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LOJA.- (Diario LA HORA).- 17 estaciones de radio han sido cerradas en el país durante este año y 20 más están en proceso de suspenderse. Los motivos, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), tendrían que ver con expedientes de multas no pagadas y la no renovación de las frecuencias.

Entre la lista de medios recientemente cerrados figuran Radio Cosmopolita, Líder, El Dorado y Radio Morena, de propiedad de Luis Almeida, asambleísta de Sociedad Patriótica. La medida preocupa a algunos comunicadores sociales de la localidad como José Ojeda, editor de noticias de Radio Loja, quien cree que ante todo hay que respetar la opinión pública y la libertad de pensamiento.

“Que mañana no sea una radio de Loja o un canal de televisión de la región en ser suspendidas”, dice Ojeda, tras destacar que mientras se unan los medios y la ciudadanía se podrá consolidar una verdadera democracia donde se garantice la libertad de expresión y la opinión ciudadana.

Por su parte, Oswaldo Torres, presidente provincial de la Asociación de Radiodifusión Ecuatoriana (AER), cree que los propietarios de los medios deben observar las disposiciones que constan en la Ley de Radiodifusión en vigencia.
El dirigente, que es tercer vocal nacional de la AER, dijo que la organización prevé reunirse en la próxima semana con las altas esferas del Gobierno para solicitar que estas circunstancias paren. “Es necesario establecer mecanismo de diálogo para que esta situación no se mal interpretada como un tema de interés político por el momento electoral”, indicó.

Los futuros comunicadores creen que esta medida responde a caprichos políticos del régimen. Daniela Gallardo, estudiante de comunicación social, cree que el Gobierno está en una posición de ataque a los medios. “Si queremos mejoras en el periodismo, la manera no es callar a los periodistas”, dijo.

Para Pablo Sanmartín, el problema de fondo en el cierre de las radios es la forma en que se utiliza la administración de justicia. “Es alarmante la situación del país, de cómo se está realizando la conducción del Estado, por ello es hora de reflexionar y decirles a los asambleístas que estructura comunicativa queremos”, explicó.

EL DATO

El Gobierno instalará un total de 54 radios comunitarias hasta el 2015.

(Diario EL UNIVERSO).- Análisis: Reformas legislativas.- Antes de la Asamblea: 1.083 artículos numerados y 1 no numerado, 4 disposiciones generales, 20 transitorias, 14 reformatorias y 71 derogatorias. Después de la Asamblea: 812 artículos, 5 disposiciones generales, 18 transitorias, 19 reformatorias, 61 derogatorias y 1 final. Pero las diferencias entre el antes y el después del proyecto de Código Orgánico Penal Integral (COPI) no se expresan únicamente en los números.

El texto que el Ejecutivo envió a la Asamblea, el 13 de octubre del 2011, no solo registró la eliminación de casi 300 artículos en la Comisión de Justicia. En el informe de mayoría ¬suscrito por siete oficialistas y un roldosista¬ no se incluyeron algunos delitos planteados por la Presidencia, por ejemplo, las injurias. En otros casos se cambiaron los nombres o se rebajaron las penas propuestas.

En la mesa legislativa ¬según el informe para primer debate, que quedó listo el 14 de junio¬ “se intentó reducir las vaguedades y contradicciones normativas, y se eliminaron normas repetidas y anacrónicas”.

Sobre el proyecto de la Presidencia, la Comisión dice que “se vio en la necesidad de conciliarlo y readecuarlo a los estándares mínimos que establecen la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos”…

Se añade, entre otras observaciones, que el texto del Ejecutivo tenía un glosario de 82 términos no ordenados alfabéticamente, una tabla incompleta de equivalencia de tipos penales, disposiciones transitorias y reformatorias mal enumeradas, con una redacción, en algunos casos, “no adecuada”.

Se habla de incongruencias, de “proliferación de conductas o infracciones demasiado complejas que la Comisión se vio en la necesidad de precisar” y de fragmentos con reproducción “textual, parcializada o indeterminada” del Código de 1889.

Este informe de mayoría fue suscrito por Mauro Andino, Henry Cuji, Rosana Alvarado, Gina Godoy, César Gracia, Marisol Peñafiel y Xavier Tomalá. Para la elaboración del nuevo texto se efectuaron 39 sesiones, se analizaron 184 observaciones y se recibieron 28 comisiones generales. No firmaron el texto María Paula Romo (Ruptura), quien presentó un informe de minoría, Vicente Taiano (antes del Prian) y Luis Almeida (SP).

El actual Código Penal, el quinto desde la época republicana, data del año 1938, es decir, tiene 74 años. Sin embargo, ha sido permanentemente reformado, aunque sin cambios sustanciales en la concepción penal. En los antecedentes se señala que desde la codificación de 1971 hasta las reformas producidas en mayo del 2010 se han registrado 46 cambios.

La tendencia, sin embargo, no ha sido la reforma integral, sino, más bien, la incorporación de nuevas figuras penales o el aumento de penas, comenta la asambleísta de Ruptura en su informe, en el que destaca que en el proyecto del Ejecutivo hay más penas privativas que delitos: para 347 delitos o conductas delictivas existen 528 penas. De estas últimas, 304 son leves (de 6 meses a 5 años), medias (de 5 a 11 años), graves (de 11 a 19 años) y muy graves (de 19 a 28 años). En otras palabras, el proyecto de la Presidencia se enfoca en aquellos delitos sancionados con penas leves.

De ahí que Romo señala que, en el Derecho Penal, “frente a la necesidad de concentrar la tarea de los operadores de justicia para perseguir y sancionar los delitos más graves, menos es más. Es fundamental concentrar en un solo cuerpo legal los aspectos penales hoy dispersos en las leyes ecuatorianas, pero además se debe simplificar el Código, su redacción y los tipos penales existentes”.

Aunque los asambleístas de mayoría en la Comisión no aceptaron la propuesta del Ejecutivo de cambiar el orden clásico de las penas (prisión y reclusión, mayor y menor, ordinaria y extraordinaria), dice que en el proyecto para primer debate se mantiene la lógica de un Código compuesto, mayoritariamente, por delitos menos graves. “Nuevamente vale preguntarnos si esto va en la línea de fijar prioridades en la persecución de los delitos más graves o si convertimos a fiscales y jueces penales en encargados de los más variados conflictos”, señala Romo en su análisis.

La mayoría oficial, sin embargo, estableció en el artículo 19 de su informe que el llamado “comité de coordinación”, integrado por todas las instituciones que conforman el sistema penal, estará bajo la dirección del Ministerio rector en materia de Justicia y Derechos para, entre otras cosas, lograr “efectividad en la justicia penal”.

El presidente Rafael Correa ha cuestionado públicamente los cambios que han introducido los asambleístas de su propio movimiento en la Comisión. Habló de un “hipergarantismo para el acusado” y de la posibilidad de vetarlo, dependiendo de los cambios. “Es mi atribución constitucional, ahora resulta que vetar una ley es abuso de autoridad. Si siempre ha existido. En un sistema presidencialista, el presidente es colegislador”, expresó el 8 de mayo pasado.

Su proyecto incluía, por ejemplo, 17 artículos sobre injurias. Solo quedaron la calumnia y la difamación, pero se añadió el acoso político.

En el proyecto del Ejecutivo se presentaba el delito denominado ‘asonada’ para quienes “de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”. Sin embargo, fue eliminado, aunque se mantienen artículos sobre rebelión o terrorismo que –según los criterios de los académicos– pueden ser empleados para neutralizar las protestas de grupos sociales.

Este Diario consultó a catedráticos universitarios para evaluar diferentes temáticas del Código Orgánico Penal. Coinciden en que varios articulados del informe de mayoría de la Asamblea todavía son imprecisos o “abiertos”, lo que puede derivar en que se generen diversas interpretaciones.

Menores infractores. El uso de adolescentes para cometer delitos como sicariato por ser inimputables ha generado el debate sobre su inclusión en el proyecto de Código Penal.

Terrorismo. Delitos como el que se le imputó al dirigente indígena José Acacho, quien fue liberado tras ser acusado de terrorisno, están tipificados en el proyecto.

Femicidio. En marchas realizadas en Guayaquil se ha planteado tipificar al femicidio (asesinato de mujeres) como un delito autónomo dentro del Código Penal que se analiza.

Crimen organizado. El narcotráfico que usa al país como zona de procesamiento y tránsito del alcaloide motiva la discusión sobre las sanciones para el ilícito.

1.083
Artículos
Tiene el texto del Ejecutivo en cuatro libros. El cuarto, sobre la aplicación y ejecución de medidas socioeducativas, no fue incluido en el Código.

812
Artículos
Tiene el proyecto de Código que, para el primer debate en el pleno de la Asamblea, preparó una mayoría oficialista en el interior de la Comisión de Justicia.

Fernando Carrión: ‘Ampliar las penas no reduce la violencia’

Xavier Andrade: ‘Menores infractores deben ser inimputables’

Marena Briones: ‘No está claro qué se está entendiendo por femicidio’

Santiago Basabe: ‘No son las figuras, son las personas’

Santiago Guarderas: ‘Texto deja la puerta abierta para las redes’

(Diario EL UNIVERSO).- Las denuncias de las organizaciones políticas que señalan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está integrado por personas afines al régimen del presidente Rafael Correa se extienden ahora a las delegaciones provinciales, donde 15 de los 22 directores, que fueron posesionados el pasado 14 de junio por ese organismo (en Imbabura y El Oro aún no son nombrados), han desempeñado algún cargo público durante este Gobierno y son afines a Alianza PAIS (AP) o comparten su ideología.

Nueve de ellos poseen experiencia en la función electoral. Todos tienen ahora en sus manos la organización de los comicios del 17 de febrero del 2013, cuando se elegirán Presidente, Vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

Los actuales directores afirman que su documentación la enviaron al CNE vía internet y que el organismo los seleccionó por sus méritos.

El perfil que buscaron los consejeros se basó en la experiencia laboral y administrativa y no si pertenecían a AP, asegura el vicepresidente del Consejo Electoral, Paúl Salazar.

El artículo 60 del Código de la Democracia los define como funcionarios de libre nombramiento y remoción y entre sus funciones está administrar el presupuesto provincial.

En Pichincha fue designada Blanca Chamorro Frías, vinculada al sector público en el 2009 en el Municipio de Quito, en la administración del alcalde oficialista Augusto Barrera. Ese mismo año fue nombrada por el CNE de Transición, presidido por Omar Simon (actual asesor del ministro coordinador de Desarrollo Social, Richard Espinosa), vocal principal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha y vicepresidenta.

Su designación, según fuentes electorales, fue respaldada por el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien antes de asumir el cargo fue funcionario del Gobierno en la Secretaría Nacional del Agua.

La delegación del Guayas está al mando de Efrén Roca Álvarez, cercano al Gobierno. Fue nombrado representante de la ciudadanía ante el directorio de la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), y cuando esta cerró, a fines del 2009, se le encargó la administración temporal de sus activos y pasivos. También fue registrador de la Propiedad del cantón Guayaquil y registrador mercantil.

Para Manabí fue designada Gina Espinales Bravo, quien se desempeñó como directora financiera del CNE en Quito, cercana también a Paredes. Fue funcionaria en Ciudad Alfaro, en Montecristi.

Mientras que en Azuay fue nombrado Germán Patricio Bravo Vera, funcionario de carrera del Ministerio de Agricultura y Ganadería por 35 años hasta que se presentó al retiro voluntario en el 2011. Luego de eso fue presidente de la Junta Provincial Electoral del Azuay, durante la consulta popular.

En Tungurahua, la responsabilidad está en Sandra Pérez Córdova, quien fue fiscalizadora provincial del área de cooperativas de la dirección del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Miriam Cabezas Velasco, directora de Carchi, fue candidata a asambleísta en dos ocasiones por Alianza PAIS, ocupó el cargo de directora provincial del INFA y del MIES hasta abril pasado.

Esteban Valdivieso Cueva, de Loja, fue vocal de la Junta Provincial Electoral en las elecciones del 2009 y 2011, conformadas en este Gobierno.

El director de Santo Domingo de los Tsáchilas, Édgar Santiago Negrete, antes de ser posesionado ocupó la dirección regional del Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Consep).

En Esmeraldas, la dirección está a cargo de Douglas Quintero Tenorio. En el 2008 integró el Tribunal de lo Contencioso Electoral provincial y fue director de Asesoría Jurídica de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano.

Antonio Felipe Mazacon Contreras, catedrático universitario de la corriente Socialista, afín al Gobierno, ejerce la dirección en Los Ríos.

En la delegación de Orellana está Adrián Palacio Jaramillo. Él participó para integrar el CNE y obtuvo una calificación de 15,50, fue servidor público del Consejo de Participación Ciudadana en el 2010.

Miguel Condolo Poma, de la delegación de Zamora, trabajó como asesor de Manuela Cobacango en el CNE, cercana al Partido Socialista que es afín al oficialismo, y luego pasó como suplente del actual CNE. Está vinculado a la Fenocin, otra aliada del Gobierno.

Deisy Jiménez Vallejo dice que llegó a la dirección de Sucumbíos por sus méritos. Sin embargo, fuentes cercanas a PAIS afirman que su nominación se dio de una terna enviada por representantes del Gobierno en la provincia.

María Augusta Ruiz Pilco, de Pastaza, trabajó en el Ministerio del Ambiente. Al ser posesionada asegura que se desafilió del Movimiento Unidos por Pastaza, afín al Gobierno.

En Morona Santiago, el director Hernán Merchán Rivadeneira fue teniente político de la parroquia General Proaño y funcionario en el Ministerio de Obras Públicas.

En las provincias de Santa Elena y Chimborazo se dan los únicos casos en los que fueron reelegidos los directores. En el primer caso, Giovanni Bonfanti Habze; y en el otro, Mariana de Jesús Sigüenza Barreno.

Miguel Sierra Barrera, de Cotopaxi; Nancy Cárdenas Navas, de Napo; Julio Ballesteros Espín, de Bolívar; y Wilson Rodas Amoroso, de Cañar, no han desempeñado cargos públicos en este Gobierno.

A ellos se suma Cecilia Mera Jiménez, de Galápagos, quien dice no ser allegada al régimen, pero su versión se contradice con la de Alfredo Serrano, director del Partido Social Cristiano, quien afirma que ella ha sido funcionaria de este régimen ya que estuvo a cargo del Consejo de Gobierno de la provincia, función a la que renunció una vez que se posesionó.

Para Serrano, los directores fueron colocados “a dedo”. Afirma que este es un error que viene desde la Asamblea en Montecristi cuando se permitió que el CNE se conformara por cinco delegados sin la presencia de los partidos políticos con mayor votación.

“Esto nos permitía tener un mayor control, ya que las siete tiendas políticas que integraban el antes Tribunal Supremo Electoral se controlaban entre sí, ahora Correa juega con todo a su favor”, afirma Luis Villacís, director del MPD.

Posesionados: Al frente de direcciones provinciales
Miriam Cabezas Velasco
Carchi
“Desde que asumí el cargo como directora provincial dejé de ser parte del movimiento PAIS, fui nominada por ser parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos”.

Deysi Jiménez Vallejo
Sucumbíos
“No llegué como cuota política, envié mi currículum por medio de página web, no solo a esta institución, sino también a la Judicatura, y me llamaron del CNE”.

Giovanni Bonfanti Habze
Santa Elena
“Creo que el trabajo desarrollado en los últimos años en la delegación de Santa Elena sirvió para que fuera uno de los dos funcionarios reelectos por parte del CNE”.