(Por. 24 Horas).- Tanto frente a la justicia en Texas (sur) como en el Congreso en Washington, la batalla es ardua: Barack Obama había decidido actuar solo en el tema de la inmigración y se encuentra ante adversarios republicanos determinados a impedir las millones de regularizaciones anunciadas.
El presidente estadounidense, que se desplaza este miércoles a Miami, Florida, para defender su plan, asegura que tiene el «derecho» y la «historia» de su lado.
Pero la batalla en el Congreso toma un giro delicado y el desenlace de la pugna ante la justicia, que podría alcanzar la Suprema Corte, es incierto.
Para los cerca de 11 millones de personas, en mayoría mexicanos que viven y trabajan en forma clandestina en Estados Unidos, esta etapa es por ahora sinónimo de incertidumbre.
Y para Obama, quien hizo de la reforma del sistema migratorio una de sus principales promesas de campaña desde el 2008, la apuesta cobra una importancia crucial, menos de dos años antes de su salida de la Casa Blanca.
A mediados de noviembre, presentó – aunque sorteando el Congreso – una serie de decretos que brindan una perspectiva de regularización a unos 5 millones de personas en situación irregular.
La principal medida es que cualquier clandestino que viva desde hace más de cinco años en Estados Unidos y tenga un hijo estadounidense o tenga una residencia permanente, podrá pedir un permiso de trabajo de tres años.
Pero hace una semana, un juez federal de Texas (sur), ordenó la suspensión temporaria de este plan de regularización. La Casa Blanca anunció que apelaría y pidió que la decisión del juez del tribunal de Brownsville no se aplique mientras el tema no haya sido analizado a fondo.
Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, grupo de reflexión que aboga por reforzar los controles fronterizos, advierte no obstante contra los intentos de regularizar antes de que todos los recursos hayan sido examinados.
«El proceso es, de hecho, irreversible», explica Krikorian a la AFP, al destacar que un permiso de trabajo concedido a un clandestino no podrá serle quitado luego.
«El caso tendría que llegar a la Suprema Corte porque el tema tiene que ver directamente con la separación de los poderes», añade, siguiendo la tendencia de los legisladores republicanos que denuncian un abuso de poder de Obama en este tema sensible.
UNA PULSEADA
En paralelo, los republicanos, ahora mayoritarios en el Congreso, desplegaron la artillería pesada: iniciaron una pulseada sobre la ley de financiamiento del departamento de Seguridad interior, del que dependen en particular los servicios inmigratorios.
La ley que redactaron incluye varias enmiendas que cancelarían, por falta de fondos, el plan de regularización que anunció Obama en noviembre. Y, como era de esperar, los demócratas en el Congreso rechazan el texto.
Por el momento, el estancamiento es absoluto. Pero si no se aprueba ningún documento antes del viernes, cuando vence el presupuesto de esta entidad crucial, su financiación ya no estará garantizada.
Al mencionar la emergencia vinculada a la amenaza terrorista, el secretario de Defensa interior, Jeh Johnson, consideró «absurda» la situación.
«Si el Congreso no hace nada, dentro de una semana más de 100.000 empleados – que tienen a cargo los controles fronterizos, inspecciones en los puertos y la seguridad de los transportes – deberán ir a trabajar sin cobrar sueldo alguno», advirtió el lunes Obama, quien consideró irresponsable «aprovecharse de la Seguridad Nacional para hacer política».
Para el mexicano Iván Reyes, de 34 años, residente ilegal desde los 10 años en Estados Unidos, este nuevo enfrentamiento entre demócratas y republicanos en Washington se perfila como una enésima decepción.
«Tenía pensado iniciar el trámite (de regularización) y el proceso se detuvo», cuenta. «Cada vez que estamos a punto de obtener algo, aparece un nuevo obstáculo», añade, abatido.
