Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El exdiputado por Loja, Freddy Bravo, denunció en el noticiero Prensa Radial Noticias Planeta al Día una grave afectación ambiental en el Parque Nacional Podocarpus, producto de actividades de minería ilegal que, según afirmó, han generado una “invasión silenciosa” dentro de esta área protegida.
Freddy Bravo calificó como “dantescas” las imágenes difundidas por las Fuerzas Armadas, en las que se evidenciaría la presencia de campamentos irregulares y daños significativos a la biodiversidad del parque, considerado uno de los ecosistemas más importantes del sur del Ecuador.
Pablo Sanmartín Rodríguez, Director del programa Expresión Polítika comparó la situación con lo ocurrido en Nambija, aunque subrayó que el impacto en Podocarpus es aún más crítico debido a su condición de reserva natural estratégica, con especies únicas y fuentes hídricas que abastecen tanto a Ecuador como a Perú.
Freddy Bravo, cuestionó el silencio de colectivos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales frente a esta problemática, señalando un “doble rasero” en sus reacciones, en contraste con protestas anteriores por intervenciones menores en zonas urbanas.
De acuerdo con Bravo, la presencia de miles de mineros ilegales —algunos presuntamente armados— representa no solo un riesgo ambiental, sino también un problema de seguridad nacional.
Las operaciones militares en la zona buscan recuperar el control del territorio y frenar la expansión de estas actividades ilícitas, en un contexto donde el Estado ecuatoriano ha intensificado su lucha contra economías criminales.
El caso reabre el debate sobre la protección efectiva de áreas naturales, la gestión de recursos estratégicos y la articulación institucional frente a amenazas ambientales y de seguridad.
1. Recurso hídrico estratégico
Podocarpus no solo es una reserva ecológica, sino un activo crítico:
Abastece cuencas que alimentan el Pacífico y la Amazonía
Tiene impacto binacional (Ecuador–Perú)
Forma parte de corredores hídricos clave en Sudamérica
La degradación de este ecosistema compromete servicios ambientales esenciales, incluyendo agua potable, generación energética y equilibrio climático.
2. Economía ilegal y control territorial
La presencia de minería ilegal implica:
Redes de financiamiento ilícito
Posible vinculación con crimen organizado
Control de zonas estratégicas por actores no estatales
Esto transforma el problema en un asunto de seguridad nacional, más allá del daño ambiental.
3. Costo socioeconómico
Los impactos incluyen:
Pérdida de biodiversidad con valor científico y turístico
Afectación a economías locales sostenibles
Incremento del gasto público en control y recuperación ambiental
A largo plazo, la degradación puede superar cualquier beneficio económico ilegal generado.
4. Fallas institucionales
El caso evidencia debilidades en:
Prevención y control territorial
Coordinación interinstitucional
Reacción de organismos ambientales y políticos











