Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Registro Civil atenderá sin turno hasta julio 2026, tras la disposición del presidente Daniel Noboa Azín, que amplía la modalidad de atención directa para los servicios de cédulas y pasaportes en todas las agencias del país hasta el 31 de julio de 2026.

La medida, impulsada por el Gobierno de El Nuevo Ecuador, permite a la ciudadanía realizar sus trámites sin agendamiento previo, dentro del horario habitual de lunes a viernes, de 08h00 a 17h00, en las oficinas del Registro Civil del Ecuador.

Según la entidad, la decisión se sustenta en los resultados positivos obtenidos durante los meses de aplicación de esta dinámica, en los que se evidenció mayor agilidad, reducción de tiempos de espera, eliminación de tramitadores y procesos ordenados. La concurrencia ciudadana confirmó que la modalidad facilita el acceso a documentos de identidad y viaje.

En lo que va de 2026 se han entregado 338.537 cédulas y 61.795 pasaportes. En 2025, la institución emitió 2.538.780 cédulas y 586.630 pasaportes a escala nacional, cifras que reflejan el fortalecimiento institucional y el compromiso de garantizar el derecho a la identidad sin intermediarios.

El director general, Ottón Rivadeneira, destacó que la ampliación consolida una gestión pública más cercana y eficiente. Señaló que la disposición presidencial facilita el acceso a servicios con procesos ágiles, transparentes y ordenados, fortaleciendo la confianza ciudadana en lo público.

La institución recordó que no es necesario recurrir a tramitadores y exhortó a evitar pagos indebidos. Cualquier irregularidad puede ser reportada al correo institucional: somos. eticos@registrocivil.gob.ec

Requisitos y costos

Para obtener la cédula:

Cédula anterior (en caso de renovación).

Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura en línea (por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso, si se canceló en banca corresponsal o en línea.

Para el pasaporte:

Cédula vigente.

Pasaporte anterior (si está vigente y es renovación).

Formulario de Documentos Extraviados (por pérdida o robo).

Comprobante de pago impreso, si corresponde.

Costos:

Cédula: USD 5 (primera emisión) y USD 16 (renovación).

Pasaporte: USD 90 (primera vez y renovación).

Adultos mayores (65 años en adelante): USD 45 por pasaporte.

Personas con discapacidad igual o superior al 30%: exentas de pago.

Los valores pueden cancelarse en los módulos de recaudación en agencias, en banca corresponsal o mediante la Agencia Virtual. Los grupos de atención prioritaria —niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad— reciben atención preferencial.

Con esta medida, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de garantizar que el derecho a la identidad esté al alcance de todos los ecuatorianos.

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión aprueba ley de minería y energía para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa dio paso al informe del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica.

La iniciativa busca optimizar el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, además de contribuir a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del Estado.

Reformas en minería

El informe establece como objeto de la ley la optimización de la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, con disposiciones de orden público aplicables en todo el territorio nacional.

En materia minera, se plantean reformas a la Ley de Minería para reforzar la rectoría estatal, precisar competencias institucionales y regular actos administrativos previos a la actividad extractiva. También se actualiza el régimen de patentes de conservación, las etapas de exploración y explotación, y se incorpora un nuevo capítulo sobre fomento a la inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.

Además, se fortalecen los controles ambientales, el régimen de regalías y la distribución de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados, junto con nuevas disposiciones para la pequeña minería y la minería artesanal, priorizando la sostenibilidad y la seguridad jurídica.

Cambios en el sector eléctrico

En el ámbito energético, el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos.

Asimismo, establece reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria. Entre los nuevos mecanismos se incluye el Mercado de Capacidad, orientado a garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

El texto también contempla disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico, autogeneración y distribución de utilidades en zonas de influencia.

Proceso legislativo

La aprobación se produjo tras analizar las observaciones del primer debate en el Pleno y los aportes recogidos durante el proceso de socialización con instituciones públicas, gremios productivos, expertos y ciudadanía.

El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su inclusión en el orden del día del Pleno, donde será debatido y sometido a votación final conforme al procedimiento previsto para proyectos urgentes en materia económica.

Comisión General

Durante la Comisión General, María Emilia Limongi, viceministra (e) de Minas, aseguró que el proyecto no reduce ni flexibiliza los controles ambientales ni modifica estándares técnicos. Explicó que la reforma armoniza la normativa minera con el Código Orgánico del Ambiente, cuerpo legal que protege los derechos de la naturaleza y establece evaluaciones técnicas multidisciplinarias para todas las actividades productivas, incluido el sector minero.

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Asamblea impulsa ley para regular redes sociales en menores de 15 años, como parte del tratamiento del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. La propuesta fue socializada en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, con la comparecencia de la asambleísta Katherine Pacheco, proponente de la iniciativa.

La legisladora señaló que el proyecto busca reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de niñas, niños y adolescentes, frente a los riesgos que enfrentan en plataformas digitales. Afirmó que la propuesta se fundamenta en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos que reconocen la dignidad como un derecho fundamental.

Prohibición para menores de 15 años

El proyecto plantea incorporar en el artículo 52 del Código de la Niñez una prohibición expresa para que los menores de 15 años no puedan utilizar redes sociales, estableciendo una barrera de edad obligatoria para evitar la exposición temprana a contenidos inapropiados y situaciones de riesgo.

Asimismo, propone limitar el tratamiento de datos personales de este grupo etario, en concordancia con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, considerando la información de niñas, niños y adolescentes como datos sensibles.

En caso de incumplimiento por parte de empresas proveedoras de plataformas digitales, la iniciativa contempla sanciones económicas de hasta el 5 % de su facturación anual local, aplicadas por la autoridad competente.

Riesgos digitales y salud mental

La reforma identifica amenazas como el ciberacoso, hackeo, suplantación de identidad y, especialmente, el acoso y abuso sexual en línea (grooming). Según datos expuestos por la asambleísta, las denuncias por contactos con fines sexuales aumentaron de 22 casos en 2014 a 124 en 2024, reflejando un crecimiento significativo.

Además, se advirtió sobre el impacto en la salud mental, señalando que estudios recientes evidencian afectaciones en el 53 % de adolescentes, lo que refuerza la necesidad de una regulación más estricta y mecanismos de verificación de edad por parte de las plataformas.

La propuesta continuará su análisis dentro del proceso legislativo antes de la elaboración del informe correspondiente para su debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Judicatura destituye a jueces anticorrupción tras una resolución adoptada por el Consejo de la Judicatura durante la sesión ordinaria Nro. 020-2026, celebrada el 24 de febrero. La decisión se tomó luego de determinar la existencia de elementos suficientes que evidencian el cometimiento de una infracción disciplinaria relacionada con un caso vinculado al grupo delincuencial “Comandos de la Frontera”.

Los exadministradores de justicia separados de sus cargos son:

C.L.Q.C., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales.

G.C.L.T., jueza del Tribunal de Garantías Penales.

Antecedentes del caso

Las autoridades recordaron que el 16 de enero de 2025 la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos contra los magistrados, tras identificar indicios de un presunto plan para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas vinculadas al grupo “Comandos de la Frontera”.

Durante los operativos se recopilaron documentos, dinero en efectivo en altas cantidades, teléfonos celulares y equipos informáticos como parte de las investigaciones.

Posteriormente, el 14 de abril de 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha solicitó la suspensión inicial de los servidores judiciales. Esta medida fue acogida por el Pleno el 11 de junio de 2025, en sesión ordinaria No. 052-2025.

Decisión institucional

Con la destitución adoptada en la sesión 020-2026, el Consejo de la Judicatura ratificó su postura de combatir la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo que, según señalaron sus vocales, han intentado permear la Función Judicial del Ecuador.

La institución enfatizó que continuará aplicando controles disciplinarios con el objetivo de transparentar la gestión judicial y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.