la reelección, aunque no ha hecho un anuncio oficial.
Mañana comparecerán ante la Corte periodistas de medios públicos y privados, según anunció el magistrado Alfonso Luz Yúnez, el encargado de presentar un informe al pleno sobre las demandas, que tendrá listo en 15 días, afirmó. (EFE)
Quito (Pichincha)- El Ministerio del Interior acusa al exdirector de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Mario Pazmiño, de divulgar información reservada y frustrar un operativo para detener a los tripulantes de una avioneta de bandera mexicana que aterrizó el pasado sábado en la provincia de Santa Elena.
