Tomado: Agencia Andes.
Quito, 22 abr (Andes).- El sábado, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acompañados por representantes de entidades estatales, realizaron una visita técnica a las comunidades de Sarayacu y Jatún Molino, para obtener información adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y los lugares en donde habrían ocurrido los hechos alegados dentro del proceso judicial que siguen, en dicha Corte, los representantes de Sarayacu contra el Estado ecuatoriano.
La comitiva estuvo integrada por el Presidente de la Corte IDH, Diego García-Sayán; la magistrada Rhadys Abreu Blondet, el secretario Pablo Saavedra Alessandri y dos abogados del mismo organismo internacional, además de dos delegados de la CIDH.
Por el Estado, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera; la Ministra de Justicia, Johana Pesántez; Carlos Viteri, titular del Ecorae (Instituto para el Ecodesarrollo Amazónico); el Vicecanciller, Marco Albuja; representantes de la Procuraduría General del Estado y de los Ministerios de Coordinación de la Política, Recursos Naturales No Renovables, Defensa Nacional y la Gobernación de Pastaza.
A las 07h30, la delegación salió del Fuerte Militar Amazonas con rumbo a Sarayacu en donde, previo un sobrevuelo de diez minutos para observar algunos puntos estratégicos de la zona, recogieron declaraciones de varios de sus representantes y recorrieron la comunidad en medio de un recibimiento que incluyó danzas ancestrales y degustación de comida y bebida típicas.
Alrededor de las 12h30, la diligencia continuó en Jatún Molino, en donde la comitiva escuchó los testimonios de los representantes de esa comunidad y de Kutucachi, quienes manifestaron haber sido objeto de abusos y agresiones por parte de sus vecinos de Sarayaku, como resultado de las medidas dictadas por la Corte IDH, y pidieron que se revisara esa medida.
Con el cumplimiento de esta diligencia, el Estado ecuatoriano pudo demostrar in situ los esfuerzos emprendidos para reparar los daños causados en los territorios, no solo a través de la implementación de proyectos intersectoriales de desarrollo e infraestructura, sino del retiro de la pentolita (explosivo usado en la exploración sísmica) a cargo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, en una operación que duró aproximadamente ocho meses, con una inversión que rebasó los 800.000 dólares.
En rueda de prensa ofrecida en Sarayacu, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República dijo que el Estado ecuatoriano condena los actos invasivos ocurridos en años anteriores y considera que la comunidad tiene derecho a una reparación, “por lo tanto, invito a la contraparte a sentarnos y conversar; toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizar”, precisó.
En respuesta, José Gualinga, presidente de la comunidad Sarayacu, fue enfático al señalar que “aceptamos con mucho respeto la propuesta del Estado, sin embargo, el pueblo Sarayacu ha decidido que el proceso está en las manos de la Corte IDH y, después de la sentencia, estará gustoso de sentarse para implementar el veredicto”.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado ecuatoriano dejó en claro que su posición en cuanto a la consulta previa sigue siendo la misma, en tanto esta institución jurídica se encuentra recogida en el artículo 57 numeral 7 de la Constitución, que incluye los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar la protección de derechos colectivos y de los pueblos indígenas, como lo ha ratificado la Corte Constitucional.
La consulta previa, entonces, no puede entenderse como un derecho de veto por parte de los pueblos indígenas que impida las posibilidades de desarrollo del país.
Al finalizar la visita, el Presidente de la Corte IDH manifestó su satisfacción por las acciones realizadas en ambas localidades, porque “además de ser una cita histórica por realizarse por primera vez en el terreno […] ha sido una jornada en la que todo ha transcurrido con un respeto recíproco entre las partes, en una lógica constructiva que no hace más que poner de manifiesto el compromiso de todos los actores involucrados con los valores y principios democráticos”.
Los miembros de la Corte que participaron en esta diligencia retornaron en horas de la tarde a Quito desde donde tenían previsto partir, hacia el medio día del domingo, a la ciudad de Guayaquil para brindar una rueda de prensa en conjunto con el Procurador General del Estado, Diego García, previo al inicio del 45° Periodo Extraordinario de Sesiones, que se llevará a cabo entre el lunes 23 y el viernes 27 de abril, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.
Zamora Chinchipe.- La tarde del viernes 20 de abril, en el auditórium de la gobernación de la provincia, se reunieron el Viceministro de Minas-Federico Auquilla, el Subsecretario de Minas-Eduardo Calvas, el Gobernador de la Provincia-José Paqui González y los mineros artesanales de Chinapintza y Nambija, quienes abordaron el requerimiento de uso de explosivos para realizar sus actividades.
