Escrito por Sala de Prensa
Quito.- Los catedráticos Geovanni Sacasari, Tarquino Orellana y Sebastián López, en un encuentro académico en la Universidad del Azuay coincidieron que Ecuador requiere una legislación secundaria que desarrolle lo constante en el artículo 171 de la Constitución respecto a las funciones jurisdiccionales que tienen las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Los criterios fueron expuestos en el seminario sobre “Justicia Indígena: Conflictos Comunales”, organizado por la Universidad del Azuay, en coordinación con la Corte Provincial de Justicia y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.
Tensión no resuelta
Tarquino Orellana, consideró que actualmente existe en el país una tensión y una crisis de una cultura premoderna en conflicto con la moderna y, por tanto, hay que mirar el tema de la justicia indígena desde una dimensión amplia que permita enfrentar las tensiones actuales, principalmente, entre lo colectivo y lo individual.
Ecuador y el mundo han sufrido cambios importantes en los 30 años que nos permiten descubrir y descubrirnos quiénes somos y qué queremos ser, dijo.
Orellana recordó que la temática de la plurinacionalidad y la interculturalidad, surge más que de la política, de la antropología, y en esa concepción que no existen culturas superiores sino diferentes.
Por tanto, si somos un Estado unitario que reconoce la existencia de varias nacionalidades, cuáles son las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento y hasta qué punto estos temas pueden resolverse o no, exclusivamente, en el orden constitucional, preguntó.
En este contexto, delineó tres ámbitos de discusión: derechos de orden territorial; derechos políticos; y, los derechos propios, particulares y de la identidad.
Añadió que una discusión de fondo sobre el pluralismo jurídico es analizar su financiamiento, con qué autoridades, con qué legitimidad y con qué procedimientos exactos para que este pluralismo establezca una convergencia de los sistemas de administración de justicia.
Estado en deuda
Geovanni Sacasari puso énfasis en los métodos alternativos y justicia de paz, mediante las cuales se pueden solucionar algunos casos; sin embargo, el Estado se halla en deuda porque todavía no se cuenta con la legislación secundaria para la aplicación de la justicia indígena, que tiene otra concepción.
La justicia indígena no es un espacio cualquiera del cual podemos valernos los ecuatorianos para resolver conflictos, esta justicia es propia y debe ser adecuada única y exclusivamente para aquellas personas que por sus condiciones se merecen ser tratados como lo que son, diferentes.
El no contar con una legislación secundaria ha servido de argumento para que tanto los indígenas como el resto de la población podamos decir todo de la justicia indígena, y no para bien sino para mal, mencionó.
Ley y Jurisprudencia
Sebastián López profundizó su análisis en los avances del constitucionalismo y sobre el pluralismo jurídico.
Recordó que en el Estado liberal, que nació con las revoluciones francesas y americanas, el único sistema jurídico que se registra como válido es la ley, por tanto todas las demás fuentes del derecho solo se justifican en la medida que sirven como auxiliares.
Hoy en el Estado constitucional, las fuentes del derecho se diversifican, porque tenemos a la Corte Constitucional, que dicta sentencias y éstas son vinculantes, con la cual la ley dejó de ser la única fuente del derecho. Además están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de aplicación directa. También los pactos sobre derechos, recordó.
Sebastián López, tras resaltar los avances sobre justicia indígena en materia constitucional, dijo que todavía existen algunas restricciones como en el tema jurisdicción – territorio. A ello se suma que en Ecuador no se ha desarrollado la jurisprudencia como el caso de Colombia, en donde no se habla solamente de las condiciones de territorio, sino de pertenencia étnica. No solo es necesaria la ley y el desarrollo jurisprudencial, concluyó.
Quito (Pichincha).- Ante los rumores de un posible puente vacacional el lunes 30 de abril y el martes 1 de Mayo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que no se ha decretado dicho puente.
