Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que desde el lunes 9 de marzo de 2026 se reactivaron 9 servicios y 155 trámites a escala nacional, lo que representa la recuperación de más del 80% de la atención institucional tras el proceso de ajustes técnicos en sus sistemas.

Con esta reactivación progresiva, los puntos de atención al público de las agencias de la ANT en todo el país retomaron sus actividades. No obstante, las oficinas ubicadas en los cantones Mejía y Cayambe permanecerán temporalmente cerradas mientras continúan procesos operativos internos.

Licencias y actualización de datos siguen en fase de pruebas

La institución aclaró que los trámites de emisión de licencias de conducir —tanto por primera vez como renovaciones— y la actualización de datos aún no estarán habilitados durante los primeros días de reactivación.

Estos procesos continúan en fase de pruebas técnicas y validación de requisitos, una etapa que, según la entidad, se prevé concluir hasta el viernes 13 de marzo de 2026.

Licencias caducadas tendrán vigencia temporal

Con el objetivo de garantizar los derechos de los usuarios mientras concluyen las pruebas técnicas, la ANT resolvió prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 la vigencia de las licencias de conducir que hayan caducado desde el 30 de enero de 2026.

La medida también extiende la validez de los exámenes psicosensométricos que perdieron vigencia durante el período en que la institución suspendió algunos servicios.

Sistema de matriculación se reactiva en municipios

En cuanto a la interoperabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la ANT informó que el sistema que permite la matriculación de vehículos nuevos y usados ya se encuentra habilitado para 127 municipios y mancomunidades del país.

Los gobiernos locales que aún no están habilitados continúan en proceso de revisión técnica, con el objetivo de garantizar la correcta gestión de usuarios y la emisión de documentos conforme a la normativa vigente.

Nuevo tarifario entra en vigencia en 2026

Con la reactivación de los servicios institucionales, entra en vigencia el ajuste tarifario anual correspondiente a 2026, aprobado previamente en enero por la autoridad competente.

La ANT indicó que el detalle de trámites disponibles, servicios en proceso de habilitación, GAD habilitados y tarifas actualizadas puede consultarse en los canales oficiales de la institución.

ANT advierte sobre posibles fraudes

Como parte de las mejoras implementadas en los sistemas institucionales, la entidad señaló que se han reforzado los mecanismos de seguridad de la información, con el fin de prevenir prácticas fraudulentas.

En este contexto, la ANT hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, evitando intermediarios o supuestas ofertas que prometen agilizar procesos administrativos.

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció una retención del 3% de Impuesto a la Renta sobre los rendimientos financieros generados por pólizas y depósitos en bancos y cooperativas del país.

La medida forma parte de una resolución emitida el 27 de febrero de 2026 y que entró en vigencia el 1 de marzo de 2026, mediante la cual se actualizaron los porcentajes de retención aplicables a distintos tipos de ingresos.

Antes de esta disposición, la retención sobre estos rendimientos financieros era del 2%.

Qué inversiones tendrán la retención

Según la normativa, el 3% se aplicará sobre los intereses o rendimientos generados, no sobre el capital invertido, en instrumentos financieros como:

Cuentas corrientes

Certificados financieros

Pólizas de acumulación

Depósitos a plazo fijo

Certificados de inversión

Avales, fianzas y documentos similares

La retención será realizada por el banco o la cooperativa donde el cliente mantiene la inversión, que actúa como agente de retención y transfiere posteriormente el monto al SRI.

Inversiones a más de 180 días están exentas

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las inversiones financieras que se realicen a un plazo igual o mayor a 180 días (seis meses) continúan exoneradas del pago de este impuesto.

Esto significa que la retención del 3% solo aplicará a pólizas o depósitos abiertos por cinco meses o menos.

Si una persona invierte USD 5.000 en una póliza a cuatro meses con una tasa de interés anual de 4,75%, obtendría aproximadamente USD 80,50 de rendimiento.

Sobre esa ganancia, la entidad financiera retendría USD 2,41, que corresponde al 3%, por lo que el rendimiento final que recibiría el ahorrista sería de USD 78,09.

El dinero retenido puede recuperarse

El valor retenido puede ser recuperado posteriormente cuando el contribuyente realice su declaración anual de Impuesto a la Renta.

Si al momento de declarar el impuesto el contribuyente accede a rebajas por gastos personales y el valor final a pagar resulta menor o incluso cero, podrá solicitar la devolución o usarlo como crédito tributario para el siguiente año.

Las personas naturales deberán presentar la declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al año fiscal 2026 en marzo de 2027, de acuerdo con el noveno dígito de su cédula o RUC.

Los depósitos a plazo dominan el ahorro en Ecuador

En el sistema financiero ecuatoriano, los depósitos a plazo fijo representan una parte significativa del ahorro de los ciudadanos.

Según cifras del sector, en enero de 2026 los depósitos en la banca privada alcanzaron USD 60.112 millones, de los cuales 42,2% corresponde a depósitos a plazo.

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país, los depósitos sumaron USD 23.590 millones, y 72,4% de ese monto se encuentra en cuentas a plazo fijo.

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia presentada por el juez anticorrupción Carlos Serrano, durante la sesión extraordinaria N.º 028-2026 realizada el 7 de marzo de 2026.

La resolución fue aprobada con el voto favorable de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y del presidente Damián Larco.

Durante la sesión, el Pleno conoció informes técnicos que confirmaron que el juez Serrano no mantiene procesos pendientes en los que deba emitir decisiones orales ni sentencias escritas.

Asimismo, se informó que no registra procesos disciplinarios en trámite dentro del sistema judicial.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, lamentó la decisión del magistrado y explicó que la institución había realizado gestiones para que continuara en el cargo.

Según señaló, la entidad ofreció medidas de seguridad adicionales para garantizar el ejercicio de su labor jurisdiccional. Sin embargo, el juez decidió apartarse del cargo por motivos personales y nuevos objetivos profesionales.

Larco también señaló que la renuncia se produce en un contexto complejo para la Función Judicial, marcado por amenazas recibidas por el magistrado durante el ejercicio de sus funciones.

“Ningún juez, ningún fiscal ni servidor judicial puede desempeñar su labor bajo intimidación o amenazas de quienes intentan interferir en la administración de justicia”, afirmó.

Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura anunció que continuará trabajando con instituciones competentes para fortalecer los mecanismos de protección y seguridad de los operadores de justicia.

“El respaldo institucional estará garantizado para los jueces que actúen con integridad y conforme a la ley”, señaló Larco.

Por su parte, la vocal Magaly Ruiz sostuvo que el sistema judicial enfrenta el reto de construir una justicia más transparente, humana y confiable para la ciudadanía.

Tras generarse la vacante, el Pleno dispuso a la Dirección Provincial de Pichincha realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio judicial en las dependencias anticorrupción.

Las autoridades indicaron que el objetivo es evitar afectaciones en la atención de procesos relacionados con delitos de corrupción.