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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Hoy se cumplen tres años de la firma del contrato entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la empresa china CETC International para la provisión de cuatro radares al Sistema de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas.

Pese a que los equipos fueron adquiridos por la FAE por “emergencia” para evitar una nueva violación a la soberanía, después de la incursión de Colombia a Angostura para bombardear un campamento clandestino de las FARC, el 1 de marzo del 2008, el país sigue vulnerable por la inoperatividad de los radares.

Los cuestionamientos a la adquisición de los radares tomaron fuerza el mes pasado tras el accidente de una avioneta en Pedernales, Manabí, presumiblemente relacionada con el narcotráfico, que violó el espacio aéreo y que no fue detectada por el Sistema de Defensa militar.

El contrato entre la FAE y la CETC se suscribió el 8 de junio del 2009 por $ 60 millones. La empresa se comprometió a entregar los radares instalados, integrados y comprobado su funcionamiento en un plazo de 18 meses, después del primer anticipo ($ 21 millones) que fue entregado 45 días después de la firma del contrato.

El sistema radárico, compuesto por dos equipos YLC-2V de largo alcance y dos Gap Filler YLC 18 o tapahuecos, debía ser entregado el 14 de enero del 2011. Hasta el momento se ha diferido la entrega-recepción de los radares por cuatro ocasiones y existe un incumplimiento del contrato de un año cinco meses.

Uno de los compromisos de la empresa china, tras la adjudicación del contrato, fue entregar a préstamo dos radares de similares condiciones a los comprados por la FAE, sin costo para el control de la frontera norte.

No obstante, estos equipos han registrado inconvenientes técnicos que preocupan a los propios militares.

Veinticinco días antes de que se estrellara la avioneta en Manabí, un informe interno de la FAE alertó de la indefensión por la inoperatividad del radar chino destinado al control del sector noroccidental del país.

El pasado 18 de abril, el Centro de Operaciones Sectoriales de la FAE emitió un documento sobre el radar prestado YLC-18, señalando que el equipo dejó de funcionar en marzo del 2012.

Las tres conclusiones del informe son determinantes: la primera, que la operación del radar no contribuye al cumplimiento de la misión asignada en el sector de su responsabilidad (Esmeraldas, Manabí, Carchi, Santa Elena).

La segunda, que la detección de aeronaves en el sector es casi nula y que no se pueden realizar ejercicios u operaciones con aeronaves militares. Y la tercera, que la cobertura de los parámetros MTBF y MTTR “es inconcebible” para un radar con apenas 8.000 horas de uso.

Según el exdirector de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, el Ecuador se encuentra en indefensión aérea, en similar circunstancia cuando se produjo el ataque de Colombia en Angostura, cuando los jefes militares justificaron la falta de reacción a la inexistencia de radares.

El 25 de mayo pasado, el presidente Rafael Correa admitió el retraso en la entrega de los equipos chinos, a los que se refirió como potentes y calificó de traidores a la patria a todos los que consideran que el Ecuador se encuentra en indefensión.

“Antes ni siquiera existían radares”, manifestó durante una ceremonia castrense por la Batalla del Pichincha.

El exministro de Defensa, Marcelo Delgado, aclaró que si no funciona uno de los principales componentes del sistema de defensa, como los radares, es evidentemente que hay una debilidad en el país.

Si existe un incumplimiento del contrato, expresó el oficial en servicio pasivo, las autoridades deberían aplicar las cláusulas del contrato y ejecutar las respectivas garantías “como lo hacía la Honorable Junta de Defensa”. Este Gobierno en el 2008 desapareció esta instancia y la reemplazó por la Dirección de Bienes Estratégicos.

Según el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, la empresa china se comprometió a concluir este mes con las pruebas individuales de los radares. Y luego con la interconexión al sistema militar y civil.

Quito.- (Diario HOY).- En el escalafón de oficiales del Ejército publicado en un Registro Oficial de 1900 consta, en la primera línea, que Eloy Alfaro fue nombrado General el 2 de febrero de 1883. Aunque todavía no se incluye en el Registro Oficial ni en decreto ejecutivo, el pasado martes 5 de junio, el presidente Rafael Correa nombró por segunda vez General a Eloy Alfaro.

El nombramiento por dos veces del Viejo Luchador ha levantado la polémica. El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Paco Moncayo sacó a la luz los documentos oficiales que demuestran que Alfaro ya era General, luego de que el primer mandatario, en un acto de homenaje al militar, celebrado el pasado martes en Montecristi con presencia de una de las hijas del Che Guevara, se jactara de tener «el privilegio de otorgarle el grado de General».

Correa insistió en que era «un acto de suprema justicia» elevar al grado de General de la República del Ecuador a Alfaro.

La ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, salió al paso y, en declaraciones a Ecuavisa, dijo que «las huestes manabitas se habían organizado para reconocerle el grado de General», pero que Alfaro «públicamente renunció a este reconocimiento y dijo que aceptaría el grado de General cuando lo mereciera». Igualmente, añadió que «increíblemente» no se le había reconocido el grado hasta ahora.

En efecto, en 1895, se le asciende de General de Brigada a General de División y rehusa ser ascendido.

No obstante, en el documento en el que se registra el ascenso y su rechazo, fechado el 24 de agosto de 1895, se trata todo el tiempo a Alfaro como «General don Eloy Alfaro».

Además, se le reconocen los méritos por los cuales se le otorga el ascenso, de un grado de General a otro, hecho que confirma que ya era General, como confirma el Registro de 1900, en el que se establece su antigüedad desde 1883.

Por otro lado, Moncayo explicó a este Diario, en aclaración de las declaraciones de Espinosa, que Alfaro fue removido del escalafón un año después del nombramiento, en 1884. No obstante, que se le borrara del escalafón no le quitaba el rango del general, como se comprueba en el posterior ascenso de 1895.

Moncayo atribuye lo del martes en Montecristi a la «ignorancia». «Creo que sería demasiada audacia que lo hubiera hecho sabiendo la verdad», dijo en alusión a Correa y a Espinosa.

HOY intentó contactarse con la ministra Espinosa pero se encontraba de viaje en Guayaquil. (RMD)

Quito.- (Diario HOY).- Con el bloqueo de varias calles en el centro y el sur de Quito y el impedimento de que los buses ofrezcan el servicio a los usuarios, alrededor de 500 transportistas protestaron ayer en rechazo a la reducción de puntos en sus licencias. Exigieron también la apertura de escuelas de capacitación para su recategorización y la promoción de nuevos choferes ante el déficit que existe en el sector.

A las 08:30, los integrantes del gremio salieron desde el parque El Arbolito hacia la Plaza Grande. A su paso, obligaban a los choferes que operaban a detenerse, desviar la unidad y a bajar a los pasajeros. A quienes no lo hacían, les ponchaban las llantas.

video cortesia ECUAVISA

En el playón de La Marín, decenas de personas que pretendían trasladarse hacia el sur o al centro tuvieron que hacerlo caminando, otros con más suerte lograron abordar los articulados.

Mientras se realizaba la marcha, las unidades del corredor Sur-Oriental y del Trolebús modificaron las rutas. El sistema Ecovía avanzó desde la estación Río Coca hasta la Casa de la Cultura y el corredor Sur-Oriental, desde Quitumbe hasta La Marín.

El sistema Trolebús avanzó desde La Y hasta El Ejido y, de sur a norte, hasta Santo Domingo.

En las intersecciones de la calle Mejía con las calles Guayaquil, Venezuela, García Moreno y Benalcázar, policías y militares colocaron vallas para impedir el paso de los transportistas.

En el playón de La Marín, Jaime Jarrín, transportista, solicitaba el apoyo de sus compañeros en la protesta. «El pedido fundamental es la recuperación de puntos», dijo. Y explicó que de los 30 puntos de la licencia hay choferes que tienen hasta 70 en contra. Según él y sus compañeros, «por cosas insignificantes».

Mauricio Peña, director de la Agencia Nacional de Tránsito, indicó que existen a escala nacional alrededor de 40 mil conductores con problemas de pérdidas de puntos. Las contravenciones más frecuentes son hablar por celular mientras se conduce, no usar el cinturón y conducir en estado de embriaguez.

Para ello, a fines de abril y luego de cuatro años de que entrará en vigencia la nueva Ley de Tránsito, se anunció la calificación de escuelas en las que los conductores podrán reponer hasta 25 puntos en un curso que durará 30 horas con un costo de $60.

«Hasta la fecha no sabemos cuáles son las escuelas acreditadas para aplicar a la recuperación», dijo Miguel Vázquez, conductor de la cooperativa Seis de Diciembre.

Al respecto, la ANT, a través de un comunicado indicó que en función de requisitos de la infraestructura, planta docente e historial de cumplimiento de normativa, se calificaron a 55 escuelas como centros de recuperación de puntos de licencias de conducción. Según la ANT en tres provincias (Guayas, Los Ríos y Cañar) no se ha culminado la inspección física, pero esa fase terminaría en las próximas horas.

Las Escuelas autorizadas iniciarán los procesos de inscripción y los cursos de recuperación de puntos hasta el 25 de junio.

Sobre los pedidos de los transportistas, José Santamaría, presidente de la Cámara de Transportistas de Pichincha, indicó que con el viceministro del Interior, José Córdova, acordaron que el pago de las deudas por las infracciones cometidas se lo haga en cómodas cuotas. «Hasta tener una solución permanente, en la que vamos a trabajar». Al medio día, luego de cuatro horas y del anuncio, los transportistas reiniciaron el servicio y suspendieron una posible paralización. (NJ)

Guayas.- (Diario EL UNIVERSO).- La importación de maíz que afecta a los productores ecuatorianos centró ayer la atención del presidente Rafael Correa, quien dejó entrever que habría corrupción en el Ministerio de Agricultura (Magap) por permitir que se importe el grano cuando en el país hay abundante producción, la que no es comprada por la industria.

“Hay empresas que están disminuyendo la demanda en más del 19%, ¿por qué? Porque muy probablemente, con corrupción del Magap, a las puertas de la cosecha de maíz, importaron maíz”, declaró el mandatario durante un recorrido que hizo por zonas de Bucay (Guayas).

La situación de los maiceros es crítica, pues la cosecha se está perdiendo porque la industria no compra. Por eso, el pasado lunes, un grupo de agricultores llegó a Andipuerto, en Guayaquil, para impedir la salida del maíz importado desde Argentina. Mientras, el martes se realizó una protesta en la vía Ventanas-Quevedo y paralelamente, en Guayaquil, una reunión entre funcionarios del Magap, dirigentes del gremio y representantes de la industria. Ahí se acordó que a partir del miércoles ya se iba a comprar el maíz local al precio oficial.

Correa añadió que tomarán medidas: “Póngase bravo quien se ponga bravo, no saldrá un grano de ese maíz del puerto hasta que se venda el último grano de nuestros agricultores y al precio oficial ($ 16,50)”.

En la protesta, maiceros dijeron que estaban preocupados porque extraoficialmente supieron que el Magap habría firmado un convenio para importar el grano de forma consecutiva hasta el 2015, pese a que el ramo solo debe permitir la importación hasta fines de febrero, cuando aún no se cosecha.

Ayer, Correa también ratificó, durante su recorrido por Bucay, su “compromiso de saldar la deuda de la revolución agraria” a través de la distribución de tierra a favor de los campesinos, a quienes transfirió 2.696 hectáreas para 517 familias de esta zona.

Además, anunció que el próximo año rodará por Bucay el tren e inauguró la carretera Balbanera-Pallatanga-Bucay, que une a Guayaquil con Riobamba, de 106 km y en la que se invirtieron $ 62 millones

Bucay, Guayas.- (Andes).- Ante la importación de 30.000 toneladas métricas de maíz proveniente de Argentina, el presidente de la República, Rafael Correa, aseveró que no permitirá la comercialización de ese producto, mientras exista abastecimiento de la producción nacional. El anuncio lo hizo durante la entrega de tierras a agricultores en el cantón Bucay, ubicado al este de la provincia del Guayas (Costa).

A pocas semanas de la cosecha local hubo la importación del grano patrocinada por «mafias», que operan al interior del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), denunció el Primer Mandatario.

«No saldrá un grano de ese maíz del puerto hasta que se venda hasta el último grano de nuestros agricultores,  y al precio oficial». La importación busca evitar pagar el precio oficial y cancelar menores valores por el producto, enfatizó.
Video por Agencia Andes

«Y si intentan sacar ese maíz del puerto, que dolosamente han traído (…) me avisan para apoyarlos y bloquear la salida de esos camiones. Yo personalmente voy a ayudarlos, basta de estas trampas», aseveró el Jefe de Estado.

El ministro de Agricultura, Javier Ponce, dijo a la Agencia Andes que está importación ilegal la autorizó la ex subsecretaria de Comercialización del Magap, María Alejandra Pareja.

«La anterior subsecretaria no sólo que salió del puesto, sino que yo he presentado la queja a la Fiscalía contra ex funcionarios de la subsecretaría de Comercialización», afirmó.

El país andino produce alrededor de  850.000 toneladas, sin embargo su consumo es de alrededor de un millón, por lo que importa a países como Estados Unidos y Argentina para cubrir la demanda interna. No obstante, la compra del grano extranjero es efectuada en época que no hay cosecha.

El Presidente de la República, Rafael Correa, junto al ministro de Agricultura, Javier Ponce y otras autoridades, participó del acto de entrega de más de 2.600 hectáreas de terrenos, en beneficio de varias asociaciones de agricultores del Litoral./ (Enviado por jose.luis).