(France).- La menor de 11 años fue sexualmente abusada durante meses por su abuelastro y resultó embarazada. Desde hace días, se encontraba en una casa de acogida de la Iglesia católica, institución que había presionado a la menor para que no interrumpiera el embarazo. La Defensoría del Pueblo confirmó que la niña ya no estaba embarazada, pero no detalló si se debe a una interrupción legal de la gestación.
La noticia ha alegrado a los defensores de los derechos humanos. Una niña que sufrió repetidos abusos sexuales por parte de un hombre de 61 años, resultando en un embarazo, ya no está embarazada. Todavía se desconoce por medio de una confirmación oficial si la menor fue sometida a una interrupción legal de la gestación o no.
La Defensoría del Pueblo, simplemente, se limitó a informar el sábado que los derechos de la menor fueron “protegidos” y que, por el momento, el caso se maneja en absoluta “reserva”.
“Por lo menos, hasta el día lunes no vamos a dar ninguna información. Lo único que puedo decirles es que se generó una protección respecto a los derechos de la niña”, así fue la declaración de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, después de que se diera a conocer que la niña ya no llevaba el embarazo.
El acta de autopsia del feto que France 24 pudo consultar notifica que se realizó una interrupción legal del embarazo el sábado a las 14:10 (hora local) en la ciudad de Santa Cruz, en la morgue del Hospital San Juan de Dios. El documento entregado por fuentes policiales a France 24 indica que la autopsia se efectuó en presencia del médico forense, de dos fiscales y del investigador del caso.
Las mismas fuentes comunicaron a France 24 que la niña fue dada de alta y que se encuentra en un centro de acogida.
Las denuncias de la Defensoría del Pueblo
El pasado lunes, Nadia Cruz había denunciado que la niña embarazada carecía de asistencia médica y presentó una acusación contra la Iglesia y contra funcionarios de las defensorías municipales de niñez y adolescencia de Yapacaní, en Santa Cruz, donde la menor se encontraba.
“Hemos verificado que ella se encuentra en una especie de instituto para formar madres adolescentes y que no cuenta con servicios de salud especializada”, había señalado Cruz, en conferencia de prensa.
Posteriormente, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz le concedió a la Defensoría la tutela sobre la menor para su evaluación médica.
El Ministerio de Salud constituyó entonces un equipo de diez especialistas compuesto entre otros de psicólogos, ginecólogos, psiquiatras, para que realizaran una apreciación de la salud de la niña con cinco meses de embarazo.
Un caso que sacudió a todo el país
El caso de la niña de apenas 11 años se conoció a finales de octubre y causó conmoción y un nuevo debate en Bolivia sobre el derecho al aborto y los derechos sexuales y reproductivos, pero más específicamente sobre la responsabilidad del Estado en la protección de las niñas y adolescentes.
En un primer momento, la niña quiso recurrir a la interrupción legal de la gestación y se supo también que su madre había consentido a ello.
Sin embargo, unos medios de comunicación reportaron el hecho de que el aborto iba a producirse, lo que alertó a la Iglesia católica y llevó la madre a finalmente cambiar de opinión tras ser contactada por una organización de la institución religiosa.
Es así que, la menor fue llevada al centro católico de acogida para niñas en situaciones similares.
La Iglesia había señalado en un comunicado que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre”.
La ley boliviana establece que el embarazo puede, incluso sin autorización judicial, ser interrumpido cuando es fruto de una violación o producto de una relación incestuosa, y también cuando la vida de la persona embarazada se halla en riesgo.
Pero los grupos antiaborto se apoyaron en el hecho de que la niña tenía un tiempo de gestación superior a las 13 semanas, consideradas como referencia para practicar abortos legales. No obstante, desde el punto de vista legal, el tiempo de embarazo resulta irrelevante.
El embarazo forzando: una tortura y una violación de los derechos humanos más básicos, recuerdan las organizaciones internacionales
La niña que vivía en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, fue violada durante un periodo de 10 meses por su abuelastro, quien está ahora en prisión, mientras que sus padres tenían que viajar a la capital por motivos de trabajo.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instó a Bolivia a proteger a las niñas víctimas de violaciones y de embarazos forzados.
Por su parte, ONU Bolivia señaló que imponer un embarazo forzado a una niña está «calificado como tortura» e instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de abusos.
Según datos de la Casa de la Mujer, en 2020 se registraron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que significa que 104 niñas se embarazan cada día en el país sudamericano.
Con EFE y Medios locales
