Bloomberg).- Cuando Erik Prince, un importante contribuyente del presidente Donald Trump y magnate de la seguridad privada, viajó a Caracas en noviembre para conversaciones secretas con la vicepresidenta de Venezuela, no fue él la figura central que orquestó las reuniones.

La persona en cuestión es un controvertido negociador británico llamado Ian Hannam, según personas familiarizadas con la situación. Hannam, exbanquero de JPMorgan, organizó el viaje como parte de un esfuerzo de un año para explorar posibles inversiones en oro en una nación abatida por la crisis, dijeron las personas. La reunión de Prince con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue reportada pero no el rol de Hannam.

La discusión sobre empresas mineras con Rodríguez plantea nuevas preguntas sobre si Prince, nativo de Michigan y hermano de la secretaria de Educación de EE.UU., Betsy DeVos, violó la ley del país que prohíbe hacer negocios con funcionarios sancionados. Hannam es británico y no está sujeto a las mismas restricciones.

El viaje es parte de una intensa lucha tras bastidores por la riqueza y los recursos de Venezuela, país en medio de un estancamiento político, sanciones internacionales y una crisis humanitaria. Juan Guaidó, líder de la oposición que ha sido reconocido como jefe de Estado interino por EE.UU. y más de 50 naciones, lucha por el control de la Asamblea Nacional con un legislador que tiene el respaldo del presidente, Nicolás Maduro, y Rusia

El plan de noviembre era ver si Prince podía ayudar con el tema de seguridad en las peligrosas regiones mineras de oro de Venezuela, donde Hannam buscaba negocios, dijo una de las personas. Prince, antiguo SEAL de la marina de EE.UU. y fundador de la firma de seguridad Blackwater, también presionó durante su visita por la libertad de seis ejecutivos de Citgo encarcelados durante su visita. Su esfuerzo por asegurar su liberación, cinco son ciudadanos estadounidenses duales, era una razón oficial para que el viaje de Prince que no fuera en contravía de las sanciones, dijeron varias personas. Esos prisioneros fueron luego trasladados a arresto domiciliario.

Cuando se le contactó para recabar comentarios, Hannam se negó a proporcionar detalles, diciendo solamente: “Nunca hablamos de negocios o de los seis de Citgo”.

Un abogado de Prince, Matthew Schwartz, dijo que su cliente fue a Caracas “como ciudadano privado” y “recibió una guía legal clara que siguió escrupulosamente. Mientras estuvo allí, no discutió ningún negocio ni recibió nada de valor”.

Elliott Abrams, el encargado especial del departamento de Estado para Venezuela, dijo en ese momento que las reuniones “parecen contravenir las sanciones de EE.UU.”.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, no respondió a una solicitud de comentarios.

Hannam no es ajeno a Venezuela. En 2008, mientras estaba en JPMorgan, fue asesor financiero de un acuerdo en el que el minero ruso Peter Hambro invirtió en una asociación minera de oro venezolano con Rusoro Mining Ltd., empresa radicada en Vancouver. En ese momento, Rusoro era el socio de elección dl gobierno de Hugo Chávez.

Mucho en común

Prince y Hannam tienen mucho en común. Ambos tienen antecedentes militares, una propensión a la controversia y un gusto por las naciones bajo coacción donde los riesgos son tan grandes como las potenciales recompensas.

Ambos intentaron hacer negocios en Afganistán. Hannam cofundó una compañía estadounidense llamada Centar, que ha estado tratando de desarrollar activos de cobre y oro en la nación devastada por la guerra. En octubre de 2018, dijo que Centar había obtenido la aprobación para desarrollar esos activos del gobierno afgano después de años de retraso, agradeciendo a la administración Trump y al Departamento de Defensa de EE.UU. por financiar el proceso de licitación. Centar no está desarrollando los activos ahora porque el área está controlada por talibanes, que operan las minas.

El año anterior, Prince presentó un plan al presidente Trump sobre la privatización de la guerra en Afganistán utilizando contratistas de seguridad financiados por los recursos minerales estratégicos de la nación.

Blackwater, propiedad de Prince antes de venderla hace una década, se volvió infame después que sus empleados dispararon contra civiles iraquíes desarmados en 2007. Hannam, excapitán de las Fuerzas Especiales en el ejército británico, una vez fue llamado el “rey de la minería” por su rol en la asesoría a mineras importantes como BHP Billiton y su apoyo en la fusión de US$90.000 millones entre Glencore y Xstrata. En 2014 fue multado con 450.000 libras por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido por abuso de mercado. Se dijo que Hannam, quien no disputó la multa, reveló información privilegiada a un cliente potencial en 2008 sobre su cliente Heritage Oil Plc. Nunca se sugirió que había actuado en beneficio personal. Después de la decisión, se le permitió continuar operando en la ciudad de Londres.

A principios de 2019, Prince propuso un plan que requería que miles de soldados contratados despojaran a Maduro del poder. En el viaje de noviembre, hizo un discurso menos agresivo para enviar personal de seguridad y ayudar a allanar el camino para nuevas elecciones presidenciales, el objetivo final de la administración Trump.

Funcionarios estadounidenses negaron que Prince actuó como su enviado secreto y amenazaron con sancionarlo. Sin embargo, Prince dijo a confidentes que varios altos funcionarios lo autorizaron y viajó bajo la protección de una licencia especial obtenida por un bufete de abogados que representa a una familia de los seis empleados de Citgo, indicaron dos personas familiarizadas con el asunto.

Nota Original:Ex-JPMorgan Banker Invited Erik Prince on Secret Venezuela Trip

–Con la colaboración de Jose Enrique Arrioja.

Asunción.- (EFE).- El canciller de Paraguay, Antonio Rivas, comentó este miércoles que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, avanzó hacia el «abismo dictatorial» después de que este mes la Policía impidiera la entrada al Palacio Legislativo del líder opositor Juan Guaidó, durante la elección del presidente de la Asamblea Nacional.

«Era difícil dar ese paso hacia un abismo dictatorial, totalitario, y ellos justamente lo han dado, creo que lo han dado, y esto va a crear mayor aislamiento internacional del régimen», expresó Rivas en entrevista a Efe.

Para el canciller, la Asamblea Nacional era la única «institución democrática que quedaba dentro de Venezuela» y, en su opinión, la actitud de Maduro provocó «una mayor situación de falta de credibilidad hacia el régimen».

En esa sesión, diputados chavistas eligieron a Luis Parra, antiguo miembro del partido opositor Primero Justicia, como presidente de la Asamblea Nacional.

El Grupo de Lima, al que pertenece Paraguay, rechazó ese resultado y condenó «el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro» para impedir que diputados puedan «acceder libremente» a esa reunión.

Paraguay rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro en enero de 2018, después de que este asumiera su cargo para un nuevo mandato, hasta 2025, y reconoció como presidente interino a Guaidó, quien visitó al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, en febrero.

Rivas defendió la aplicación de medidas a Maduro y a su entorno, para que «el régimen se dé cuenta de que esto no puede avanzar», pero no vio motivos para «aplicar sanciones al pueblo».

«Yo creo que eso va a causar una situación de problemática en el régimen, porque al ver bloqueadas sus cuentas, al ver la imposibilidad de poder trasladarse a otros países… eso va a tener sus efectos», dijo.

Y añadió el canciller: «Nosotros somos contrarios a cualquier sanción a la ciudadanía en general, tiene que ser focalizado, tiene que ser una cuestión más quirúrgica hacia el régimen».

Aunque se mostró convencido de que esas medidas terminarán por cercar a Maduro, Rivas se abstuvo de pronosticar una fecha para la caída del Gobierno venezolano y descartó asimismo la posibilidad de una intervención militar.

También reconoció que la situación del país caribeño «causa mucha preocupación» en el mundo y lamentó que la salida de ciudadanos venezolanos esté generando «desestabilización a nivel regional»

«Esta es una movilización de personas. Se calcula que llega ya a los 5 millones, y estamos hablando de tiempo de paz. Esto no puede ocurrir. Más todavía teniendo en cuenta la situación de desesperación de esa gente que está abandonando Venezuela», agregó Rivas.

Tegucigalpa.- (EFE).- La vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA, la peruana Ana María Calderón, renunció al cargo por «motivos personales y profesionales», confirmó este martes a Efe una fuente de ese ente.

«Sí confirmado», respondió la fuente cuando fue consultada por Efe sobre la renuncia de la jefa de la Maccih, cuyo mandato expira la próxima semana, si el Ejecutivo hondureño no accede a renovarla.

En una carta, reproducida por medios locales de prensa y enviada el 2 de enero al secretario general de la OEA, Luis Almagro, Calderón asegura que su renuncia obedece a «motivos estrictamente personales y profesionales» que ha ponderado frente a su «comprobado compromiso» con el ente hemisférico.

«Me dirijo a su honorable despacho para presentar mi renuncia al cargo de representante especial del SG (secretario general) de la OEA y vocera interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), así como al cargo de coordinadora de la División de Prevención y Combate a la Corrupción, con efectividad a partir del 1 de febrero de 2020», indicó Calderón.

Agradeció a Almagro por su designación como vocera interina de la Maccih en dos períodos, lo que le permitió ser «la primera mujer jefa de una misión internacional anticorrupción».

La primera vez que Calderón asumió de manera interina la Maccih-OEA fue tras la renuncia del primer vocero de la Misión, el peruano Juan Jiménez, quien renunció en febrero de 2018 por diferencia con Almagro, mientras la segunda fue en julio luego de que el brasileño Luiz Antonio Marrey Guimaraes concluyó su gestión.

«Tengo la certeza que no he defraudado la confianza que usted y la organización han depositado en mí», subrayó Calderón, que también agradeció su designación como investigadora legal internacional y coordinadora de la División de Prevención y Combate contra la Corrupción de la Maccih.

La misiva de Calderón señala, entre otras cosas, que se despide de la OEA «con nostalgia» y que siempre se sentirá «parte de ella».

Añade que desde su incorporación a la Maccih, el 1 de agosto de 2017, ejerció sus funciones «con mística, vocación de servicio, compromiso institucional y respeto a los principios morales y éticos», por lo que quedó a «disposición de la OEA para colaborar a futuro en las áreas» de su «experiencia y conocimiento profesional».

La renuncia de Calderón se produce a pocos días de que expire el mandato de la Maccih, que se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa luego de un acuerdo suscrito entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA.

El Gobierno de Honduras y la OEA iniciaron a finales de diciembre de 2019 en Washington una mesa de diálogo sobre la segunda etapa de la Maccih, la que continuaron la semana pasada a puerta cerrada en Tegucigalpa.

Varios sectores de la sociedad civil hondureña han venido exigiendo la continuidad de la Maccih, pero bajo el mismo convenio suscrito en 2016 puesto que un nuevo acuerdo requiere de la aprobación del Parlamento, que en diciembre pasado solicitó la no renovación de ese ente.

La Mesa de Evaluación del trabajo de Maccih invitó el pasado 12 de diciembre al Gobierno hondureño y a la OEA a prorrogar el texto del convenio que dio vida a esa instancia, cuya continuidad ha sido apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea.

(AFP).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró dispuesto este martes a aceptar «acompañamiento» de la ONU y otros organismos internacionales en las elecciones parlamentarias de 2020, aún sin fecha, pero descartó sin embargo recibir a la OEA y a su secretario general.

Maduro, en su rendición de cuentas anual, propuso invitar a «la Unión Europea, a la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas» y «a todas las organizaciones mundiales».

«Puertas abiertas al acompañamiento internacional. ¡Welcome, welcome!», dijo en un discurso transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

«Lo que sí en este país no entrará (…) es Luis Almagro, bandido, basura (…), ni la OEA ni Almagro entran a Venezuela más nunca», expresó el mandatario ante la oficialista Asamblea Constituyente en un acto en el Palacio Legislativo, en el centro de Caracas, hasta donde llegó una marcha de miles de chavistas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) actuó como observadora en las últimas votaciones presidenciales de Bolivia y denunció irregularidades que terminaron con la renuncia de Evo Morales, uno de los principales aliados de Maduro, y la proclamación como presidenta de la legisladora derechista Jeanine Áñez.

Maduro también se dijo abierto a que el Poder Electoral, acusado por la oposición de servir al chavismo, tome medidas para «dar más garantías» en las legislativas.

Por ley, la rendición de cuentas del presidente debe hacerse frente al Parlamento, único poder que controla la oposición en el país caribeño; pero la Asamblea Constituyente asumió en la práctica sus funciones después de que el Legislativo fuese declarado en desacato.

La oposición, cuyos principales partidos políticos boicotearon las presidenciales de 2018 alegando falta de condiciones, aún no ha decidido si participa en bloque en las inminentes parlamentarias.

El líder opositor Juan Guaidó, quien desde el cargo de jefe del Parlamento reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, exige nuevas votaciones presidenciales.

La mayoría opositora legislativa declaró «usurpador» a Maduro, acusándole de haber sido reelegido en forma fraudulenta.

Guaidó fue ratificado como presidente del Parlamento el pasado 5 de enero por 100 legisladores aliados.

No obstante, ese mismo día, un congresista rival, Luis Parra, fue proclamado en ese puesto con apoyo chavista en una sesión sin Guaidó y otros diputados opositores, que denunciaron «un golpe de Estado parlamentario».