Estambul.- (EFE).- Cuatro soldados han muerto hoy en un enfrentamiento con la guerrilla kurda del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), en la provincia de Adiyaman, en el sureste de Turquía.

Las fuerzas de seguridad turcas iniciaron el martes pasado una operación en la zona para dar con un grupo de guerrilleros que había disparado contra una cantera de mármol en la montañosa zona de Kömür, al noreste de la capital provincial, informa el diario Hürriyet.

Hoy, un vehículo militar fue destruido por un explosivo colocado en la carretera y activado al paso de la patrulla, acto en el que un soldado fue herido mortalmente, informa la cadena NTV.

Mientras el militar fue evacuado, los guerrilleros abrieron fuego desde un coche cercano y mataron a otros tres soldados, agrega la emisora.

Desde la ruptura de la tregua entre Gobierno y el PKK en 2015, los enfrentamientos con la guerrilla en el sureste de Turquía son continuos, si bien en los últimos meses el número de bajas mortales entre las fuerzas de seguridad se ha reducido respecto a años anteriores.

Gaza.- (EFE).- Tres delegaciones palestinas, entre ellas una del movimiento islamista Hamás, viajaron hoy desde Gaza a El Cairo para unirse a las negociaciones en marcha sobre una tregua de larga duración con Israel, así como para reanudar el proceso de reconciliación con el partido nacionalista Al Fatah.

Fuentes palestinas indicaron que, además de la delegación de Hamás, viajan una del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y otra del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).

Las tres sumarán sus esfuerzos a los del jefe de Inteligencia egipcia, Abás Kamel, que con el apoyo de la ONU, hace de intermediario entre unas partes que no mantienen contacto directo.

Fuentes palestinas en El Cairo aseguraron hoy a Efe que las facciones palestinas han dado ya el visto bueno a una propuesta egipcia que contempla ceder un puerto y aeropuerto a Gaza para el tránsito de pasajeros y el comercio de bienes, un alto el fuego, el cese de actividades militares por parte de Hamás, y un canje de prisioneros.

A cambio, el acuerdo pide un alto el fuego completo, el levantamiento del asedio a Gaza y llevar a cabo proyectos humanitarios.

El diario egipcio Al Hayat informó de que Kamel se reunió ayer con autoridades israelíes y, según las fuentes palestinas, podría viajar a Ramala en las próximas horas para presentar los detalles al presidente palestino, Mahmud Abás.

Por su parte, el periódico israelí Haartez, que citó a tres funcionarios israelíes que pidieron el anonimato, reveló algunos puntos del pacto

La tregua incluiría seis pasos: «Alto el fuego integral; reapertura de los cruces con Gaza y la expansión de la zona de pesca permitida; asistencia médica y humanitaria; resolución sobre el problema de los soldados capturados, los civiles desaparecidos y los prisioneros; amplia reconstrucción de la infraestructura en Gaza con fondos extranjeros, y diálogo sobre puertos marítimos y aéreos en Gaza».

Asimismo, Haaretz destaca las similitudes con la tregua que puso fin al conflicto entre Israel y las facciones armadas palestinas en Gaza en 2014, mientras que fuentes del ministerio de Defensa y de la Oficina del Primer Ministro israelí consideran que se trata de «volver al statu quo previo a la escalada de tensión que comenzó hace varios meses con el inicio de las protestas en la frontera entre Gaza e Israel».

El ministro israelí de Educación y líder del partido ultranacionalista Hogar Judío, Naftalí Benet, ha manifestado que se opondrá a una tregua con Hamás.

En ese sentido, rechazó el gesto del titular de Defensa y líder del también ultranacionalista Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, de reabrir ayer, miércoles, el único paso de mercancías con Gaza, tras un mes de cierre en respuesta al lanzamiento de objetos incendiarios que han arrasado con grandes extensiones de terreno.

Naciones Unidas.- (EFE).- La ONU critico hoy la decisión del Parlamento serbobosnio de encargar un nuevo informe sobre lo ocurrido en Srebrenica durante la guerra bosnia (1992-1995) con el fin de sustituir al elaborado en 2004 sobre el genocidio de musulmanes en ese enclave.

La organización avisó de que la medida supone «un paso atrás» y «mina el Estado de derecho y los esfuerzos nacionales e internacionales para lograr justicia para las víctimas».

Así lo señaló en un comunicado el asesor especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que denunció que se está utilizando el pasado con fines políticos.

«La falta de confianza y hostilidad entre líderes políticos que representan a distintas comunidades está impidiendo cualquier progreso significativo hacia la reconciliación», advirtió Dieng.

Según la ONU, la decisión del Parlamento amenaza además con «exacerbar las tensiones de cara a las elecciones del 7 de octubre y dañar las perspectivas para la estabilidad a largo plazo y la reconciliación».

La elaboración de un nuevo informe sobre la matanza de Srebrenica fue acordada el pasado martes, después de que el presidente serbobosnio, el nacionalista Milorad Dodik, propusiese a los diputados rechazar como «unilateral e incorrecto» el redactado en 2004.

Los diputados, que aceptaron las propuestas de Dodik, consideraron que la comisión que elevó el informe rechazado, formada entonces por el Gobierno serbobosnio, ha eludido incluir el estudio del destino de las víctimas del pueblo serbio en la zona durante el conflicto.

En opinión de Dodik, ese trabajo fue llevado a cabo bajo presiones de la comunidad internacional, lo que dio lugar a una manipulación de los hechos en detrimento del ente serbobosnio.

Srebrenica fue conquistada en julio de 1995 por las tropas serbobosnias bajo el mando de Ratko Mladic, quien ha sido condenado por la Justicia internacional a cadena perpetua por el genocidio cometido tras la citada conquista y otros crímenes de guerra.

Según los estudios, unos 8.000 bosnios musulmanes murieron en ese enclave a manos de las fuerzas serbobosnias.

(Por Alexander MARTINEZ, Margioni BERMÚDEZ.- AFP).- Un general y un coronel fueron privados de libertad por el supuesto atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este martes la máxima corte, aumentando sospechas de fisuras en la Fuerza Armada, considerada el principal sostén del mandatario.

El general de división de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez fue presentado el lunes ante un juez por su presunta participación en los hechos, dijo a la prensa el fiscal general, Tarek William Saab.

Junto con Pérez Gámez fueron llevados a los tribunales el coronel Pedro Zambrano y el diputado Juan Requesens, detenido hace una semana señalado de «cómplice».

Cerca de la medianoche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en un comunicado que ordenó la privativa de libertad contra Pérez Gámez, Zambrano, Requesens, el sargento Juan Monasterios y otras cuatro personas, por el delito de «homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente», entre otros.

Hasta ahora suman 14 detenidos, de 34 supuestos implicados en la detonación de dos drones cargados con explosivos el pasado 4 de agosto durante una parada por el aniversario de la Guardia Nacional en Caracas.

Este martes también circularon videos en Twitter en los que el general de brigada Héctor Hernández Da Costa, también de la Guardia Nacional, denuncia que va a ser capturado por agentes de contrainteligencia militar, sin precisar los cargos.

Maduro, quien culpa al expresidente colombiano Juan Manuel Santos de planificar el ataque, pidió este martes en un acto político que la investigación y el juicio «se hagan públicamente».

El gobierno también pidió a Interpol el arresto de varias personas en Colombia y Estados Unidos.

Este martes, un portavoz del Departamento de Estado declaró a AFP que Washington «investigará actividades ilegales dentro de sus fronteras si el gobierno de Venezuela proporciona evidencia legítima».

Maduro crítico que el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, dijera desde Brasilia que «la solución (a la crisis venezolana) debe ser liderada por Brasil», según dijo el ministro de Defensa brasileño, Joaquim Silva e Luna.

«Habla desde un gobierno de facto», señaló.

Saab indicó que la Fiscalía pidió la prohibición de «enajenar» bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de Requesens y el también parlamentario opositor Julio Borges, acusado de cómplice en el caso y exiliado en Colombia.

Zambrano y Monasterios están señalados además por el asalto al fuerte militar de Paramacay, el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo comandado por el capitán Juan Caguaripano robó armas del destacamento.

Dos de los asaltantes murieron y siete fueron apresados durante ese ataque, cuya autoría reclamó el expolicía rebelde Óscar Pérez, abatido en enero pasado. Posteriormente fue aprehendido Caguaripano.

Óscar Pérez se dio a conocer en junio de 2017, tras lanzar desde un helicóptero dos granadas contra el máximo tribunal y dispararle al ministerio de Interior en Caracas.

– «Cacería de brujas» –

La explosión de los drones fue reivindicada por el Movimiento Nacional Soldados de Franelas, un supuesto grupo rebelde de civiles y militares hasta ahora desconocido.

El arresto de Pérez Gámez y Zambrano se suma al de varios militares en los últimos meses por supuestamente conspirar contra Maduro.

«Hay una cacería de brujas contra los generales y almirantes», una «purga» desde que Maduro llegó al poder, dijo a AFP la experta en temas militares Rocío San Miguel.

El pasado 24 de mayo, cuatro días después de su controvertida reelección, el mandatario anunció la captura de militares acusados de complotarse contra esos comicios azuzados por la oposición, Colombia y Estados Unidos.

Hasta julio pasado unos 150 miembros de la Fuerza Armada estaban en prisión «por razones políticas», según la ONG Justicia Venezolana. San Miguel calcula que son 200.

Tras el incidente con los drones, uno de los cuales explotó frente a la tribuna donde estaba Maduro, el alto mando militar reiteró su «lealtad incondicional» al presidente, confrontado a un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica.

Con gran poder político y económico, la Fuerza Armada es considerada por analistas el principal soporte de Maduro, pero el arresto de uniformados ha puesto en cuestión la «unión cívico-militar» reivindicada por el chavismo.

«Hay un alto grado de inestabilidad en la Fuerza Armada», sostuvo San Miguel, indicando que aunque no es una «implosión», es «preocupante para la estabilidad» de Maduro.

La crisis del país petrolero se refleja en escasez de bienes básicos, el desplome de la producción de petróleo -que aporta 96% de los ingresos- cuatro años de recesión y una inflación que el FMI proyecta en 1.000.0000% para 2018.

Aun así, Maduro fue reelegido hasta 2025 en comicios boicoteados por la oposición y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Managua.- (EFE).- La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron hoy una declaración de rechazo al Grupo de Trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.

La declaración, denominada «Rechazo al injerencismo» y que coincide con la posición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con el voto a favor de 70 diputados sandinistas y sus aliados, y 17 en contra, dijo ante el pleno el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras.

El documento legislativo rechaza «la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista impulsada por el Gobierno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA)» y repudia la «posición del grupo de miembros de la OEA que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua».

También respalda la decisión del Gobierno nicaragüense «de no recibir dicha Comisión en nuestro suelo patrio».

El Gobierno de Ortega declaró este miércoles «inaceptable» la presencia de ese Grupo de Trabajo para Nicaragua, al que calificó de «Comisión injerencista».

En una declaración, el Ejecutivo nicaragüense atribuyó a ese Grupo de Trabajo haber sido formado y dirigido por Washington en su afán por «seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua».

Sus integrantes «no son bienvenidos a nuestro país (…) por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio», advirtió el Ejecutivo nicaragüense.

La creación del Grupo de Trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.

El grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, tiene por objeto colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha originado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el Gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que convierte en la más sangrienta desde la década de los años 80.

Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y derivaron en reclamaciones para el mandatario, que lleva once años seguidos en el poder, y al que sus opositores acusan de abuso y corrupción.