Zamora Chinchipe.- Hasta la fecha con corte 11 de julio de 2025, en más de 120 productores encuestados, ya suman 3 millones de dólares en pérdidas económicas que equivale más de 1.100 hectáreas afectadas, en cultivos de plátano, yuca, papaya, cacao, maíz, caña, porcinos, aves de corral, ganado.

Tras la emergencia invernal que atraviesa Zamora Chinchipe, las pérdidas no solo se contabilizan en infraestructura vial, ni pública, sino también en producción agrícola, ganadera, porcina, piscícola, y avícola.

En ese sentido, el equipo técnico de AGROPZACHIN E.P., en coordinación con Gad´s locales, y entidades competentes se encuentran levantando información de las plantaciones deterioradas a nivel de los cantones de Yantzaza, El Pangui, Zamora, Centinela del Cóndor y Nangaritza.

La prefecta Karla Reátegui, recorrió parte de los cultivos afectados del cantón Yantzaza, aquí se coordinaron acciones en cuanto a drenajes de las fincas, recuperación de los suelos y vialidad rural. Desde el barrio La Yona, hizo un llamado a la banca privada para coordinar acciones en favor de los productores y establecer un período que puedan retomar los pagos crediticios, “cuenten con la Prefectura estamos para seguir siendo los aliados estratégicos en los temas productivos”.

Luis Torres, técnico de Yantzaza de AGROPZACHIN, encabeza uno de los grupos técnicos junto al Municipio de Yantzaza, BAN Ecuador e INSUCO. Indicó que ya han recorrido los sectores de Los Hachos, El Pincho, Nongui, Mutintza, Numbami y parte de La Yona. “La mayoría de los productores han perdido los cultivos de plátano, yuca y cacao, tendrán que esperar de tres a cuatro meses para que el suelo baje su humedad, evitar la presencia de hongos y volver a sembrar nuevas semillas para en un año tener de nuevo las cosechas”.

Don Leoncio Carcelén de Nongui, tenía dos hectáreas de yuca listas para el expendio y una hectárea de plátano, de la noche a la mañana lo perdió todo. Con su plantación comercializaba a los mercados de Yantzaza, Zamora y Loja. Por ejemplo, de una hectárea sacaba unas 100 mulas que equivale a $ 5.000,00, este trabajo lo hacían de manera simultánea con sus compañeros de campo.

“Queremos que nos ayuden a recuperar los terrenos, como ustedes visualizan hasta los drenajes se han perdido, queremos maquinaria para rehabilitarlos y se vaya secando para poder seguir con nuestra actividad agrícola, hemos perdido mucho dinero y un trabajo de muchos años”, expresó José Nanchais, presidente de Nongui.

Por su parte la Prefectura de Zamora Chinchipe, trabaja en un plan integral para apoyar a los productores afectados por la emergencia, por ello es importante la evaluación en cifras para delinear los presupuestos a destinarse. Desde Obras Públicas y Riego y Drenaje, iniciará un proceso de priorización de obras para atender las fincas damnificadas.

Quito.- En un acto oficial celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito, se realizó el lanzamiento de SERPAZ (Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador), iniciativa conjunta del Gobierno del Ecuador y la Unión Europea que busca fortalecer el Estado, promover la cohesión social y generar entornos seguros y resilientes en el país.

En el evento participaron la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; la Directora de la Dirección de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, Erica Gerretsen; la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo; el Comandante General del Ejército, General Henry Delgado; la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Elecktra Enríquez Ulloa; la Subseretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Paola Escobar; la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova; los Embajadores de Alemania, Jens Peter Lütkenherm; de España, Enrique Yturriaga; de Francia, Philippe Jean Andre Létrilliart; de Italia, Giovanni Davoli; y de Bélgica en Perú, concurrente ante Ecuador, Mark Van de Vreken.

También participaron autoridades del Estado ecuatoriano, representantes del cuerpo diplomático de los Estados miembros de la Unión Europea, delegaciones de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Este programa, cofinanciado por la Unión Europea e implementado con el enfoque Equipo Europea tiene como implementadores a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas (FIAP), Expertise France, Instituto Italo Latino Americano (IILA), CORPEI, FEDEXPOR, Puerto de Amberes-Brujas, el Reino de Países Bajos y la Cooperación Alemana (GIZ).

Durante el acto, Erica Gerretsen, Directora de la Dirección de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, destacó: “La Unión Europea no observa la situación de seguridad en Ecuador como una crisis distante, sino como un reto compartido que demanda cooperación reforzada, intercambio de inteligencia y acciones políticas coordinadas. Las amenazas a la seguridad en América Latina tienen un impacto directo en Europa, y solo con alianzas estratégicas podemos enfrentar el crimen organizado transnacional”.

De su lado, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, agradeció a la Unión Europea y a cada socio implementador por su confianza en el país y por su apuesta por soluciones integrales. “Reitero el firme compromiso de la Cancillería ecuatoriana de acompañar, facilitar y dar seguimiento a cada etapa del programa. Trabajaremos hombro con hombro para que, al término de este esfuerzo, podamos mostrar resultados tangibles: cadenas de suministro más seguras, instituciones reforzadas, y comunidades resilientes, todo lo cual redunda en un mayor bienestar de los ecuatorianos”.

María Cristina Lera, Directora del Programa SERPAZ, subrayó: “Esta iniciativa es una apuesta conjunta por fortalecer las capacidades institucionales del Ecuador frente al crimen organizado, desde el lavado de activos hasta la seguridad en puertos y la cohesión social en territorios vulnerables. Esta visión integral refleja el firme compromiso de la Unión Europea por aportar a una paz construida sobre bases sólidas, con responsabilidad y enfoque de derechos”.

Con una orientación integral y multisectorial, el programa se estructura en torno a cuatro componentes que abarcan distintos niveles de intervención y fortalecimiento:

 Seguridad Antilavado, se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir y combatir el lavado de activos, así como para facilitar la recuperación de bienes provenientes del crimen organizado. A través de asistencia técnica especializada, se busca mejorar los mecanismos de control financiero y la coordinación interinstitucional, en línea con estándares internacionales.

 Seguridad Penitenciaria, acompaña los esfuerzos del Estado ecuatoriano en la transformación del sistema penitenciario. Las acciones incluyen procesos de formación, desarrollo de protocolos de actuación, gestión de crisis y aplicación de un enfoque de justicia restaurativa, promoviendo una reinserción social digna y sostenible.

 Carga Segura, se orienta al fortalecimiento de la seguridad en las cadenas logísticas de exportación mediante alianzas público-privadas. Su objetivo es preservar la trazabilidad de los productos, mejorar los controles y proteger la competitividad del país frente a amenazas del crimen organizado transnacional.

 Comunidades Resilientes, promueve la cohesión social y la prevención de la violencia en territorios históricamente afectados por la desigualdad y la exclusión. Este eje contempla procesos de formación, participación comunitaria y fortalecimiento del liderazgo local, con énfasis en juventudes y enfoque territorial.

Con una inversión de EUR 12 millones y una duración estimada de 36 meses, SERPAZ busca fortalecer las instituciones, prevenir riesgos y construir una paz duradera desde los territorios. De esta manera Ecuador y la Unión Europea reafirman nuevamente su compromiso con una cooperación en seguridad eficaz, ética y centrada en el bienestar de las comunidades.

Quito.- “Desde el 29 de noviembre de 2023 que inicié mi período, se han realizado 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y demás operadores judiciales de los cuales 59 tienen indicios de responsabilidad penal”, dijo el contralor General del Estado, Mauricio Torres, en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, el contralor puntualizó que “59 de los 110 informes aprobados, es decir más del 50 %, devinieron en informes con indicios de responsabilidad penal” por diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores.

Además, puso en conocimiento de los legisladores que otras 60 acciones de control están en ejecución y en el segundo semestre de 2025 iniciarán 7 exámenes adicionales.

Detalles de las acciones de control

En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal. En esta entidad se ejecutan 36 acciones de control adicionales y 6 más están por iniciar. Las provincias intervenidas son Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

Con respecto a la Fiscalía General del Estado, el contralor precisó que en esa entidad se aprobaron 2 informes con indicios de responsabilidad penal y especificó que 24 acciones de control están en ejecución y 1 se iniciará en los próximos meses.

En este caso, las provincias en las que actúa la Contraloría General del EStado son Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

Exámenes especiales a otros servidores públicos El Dr. Torres señaló que, durante su administración, que inició el 28 de noviembre de 2023, la CGE ha aprobado 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas de otros servidores públicos (de los que 45 fueron IRP), 161 exámenes están en ejecución y 16 auditorías están planificadas para este año.

Entre los grupos de servidores auditados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas (Generales), Policía Nacional, funcionarios del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos descentralizados, funcionarios de las empresas públicas en los sectores estratégicos y, también, servidores de la propia Contraloría General del Estado.

Establecimiento de prioridades para exámenes a declaraciones patrimoniales

El Contralor Mauricio Torres explicó que, para planificar las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juradas, la CGE ha implementado procedimientos de aprendizaje automático y análisis de datos, que permiten determinar comportamientos diferentes en la información de DPJ, respecto al conjunto de datos.

En estos procedimientos se analiza la información declarada por los servidores públicos (valores registrados de activos, pasivos y su patrimonio), que agrupan los diferentes componentes cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles, deudas, entre otros.

Este análisis de datos y los procedimientos de ofuscamiento y enmascaramiento en los nombres y cédulas de los servidores, elimina la discrecionalidad en la determinación de acciones de control de declaraciones patrimoniales juradas.