Rangún (Birmania).- (EFE).- Un tribunal birmano acusó este viernes a seis periodistas de violar el orden público, al día siguiente de la detención de un fotógrafo polaco, en un episodio más de acoso a la prensa y en medio de la represión de las protestas contra la junta militar.
La justicia birmana, que celebró vistas distintas para cada detenido, extendió la prisión preventiva de Thein Zaw, un fotógrafo de la agencia AP, que se enfrenta a hasta tres años de cárcel si es declarado culpable, informó este medio estadounidense.
Antes de las vistas, la Delegación de la Unión Europea (UE) en Birmania dijo que los reporteros habían sido detenidos por hacer su trabajo y que el tribunal debería retirar los cargos y ordenar su liberación inmediata.
«Las amenazas a los periodistas son amenazas a la democracia», agregó la Delegación europea, que pidió que se proteja el derecho de expresión y a la información.
DETENCIÓN DE FOTÓGRAFO POLACO
La víspera, un grupo de soldados detuvieron a un fotógrafo polaco en el noreste del país, tal y como confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco al portal de noticias Onet.
Según algunos medios birmanos, el detenido es Robert Bociag, un fotógrafo que colaboraba con CNN y The Diplomat, y se teme que haya sido maltratado durante su detención en Taunggyi, la capital del estado Shan.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania, cerca de unos 40 periodistas han sido detenidos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero entre un total de 2.045 arrestados, de los que 1.726 continúan bajo custodia.
La junta militar, cuya represión de las protestas pacíficas ha dejado más de 70 muertos debido principalmente a los disparos de la policía y los soldados, también acosa sistemáticamente a los periodistas y medios que cubren las manifestaciones.
Muchos reporteros viven bajo la amenaza de ser detenidos y algunos cambian casi a diario el lugar donde pernoctan por miedo a las redadas nocturnas de los soldados y militares en busca de disidentes y críticos con el régimen.
REVOCACIÓN DE LICENCIAS
El pasado lunes, las autoridades anunciaron la revocación de las licencias de Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma, Mizzima y Khit Thit News, que retransmiten las protestas en directo y hacen un seguimiento sobre la brutal represión efectuada por las autoridades.
Al día siguiente, los soldados llevaron a cabo redadas en las oficinas en Rangún, la antigua capital, de Mizzima y de Kamayut Media, donde detuvieron a su cofundador, Han Thar Nyein, y al editor jefe, Nathan Maung.
El acoso judicial también se dirige contra los políticos depuestos, incluida la antigua líder de facto y nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que ayer fue acusada por la junta militar de aceptar ilegalmente dinero y oro.
El letrado Khin Maung Zaw, uno de los representantes legales de Suu Kyi, calificó hoy de «broma hilarante» la denuncia contra la exmandataria, a la que también han acusado de importar ilegalmente aparatos de telefonía y de violar las normas de la covid-19.
Suu Kyi, bajo arresto desde el día del golpe militar, se enfrenta a penas de cárcel si es declarada culpable de alguno o varios de los delitos que se le imputan.
PROTESTAS Y REPRESIÓN EN DIRECTO
Entretanto, los birmanos continúan protestando de manera pacífica en diversas ciudades del país a pesar de las detención y las represiones con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición de goma y real.
En unas protestas que están siendo retransmitidas casi en vivo en las redes sociales, los birmanos continúan saliendo a diario a las calles para pedir el regreso de la democracia y exigir la liberación de sus líderes detenidos, incluida Suu Kyi.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.
CONDENAS DE LA ONU
El relator de Naciones Unidas para Birmania (Myanmar), Thomas Andrews, afirmó el jueves en Ginebra que la represión de la junta militar birmana debe ser respondida por la comunidad internacional con severas sanciones.
Andrews también solicitó a los Estados con leyes de jurisdicción universal que consideren iniciar investigaciones contra líderes de la junta birmana por los «crímenes contra la humanidad» que actualmente se están cometiendo en el país.
Entre este tipo de crímenes cometidos por el Tatmadaw (Ejército birmano), el relator citó asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones que no cumplen los principios universales de la ley internacional.
Hasta el momento, la junta militar liderada por Min Aung Hlaing ha hecho oídos sordos a las condenas de la violencia de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, y las sanciones que han aprobado algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Corea del Sur, que hoy anunció que suspenderá sus exportaciones de armas a Birmania . EFE
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