Ejército e IGM combaten minería ilegal en Podocarpus

Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez9.- El Ejército Ecuatoriano, en coordinación con el Instituto Geográfico Militar (IGM), ejecuta un operativo tecnológico para enfrentar la minería ilegal en el Parque Podocarpus, una de las áreas naturales protegidas más importantes del país.

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, donde equipos especializados realizan levantamientos cartográficos y georreferenciación de zonas afectadas por actividades extractivas ilegales.

Para este trabajo se emplean vehículos aéreos no tripulados (UAV), drones fotogramétricos capaces de generar cartografía de alta precisión y modelos digitales del terreno. Esta tecnología permite analizar la topografía de áreas de difícil acceso y detectar puntos de explotación minera clandestina.

La información obtenida facilita identificar rutas utilizadas por maquinaria pesada, ubicar campamentos ilegales y reconocer nuevas zonas de intervención dentro del parque. Con estos datos, las unidades militares pueden planificar operaciones con mayor efectividad y mejorar la seguridad de las patrullas desplegadas en el territorio.

Las autoridades militares destacaron que el uso de herramientas tecnológicas fortalece la capacidad operativa para enfrentar delitos ambientales que amenazan la biodiversidad y los recursos naturales del país.

El Ejército Ecuatoriano y el IGM reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para proteger el patrimonio natural del Ecuador y combatir de forma permanente la minería ilegal en el Parque Podocarpus, actividad que genera graves impactos ecológicos en esta zona de alta diversidad biológica.

Ordenanza barrial en Loja genera debate entre dirigentes

Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Dirigentes barriales de la ciudad de Loja expresaron su preocupación frente al proyecto de ordenanza barrial en Loja presentado ante el cabildo cantonal y solicitaron que el debate se amplíe antes de su eventual aprobación, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y propuestas provenientes de los propios barrios.

En el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta Al Día de la Alianza infrmativa diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1, Alex Toledo, presidente del barrio El Electricista, y Germania Morales, presidenta del barrio 18 de Noviembre, analizaron el contenido de la normativa impulsada por el concejal John Espinosa junto al departamento municipal de Promoción Popular.

Los representantes comunitarios coincidieron en que la iniciativa busca regular la organización barrial, definir la estructura de los directorios y establecer lineamientos territoriales para los barrios del cantón. Sin embargo, señalaron que el documento aún presenta inconsistencias y aspectos que requieren mayor análisis.

Según explicaron, una de las principales preocupaciones es la delimitación territorial de los barrios y el rol que tendrían las directivas barriales dentro de la estructura municipal. Los dirigentes sostienen que es necesario aclarar hasta dónde llegan sus competencias y evitar que responsabilidades administrativas del municipio sean trasladadas a los representantes comunitarios.

Otro punto de debate se relaciona con las posibles sanciones contempladas en el proyecto de ordenanza, así como la propuesta de establecer mecanismos de rendición de cuentas y obligaciones para las directivas barriales.

Los líderes comunitarios consideran que estas disposiciones deben revisarse cuidadosamente para garantizar que la normativa fortalezca la participación ciudadana sin generar cargas administrativas que no corresponden a los dirigentes barriales.

Propuesta alternativa desde los barrios

Frente a la iniciativa municipal, los dirigentes indicaron que varios presidentes barriales se han unido para presentar una propuesta alternativa basada en una ordenanza elaborada inicialmente por el barrio 18 de Noviembre.

El documento plantea un modelo de organización barrial con representación parroquial, que permitiría a los barrios participar de manera más directa en las decisiones del cabildo.

Entre las ideas planteadas destaca la creación de un sistema de representación por parroquias urbanas, así como la participación de delegados barriales en espacios de decisión municipal mediante mecanismos como la “silla vacía”, con voz y voto en determinadas sesiones del cabildo.

Los dirigentes argumentan que este modelo fortalecería la democracia participativa y permitiría que las necesidades de cada barrio sean consideradas en la planificación y distribución de recursos municipales.

Socialización y debate ciudadano

Como parte del proceso de discusión, los representantes barriales anunciaron la realización de una reunión de socialización con dirigentes y ciudadanos interesados, con el objetivo de analizar los contenidos de ambas propuestas de ordenanza.

El encuentro busca recoger aportes y construir una posición conjunta que posteriormente será presentada ante el cabildo del cantón Loja.

Los dirigentes insistieron en que su intención no es confrontar con la administración municipal, sino contribuir con ideas que permitan construir una normativa sólida, funcional y acorde a la realidad de los barrios.

“Los barrios somos el puente entre el municipio y la ciudadanía. Queremos aportar con propuestas que permitan una mejor organización y un desarrollo equilibrado de la ciudad”, señalaron.

El debate sobre la ordenanza barrial en Loja continuará en los próximos días dentro del cabildo, donde se espera que las observaciones de los dirigentes y de la ciudadanía sean consideradas antes de la aprobación definitiva de la normativa.

Contratación pública bajo alerta por Decreto 328

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno nacional dispuso nuevas medidas de control en los procesos de contratación pública. A través del Decreto Ejecutivo 328, el presidente Daniel Noboa ordenó que el Centro Nacional de Inteligencia emita alertas y reportes de riesgo sobre personas naturales o jurídicas que participen en contratos con el Estado.

La disposición busca anticipar posibles amenazas vinculadas a redes de corrupción, estructuras criminales, financiamiento ilícito o cualquier tipo de riesgo que comprometa la seguridad del Estado.

Según el decreto publicado el 12 de marzo de 2026, el organismo de inteligencia deberá analizar a oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas y beneficiarios finales que intervengan en procesos de contratación pública, especialmente aquellos sujetos a regímenes especiales o cuya información esté clasificada como confidencial, reservada o secreta.

Control previo a la adjudicación de contratos

La normativa establece que los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia el listado completo de participantes antes de la adjudicación de los contratos.

Este reporte deberá incluir información detallada sobre las estructuras societarias, beneficiarios finales y cualquier documentación relevante que permita realizar un análisis técnico de riesgos.

Con base en estos datos, el organismo elaborará informes y alertas dirigidas al Presidente de la República para advertir posibles vínculos con actividades ilícitas o amenazas a la soberanía, la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional.

Además, el Centro Nacional de Inteligencia podrá solicitar información adicional a las instituciones involucradas, la cual deberá ser entregada de forma inmediata para garantizar la evaluación preventiva de los procesos de contratación.

Integración de sistemas de inteligencia

El decreto también establece nuevas disposiciones de coordinación entre entidades del Estado. En ese sentido, el ECU 911 deberá proporcionar datos de geolocalización y georreferenciación cuando sean requeridos por el sistema de inteligencia, bajo protocolos de protección y reserva de la información.

Asimismo, se dispuso la incorporación de la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia.

Esta integración permitirá fortalecer las capacidades del Estado para detectar riesgos vinculados con movimientos migratorios, posibles injerencias extranjeras o amenazas transnacionales.

Seguimiento y aplicación del decreto

El Decreto Ejecutivo 328 también establece que el Centro Nacional de Inteligencia emitirá los protocolos internos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones y supervisará su cumplimiento.

Las instituciones públicas que mantengan procesos de contratación en curso deberán remitir igualmente la información requerida si estos aún no han sido adjudicados.

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar los controles preventivos en la contratación estatal y evitar que empresas o personas vinculadas a actividades ilícitas accedan a recursos públicos.

Cuba confirma contactos con Estados Unidos por crisis energética

Habana. Cuba. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El gobierno de Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba ha mantenido conversaciones recientes con Estados Unidos para abordar las diferencias bilaterales entre ambos países. El anuncio ocurre en medio de una severa crisis energética que ha provocado apagones generalizados y escasez de combustible en la isla.

Es la primera vez que La Habana reconoce oficialmente la existencia de estos contactos diplomáticos con Washington, en un contexto de creciente presión económica y dificultades en el suministro energético.

Diálogo bilateral en medio de apagones

Durante una intervención pública, el presidente cubano explicó que las conversaciones buscan “encontrar soluciones mediante el diálogo a las diferencias bilaterales entre nuestras dos naciones”. No obstante, el mandatario evitó ofrecer detalles sobre el contenido específico de los encuentros o los interlocutores involucrados.

Díaz-Canel atribuyó parte de la crisis energética a lo que calificó como un “bloqueo energético” de Estados Unidos, asegurando que la isla no ha recibido cargamentos de petróleo durante los últimos tres meses. La falta de combustible ha agravado los problemas de generación eléctrica, especialmente en el occidente del país.

Los cortes de energía han afectado a millones de ciudadanos y han generado impactos directos en sectores clave como el transporte, las telecomunicaciones y los servicios de salud. Según el mandatario, el sistema sanitario también enfrenta dificultades, con miles de cirugías aplazadas debido a la falta de recursos y energía.

“El impacto es tremendo”, reconoció el jefe de Estado al describir las consecuencias de la crisis sobre la economía nacional y la vida cotidiana de la población.

Liberación de 51 presos como gesto de buena voluntad

Horas antes del anuncio sobre los contactos diplomáticos, el Gobierno cubano informó que liberará a 51 personas encarceladas como gesto de buena voluntad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba explicó que la medida responde a un clima de diálogo y también a las relaciones con el Vaticano.

De acuerdo con las autoridades, las personas beneficiadas han cumplido una parte significativa de sus condenas y han mantenido buena conducta durante su estancia en prisión.

Hasta el momento no se ha confirmado si entre los liberados habrá presos políticos. La organización Prisoners Defenders estimaba que en Cuba había más de 1.200 presos políticos a comienzos de 2026.

Perspectivas de cooperación

El presidente cubano señaló que el objetivo de estos contactos diplomáticos es evaluar la disposición de ambas naciones para adoptar acciones concretas que beneficien a sus pueblos. Asimismo, destacó que cualquier posible cooperación deberá basarse en el respeto a la soberanía de Cuba.

El reconocimiento público de estos diálogos abre un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre ambos países, que han atravesado décadas de tensiones políticas y económicas.

Renovación del CNE se retrasa por falta de docentes

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La renovación del pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) continúa enfrentando retrasos debido a la falta de docentes universitarios que elaboren el banco de preguntas y los casos prácticos del examen de oposición para 163 postulantes que participan en el concurso público.

La comisión ciudadana encargada del proceso busca designar dos vocales principales y sus respectivos suplentes para cumplir con la primera renovación parcial del organismo electoral, una tarea que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) mantiene pendiente desde 2021.

Concurso lleva dos años sin avanzar a la fase de oposición

En este concurso participan 163 candidatos, quienes superaron la etapa de méritos en 2023. Sin embargo, desde entonces el proceso no ha logrado avanzar hacia la fase de oposición, una de las etapas decisivas del concurso.

El reglamento establece que esta fase se compone de:

Un examen escrito, calificado sobre 30 puntos

Un examen práctico, valorado en 20 puntos

Ambas evaluaciones deben ser elaboradas por especialistas académicos designados para este proceso.

Siete expertos deben elaborar más de 400 preguntas

De acuerdo con la normativa, el banco de preguntas debe ser preparado por siete catedráticos universitarios con experiencia en áreas específicas:

Dos expertos en derecho electoral

Dos especialistas en ciencias políticas

Un experto en manejo de datos informáticos y estadísticos

Un especialista en derechos humanos

Un experto en derecho administrativo

Estos docentes deben elaborar 60 preguntas por cada materia, lo que suma aproximadamente 420 preguntas, además de diseñar los casos prácticos correspondientes.

El plazo para completar este trabajo es de cinco días.

Primera convocatoria no logró suficientes docentes

La comisión ciudadana realizó una convocatoria inicial para que universidades presenten candidatos a integrar el equipo académico.

Como resultado, 19 catedráticos se postularon, pero solo siete cumplieron con todos los requisitos establecidos para participar en la elaboración del examen.

Los 12 restantes fueron descartados por no presentar documentación completa o por incumplir los criterios exigidos.

Exigentes requisitos para evitar conflictos de interés

Los docentes seleccionados deben cumplir una serie de condiciones para garantizar transparencia en el proceso.

Entre las 16 prohibiciones establecidas figuran:

No mantener contratos con el Estado

No tener deudas tributarias o con el seguro social

No haber sido directivos de partidos políticos

No pertenecer a Fuerzas Armadas ni Policía Nacional

Además, se requiere contar con docentes principales y suplentes, lo que aumenta la necesidad de profesionales que cumplan con todos los requisitos.

Comisión abre nueva convocatoria a universidades

Ante la falta de especialistas suficientes, el 10 de marzo la comisión decidió realizar una nueva convocatoria a universidades para que remitan nombres de docentes especializados en las materias requeridas.

También se permitirá que algunos postulantes completen la documentación faltante o subsanen requisitos con información disponible en instituciones públicas.

Fase de impugnación aún pendiente

El concurso no solo debe completar la fase de oposición. Posteriormente se abrirá la etapa de impugnación ciudadana, en la que cualquier persona puede objetar a los aspirantes por falta de probidad, idoneidad o incumplimiento de requisitos.

Proceso de renovación sigue acumulando retrasos

El proceso de designación de nuevos vocales del CNE se desarrolla desde 2022 sin que hasta ahora el CPCCS haya logrado concluir la selección de dos consejeros principales y dos suplentes, correspondiente a la primera renovación.

Además, desde noviembre de 2024 está pendiente la segunda renovación del organismo electoral, que contempla la designación de tres consejeros adicionales, proceso que aún no ha sido convocado por el CPCCS.

Ecuador declara emergencia nacional por lluvias

Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno de Ecuador declaró la emergencia nacional por lluvias la medianoche del jueves 12 de marzo de 2026, tras el impacto generalizado de la temporada invernal en la población, la infraestructura y los medios de vida en todo el territorio.

La decisión fue adoptada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mediante la Resolución SNGR-48-2026, que amplía a escala nacional una emergencia que inicialmente había sido declarada de forma regional a finales de febrero.

La medida tendrá una duración de 60 días y busca fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para responder a los efectos provocados por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Emergencia se amplía a todo el país

La nueva resolución modifica la Resolución SNGR-40-2026, emitida el 27 de febrero, que establecía una emergencia regional en ocho provincias.

Sin embargo, debido al aumento de los eventos climáticos adversos y su impacto en múltiples zonas del país, el Gobierno decidió extender las medidas a nivel nacional.

El documento señala que las lluvias han provocado afectaciones en todas las provincias del país y en más del 85% de los cantones, lo que obligó a fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema de gestión de riesgos.

Medidas que contempla la emergencia

Entre las principales disposiciones adoptadas por las autoridades están:

Activación de todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno para atender la emergencia.

Priorizar sistemas de alerta temprana y evacuación en zonas de riesgo.

Despliegue de equipos de primera respuesta y evaluación de necesidades.

Implementación de alojamientos temporales para personas afectadas.

Entrega de asistencia humanitaria a damnificados.

Rehabilitación temprana de infraestructura afectada.

Asimismo, se dispuso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales refuercen sus capacidades de respuesta para proteger la vida de las personas y la infraestructura pública.

Daños humanos y materiales

Según el Informe de Situación Nacional (Sitrep) Nº 49, las lluvias han dejado consecuencias humanas y materiales significativas.

Hasta el 12 de marzo de 2026 se reportan:

11 personas fallecidas, principalmente por deslizamientos de tierra

24 personas heridas

3.752 personas damnificadas

Además, los daños materiales incluyen:

82 viviendas destruidas

844 unidades educativas afectadas

31 centros de salud con daños

19 puentes colapsados

35 kilómetros de carreteras deterioradas

Más de 1.600 eventos por lluvias en 2026

El informe oficial indica que entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026 se registraron 1.662 eventos adversos relacionados con la temporada lluviosa en Ecuador.

Los fenómenos más recurrentes son:

Inundaciones (37,85%)

Deslizamientos de tierra (36,82%)

Lluvias intensas

Erosión hídrica

Hundimientos y aluviones

Estos eventos han afectado a 24 provincias, 190 cantones y 590 parroquias.

Activación del sistema de emergencia

Ante el incremento de las emergencias, se han activado:

17 COE provinciales

82 COE cantonales

17 declaratorias de emergencia local

La resolución también ordena mantener un monitoreo permanente de eventos climáticos para evaluar la evolución de la temporada lluviosa y tomar decisiones oportunas.

Posible cooperación internacional

El Gobierno también instó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador a gestionar mecanismos de cooperación internacional en caso de que la situación climática requiera apoyo adicional.

Las autoridades advierten que la temporada lluviosa podría continuar generando impactos en las próximas semanas, por lo que se mantiene el seguimiento técnico y el monitoreo permanente de los eventos adversos en todo el país.