CARACAS (Reuters) – Una mujer embarazada fue asesinada a tiros cerca de Caracas y un soldado resultó abatido de un disparo en la ciudad occidental de Mérida, dijeron responsables, elevando el lunes a 36 la cifra de muertos en la ola de protestas del último mes y medio en Venezuela.
Las mayores protestas en más de una década en Venezuela han costado la vida de partidarios y opositores del presidente socialista Nicolás Maduro, además de miembros de las fuerzas de seguridad.
Adriana Urquiola, una mujer de 28 años de edad embarazada de cinco meses, murió el domingo tras ser alcanzada por un disparo al bajar de un autobús que había sido bloqueado por una barricada levantada por opositores, dijo Francisco Garcés, alcalde de Guaicaipuro, una localidad próxima a la capital.
«Queremos rechazar categóricamente las acciones de guarimbas», dijo Garcés, del gobernante Partido Socialista, usando la expresión local para referirse a las barricadas. El alcalde decretó tres días de luto.
En Mérida, una ciudad universitaria en el oeste del país, murió el lunes un suboficial de la Guardia Nacional herido de un disparo durante choques con opositores, dijeron un militar de alto rango y fuentes hospitalarias. El sargento Miguel Parra había sido alcanzado en el cuello.
Maduro acusa a la oposición de provocar el caos para tratar de justificar un golpe de Estado como el que derrocó brevemente en 2002 a su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez.
Pero aunque las protestas profundizaron la polarización en la nación petrolera, no hay señales de que amenacen a su joven gobierno.
Las manifestaciones comenzaron en febrero, cuando miles de venezolanos salieron a la calle para protestar por la violencia fuera de control, la escasez de productos básicos como el papel higiénico y la inflación de más de un 57 por ciento anual.
En Caracas, Valencia, Mérida, San Cristóbal y otras ciudades del país los opositores bloquearon calles con barricadas y pequeños grupos de jóvenes se han enfrentado casi diariamente a las fuerzas de seguridad con piedras y cócteles molotov.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, reconoció el fin de semana que las fuerzas de seguridad cometieron «abusos» al contener las protestas, pero rechazó como «una gran mentira» que el Estado viole los derechos humanos.
Asimismo, la Fiscalía ordenó la detención de dos alcaldes de la oposición acusándolos de no hacer lo suficiente para despejar las barricadas en sus municipios.
La Asamblea Nacional (AN), controlada por el partido gobernante, también pidió a la Fiscalía abrir una investigación criminal contra la diputada opositora María Corina Machado por los delitos de traición a la patria e incitación a la guerra civil.
Pero este lunes, la directiva informó que la legisladora no tiene permiso para entrar en la Asamblea Nacional (AN).
El presidente de la Asamblea, el diputado oficialista Diosdado Cabello, dijo el lunes que no hace falta, después de que la diputada Machado aceptase el puesto de Panamá para intervenir en la OEA y exponer el caso de Venezuela.
«Esta señora aceptó el cargo, no es accidental (…) deja de ser diputada. Y nosotros estamos dando instrucciones a partir de este momento a la Asamblea Nacional (…) la señora Machado no vuelve a entrar como diputada por lo menos en este mandato», dijo Cabello en una rueda de prensa.
«No tiene inmunidad parlamentaria, no tiene acceso a la Asamblea Nacional (…) Tampoco tendrá acceso al aparcamiento, a la oficina parlamentaria», añadió Cabello.
Minutos después, Machado escribió en la red social Twitter que mantiene en posición.
«Yo SOY Diputada a la AN mientras el pueblo de Venezuela así lo quiera. #DictaduraEnLaAN», escribió en su cuenta @MariaCorinaYA.
