Caso Aquiles Álvarez pone en la mira al Registro Civil

Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El caso Aquiles Álvarez ha generado un debate institucional que coloca al Registro Civil del Ecuador bajo escrutinio público, tras cuestionamientos sobre la fecha de nacimiento registrada del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Durante el noticiero Prensa Radial Noticias Planeta Al Día, los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez analizaron la controversia surgida a partir de una solicitud de aclaración realizada por el Consejo de la Judicatura al Registro Civil respecto a los datos de nacimiento del funcionario.

Efecto institucional y electoral

El debate adquiere mayor dimensión porque la información registral es la base documental utilizada por el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de candidaturas. Según lo expuesto en el programa, la fecha de nacimiento que consta en el Registro Civil fue la que respaldó la candidatura con la cual Álvarez participó y ganó el proceso electoral anterior.

Analistas advierten que cualquier modificación posterior en los datos oficiales podría generar implicaciones jurídicas, ya que los procesos judiciales y electorales se sustentan en la identidad formal registrada del ciudadano.

Auditoría y transparencia

En el espacio radial se planteó la necesidad de una auditoría integral al Registro Civil, tanto en el ámbito administrativo como informático, con eventual acompañamiento de organismos internacionales. El objetivo sería verificar:

Trazabilidad de modificaciones en partidas de nacimiento.

Protocolos de seguridad en la emisión de cédulas y pasaportes.

Control interno en el manejo de bases de datos sensibles.

Registro histórico de ampliaciones o reducciones del padrón electoral.

El debate también recordó cuestionamientos históricos sobre cedulación en zonas fronterizas tras el denominado caso Angostura en 2008, así como discusiones sobre variaciones en el número de empadronados en procesos electorales anteriores.

Seguridad de datos personales

Uno de los puntos centrales del análisis fue la protección de datos ciudadanos. Se mencionó la necesidad de fortalecer la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y revisar el nivel de información visible en la cédula de identidad, considerando que actualmente incorpora un chip electrónico con datos biométricos.

Entre las propuestas planteadas se encuentran:

Mayor encriptación de información sensible.

Inhabilitación inmediata de cédulas reportadas como extraviadas.

Segmentación de acceso a bases de datos.

Auditoría patrimonial a funcionarios con acceso a sistemas críticos.

Impacto en el sistema judicial

El caso también abre interrogantes en el ámbito judicial, ya que la cédula constituye documento habilitante para demandas, investigaciones fiscales y procesos penales. Según lo expuesto en el programa, cualquier inconsistencia en los datos personales podría generar incidentes procesales o cuestionamientos de identidad dentro de causas judiciales en curso.

SENAE alerta sobre seguridad jurídica aduanera

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sesionó en Guayaquil como parte del análisis del Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación y Ejercicio de los Agentes de Aduana en el Ecuador. Durante la jornada, compareció Johan Sánchez, director nacional jurídico del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), quien expuso los criterios técnicos y jurídicos de la entidad.

Johan Sánchez advirtió que la aprobación de una nueva ley orgánica podría generar dispersión normativa y conflictos de jerarquía, al coexistir disposiciones del mismo rango sin una derogatoria expresa.

Según explicó, este escenario afectaría la seguridad jurídica y podría dar lugar a interpretaciones contradictorias dentro del sistema aduanero ecuatoriano, impactando la operatividad institucional y la estabilidad del comercio exterior.

Compromisos internacionales

El funcionario recordó que el derecho aduanero ecuatoriano se enmarca en estándares y compromisos internacionales asumidos ante la Comunidad Andina, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio.

En este contexto, enfatizó que la normativa aduanera requiere flexibilidad para adaptarse con rapidez a la dinámica del comercio exterior, los riesgos de fraude y los cambios en el entorno global. A su criterio, trasladar aspectos técnicos y operativos a una ley orgánica podría limitar la capacidad de reacción del Estado.

Debate legislativo en curso

Sánchez sostuvo que cualquier reforma debe preservar la coherencia del sistema jurídico y garantizar estabilidad en las reglas que rigen el comercio exterior ecuatoriano.

La Comisión continuará recibiendo aportes de distintos sectores antes de emitir el informe para el primer debate del proyecto.

Comisión avanza en ley contra la trata

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional sesionó en la Universidad Tecnológica ECOTEC, en la provincia del Guayas, como parte del análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Durante la jornada compareció Carlos Pico, magíster en Derecho Procesal y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), quien presentó observaciones técnicas orientadas a fortalecer el contenido normativo de la iniciativa.

El académico estructuró su intervención en cuatro ejes: antecedentes del proyecto, marco normativo vigente, observaciones técnicas y propuestas de mejora.

Pico enfatizó que la reforma debe abordarse desde una perspectiva jurídica integral y no únicamente como reacción frente a casos mediáticos de trata.

Subrayó que toda norma requiere una sólida exposición de motivos y coherencia con el ordenamiento jurídico existente.

Asimismo, observó que varias disposiciones incluidas en el proyecto ya se encuentran reguladas en normativa secundaria, particularmente en el reglamento vigente, lo que podría generar duplicidades.

Institucionalidad especializada

El expositor recordó que entidades como la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador cuentan con unidades especializadas en la investigación de delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y desaparición.

Entre ellas mencionó la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancias que, a su criterio, deben considerarse al momento de justificar eventuales vacíos normativos.

Construcción del informe

Pico recomendó reforzar la técnica legislativa del proyecto, evitar superposiciones normativas y garantizar coherencia sistémica para asegurar una respuesta estatal eficaz y jurídicamente sostenible frente a estos delitos.

La presidenta de la Comisión, la asambleísta Lucía Jaramillo, agradeció los aportes académicos e indicó que serán analizados en la elaboración del informe para segundo debate.

MAGP presenta mapa de uso de la tierra 2024-2025

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAGP) presentó la actualización del Mapa de Uso y Cobertura de la Tierra Agropecuaria y Forestal 2024-2025, una herramienta estratégica que fortalece la planificación agroproductiva y el ordenamiento territorial del país.

El ministro Juan Carlos Vega destacó que este instrumento técnico permitirá mejorar la planificación productiva, monitorear los cambios en el uso del suelo y optimizar la gestión sostenible de los recursos naturales.

“Este instrumento técnico permite mejorar la planificación productiva, monitorear los cambios en el uso del suelo y optimizar la gestión sostenible de nuestros recursos naturales. También fortalece nuestra capacidad de respuesta frente a riesgos como sequías, inundaciones y plagas”, afirmó la autoridad.

Actualización tras una década

La actualización del mapa —a escala 1:25.000 y luego de 10 años— se realizó en el marco del proyecto Gestión de la Información y Conocimiento para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental del sector Agropecuario (RENAGRO), financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo.

A nivel institucional, el mapa constituye un insumo clave para la focalización eficiente de políticas públicas, el cumplimiento de compromisos ambientales y climáticos, y la promoción de un desarrollo agropecuario sostenible, competitivo e inclusivo.

Radiografía productiva del territorio

El instrumento cartográfico revela que la cobertura de la tierra en el Ecuador continental alcanza 24,8 millones de hectáreas.

De ese total:

2,8 millones de hectáreas (11,35%) corresponden a pastos cultivados para ganadería.

7,7 millones de hectáreas están destinadas a producción agrícola, pecuaria y forestal.

0,21 millones de hectáreas corresponden a uso acuícola.

16,01 millones de hectáreas tienen uso de conservación, siendo el predominante.

En cuanto a cultivos, el cacao se consolida como el principal rubro agrícola con 635.590 hectáreas (0,6 millones), equivalente al 2,55% del territorio nacional.

Le siguen:

Maíz amarillo: 486.187 hectáreas

Arroz: 306.406 hectáreas

Palma aceitera: 264.796 hectáreas

Banano: 208.019 hectáreas

Caña de azúcar industrial: 111.798 hectáreas

Tecnología y precisión técnica

La actualización incorporó sensores remotos, levantamiento de información en campo y análisis mediante sistemas de información geográfica (SIG). Además, integró variables fundamentales como suelo, clima y ecología en todo el territorio continental, garantizando resultados técnicos robustos y confiables.

Con esta herramienta, el MAGP consolida una base técnica que permitirá anticipar riesgos, mejorar la resiliencia productiva y fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario nacional.

COE Cantonal de Loja se declara en sesión permanente

Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El COE Cantonal de Loja se declaró en sesión permanente durante la sesión Nº 01 celebrada el 25 de febrero de 2026, como medida preventiva frente a los efectos de la temporada invernal que afecta al cantón y a la provincia.

La resolución fue adoptada por unanimidad de los miembros plenos, quienes dispusieron mantener activas las mesas técnicas y grupos de trabajo para el seguimiento, evaluación y respuesta inmediata ante cualquier evento adverso asociado a la época lluviosa.

Designaciones oficiales

En concordancia con los artículos 15 y 17 del Reglamento a la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, el pleno designó como vicepresidente de la plenaria al Coordinador General del Municipio de Loja y como secretario al Coordinador de Gestión de Riesgos municipal.

Alerta roja en la provincia

El organismo cantonal conoció y acogió oficialmente la Resolución Nro. SNGR-036-2026 emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que declara el estado de alerta roja para la provincia de Loja.

La medida dispone fortalecer los mecanismos de monitoreo, seguimiento y coordinación interinstitucional, ante la probabilidad de eventos como deslizamientos, inundaciones y afectaciones en infraestructura vial.

Sectores críticos bajo vigilancia

Durante la sesión plenaria se socializaron los escenarios de riesgo identificados en el cantón, priorizando el monitoreo permanente y la intervención en sectores críticos, con énfasis en la zona de El Plateado.

Asimismo, se resolvió solicitar a la Gobernación de Loja que articule acciones con el Gobierno Central y entidades competentes como el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Ministerio del Ambiente y Energía y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a fin de ejecutar medidas técnicas y operativas para mitigar las situaciones detectadas.

Activación de mesas técnicas

El COE Cantonal dispuso la activación inmediata de sus mesas técnicas y grupos de trabajo, quienes deberán ejecutar acciones de prevención, mitigación y respuesta en las zonas vulnerables, además de presentar informes periódicos al pleno del organismo.

La resolución fue adoptada en el Salón de Coordinación del Municipio de Loja, bajo acta Nro. 01 del COE Cantonal, como parte de las acciones institucionales frente a la temporada invernal 2026.

Registro para compra de arroz a productores inicia

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Daniel Noboa Azin, inició el proceso de registro para la compra de arroz a pequeñas y medianas personas productoras del país, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

La medida se ejecuta conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 307, que otorga a la cartera de Estado la competencia para comprar, vender y/o almacenar maíz y arroz, con el objetivo de fortalecer el comercio justo y evitar la especulación de precios.

Proceso de registro

En esta primera fase, las personas productoras interesadas deben completar un formulario digital disponible mediante un código QR ubicado en el portal oficial del MAGP. Posteriormente, la entidad realizará el levantamiento de información técnica de los predios registrados, incluyendo tipo de cultivo, área sembrada y proyección de la cosecha de arroz del ciclo invernal.

Según la planificación agrícola, la mayor parte de la cosecha invernal se desarrollará entre abril y mayo de 2026.

Más de 3.200 productores inscritos

Hasta el 23 de febrero, alrededor de 3.200 personas productoras se habían registrado, principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, zonas estratégicas en la producción arrocera nacional.

Comercio justo y reserva estratégica

El Decreto Ejecutivo establece que este proceso busca reducir las distorsiones generadas por la intermediación y garantizar precios justos para las personas productoras directas.

Asimismo, el MAGP implementará mecanismos para la creación y fortalecimiento de un sistema de reservas estratégicas alimentarias, así como infraestructura de acopio que permita responder de manera oportuna ante eventuales emergencias agroalimentarias.

La normativa también faculta a la institución a celebrar contratos de arrendamiento, comodato, concesión de uso, asociaciones o esquemas fiduciarios para la gestión de silos, bodegas y espacios de almacenamiento que cumplan con estándares fitosanitarios. Además, podrá contratar servicios logísticos complementarios y fomentar la agricultura por contrato, de ser necesario.

La compra de arroz, según lo dispuesto, se realizará a precios justos, en beneficio directo de quienes producen el grano.