Gremios de judiciales piden flexibilidad al CJT en concurso para jueces

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- Delegaciones de funcionarios judiciales de ocho provincias del país solicitaron ayer al Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), en un encuentro realizado en Quito, flexibilizar los requisitos en el proceso de selección de 313 jueces.

El planteamiento obedece a que muchos funcionarios judiciales que se inscribieron en el concurso, convocado el 5 de febrero pasado por el CJT y que accedieron al curso de formación inicial, se están quedando fuera por no alcanzar la nota mínima de 16 sobre 20 puntos a la última fase.

Existen funcionarios a quienes les faltan hasta dos décimas para alcanzar los 16 puntos, pero el Consejo señaló en el instructivo del concurso que no cabe recalificación del taller de inducción que duró doce días y que fue on-line.

“Ni siquiera nos han dado las pruebas para saber si está bien calificado, para saber en qué nos equivocamos”, dijo una participante que tiene un cargo menor en la Función Judicial.

Por este y otros temas, como la evaluación a los judiciales, las delegaciones encabezadas por los presidentes de las asociaciones de Judiciales de Loja, Zamora Chinchipe, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, El Oro y Guayas se reunieron con Juan José Astudillo, director de Recalificación del CJT.

A los dirigentes gremiales les preocupa que los judiciales que postularon para jueces no sean escogidos, pese a tener buenas calificaciones en las fases anteriores del concurso.

La presidenta de los judiciales de El Oro, Alexandra Aguilar, expuso que en esa provincia postularon cerca de 100 judiciales; no obstante, el concurso fue declarado desierto. “Los que no pasaron todavía no tienen una nota”, dijo.

Igual situación relató Germán Castillo, presidente del gremio de Zamora, donde participaron 40 judiciales, pero solo dos abogados en libre ejercicio pasaron el curso.

Según Gustavo Costa, presidente de los judiciales de Loja, solo un servidor de su provincia, de 50 que participaron en el curso de formación, pasó esta etapa definitiva del concurso para jueces.

El presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas, Lenin Pilalot, dijo que el Consejo debe considerar los altos puntajes que los participantes obtuvieron en méritos y en las pruebas teóricas y prácticas, antes que basarse en el resultado de un taller de inducción para declarar a los ganadores.

Recordó que el Consejo ya dispuso una vez, para la evaluación de los judiciales, que el resultado de una prueba –la psicológica– era inapelable y que luego dio marcha atrás porque la Constitución, como norma suprema, garantiza el doble conforme; es decir, el derecho a recurrir a segunda instancia.

En efecto, el miércoles de la semana pasada, 85 servidores judiciales de varias provincias del país repitieron la prueba psicológica en Quito, lo que se complementó con una entrevista personal, hace dos días.

Participaron únicamente los funcionarios judiciales que en las fases anteriores de la evaluación (idoneidad, conocimiento, psicotécnicas, productividad y capacitación) alcanzaron al menos 70 de 100 puntos posibles, pero cuyos resultados de sus pruebas psicológicas fueron declarados inválidos.

Evaluación a judiciales: Persiste preocupación
Revisión de carpetas
En el encuentro de los presidentes de los gremios judiciales también se trataron las inquietudes relacionadas al proceso de reconsideración de la evaluación. Lenin Pilalot, de Guayas, solicitó al Consejo que revise las carpetas de los que reprobaron.

Recalificaciones pendientes
Según datos de la Judicatura, 5.456 servidores judiciales fueron evaluados. Pasaron 4.076 y 1.288 se quedaron. Luego de tramitar las recalificaciones presentadas, 478 no superaron las pruebas. Aún están pendientes 201 pedidos de reconsideraciones.

En análisis vía jurídica que se usará para sacar a Usaid

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Aún no está clara la vía jurídica que utilizará el gobierno de Rafael Correa para concluir el convenio de cooperación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

El pasado miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, señaló que Correa tomaría esa decisión en breve. Para ello, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) –adscrita a la Cancillería– envió al Ejecutivo un informe sobre los resultados de la cooperación con esa institución y los escenarios en el caso de su salida.

En la secretaría jurídica de la Presidencia no hay, por el momento, ningún decreto para expulsarla del país, dijo ayer su titular, Alexis Mera.

El funcionario, sin embargo, piensa que una decisión de ese tipo no sería “el escenario deseable”. “No está en mis manos, no creo que haya un decreto (expulsando a Usaid). La verdad es que no se lo que se hará, pues no me han consultado. Hay que analizar el tema, no nos adelantemos, pero (la expulsión) no creo que ese sea el escenario deseable”, dijo.

El lunes pasado, la prensa oficial publicó que el procedimiento que se seguiría sería la denuncia del Convenio de Cooperación entre Ecuador y la Usaid suscrito en 1962.

A la par, se pediría el cierre financiero y administrativo de los proyectos, se inventariarían los bienes ingresados en el país para ejecutarlos, se solicitaría la entrega de las investigaciones generadas por la entidad.

Pero un pedido de ese tipo no ha llegado aún a la Asamblea Nacional, que, según la Constitución, es la instancia que aprueba o denuncia tratados e instrumentos internacionales.

Gabriel Rivera, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales del Parlamento, indicó que este interviene solo cuando se trata de acuerdos sobre derechos humanos, alianzas militares, territorio, de comercio o sobre recursos naturales.

“Habría que revisar el convenio para saber si se ajusta a algunas de esas características”, comentó el legislador.

En el enlace del 23 de junio, Correa adelantó que todos los países de la ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) analizan expulsar a la Usaid.

Apuntes: Inversión
Total
En noviembre del 2011, la Usaid cumplió 50 años de creación. Según sus informes, en ese periodo invirtió $ 793 millones para programas de desarrollo social en el país.

Gobierno actual
De ese monto, $ 93,5 millones se entregaron en el periodo 2007-2011, que corresponde a la gestión de Rafael Correa.

El Gobierno ampliará la cobertura de la pensión para adultos mayores

Quito.- (Andes).- Durante el 2012, la pensión para adultos mayores incluirá a más de 160 mil personas, la inclusión se realizará de manera progresiva y estará a cargo del Registro Social, organismo administrado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS).

Este proceso iniciará con un levantamiento de información a nivel nacional, que determinará qué familias serán atendidas por los distintos programas y proyectos de protección social a cargo del Estado, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores.

Esta pensión asistencial atiende a los ciudadanos mayores de 65 años que no están afiliadas o son pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Con la ampliación de la cobertura se logrará la jubilación universal de los adultos mayores, derecho consagrado en el numeral 3, del Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador.

La Pensión para Adultos Mayores es una transferencia monetaria no condicionada de 35 dólares mensuales a modo de pensión jubilar. La inclusión de nuevos ciudadanos se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

–    Ecuatorianos habilitados al pago de la Pensión para Adultos Mayores al finalizar el 2011 536,185
–    Ciudadanos que se incluirán de manera progresiva a la Pensión para Adultos Mayores durante el 2012 160,714
–    Ecuatorianos incluidos hasta junio del 2012 53,327
–    Ciudadanos Habilitados al pago de la Pensión para
–    Adultos Mayores hasta junio del 2012 589,512
–    Ecuatorianos por incluir 107,387
–    Meta de atención 2012 696,899 (Enviado por andres.reliche).

Sin votos de AP pasa informe para jubilación a los 55 años (video)

QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- Temas relacionados con las jubilaciones incomodan al bloque de Alianza PAIS (AP) y ponen nuevamente en duda el apoyo de los legisladores aliados.

Ayer, la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de jubilación especial. Este contempla bajar a 25 años de aportaciones y que el límite sea de 55 años de edad para que una mujer acceda voluntariamente a la jubilación. Actualmente debe tener 60 años y 30 de aportaciones.

Este texto fue apoyado por los asambleístas Enrique Herrería (antes de MG), Kléver García (PSP), Nívea Vélez (no afiliada), Consuelo Flores (MG), Scheznarda Fernández (no afiliada) y Silvia Salgado (PSE). Estas dos últimas son cercanas al oficialismo.

Video cortesía ECUAVISA

Los oficialistas no respaldaron la propuesta, al igual que el MPD, que cuestionó el establecimiento base de los 55 años para la jubilación, cuando en el proyecto original no existía límite de edad.

Fernández, que preside la Comisión de los Trabajadores, precisó que el proyecto está basado en el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), por lo que descartó que exista el riesgo de un desfinanciamiento del IESS.

Precisó que este es un reconocimiento para las mujeres y resaltó el respaldo de varias organizaciones.

Para AP, el problema no es el contenido del proyecto, que sí tendría su apoyo, sino su posible inconstitucionalidad al ser planteado desde la Asamblea, lo que implicaría exoneración de recursos económicos. Según el artículo 135 de la Constitución, solo el presidente de la República puede presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público.

Betty Carrillo (AP) dijo que 36.138 mujeres podrían acceder a este beneficio, lo que significaría un gasto de $ 5.450 millones para el Estado. Añadió que según el informe actuarial del IESS durante los cinco primeros años, tomando las 360 aportaciones, el Estado requerirá de $ 1.200 millones para cumplir con esta obligación. “En el caso (de) que la Asamblea Nacional presente esta propuesta, lo único que traerá como consecuencia es que se declare inconstitucional. Entonces parecería que el presidente de la República no quiere cumplir el apoyo a las mujeres”.

Salgado aclaró que al ser una decisión voluntaria se estima que entre 8 mil y 10 mil de ellas se acogerían al beneficio, lo que reduce su impacto económico.

Fernández recordó que hay antecedentes de aprobación de leyes con incidencia económica. Citó los casos de la Ley de Discapacidades, Enfermedades Raras, que no fueron declaradas inconstitucionales y tampoco vetadas totalmente por el presidente Correa.

Sostuvo que ningún legislador de AP propuso el archivo en el primer debate y que muchos de ellos tienen doble discurso al inicialmente respaldar este texto y luego cambiar opinión.

Una salida que se plantea es que el Ejecutivo presente un proyecto sobre este tema.

Sobre ello, el legislador Carlos Samaniego (AP) anunció que el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, ofreció –junto al Ejecutivo– presentar un proyecto relacionado con la Jubilación Especial para la Mujer.

Fernández afirmó que sería ideal que el régimen presente su propuesta, así eso tome unos días, pero solicitó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), incluir ya en el orden del día de la próxima sesión del pleno el segundo debate de este proyecto.

Posturas: Beneficio para mujeres
Scheznarda Fernández
PRESIDENTA DE MESA (NO AFILIADA)
“Defenderemos este proyecto con uñas y dientes, porque es en beneficio de las mujeres”.

Betty Carrillo
INTEGRANTE DE AP
“Si desde la Asamblea se aprueba un gasto al Estado por $ 5.450 millones, tiene que ser una propuesta que venga del Ejecutivo”.

Se inician trabajos de construcción en unidad educativa de Loja

Loja.- Luego de haber seguido el proceso legal respectivo para la asignación de las obras de infraestructura en algunos centros educativos, la semana anterior iniciaron los trabajos de construcción de un bloque de aulas en la escuela Juan María Riofrío, ubicada en el barrio El Dorado, la cual tuvo algunos problemas debido a una peña que se encuentra junto al establecimiento.

El ingeniero Fernando Erazo Bustamante, encargado de esta obra, empezó con su trabajo el lunes 25 de junio con la demolición del edificio antiguo que existía en el sector, para luego continuar con las labores, al momento se hace la cimentación de la obra.
Según el contrato en el sector se construirá un bloque se seis aulas, una caja de gradas, baterías sanitarias y un cerramiento para impedir que los estudiantes se afecten por deslizamientos de tierra que puedan ocurrir de la peña que se encuentra junto a la institución educativa.

El  director de la escuela, Darwin Apolo, dijo que la construcción del nuevo bloque cumple con las medidas pedagógicas necesarias y cubrirá la falta de espacio que tenía el establecimiento, sin embargo, pidió a las autoridades apoyar para que la infraestructura siga mejorando en beneficio de la niñez de este sector.

“Las aulas estaban en mal estado y no prestaban las medidas de seguridad que se requiere para la enseñanza diaria” explicó el Director de la Escuela, pero gracias  a esta obra se podrá precautelar la seguridad de los niños y niñas que se educan  aquí y que son 367, a pesar de la cada año la demanda incrementa por la población que hay en este sector se la ciudad.

La obra se pretende esté lista, según el contrato, en 120 días hábiles. Para poder realizar los trabajos se ha hecho el traslado de cuatro paralelos a la jornada de la tarde, “es un sacrificio tanto de estudiantes, padres de familia y maestros, pero la incomodidad que se vive en la actualidad será recompensada una vez que se entregue el nuevo y funcional bloque”, agregó el licenciado Apolo, quien además agradeció a todos por la comprensión recibida.

Autoridades planifican seguridad cantonal ante festividades

Loja.- El trabajo de seguridad en la provincia de Loja se fortalece en respuesta a las demandas ciudadanas e implica el trabajo interinstitucional para lograr el apoyo efectivo de autoridades y ciudadanía. Ante los próximos eventos que se desarrollarán en el territorio, deportivos y festividades religiosas, las autoridades del Ministerio del Interior, difunden acciones a ejecutar.

Franco Astudillo, Intendente de Policía, mencionó las labores que se coordinan, para ofrecer seguridad en las festividades tradicionales que motiva la Imagen de la Virgen del Cisne en los meses de julio, agosto y septiembre, para lo cual en próximos días se definirá temas de personal y control con la Comandancia de Policía. Adelantó que los puntos fuertes serán la romería del 20 de agosto y la presencia de juegos mecánicos en el complejo ferial los cuales deberán cumplir rigurosamente las normas de seguridad.

El Comisario del cantón, Vladimir Ortega Lasso, mencionó otros objetivos de control para los cuales se ha direccionado operativos: bares y licoreras clandestinas y recargas electrónicas, estas últimas en referencia al costo adicional que se cobra en algunos puntos, lo cual está prohibido por las mismas operadoras y en las cuales se requiere la denuncia ciudadana para actuar en aplicación a la Ley de Defensa del Consumidor.

El equipamiento y funcionalidad de las Unidades de Policías Comunitarias, fue informado por el Gestor de Seguridad, Jefferson Armijos, quien señaló que hasta la fecha la construcción de UPC registra un avance del 80%, vehículos nuevos que ya se encuentran a disposición de la Policía Nacional y la próxima carnetización y capacitación de brigadistas barriales, temas que se trabajan con la Unidad de Policía Comunitaria.

En el tema de intervención para el encuentro deportivo entre LDU-Loja vs. Independiente, las autoridades coincidieron que es un trabajo interinstitucional y que se encuentra planificado para evitar la venta y consumo de alcohol como cualquier tipo de acción que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.