(Por. Infobae).- La semana pasada la agencia migratoria estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) realizó un fuerte operativo en diferentes estados del país, arrestando a más de 680 inmigrantes en situación irregular, según informó este lunes el secretario de Seguridad Interna, John Kelly.

«De ese total de arrestados, aproximadamente el 75% son criminales extranjeros» condenados por delitos como homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas, desórdenes, conducir automóviles bajo embriaguez y posesión ilegal de armas, detalló el funcionario norteamericano a través de un comunicado.

Los arrestos fueron realizados por agentes del ICE en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York.

Según Kelly, esas personas «representaban una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad de nuestras fronteras o la integridad del sistema migratorio de nuestro país».

Durante toda la semana pasada diversas entidades de defensa de los inmigrantes habían denunciado que agentes de ICE estaban realizando amplias redadas en las principales ciudades del país que incluían a personas en situación irregular pero sin ningún cargo criminal.

El domingo el propio presidente Donald Trump expresó su satisfacción ante los recientes operativos mediante un mensaje en la red social Twitter.

«La avanzada contra el crimen es apenas el cumplimiento de mi promesa de campaña. ¡Miembros de pandillas, vendedores de drogas y otros están siendo removidos!», señaló.

En su nota divulgada este lunes, Kelly aseguró que las enormes redadas realizadas en los últimos días constituyen una orientación específica de Trump.

El presidente «ha sido claro» al orientar al departamento de Seguridad Interna a «concentrarse en la remoción de extranjeros ilegales que han violado nuestras leyes migratorias, con foco especial en los que son una amenaza a la seguridad pública», apuntó.

Naciones Unidas.- (EFE).- Estados Unidos pidió hoy al resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU responder al último ensayo de misiles efectuado por Corea del Norte con «acciones» en lugar de «palabras».

«Llamamos a todos los miembros del Consejo de Seguridad a utilizar todos los recursos disponibles para dejar claro al régimen norcoreano -y a sus habilitadores- que estos lanzamientos son inaceptables», dijo en un comunicado la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

Haley aseguró que «es momento de responsabilizar a Corea del Norte no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones».

La misión estadounidense difundió el breve comunicado al inicio de una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para analizar el ensayo norcoreano.

Haley, que representa al país en esta cita convocada de urgencia, no respondió a su llegada a las preguntas de los periodistas.

Aunque en los últimos años Corea del Norte ha llevado a cabo varias pruebas de este tipo, esta es la primera desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y es considerada por numerosos analistas como un desafío al nuevo presidente estadounidense.

El Consejo de Seguridad ha impuesto a Pyongyang varios programas de sanciones en respuesta a sus ensayos nucleares y con misiles, con los castigos más duros aprobados el año pasado.

El régimen norcoreano, sin embargo, ha desoído repetidamente los mensajes de Naciones Unidas y ha continuado con esas actividades.

(EL MUNDO).- «Como suele pasar tantas veces con los escándalos de Washington, no es el escándalo original lo que crea problemas a la gente, sino el intento de ocultarlo». Era el 28 de octubre de 2005, cuando un prácticamente desconocido congresista republicano por Wisconsin, Tom Petri, hizo ese comentario. Aunque Petri se refería al procesamiento de su correligionario L. Scooter Libby, el jefe de gabinete del entonces vicepresidente, Dick Cheney, su frase pronto se convirtió casi un refrán en la capital estadunidense.

Ahora, once años y medio después, esa cita resume la nueva crisis en la que está sumida la presidencia de Donald Trump, y que podría incluso costarle el cargo a uno de los máximos colaboradores del presidente, su consejero de Seguridad Nacional, el ex general Michael Flynn. La razón, una vez más, es la controvertida relación entre el actual Gobierno estadounidense y el régimen de Vladimir Putinen Rusia. Flynn podría haber tratado de crear una diplomacia paralela entre

Moscú y Washington cuando Barack Obama era presidente y, contraviniendo el principio de Petri, haber tratado de encubrir sus acciones.

La clave del escándalo es muy simple. Flynn mantuvo varias conversaciones telefónicas y a través de mensajes de texto con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, en noviembre, diciembre, y enero. En aquellos días ya era público que iba a ser nombrado consejero de Seguridad Nacional una vez que Trump jurara el cargo. Pero el

Gobierno de EEUU estaba en manos de Barack Obama. El descubrimiento de las llamadas provocó una investigación de los servicios de seguridad de EEUU, entre ellos el FBI, la NSA (que espía las telecomunicaciones), la DIA (la principal agencia del espionaje militar, de la que Flynn fue, precisamente, director con Barack Obama), el Departamento del Tesoro, y otras instituciones.

La cuestión es que esas conversaciones podían abrir las puertas a una investigación formal si en ellas Flynn hubiera cometido un delito penal al violar la Ley Logan de 1799 que prohíbe a un ciudadano privado – que es lo que el ex general fue hasta el 20 de enero, cuando juró el cargo de asesor de Seguridad Nacional – realizar misiones diplomáticas. La clave era una llamada: el 29 de diciembre, Flynn llamó a Kislyak apenas unas horas después de que Barack Obama impusiera las sanciones más duras a Rusia desde la década de los setenta por la interferencia de ese país en las elecciones estadounidenses. Al día siguiente, Flynn y Kislyak intercambiaron mensajes de texto.

El ex general negó haber hablado con Kislyak de nada que tuviera que ver con las sanciones. Y así se lo comunicó al vicepresidente, Mike Pence. Saber si eso era verdad no parecía muy difícil, porque el teléfono del embajador ruso en Washington está, más que pinchado, arponeado, por la inteligencia de EEUU. Y ahí llegó la sorpresa la semana pasada, filtrada a los dos diarios que llevan a cabo una oposición más dura a Trump, el Washington Post y el New York Times: Flynn y Kislyak hablaron de las sanciones. No está claro si el consejero de Seguridad Nacional prometió al embajador ruso reducirlas una vez que Trump asumiera la presidencia. Pero lo que sí quedó claro es que había mentido.

Desde entonces, la posición política de Flynn ha quedado en cuestión. La jefa de los demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer que «ya es hora de que Trump le diga a Flynn: ‘Estás despedido'». La Casa Blanca de Trump, que está formada por varias facciones enfrentadas entre sí, ha estallado en una lucha que se libra en buena medida a base de filtraciones a los medios de comunicación. Muchos, como Pence, parecen querer que se vaya. Pero Trump no es hombre que admita errores, y por ahora se niega a deshacerse de Flynn. «¿Qué informe es ése? No lo he visto», dijo Trump el viernes a la prensa cuando le preguntaron por el documento con las acusaciones contra Flynn. El presidente ya perdió en julio a su entonces ‘cerebro’ electoral Paul Manafort, por las conexiones de éste con Rusia. Ahora podría pasarle lo mismo con su consejero de Seguridad Nacional.

Caracas.- (EFE).- Cientos de estudiantes protestaron hoy contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con una marcha que recorrió unos cuatro kilómetros en el este de Caracas y que fue convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV)

«Estamos reivindicando esta lucha aquí en Caracas y en todo el país con movilizaciones, demostrando que Venezuela no está callada, no está en la sumisión, no está en la desesperanza, sino que está en pie de lucha por la democracia y la libertad», dijo a los periodistas el presidente de la FCU-UCV, Hasler Iglesias.

El dirigente estudiantil afirmó que esta movilización marca el inicio de «una nueva etapa de lucha» pues, aseguró, los estudiantes seguirán manifestándose en las calles «con valentía en una situación en la que el Gobierno quiere que Venezuela esté en silencio, esté ocupada en los problemas del día a día».

«El pueblo de Venezuela va a derrotar a una dictadura que dice tener todo el poder pero perdió el apoyo del pueblo», prosiguió.

A esta manifestación se unieron Yaneth Díaz y Roberto Redman, madre y padre, respectivamente, de dos de los tres fallecidos en la multitudinaria marcha «La Salida» convocada por la oposición el 12 de febrero de 2014 y que llevó a la cárcel al dirigente Leopoldo López, condenado luego a casi 14 años de prisión.

«Están acompañando esta lucha (…) así como sus hijos estuvieron hace tres años en las calles y entregaron sus vidas por la democracia en Venezuela», expresó Iglesias en alusión a los familiares de «los caídos».

La movilización contó con militantes de partidos como Voluntad Popular (VP), fundado por López, y Primero Justicia (PJ), en el que militan el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges, y el ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Esta marcha recorrió una importante autopista caraqueña y finalizó en una iglesia donde oficiaron una misa en memoria de los fallecidos hace tres años, cuando también hubo varios heridos.

A través de la red social Twitter, VP y PJ difundieron fotografías sobre pequeñas manifestaciones en algunas ciudades del interior del país y de una protesta encabezada por el diputado opositor Juan Requesens en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en contra de la migración «masiva» de jóvenes venezolanos.