Bolsonaro provoca a Macron y Greta Thunberg sobre los incendios en Australia

Sao Paulo.- (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invitó este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a pronunciarse sobre los incendios en Australia, tras el choque que protagonizaron ambos mandatarios por los fuegos en la Amazonía, y ofreció su ayuda al país oceánico.

El líder ultraderechista también provocó al respecto a la activista sueca Greta Thunberg, a la que volvió a calificar de «mocosa» durante su tradicional transmisión en directo de los jueves a través de las redes sociales, el primero del nuevo año.

«Señor Macron, ¿qué va a decir de Australia? ¿Y Greta? ¿Esa niña mocosa?», interpeló el mandatario brasileño.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, quiso saber con ironía si su homólogo francés ya se había pronunciado sobre los tremendos incendios desatados en Australia y si este había puesto «en duda la soberanía» de esa nación, como, a su juicio, hizo con Brasil el año pasado.

«Ahora está habiendo incendios en Australia, no sé si Macron dijo algo, ¿Puso en duda la soberanía de Australia? Aquella niña (Greta Thunberg), ¿dijo algo también?,», se preguntó el jefe de Estado brasileño, que en la víspera cumplió su primer año en el poder.

Los dos presidentes protagonizaron un intensa polémica a mediados del año pasado con motivo de los fuegos que se extendieron por el mayor bosque tropical del plantea, que en agosto pasado fueron los peores para ese mes de la última década.

Ese mes, Macron acusó a Bolsonaro en una entrevista con la televisión pública francesa «France 2» de «apoyar proyectos económicos nefastos para la selva amazónica» y le avisó de que no le permitirán «destruirlo todo».

«Respetamos su soberanía, pero en el tema de la Amazonía no podemos dejarle destruirlo todo», afirmó entonces, para después dejar en el aire la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Argentina, Paraguay y Uruguay).

Macron también dijo que en algún momento habría que discutir la posibilidad de darle un «estatus internacional» a la Amazonía para impedir su destrucción o que un gobernante de algún país amazónico adopte medidas contrarias al bienestar mundial.

Bolsonaro exigió entonces al presidente francés retractarse por esas y otras declaraciones e interpretó las palabras del mismo como una amenaza a la soberanía de Brasil.

«La Amazonía no se incendió, ni se está incendiando, fue una gran mentira», insistió este jueves en la transmisión vía Facebook.

Minutos después retomó el asunto y garantizó que «Brasil es el país que más cuida el medioambiente» y que «nadie» en el planeta «tiene un porcentual tan grande» de territorio preservado.

Bolsonaro ofreció también su ayuda a Australia para combatir los incendios que han matado ya a 17 personas en todo el país y destruido más de 1.300 viviendas, 400 de ellas arrasadas durante los últimos días en la región sureste.

«Tenemos poco que ofrecer a Australia, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto (Araújo), debe haber entrado en contacto con Australia, y lo que tenemos a ofrecer lo estamos poniendo a disposición para combatir el fuego», informó.

La Fiscalía venezolana pide a Brasil extraditar a militares que atacaron un cuartel

Caracas.- (EFE).- La Fiscalía General de Venezuela solicitó este jueves a las autoridades brasileñas la extradición de cinco militares que iniciaron el trámite para ser refugiados en el gigante suramericano y que asumieron el ataque a un cuartel militar el pasado 22 de diciembre.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó en su cuenta de Twitter una misiva dirigida a su homólogo brasileño, Augusto Aras, en la que pide a las autoridades de ese país iniciar «los trámites necesarios» para «poner a disposición» de Venezuela a los cinco militares a los que acusa de participar en una «operación insurgente».

Para las autoridades venezolanas, los militares son «desertores» de las Fuerzas Armadas y responsables del ataque del pasado 22 de diciembre a una instalación militar en la Gran Sabana, en el fronterizo estado de Bolívar, que culminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y 9 lanzagranadas.

Saab aseguró que la solicitud se enmarca en el tratado de extradición entre ambos países vigente desde 1938 y esgrimió que es «inaplicable» el derecho de refugio al que se acogieron los uniformados cuando fueron detenidos por las autoridades brasileñas, pues, según él, cometieron «graves delitos comunes» y «contra la paz».

El pasado 23 de diciembre el Gobierno de Nicolás Maduro acusó a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador de haber facilitado el movimiento y entrenamiento del grupo, un señalamiento que estos países rechazaron casi de forma inmediata.

El Gobierno de Brasil es crítico con la Administración de Maduro, al que acusa por la crisis de Venezuela, que se expresa en escasez cíclica, hiperinflación y un éxodo que las Naciones Unidas cifra en más de cuatro millones de personas.

Brasil es uno de los casi 60 países que reconocen al líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, desde febrero de 2019.

Por su parte, Saab fue designado en 2017 como fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un cuerpo legislativo integrado exclusivamente por chavistas y que no es reconocido por varios países, entre ellos Brasil.

La designación del titular de la Fiscalía, así como de otras instancias como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional Electoral (CNE), es una potestad que la Constitución venezolana reserva al Parlamento, pero una decisión de 2016 del Tribunal Supremo considera en desacato al Legislativo por lo que el resto de los poderes ignora sus decisiones.

El Parlamento turco autoriza un despliegue militar en Libia

(AFP).- El Parlamento turco autorizó este jueves el envío de tropas a Libia para apoyar al gobierno reconocido por la ONU, una medida que podría agravar el conflicto fratricida que desgarra a ese país.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan contra cualquier «injerencia extranjera» en Libia, susceptible de «complicar» la situación.

Washington pidió en noviembre al mariscal Jalifa Haftar, el caudillo del este de Libia, que ponga fin a su ofensiva para apoderarse de Trípoli, aunque en el pasado el presidente estadounidense dio la impresión de que lo apoyaba.

Un total de 325 diputados votaron a favor y 184 en contra de esta intervención, según el presidente de la Asamblea Nacional turca, Mustafá Sent. El mandato autoriza al ejército turco a intervenir en Libia durante un año.

El texto fue presentado por Erdogan, cuyo partido, AKP, cuenta con mayoría parlamentaria junto el ultranacionalista MHP.

Los observadores se preguntan ahora si Turquía planea enviar fuerzas de combate a Libia, o si ese despliegue se limitará a proveer «consejeros militares».

El jefe de Estado turco ha declarado en varias ocasiones que su país estaba decidido a ayudar militarmente al Gobierno de Unidad Nacional (GNA) de Fayez Al Sarraj, reconocido por Naciones Unidas y enfrentado a una ofensiva de Jalifa Haftar.

El gobierno turco dice que está actuando en respuesta a un pedido de ayuda del GNA.

El envío de tropas turcas a Libia empeoraría los conflictos que han desgarrado a este país desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011 y en los que están involucradas las potencias regionales.

Concretamente Libia es escenario de una lucha de influencias entre dos frentes, por un lado Turquía y Catar, que apoyan al GNA, y por otro Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, tres rivales regionales de Ankara que respaldan al mariscal Haftar.

Israel, Chipre y Grecia denunciaron la decisión turca que califican de «amenaza peligrosa para la estabilidad regional», al igual que Egipto.

«[Fayez] al Sarraj y quienes están con él pidieron una intervención extranjera en Libia, una petición que calificamos de alta traición», declaró a la AFP Ehmayed Houma, vicepresidente segundo del Parlamento libio, con sede en el este del país, después de que Turquía aprobara la moción.

«La actuación imprudente de Erdogan, en la que ha arrastrado al Parlamento de su país, tendrá graves repercusiones en la región», advirtió.

  • Ejército «listo» –

El visto bueno del Parlamento «es una etapa importante para garantizar la paz y la estabilidad en Libia y para defender nuestros intereses en África del Norte y en el Mediterráneo», declaró por su parte el portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin.

La supervivencia del GNA es fundamental para Ankara, que firmó un acuerdo de delimitación marítima que permite a Turquía hacer valer sus derechos en extensas zonas del Mediterráneo Oriental ricas en hidrocarburos, codiciadas por otros países como Grecia, Egipto, Chipre o Israel.

El miércoles, el vicepresidente turco, Fuat Oktay, afirmó que el ejército estaba «listo» pero subrayó que la naturaleza y la amplitud del despliegue se decidirán según «los acontecimientos sobre el terreno».

Agregó que Ankara espera que la adopción del texto tenga un efecto disuasivo.

«Tras la votación, si el otro bando [de Haftar] cambia de actitud y dice ‘nos retiramos, paramos la ofensiva’, ¿entonces, para qué ir?» declaró el vicepresidente.

Los principales partidos de la oposición votaron en contra del texto aprobado el jueves, argumentando que una intervención en Libia podría desestabilizar la región y arrastrar a Turquía, que ha perdido a decenas de soldados en Siria, a un nuevo conflicto.

Además de las dificultades propias del despliegue de tropas en un país que no es fronterizo, a diferencia de Siria, donde Turquía interviene actualmente, el envío de soldados a Libia estaría acompañado del riesgo de un incidente con Rusia.

Aunque Moscú lo desmiente, el emisario de la ONU en Libia, Ghasan Salamé, y Erdogan afirman que mercenarios rusos combaten junto a las fuerzas de Haftar, que desde abril intentan apoderarse de Trípoli.

El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto viajar el miércoles a Turquía para inaugurar un gasoducto con su homólogo turco, en lo que será una ocasión para que ambos hablen del caso libio.

El presidente argentino dice que no hay prueba de que al fiscal Nisman lo mataron

Buenos Aires.- (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este jueves que no hay una «prueba seria» que apunte a que «mataron» al fiscal Alberto Nisman, quien días antes de aparecer muerto, en enero de 2015, había señalado a la entonces mandataria y ahora vicepresidenta, Cristina Fernández, de encubrir terroristas.

Alberto Fernández hizo estas declaraciones tras haber puesto en duda la teoría del suicidio en un documental estrenado este miércoles pero grabado hace tres años, antes de ser elegido como fórmula de Cristina Fernández para los comicios de octubre pasado.

«Me gustaría saber qué pasó con Nisman y si se suicidó quisiera saber por qué se suicidó», expresó Alberto Fernández en una entrevista en Radio 10 en la que, entre otros asuntos, fue consultado por el caso Nisman, después de que la plataforma Netflix estrenara el miércoles la miniserie «El fiscal, la presidenta y el espía».

Fernández, exjefe de Gabinete de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), que a fines de 2017 limó asperezas con ella tras una década distanciados, es uno de los muchos entrevistados en ese documental, que según describe la sinopsis oficial versa sobre la «muerte sospechosa» de Nisman.

«Hasta el día de hoy, dudo de que se haya suicidado”, opinó Fernández en la entrevista, grabada en 2017.

NO HAY «NI UNA SOLA PRUEBA SERIA» DE HOMICIDIO

Tras el estreno, varios medios locales incidieron en que el actual presidente cambió de opinión desde entonces.

«En ese momento dije… soy un abogado, no puedo decir que hay un asesinato o un homicidio cuando eso está en tela de juicio. Este documental es de hace casi 3 años, y hace 3 años no existían muchas de las cosas que después fueron apareciendo», subrayó el mandatario, que conocía a Nisman y que habló con él el jueves anterior al domingo en que apareció sin vida.

«¿Qué pasó del 2017 en adelante? No apareció ni una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron», agregó en las declaraciones radiales.

Investigador del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires de 1994, en el que murieron 85 personas y sigue impune, Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015, año electoral en el que el peronismo kirchnerista perdió el poder en las urnas.

Cuatro días antes había acusado a Cristina Fernández y parte de su Gobierno de usar un acuerdo firmado con Irán en 2013 para encubrir a los presuntos terroristas iraníes a cambio de mejorar la relación comercial con Irán, algo que ella siempre ha negado.

Desde el kirchnerismo siempre han insistido que ese convenio -que en Argentina se declaró inconstitucional y en el país persa no se llegó a convalidar- lo que pretendía era establecer una investigación conjunta del atentado, cuya autoría está atribuida al grupo Hizbulá y ex altos cargos iraníes.

La denuncia de Nisman fue inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas, aunque volvió a abrirse en 2016.

«Lo que yo, así lo digo en el documental, porque lo he dicho siempre, (es que) viendo lo que era su conducta, (Nisman) era un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me costaba creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose, pero no lo sé, me permito dudar por eso que he visto», dijo hoy el presidente, abogado de carrera.

En el mismo sentido, aclaró que también «siempre» dijo que en el «caso Nisman» uno debe aplicar la regla de la novela policial inglesa.

«Busca a quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. La única que se perjudicaba con el crimen era Cristina. Por eso yo también en el documental, que no sé si cuando lo editaron lo pusieron o lo sacaron porque no lo he visto, dije que no tenía ninguna duda de la ajenidad del Gobierno de Cristina Kirchner», añadió.

EL INFORME QUE AVALÓ LA TEORÍA DEL HOMICIDIO, UNA «PERICIA ABSURDA»

En medio de la incógnita por desconocer si el fiscal se suicidó o fue víctima de un homicidio o un suicidio inducido, en septiembre de 2017, ya con Mauricio Macri como presidente argentino, una pericia encabezada por la Gendarmería -fuerza policial que depende del Ministerio de Seguridad- aseguró que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron al fiscal.

Para Fernández, se trata de una «pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología mundial, hecha sobre un escenario montado» años después de la muerte de Nisman.

«Sin que ninguno de los que participaron de esa pericia haya estado en el lugar del hecho en el momento en que el hecho ocurrió», enfatizó el presidente, convencido de que «nunca» vio «una cosa igual», por lo que afirmó quitarle «toda seriedad».

«Es como si yo reconstruyera el avión donde viajaba (Carlos) Gardel y llegara a la conclusión de que fue un atentado. Nunca estuve en el escenario, nunca vi el avión ni vi nada», explicó.

En el documental, Fernández reconoce que le dijo al fiscal que el «problema» que veía en su denuncia es que no conocía «en qué se funda».

«Y hacés una serie de afirmaciones que no sé qué sustento probatorio tienen», evocó en la miniserie.

Mientras la causa por el presunto encubrimiento ha avanzado, con Fernández entre los procesados, el caso por la muerte de Nisman tiene solo como imputados a los custodios del fiscal, por incumplir su deber de protegerlo, y el asesor informático del fiscal, Diego Lagomarsino, como «partícipe primario del homicidio», porque era suya el arma que acabó con su vida.

Ese colaborador reconoció que prestó a Nisman la pistola porque él mismo se la pidió para proteger a sus hijas.

Profanan un templo católico en Nicaragua tras un mensaje de los obispos sobre la crisis

Managua.- (EFE).- Un templo católico fue profanado en Nicaragua luego de que la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua advirtiera que el país «clama un cambio de rumbo», en referencia a la grave crisis sociopolítica local.

Según un informe de la Asociación nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), personas no identificadas «entraron al templo y rompieron imágenes religiosas y robaron pertenencias» en la capilla Nuestro Señor de Esquipulas, de la ciudad de Tipitapa, en la zona Pacífico de Nicaragua.

La agresión ocurrió el miércoles, un día después de que la Comisión religiosa, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, señaló que Nicaragua añora «una vuelta a la Constitución y a la institucionalidad. Este cambio exige la realización de elecciones (…) libres e imparciales», como solución a la crisis.

La comunidad religiosa de Tipitapa confirmó que los desconocidos robaron pertenencias de la Iglesia católica, decapitaron una imagen de la Purísima Concepción de María y aplastaron la corona del Cristo Negro, al que además dejaron sin peluca.

Los católicos de Tipitapa denunciaron ante la ANPDH que, por el tipo de agresión, los atacantes pertenecen a «las turbas sandinistas».

Las llamadas «turbas sandinistas» son grupos violentos, seguidores del presidente Daniel Ortega, quien ha repudiado en reiteradas ocasiones a los obispos, a quienes ha acusado de dirigir un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.

Ayer mismo los fieles católicos del departamento (provincia) de Jinotega, en el norte de Nicaragua, denunciaron que el padre Eliar Pineda fue blanco del oficialismo en Jinotega (norte), ya que supuestamente las «turbas sandinistas» marcaron con pintura el vehículo del sacerdote, lo que a menudo representa una amenaza.

La crisis que atraviesa Nicaragua, en la que cientos de personas han muerto en protestas contra Ortega, ya había sido advertida al presidente por el Episcopado nicaragüense en 2014, pero no obtuvo respuesta de parte del mandatario.

La crisis, que mantiene confrontada a la Iglesia católica con Ortega, también ha dejado una cantidad no específica de desaparecidos, cientos de presos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El clero demanda a Ortega que se abstenga de agredir o encarcelar a quienes no son sandinistas, mientras el presidente insiste en que los religiosos son «golpistas».

EE.UU. prohíbe la entrada a ministro de Fuerza Armadas de Cuba por apoyo a Maduro

Washington.- (EFE).- El Departamento de Estado incluyó este jueves al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Cintra Frías, y dos hijos suyos en su lista de personas que tienen prohibida la entrada a EE.UU. por presuntas «violaciones graves de los derechos humanos» en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que esta medida se adopta en caso de disponer de «información creíble» de que funcionarios de Gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos.

Cintra Frías fue incluido en el listado «debido a su implicación, por responsabilidad de mando, en violaciones graves de los derechos humanos», detalló la nota.

La medida también afecta a Deborah Cintra González y Leopoldo Cintra González, hijos del funcionario.

«Como ministro de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Cintra Frías es responsable de las acciones de Cuba para apoyar el antiguo régimen de Maduro en Venezuela», según el comunicado.

El Departamento de Estado puntualizó que Minfar ha estado involucrado, junto a militares y funcionarios de inteligencia de Maduro, en «violaciones graves de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo tortura o el sometimiento de venezolanos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por sus posturas contra Maduro».

El comunicado apuntó que el objetivo de Minfar y el Gobierno de Cuba es «desmantelar la democracia de Venezuela».

En ese sentido, Washington animó a otros Gobiernos y a organizaciones internacionales a que continúen promoviendo que La Habana rinda cuentas por su «participación en violaciones o abusos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba, en Venezuela y más allá».

El Gobierno del presidente Donald Trump se convirtió en el primero en reconocer en enero del año pasado al líder opositor Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), como presidente interino de Venezuela, y quien desde entonces ha recibido el respaldo de más de 50 países.