(AFP).- Colombia estaba este lunes sacudida por revelaciones sobre un supuesto plan con militares para sabotear el proceso de paz que el gobierno negocia en Cuba con las FARC, así como por denuncias de espionaje a negociadores de ambas partes y al presidente Juan Manuel Santos.
El mandatario y otras autoridades urgieron a investigar «a fondo» las declaraciones del presunto ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, detenido desde mayo por interceptación ilegal de comunicaciones, en las que dijo haber sido parte de un plan contra las pláticas de paz en La Habana, que incluía a políticos vinculados al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y a militares activos.
«Como presidente de la República y como jefe de Estado lo que quiero es que se llegue al fondo de esta situación, porque esas acusaciones, esos señalamientos, son supremamente graves. En un Estado de derecho, en una democracia como la nuestra, eso es muy peligroso», afirmó Santos en el programa Agenda Colombia, emitido por la señal institucional.
Sepúlveda reveló el domingo a la revista Semana la existencia de grupos a los que perteneció, y en los que había representantes de la fuerza pública, que desde el año pasado impulsan un «plan estratégico» con el fin de perjudicar los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), que avanzan desde noviembre de 2012 en Cuba.
«El plan estratégico contra el proceso de paz lo único que busca es acabar (con) el proceso a como dé lugar, sin importar las consecuencias», dijo el informático.
Agregó que «entre noviembre y diciembre» de 2013 algunos militares, entre ellos el general retirado Rito Alejo del Río, querían boicotear la eventual firma de un acuerdo de paz con «un grupo armado ilegal». La estrategia era «afectar a la fuerza pública en contra del proceso, en contra de las decisiones del Estado», indicó.
Desde el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hasta el senador de izquierda Iván Cepeda instaron a la Fiscalía a avanzar en las pesquisas sobre la existencia de lo que Santos consideró «una empresa criminal, una empresa para delinquir».
– «No lo tape con el hacker» –
Las declaraciones de Sepúlveda, quien trabajaba para la campaña del candidato presidencial opositor de derecha Óscar Iván Zuluaga, contendor de Santos en los comicios de este año y apadrinado por Uribe, actual senador, fueron rechazadas enfáticamente por todo el uribismo.
Según el informático, la campaña de Zuluaga pagó por información reservada a militares en actividad, escondidos en la fachada de inteligencia conocida como «Andrómeda», indicó el informático, quien dijo estar «100% seguro» de que el grupo del gobierno en Cuba «estuvo plenamente infiltrado».
También reconoció que «Andrómeda», que, según él, «se terminó convirtiendo en uno de los brazos de información del uribismo», fue la que «chuzó» (espió) el correo del presidente Santos.
Zuluaga, actual director del partido Centro Democrático fundado por Uribe, negó las acusaciones y la relación con «Andrómeda». «Es absolutamente falso que nuestra campaña haya recibido información de inteligencia o de cualquier origen de manera ilegal», dijo.
Uribe, en tanto, cuestionó este lunes al presidente Santos en la red social Twitter: «¿Por qué humilla a las FFAA poniéndolas en diálogo con verdugos terroristas? No lo tape con el hacker», escribió.
Sepúlveda aseguró además que el Centro Democrático y un equipo cercano al procurador Alejandro Ordóñez, quien investiga a los funcionarios públicos, impulsaron una campaña contra el alcalde de Bogotá, el exguerrillero Gustavo Petro, quien enfrenta desde diciembre un intento de destitución promovido por el mismo Ordóñez.
«El objetivo era desprestigiar a Petro sacándole temas de corrupción (…) y de alcoholismo», dijo el informático en Semana.
En un comunicado el domingo, Ordóñez rechazó «con vehemencia y contundencia» esas afirmaciones y solicitó al fiscal general que ahonde en las posibles «implicaciones penales y disciplinarias» de los dichos.
Sepúlveda, objeto de cuatro intentos de asesinato, según Semana, fue trasladado en julio de una cárcel de alta seguridad al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde no se quita el chaleco antibalas y hasta duerme con una cobija antibalas.
