(Por.- LUIS MANUEL GALEANO.- Associated Press).- MANAGUA (AP) — En un primer encuentro marcado por la tensión, el presidente nicaragüense Daniel Ortega participó el miércoles de un diálogo nacional con diversos sectores para buscar una solución a la crisis política que atraviesa el país y que ha provocado la muerte de más de 60 personas.
Acompañado de su esposa, la vicepresidenta y vocera del gobierno Rosario Murillo, el gobernante llegó a las instalaciones del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, rodeado de un dispositivo de seguridad de más de 500 efectivos antimotines.
“¡Asesinos, asesinos, asesinos!”, les gritaron a coro decenas de activistas y manifestantes apostados en la entrada del sitio mientras la caravana de seguridad rodeaba los vehículos en los que se trasladaba la pareja presidencial.
Del diálogo participan el gobierno, estudiantes y representantes de la sociedad civil y el sector privado.
Después de escuchar el himno nacional y las palabras de bienvenida de la Conferencia Episcopal, que es mediadora y testigo de las conversaciones, se le dio la palabra a Ortega. Pero Lester Alemán, uno de los dirigentes de los estudiantes, lo interrumpió antes de que comenzara a hablar para exigirle el fin inmediato de la represión de las protestas populares.
“Ordene ya, en este mismo momento, el cese de la represión de la policía, de las fuerzas paramilitares, de las turbas de su partido que nos han estado masacrando y matando”, dijo el joven.
El jefe de Estado respondió que el hecho de llegar al diálogo era una muestra de buena voluntad y que le dolían las muertes producidas durante las protestas.
“La policía no está para reprimir la protestas sino para evitar el caos y es lo que hemos hecho, porque no es posible que anden atacando cuarteles de la policía, porque no son angelitos los que andan ahí”, enfatizó Ortega en medio del griterío de los estudiantes.
Ortega sostuvo que la policía actuó conforme a la ley, que hubo muertes en todos los bandos y acusó a los estudiantes de portar armas de guerra y generar caos.
A la petición de los estudiantes se sumó la de monseñor Abelardo Mara, obispo de la diócesis de Estelí, en el norte del país. “Presidente Ortega, que se retire la policía a los cuarteles y que dejemos actuar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le pido que repiense el camino que ha recorrido”.
Ortega replicó que el gobierno aceptó que una misión de CIDH visite el país para que investigue cuántos presos políticos hay y para que “no se utilice la mentira”, palabras que fueron seguidas por los estudiantes que leyeron en voz alta los nombres de los 65 muertos. El mandatario y su esposa escucharon la lista visiblemente molestos.
El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Juan Sebastián Chamorro, dijo sentirse decepcionado por la actitud del gobernante.
“Creemos que ésta es una oportunidad de buscar justicia y democratizar (y) nos vienen a hablar de otro mundo”, indicó Chamorro.
Ortega insistió que además de la visita de la CIDH el gobierno trabaja con la Organización de Estados Americanos sobre la institucionalidad y las elecciones libres.
“Hoy la Nicaragua que atraía inversiones está profundamente herida y quiero hacer el llamado a que se facilite el tránsito en el campo, en las ciudades, a las zonas francas. Más de 160.000 trabajadores están paralizados y se les está mandando al desempleo”, exhortó Ortega antes de partir escoltado por helicópteros militares.
A pesar del anuncio de la instalación del diálogo el gobierno no ha logrado detener los disturbios que se han generado en varios departamentos del país.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, un organismo no gubernamental, informó esta semana que las protestas han dejado 65 muertos. Otros grupos y el gobierno han señalado que las cifras son menores.
Michael Healy, presidente de Unión de Productores y Agricultores de Nicaragua y que participa en nombre del sector privado en el diálogo, dijo que la sesión del miércoles demostró que Ortega no quiere encontrar una salida a la crisis.
“Este país está al borde del caos y no puede ser que estemos con discursos enredados en los que se quiere responsabilizar a los estudiantes y protestantes por las masacres y muertes en el país. No lo vemos correcto”, dijo Healy y anunció que la Unión evaluará si sigue participando del proceso.
“El diálogo es para pedir justicia para las víctimas y la salida de Daniel Ortega del poder, porque no tienen capacidad de dirigir más a este país”, afirmó a medios locales Azalea Solís, representante de la sociedad civil.
Nicaragua cumple 28 días de agitación social tras las multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega que comenzaron tras una cuestionada reforma a la seguridad social.
