Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el Gobierno Nacional ejecuta cuatro pilares fundamentales para enfrentar de manera oportuna los casos de tuberculosis (TB) en el país: inversión económica, vacunación, diagnóstico y tratamiento.

Durante una rueda de prensa en Quito, el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, Andrés Carrazco, destacó que en 2025 se destinaron USD 4 millones para el abastecimiento anual de medicamentos, equipos, insumos y dispositivos médicos destinados a la prevención, control y monitoreo de la enfermedad.

Panorama epidemiológico

En 2025 se registraron 9.142 casos de tuberculosis a escala nacional, mientras que en lo que va de 2026 se reportan 448 casos, sumando un total de 9.590 diagnósticos recientes.

Actualmente, Ecuador se ubica en la categoría 4 de clasificación epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con una tasa de 52 casos por cada 100.000 habitantes. La categoría 6 representa el nivel más bajo de transmisión.

Las autoridades subrayaron que el incremento en la detección responde a una búsqueda activa de casos y no necesariamente a un aumento de la enfermedad.

Vacunación y pruebas diagnósticas

El MSP informó que dispone de un stock de 500.000 vacunas BCG para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis.

En materia diagnóstica, el país pasó de realizar 10.000 pruebas en 2019 a 114.000 en 2025, fortaleciendo la capacidad de detección temprana. Además, se implementaron 130 equipos moleculares y tecnología portátil, junto con sistemas de rayos X con inteligencia artificial y pruebas genómicas, posicionando a Ecuador entre 31 países pioneros en la aplicación de estas herramientas.

Tratamiento y coordinación interinstitucional

El tratamiento antifímico es gratuito y contempla esquemas de primera y segunda línea con una duración de hasta seis meses.

Asimismo, el MSP mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para atender a personas privadas de libertad bajo el modelo DOTS, que garantiza seguimiento y cumplimiento del tratamiento.

Las autoridades aseguraron que el fortalecimiento del diagnóstico rápido y la cobertura terapéutica permitirá al país avanzar hacia una mejor categoría epidemiológica en los próximos años.

El Ministerio reiteró su compromiso de difundir información basada en evidencia científica a través de sus gacetas epidemiológicas oficiales.

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso la ejecución de un examen especial y una auditoría informática en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), tras un requerimiento presentado por la propia entidad.

La medida contempla dos acciones de control diferenciadas que estarán a cargo de direcciones especializadas del organismo de control.

Examen especial a procesos administrativos

La Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central analizará los aspectos vinculados con los procesos de emisión de títulos habilitantes, así como la gestión y el control interno dentro de la ANT.

El objetivo es verificar la legalidad, eficiencia y cumplimiento normativo en los procedimientos administrativos relacionados con la emisión de licencias y otros documentos oficiales.

Auditoría informática al sistema AXIS

De forma paralela, la Dirección Nacional de Auditoría Forense e Informática realizará una auditoría técnica enfocada en las seguridades y posibles vulnerabilidades del sistema informático AXIS, plataforma utilizada por la ANT para la gestión de sus servicios.

Esta revisión buscará evaluar la integridad, confiabilidad y protección de la información almacenada en el sistema, así como identificar eventuales riesgos tecnológicos.

Guayaquil. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno Central asumió el control operativo de las instalaciones de Segura EP la noche de este domingo 15 de febrero, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la ciudad de Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Ecuador y el comandante general Pablo Dávila, ingresó a las instalaciones de la entidad municipal para anunciar su intervención inmediata.

John Reimberg informó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasarán a ser coordinados directamente por el Ministerio del Interior y la fuerza pública. Esto incluye cámaras de videovigilancia, operadores y sistemas de alerta, que serán integrados al sistema nacional de seguridad.

“Cada cámara, cada operador y cada sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que hoy están sembrando terror en la ciudad”, afirmó el ministro.

Según explicó, la intervención responde a presuntos incumplimientos de un acuerdo ministerial relacionado con el almacenamiento de información, ya que los datos de las cámaras de vigilancia estarían bajo gestión de un proveedor privado y no en las instalaciones institucionales correspondientes.

Contexto de crisis y recientes incendios

El ministro aseguró que la medida no obedece a motivaciones políticas, sino a una decisión estrictamente operativa ante la situación crítica que atraviesa la ciudad.

“No es una decisión política. Es una decisión de seguridad. Guayaquil está viviendo una situación crítica”, sostuvo.

Asimismo, indicó que los tres incendios recientes registrados en la ciudad no serían hechos aislados y que ya se investigan sus causas para determinar si guardan relación con estructuras delictivas organizadas.

Mensaje directo al crimen organizado

Durante su declaración, John Reimberg fue enfático en señalar que la intervención se mantendrá hasta restablecer condiciones de seguridad para la ciudadanía.

“Aquí no hay espacio para cálculos políticos cuando hay vidas en riesgo. El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado”, manifestó.

El ministro aseguró que esta acción marca “una nueva etapa operacional en Guayaquil”, orientada a fortalecer el mando, la coordinación y la inteligencia operativa en tiempo real.

Segura EP forma parte del holding municipal. Hasta el momento de la intervención, la entidad era presidida por Fernando Cornejo y tenía como gerente a Álex Anchundia.