Caracas.- (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró hoy procedente solicitar a Colombia que extradite a Luisa Ortega Díaz exfiscal general, destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para ser sometida a un proceso judicial en el país caribeño.

A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana.

El TSJ señala además que venezuela asume ante Colombia «el firme compromiso» de que Ortega «no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años».

Añade que será juzgada con «las debidas garantías» como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa.

Garantiza igualmente el TSJ para Ortega el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales.

EL TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal.

A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción o incitación al odio.

Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos «distintos a los señalados» en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud.

En marzo de este año la justicia venezolana solicitó una orden de captura internacional contra Ortega, destituida en agosto pasado por decisión de la ANC, luego de sus críticas al chavismo.

El Ejecutivo acusa a Ortega de planear, junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros, un golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro.

Entre las denuncias que ha efectuado ya fuera de Venezuela, Ortega ha relacionado al presidente Maduro y al «número dos» del chavismo, Diosdado Cabello, de vínculos corruptos con la empresa brasileña Odebrecht.

Managua.- (EFE).- La Alianza Cívica, que aglutina a grupos que se manifiestan contra el Gobierno de Nicaragua, convocó hoy a una nueva protesta este sábado en Managua contra el discurso oficial que asegura que el país ha recuperado «la normalidad» tras el estallido social del 18 de abril pasado.

«A marchar este sábado, porque aquí nada está normal», indicó la Alianza, en carteles difundidos en redes sociales.

Desde el pasado 19 de julio, el Gobierno ha divulgado que Nicaragua ha vuelto a la normalidad, tras lo que denominó un intento de «golpe de Estado», en referencia a la crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organizaciones humanitarias, en protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, que reconoce 198 fallecidos.

La Alianza considera que «nada está normal», debido a que «hay paramilitares del Gobierno que están secuestrando y matando, porque es delito ser joven y ser estudiante, no es normal que te arresten por tener la bandera de nuestro país», dijo a los periodistas el líder estudiantil Edwin Carcache.

La Alianza espera que la marcha de mañana, en una zona céntrica de Managua, sea multitudinaria.

Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

(AFP).- Estados Unidos condenó el viernes las presuntas detenciones arbitrarias y confesiones forzadas por parte del gobierno venezolano en su investigación sobre el fallido ataque con drones del pasado 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, la portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos condena la «violencia política» del 4 de agosto, que Caracas sostiene que fue un intento de la oposición de asesinar a Maduro.

También instó al líder venezolano a respetar el estado de derecho en la investigación del incidente.

«La respuesta del gobierno venezolano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunas personas y no seguir el debido proceso», dijo.

«Además, ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones».

Venezuela ha arrestado a 14 personas por el polémico ataque, incluidos un político opositor, un general y un coronel.

Maduro ha dicho que las explosiones de ese día fueron realizadas por drones cargados de explosivos en el marco de una conspiración para asesinarle, aunque figuras de la oposición acusan al gobernante de fabricar el incidente para intensificar la represión.

Nauert dijo que Estados Unidos apoya los pedidos de la comunidad internacional de formar una comisión de expertos independientes para investigar el incidente, y reiteró el llamado de su país a «la liberación inmediata de todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos».

(EFE).- El coordinador permanente de la ONU en Honduras, Igor Garafulic, dijo hoy que todavía no hay fecha para iniciar el diálogo nacional que resuelva la crisis postelectoral en el país centroamericano, pero aseguró que «hay positivismo».

«No hay fecha para iniciar el diálogo, pero hay positivismo», indicó Garafulic, quien modera el proceso para un diálogo nacional, a la radio HRN en Tegucigalpa.

Agregó que en la reunión del miércoles, las delegaciones participantes en el proceso se pusieron de acuerdo en varios puntos, no obstante, considera que falta «realismo y madurez» para avanzar.

Para comenzar el diálogo «no puedo fijar una fecha porque esa me la van a dar los dirigentes el lunes cuando nos reunamos de nuevo en mi oficina», indicó.

Garafulic considera que en el diálogo deben participar todos los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional y aseguró que el expresidente hondureño Manuel Zelaya, que coordina el Libertad y Refundación (LIBRE), «siempre será bienvenido».

«En estas discusiones, obviamente tienen que estar los protagonistas que tuvieron una diferencia política y eso es lo que hay que entender aquí», indicó el representante de la ONU, según un comunicado de prensa de la Casa Presidencial hondureña.

En el proceso han venido participando representantes del Gobierno, los partidos Nacional (en el poder) y Liberal, y del excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien aduce que él ganó las elecciones del 26 de noviembre de 2017, pero que le hicieron «fraude».

Garafulic indicó que el Partido Nacional, en el poder, debe participar en diálogo, ya que es «un actor muy importante con muchos diputados, con muchos alcaldes y con el presidente de la República».

«Nadie puede darse el lujo de decir que el Partido Nacional no debe participar en el diálogo o el Partido Nacional decir: ‘yo no participo'», subrayó, precisa la información oficial.

Insistió en que le «gustaría» que en el diálogo participe el expresidente Zelaya, con quien, dijo, tiene «un canal de comunicación muy bueno».

Señaló que en el diálogo se va a hablar de derechos humanos, reformas electorales, sobre si hubo un supuesto fraude en las elecciones generales de 2017 y la supuesta participación de «pandillas» en las votaciones.