(Por. ABC.es).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió hoy de que se tomarán medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados en su primera intervención tras la elección este domingo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que él ha impulsado.

En un acto televisado con simpatizantes chavistas, Maduro aseguró que la ANC, que tomará el poder en Venezuela en las próximas horas, «levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla», actuará contra la «burguesía parasitaria» para solucionar la crisis económica y se hará con el mando de la Fiscalía «para que haya justicia».

Maduro criticó asimismo la cobertura dada hoy a la votación por los canales de televisión privados venezolanos, a los que acusó de «censurar las elecciones» y pidió una investigación al canal Televen por hacer «apología del delito».

«Estamos en combate comunicacional otra vez contra las mentiras de las televisoras, ¡alerta!», añadió.

«Llegó la Constituyente a poner orden», dijo el mandatario socialista sobre el proceso, rechazado por la oposición al considerar que llevará a la consolidación de una dictadura en Venezuela, y proclamó: «Algunos terminarán en una celda, bajo el mando de la justicia necesaria».

«Se acabó el sabotaje de la Asamblea Nacional», dijo también Maduro, en alusión al Parlamento, de mayoría opositora, que ha sido declarado en desacato por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusado de servir de brazo judicial del Gobierno.

El presidente recriminó al Ministerio Público -cuya titular, Luisa Ortega Díaz, ha acusado a Maduro de atropellar la Constitución y convertir el país en un «Estado policial»- no haber actuado ante la violencia de la que viene acusando a la oposición en los casi cuatro meses de protestas contra su Gobierno.

El mandatario chavista prometió intervenir y restructurar esta institución, un anuncio que fue recibido con fervor por quienes habían acudido a celebrar la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente a la plaza Bolívar del centro de Caracas. «Fiscal, traidora, ya te llegó la hora», coreó la multitud chavista.

Maduro tuvo tiempo también para hablar del «carnet de la patria», el sistema de identificación que el Gobierno utiliza para la distribución de ayudas sociales, en el que se han inscrito hasta ahora unos 15 millones de venezolanos y que el oficialismo ha utilizado en las elecciones para controlar quién acudía a votar.

El «carnet de la patria», dijo el jefe del Estado, se institucionalizará como eje de las políticas sociales del Gobierno, y servirá también para perseguir fraudes en el uso de los beneficios públicos.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 8 millones de los cerca de 19,5 millones de venezolanos con derecho a voto participó en la elección de hoy, que estuvo marcada por las fuertes protestas y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden y se saldó con al menos 10 muertos.

La oposición, sin embargo, asegura que solo acudió a votar un 12 % del censo (poco más de dos millones de personas).

Países como Estados Unidos, Colombia, España o México han informado de que no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente, y Washington impondrá sanciones para castigar este proceso que según la Administración del presidente Donald Trump carece de legitimidad democrática.

(AFP).- José lleva una semana durmiendo en la calle y Rafael a veces se queda en un refugio donde le dan de comer. Como otros venezolanos que migran a Colombia, padecen un rosario de penurias buscando empleo y un futuro mejor para sus familias.

Es casi la media noche y tanto José Flores como Rafael Mendoza deberán dormir a las puertas del albergue Centro de Migraciones de la Diócesis de Cúcuta, la ciudad fronteriza por donde llegaron desde Venezuela, tratando de dejar atrás la severa crisis en su país y buscar oportunidades.

Flores, un pastelero de 50 años, agarró unos 10 dólares, una mochila con pocas cosas y dejó en su oriunda Maracay (norte venezolano) a su esposa y dos hijos para buscar empleo en Cúcuta, ciudad de unos 600.000 habitantes. Ya lleva una semana de búsqueda y nada.

«Como no tenemos plata para una pieza tenemos que dormir en la calle. Prácticamente somos como unos indigentes. A veces no nos bañamos, no comemos», dice a la AFP este hombre, quien hace unos meses pesaba 80 kilos y hoy luce delgado y demacrado por la escasez de alimentos que padeció en Venezuela.

Con el empeoramiento de la crisis en el vecino país, cada vez hay más venezolanos en Cúcuta, la segunda ciudad con mayor desempleo de Colombia (16,6%) y la de mayor trabajo informal (70,4%), según cifras oficiales del periodo marzo-mayo.

Cada vez más

«Uno se siente con las manos atadas, pensando en no tener (dinero) para mandarle a nuestras esposas, a nuestros hijos. Lo que pido es un trabajo, nada más. Es fuerte, ¿verdad?», apunta el hombre recostado en el suelo junto a la puerta del Centro de Migraciones, que es dirigido por una misión scalabriniana.

Flores nunca antes había dormido en la calle y se ve abatido por las dificultades para conseguir empleo y comer bien. «A veces nosotros venimos con sueños, pero los sueños se acaban. Es fuerte», dice con la voz ahogada en llanto.

En el último mes, ha habido unas 65 personas en promedio en el refugio, poco más de la mitad son venezolanos, 22 solicitando refugio y 12 de paso, y muchos se quedan solo un par de días, cuenta a la AFP el padre Francesco Bortignon, director de la misión.

«Llegué aquí (al Centro) sin ropa ni nada. Me recibieron y me dieron una ayuda, una muda de ropa y comida», afirma Mendoza, de 32 años y oriundo de Ciudad Bolívar, en el lejano este venezolano.

Desde que llegó hace un mes, reparte las horas entre buscar empleo y buscar comida. «No hay trabajo para los cucuteños, menos para el venezolano», dice este exsargento del Ejército.

«Me gustaría quedarme en Cúcuta (…), porque sería más fácil traer a mi pareja y mi niña. Y que se queden aquí un tiempo hasta que la situación en mi país se acomode», afirma Mendoza, quien se tapa con una vieja sábana durante las noches de esta ciudad de clima cálido.

Consciente de la situación de desempleo, Mendoza quisiera irse a Bogotá, Cali o Medellín, con mejores índices de ocupación. Según las autoridades, hay entre 300.000 y 350.000 venezolanos en Colombia.

Crisis migratoria

Unos 25.000 venezolanos entran a diario a Colombia y un número igual sale, en un tránsito circular para comprar alimentos y para ganar dinero en trabajos informales, como es el caso de Ernesto Toro (35), quien calcula pasar una semana en Cúcuta vendiendo pulseras que hace él mismo.

«El objetivo mío es buscar un poquito de dinero y llevarme algo de comida para mis hijos», dice el artesano. Su mochila decorada con un parche del mapa de Venezuela está llena de material para hacer brazaletes.

Es optimista, pese a que pasó la noche en el peligroso terminal de buses de Cúcuta, junto a su pequeño hijo de 6 años. «Tengo que hacerlo por mi familia», dice en la puerta del refugio.

Según el padre Bortignon, en la diócesis «están súper preocupados hace meses por una posible estampida desde Venezuela».

Señala que el albergue podría recibir hasta 300 personas y ya se habla en la ciudad de que las «autoridades tienen vistos tres lugares donde se instalarían carpas».

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó a AFP que las autoridades tienen un «plan de contingencia» para varios escenarios, incluso un éxodo masivo.

Mientras tanto, con la constante migración, la atención «se está volviendo imposible y traumática», reconoce Bortignon, porque cada vez se requieren más alimentos y recursos de salud para los migrantes, entre ellos «muchos niños bebés, embarazadas».

(El Diario.es).- El capitán y la tribulación del barco antinmigración «C-Star» permanecen detenidos desde el pasado miércoles por las autoridades turcochipriotas en Famagusta bajo sospecha de tráfico de personas. Varios tripulantes han declarado que el capitán prometió ir a Italia y afirmaron haber pagado 10.000 dólares por el viaje.

En concreto, según el periódico local ‘Kibris Postasi’, cinco de los tripulantes han solicitado asilo en el país y han obtenido un visado provisional de diez días mientras se examina su petición.

Este jueves han comparecido ante un tribunal el capitán y el propietario de la embarcación, así como ocho miembros de la tripulación, todos ellos ciudadanos de Sri Lanka, bajo la acusación de portar documentación falsa y de entrar ilegalmente en este puerto.

Algunos medios turcochipriotas apuntan que las autoridades los expulsarán de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) -reconocida solo por Turquía- y les obligarán a abandonar las aguas territoriales por falta de pruebas suficientes para incoar un sumario.

10.000 dólares por viaje

En la comparecencia ante el tribunal esta mañana, los tripulantes acusaron el capitán de haberles mentido, pues, dicen, les prometió como destino final Italia. Asimismo, afirmaron haber pagado unos 10.000 dólares cada uno para este viaje, que arrancó en Yibuti hace 38 días.

El objetivo de la misión «Defend Europe» es, según esta organización ultraderechista, patrullar el Mediterráneo, «vigilar» las actividades de las ONG que realizan tareas de salvamento en el Mediterráneo y devolver a la costa africana a los emigrantes que encuentren.

Hasta ahora, el movimiento «Generación Identitaria», formado por jóvenes de nueve países europeos, ha logrado reunir a través de una campaña de micromecenazgo unos 134.000 euros para financiar esta operación, duramente criticada por todas las ONG activas en el rescate.

«Defend Europe» ha acusado a las ONG que rescatan a inmigrantes en el Mediterráneo de tener una actitud «irresponsable y criminal» porque «es parte de la inmigración masiva que causa tantos problemas en Europa» y porque «anima a los inmigrantes ilegales a asumir riesgos considerables al cruzar el mar en embarcaciones improvisadas, causando muchas muertes».

En un principio, el objetivo del barco, que zarpó desde Yibuti, era llegar a Catania (Sicilia) el pasado 18 de julio, pero los primeros problemas surgieron en el canal de Suez, donde fue retenido, aunque después pudo continuar su recorrido.

(Por. CLARIN).- El argentino Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional, será el encargado de investigar en el marco de la Organización de los Estados Americanos si el gobierno venezolano de Nicolás Maduro comete delitos de lesa humanidad que puedan ser juzgados en el tribunal que tiene sede en La Haya.

Moreno Ocampo fue presentado por el Secretario General de la organización, Luis Almagro, en una conferencia de prensa en el patio central del edificio del organismo en Washington. Almagro busca “determinar responsabilidades individuales” porque está convencido de que hay una “práctica habitual” de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y mencionó la muerte de 100 manifestantes, torturas, interacción de elementos paramilitares y el estado para determinar víctimas como una constante. “El análisis de todos estos temas, con una política de abrir los espacios de la organización será tarea de Moreno Ocampo”, dijo Almagro.

A su turno el argentino, que saltó al centro de la escena legal mundial como fiscal en el juicio a la Junta Militar en nuestro país y hoy es consultor y profesor en Harvard, remarcó que todavía no hay nada probado. Dijo que abrirá a partir de septiembre una serie de audiencias en la OEA (podrían ser 4) donde declararán víctimas y expertos y donde el gobierno venezolano también está invitado a participar. Moreno Ocampo explicó que Caracas está suscripta al Tratado de Roma, que dio origen al CPI, pero que no cualquier violación a los derechos humanos puede ser elevada a esa Corte. “La opinión de secretario general es válida, pero yo no tengo opinión formada”, señaló.

Ante una pregunta de Clarín, explicó que “hay tres delitos posibles de que se ocupe la CPI. Genocidio, que nadie dice que esté ocurriendo en Venezuela, crímenes de guerra (tampoco) y hay personas que afirman que podrían estar ocurriendo crímenes de lesa humanidad. Eso, de demostrarse, sí podría ser jurisdicción de la Corte”, dijo. “Crimen de lesa humanidad podrían ser prisiones, torturas, privaciones ilegítimas de libertad, asesinatos, persecuciones, pero con ciertas condiciones: cuando son cometidos en forma masiva contra grupos civiles como parte de una política de una organización. Tiene que ser un plan masivo o sistemático”.

Una vez que se realicen las audiencias y en caso de comprobarse casos de lesa humanidad, cualquier país podría elevar el caso a La Haya. “Yo quiero ser un facilitador, explicar los procesos y que los países lo eleven. Que la OEA sea una caja de resonancia donde se discuta el tema”.