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El Ecuador siempre ha mantenido una vocación pacífica y de respaldo a todo acuerdo de no proliferación de armas nucleares, sin embargo, la firma del “Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación en la Esfera la Utilización de la Energía Atómica para Fines Pacíficos” podría estar contraviniendo esta tendencia, por lo que debiera ser revertido, y cuestionado por la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

Este Convenio, firmado en Moscú en Octubre de 2009, ha empezado a recibir fuertes críticas a pocos días de que el texto fuera difundido por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El propósito es que diversos actores del sector público y de la sociedad civil provean de insumos sobre tan delicado y controversial tema como es la energía nuclear.

Esta Comisión es la encargada de elaborar el informe a partir del cual el pleno de la Asamblea puede aprobar o no, en una sola sesión, dicho convenio. Previamente, la Corte Constitucional ya dictaminó que no existe inconstitucionalidad en el convenio texto-siempre y cuando se adecúe su contenido a las normas constitucionales-, así que el paso por la Asamblea es el último requisito para permitir que el convenio de cooperación nuclear con Rusia entre en vigencia o no.

Para Acción Ecológica, presente en la reunión convocada por la comisión legislativa el pasado 30 de mayo, este convenio debe ser cuestionado y revertido pues expone al país a riesgos de contaminación por radiactividad de diversas maneras. “En el texto se abre la posibilidad de minar uranio, construir reactores nucleares, fabricar materiales radioactivos, todas éstas actividades que conllevan riesgos gravísimos que no han podido ser debatidos por la total falta de información antes de la firma del mencionado convenio en Moscú”, afirma Ivonne Yánez, de la organización ecologista.

La posible existencia de uranio, y su potencial extracción en el bosque de Puyango, situado entre las provincias de Loja y El Oro, y en la Cordillera de El Cóndor, centro de una extraordinaria biodiversidad y parte del territorio ancestral del Pueblo Shuar, traería impactos irreversibles a estas dos áreas, a más de la exposición a la radiactividad a la que se someterán los trabajadores de la supuesta mina.

“También la posible demanda de enormes y continuas cantidades de agua, principalmente destinada para enfriar los reactores nucleares durante su funcionamiento, podría afectar el derecho constitucional al agua”, explica Yánez.

En un documento publicado por esta organización se señala que entre otros riesgos se encuentran las fugas, los accidentes provocados por sismos u otras causas, la militarización para dar seguridad a las instalaciones y para reprimir a quienes se opongan a esta industria y a la contaminación que genera.

Existen algunos aspectos que resultan aún más preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con que el convenio contempla en el artículo 2 “la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa”, que convertirá al Ecuador en basurero nuclear al servicio de Rusia, según señala Acción Ecológica.

Hay preocupación en lo que se refiere al manejo de “información clasificada”, como plantea el proyecto, puesto que podría generar el ocultamiento de datos sensibles en casos de accidentes, como ha sucedido en reiteradas ocasiones en temas parecidos.

Las políticas energéticas en los países europeos o Japón, muestran que en la actualidad existe un franco declive de la industria nuclear. Por ejemplo la reversión nuclear en China es evidente, en donde se congeló la construcción de todo reactor atómico, y por ahora la inversión en energías renovables significa 5 veces más que la nuclear.

“Ecuador no puede ser tontamente la excepción en esta corriente mundial. No es posible aceptar la justificación de que la energía nuclear puede tener fines pacíficos, cuando se le declara una guerra a la gente y a la naturaleza”, sentencia Ivonne Yánez.

RIESGOS ASOCIADOS A LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO:

Se habla de información clasificada. En un tipo de industria como la nuclear, lo que ocurre es que ante cualquier riesgo, la información definida como clasificada o confidencial inmediatamente permitiría el ocultamiento de información sobre cualquier contingencia. En el caso de Fukushima, se supo posteriormente que el gobierno japonés manejaba información distinta a lo que realmente estaba ocurriendo, minimizando el impacto. El ocultamiento de información es propio de este tipo de industrias de alto riesgo y de alta vulnerabilidad.

El convenio contempla la posibilidad de minar uranio, construir centrales nucleares, fabricar materiales radioactivos, que conlleva riesgos ya mencionados; pero también implica la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa y el tratamiento de residuos radioactivos. (Este punto es el que podría abrir la puerta a que Ecuador se convierta en un basurero nuclear).

Hace poco tiempo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ofreció al Ecuador un aporte de casi un millón de dólares para el desarrollo de investigaciones sobre tecnologías nucleares. Se debería hacer una auditoría pública para conocer en qué se invirtió este dinero.

En nuestro país, la Comisión de Energía Atómica (CEEA) es la encargada de lo concerniente a la seguridad nuclear y protección radiológica para las importaciones de estos componentes y también con lo relacionado a la producción, adquisición, transporte, exportación, transferencia, utilización y manejo de los materiales para el desarrollo de estas tecnologías. No puede ser cómplice de lo que puede significar este Convenio.

El convenio es contrario a la Constitución del Ecuador, expone a nuestro país a los riesgos que significa la industria nuclear. No se justifica de ninguna manera que el Ecuador incursione en este tipo de inversiones, que nos expone a una pesadilla nuclear. (Tomado de Revista Ballenita Si).