Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno Nacional dispuso la suspensión inmediata de toda actividad minera metálica y no metálica en la provincia de Napo, así como de las plantas de beneficio minero que operan en Portovelo, en la provincia de El Oro, y en Loja, como parte de una medida para frenar la contaminación ambiental y los efectos de la minería ilegal.
La decisión fue anunciada por la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, quien informó que la suspensión rige desde este lunes 2 de febrero de 2026 y no tiene fecha de reinicio. Napo es una de las provincias más afectadas por la minería ilegal en el país, con impactos directos sobre ecosistemas amazónicos y fuentes de agua.
La ministra señaló además que convocará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para abordar específicamente la contaminación ambiental en Napo, en el marco de una respuesta interinstitucional ante la gravedad de la situación.
Manzano indicó que la medida se extiende también a todas las plantas de beneficio dedicadas al procesamiento de oro que operan en Portovelo, uno de los principales cantones mineros del país, así como a las ubicadas en Loja. Solo en Portovelo funcionan alrededor de 80 plantas de beneficio, muchas de ellas situadas en las riberas de los ríos Amarillo y Calera.
Las disposiciones constan en una resolución firmada el 2 de febrero por la ministra de Energía y Ambiente, la cual se sustenta en informes técnicos oficiales que evidencian altos niveles de contaminación en cuerpos hídricos.
Presencia de metales pesados en los ríos
Según el Ministerio, la resolución reconoce la existencia de contaminación ambiental en las provincias de El Oro y Loja, tras constatarse la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles.
Estas sustancias fueron detectadas en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango–Tumbes, una zona considerada ambientalmente sensible y de importancia estratégica para el abastecimiento de agua.
El Gobierno explicó que esta suspensión constituye también una acción preventiva frente a la extracción ilícita de minerales, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales tanto en la Amazonía ecuatoriana como en el sur del país, comprometiendo la salud de las comunidades y el equilibrio de los ecosistemas.
Las autoridades señalaron que se reforzarán los controles ambientales y mineros, mientras se evalúan nuevas medidas para contener el daño ambiental y garantizar la protección de los recursos hídricos.








