Quito.- En un acto oficial celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito, se realizó el lanzamiento de SERPAZ (Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador), iniciativa conjunta del Gobierno del Ecuador y la Unión Europea que busca fortalecer el Estado, promover la cohesión social y generar entornos seguros y resilientes en el país.

En el evento participaron la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; la Directora de la Dirección de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, Erica Gerretsen; la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo; el Comandante General del Ejército, General Henry Delgado; la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Elecktra Enríquez Ulloa; la Subseretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Paola Escobar; la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova; los Embajadores de Alemania, Jens Peter Lütkenherm; de España, Enrique Yturriaga; de Francia, Philippe Jean Andre Létrilliart; de Italia, Giovanni Davoli; y de Bélgica en Perú, concurrente ante Ecuador, Mark Van de Vreken.

También participaron autoridades del Estado ecuatoriano, representantes del cuerpo diplomático de los Estados miembros de la Unión Europea, delegaciones de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Este programa, cofinanciado por la Unión Europea e implementado con el enfoque Equipo Europea tiene como implementadores a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas (FIAP), Expertise France, Instituto Italo Latino Americano (IILA), CORPEI, FEDEXPOR, Puerto de Amberes-Brujas, el Reino de Países Bajos y la Cooperación Alemana (GIZ).

Durante el acto, Erica Gerretsen, Directora de la Dirección de Desarrollo Humano, Migración, Gobernanza y Paz de la Comisión Europea, destacó: “La Unión Europea no observa la situación de seguridad en Ecuador como una crisis distante, sino como un reto compartido que demanda cooperación reforzada, intercambio de inteligencia y acciones políticas coordinadas. Las amenazas a la seguridad en América Latina tienen un impacto directo en Europa, y solo con alianzas estratégicas podemos enfrentar el crimen organizado transnacional”.

De su lado, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, agradeció a la Unión Europea y a cada socio implementador por su confianza en el país y por su apuesta por soluciones integrales. “Reitero el firme compromiso de la Cancillería ecuatoriana de acompañar, facilitar y dar seguimiento a cada etapa del programa. Trabajaremos hombro con hombro para que, al término de este esfuerzo, podamos mostrar resultados tangibles: cadenas de suministro más seguras, instituciones reforzadas, y comunidades resilientes, todo lo cual redunda en un mayor bienestar de los ecuatorianos”.

María Cristina Lera, Directora del Programa SERPAZ, subrayó: “Esta iniciativa es una apuesta conjunta por fortalecer las capacidades institucionales del Ecuador frente al crimen organizado, desde el lavado de activos hasta la seguridad en puertos y la cohesión social en territorios vulnerables. Esta visión integral refleja el firme compromiso de la Unión Europea por aportar a una paz construida sobre bases sólidas, con responsabilidad y enfoque de derechos”.

Con una orientación integral y multisectorial, el programa se estructura en torno a cuatro componentes que abarcan distintos niveles de intervención y fortalecimiento:

 Seguridad Antilavado, se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir y combatir el lavado de activos, así como para facilitar la recuperación de bienes provenientes del crimen organizado. A través de asistencia técnica especializada, se busca mejorar los mecanismos de control financiero y la coordinación interinstitucional, en línea con estándares internacionales.

 Seguridad Penitenciaria, acompaña los esfuerzos del Estado ecuatoriano en la transformación del sistema penitenciario. Las acciones incluyen procesos de formación, desarrollo de protocolos de actuación, gestión de crisis y aplicación de un enfoque de justicia restaurativa, promoviendo una reinserción social digna y sostenible.

 Carga Segura, se orienta al fortalecimiento de la seguridad en las cadenas logísticas de exportación mediante alianzas público-privadas. Su objetivo es preservar la trazabilidad de los productos, mejorar los controles y proteger la competitividad del país frente a amenazas del crimen organizado transnacional.

 Comunidades Resilientes, promueve la cohesión social y la prevención de la violencia en territorios históricamente afectados por la desigualdad y la exclusión. Este eje contempla procesos de formación, participación comunitaria y fortalecimiento del liderazgo local, con énfasis en juventudes y enfoque territorial.

Con una inversión de EUR 12 millones y una duración estimada de 36 meses, SERPAZ busca fortalecer las instituciones, prevenir riesgos y construir una paz duradera desde los territorios. De esta manera Ecuador y la Unión Europea reafirman nuevamente su compromiso con una cooperación en seguridad eficaz, ética y centrada en el bienestar de las comunidades.

Quito.- “Desde el 29 de noviembre de 2023 que inicié mi período, se han realizado 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces, fiscales y demás operadores judiciales de los cuales 59 tienen indicios de responsabilidad penal”, dijo el contralor General del Estado, Mauricio Torres, en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, el contralor puntualizó que “59 de los 110 informes aprobados, es decir más del 50 %, devinieron en informes con indicios de responsabilidad penal” por diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores.

Además, puso en conocimiento de los legisladores que otras 60 acciones de control están en ejecución y en el segundo semestre de 2025 iniciarán 7 exámenes adicionales.

Detalles de las acciones de control

En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal. En esta entidad se ejecutan 36 acciones de control adicionales y 6 más están por iniciar. Las provincias intervenidas son Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

Con respecto a la Fiscalía General del Estado, el contralor precisó que en esa entidad se aprobaron 2 informes con indicios de responsabilidad penal y especificó que 24 acciones de control están en ejecución y 1 se iniciará en los próximos meses.

En este caso, las provincias en las que actúa la Contraloría General del EStado son Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

Exámenes especiales a otros servidores públicos El Dr. Torres señaló que, durante su administración, que inició el 28 de noviembre de 2023, la CGE ha aprobado 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas de otros servidores públicos (de los que 45 fueron IRP), 161 exámenes están en ejecución y 16 auditorías están planificadas para este año.

Entre los grupos de servidores auditados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas (Generales), Policía Nacional, funcionarios del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos descentralizados, funcionarios de las empresas públicas en los sectores estratégicos y, también, servidores de la propia Contraloría General del Estado.

Establecimiento de prioridades para exámenes a declaraciones patrimoniales

El Contralor Mauricio Torres explicó que, para planificar las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juradas, la CGE ha implementado procedimientos de aprendizaje automático y análisis de datos, que permiten determinar comportamientos diferentes en la información de DPJ, respecto al conjunto de datos.

En estos procedimientos se analiza la información declarada por los servidores públicos (valores registrados de activos, pasivos y su patrimonio), que agrupan los diferentes componentes cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles, deudas, entre otros.

Este análisis de datos y los procedimientos de ofuscamiento y enmascaramiento en los nombres y cédulas de los servidores, elimina la discrecionalidad en la determinación de acciones de control de declaraciones patrimoniales juradas.

Quito.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), mediante comunicado informa a la ciudadanía sobre alertas sanitarias internacionales relacionadas con el uso de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño como ingrediente activo.

El comunicado hace referencia a la información emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) reportó un aumento en los casos de efectos adversos posiblemente vinculados al uso de la pasta dental Colgate Total en su variante Clean Mint.

En respuesta a esta información, Arcsa ha identificado en el mercado nacional dos productos autorizados bajo la denominación Colgate Total Clean Mint Crema Dental, los cuales contienen fluoruro de estaño y se encuentran registrados conforme a la normativa sanitaria vigente.

Asimismo, Arcsa ha recibido un reporte de sospecha de reacción adversa asociada al uso de este tipo de crema dental en territorio ecuatoriano. Frente a este escenario, la Agencia ha reforzado la vigilancia sanitaria y ha mantenido reuniones técnicas con representantes de la marca titular del producto en Ecuador, a fin de obtener información detallada sobre su formulación, historial de calidad y distribución en el país. Estas acciones permiten establecer un monitoreo más riguroso y garantizar medidas oportunas en favor de la salud pública.

Arcsa reitera su compromiso con la seguridad sanitaria de la población e invita a la ciudadanía a estar atenta a cualquier reacción inusual derivada del uso de pastas dentales que contengan fluoruro de estaño. Cualquier efecto adverso puede ser reportado a través de la aplicación gratuita Arcsa Móvil o mediante nuestros canales oficiales.

Quito.- El Gobierno Nacional activa el plan de emergencias sobre las acciones que se ejecutan para proteger la infraestructura y prevenir emergencias ambientales, tras la suspensión preventiva de las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y las hidroeléctricas del país.

EP Petroecuador anunció dos decisiones. La primera, es la declaratoria de fuerza mayor en las operaciones de la empresa, una figura legal que respalda la suspensión temporal de actividades en el sistema de transporte de crudo, evita posibles sanciones contractuales, garantiza la seguridad jurídica y permite notificar oportunamente a los entes de control y contratistas sobre esta situación excepcional.

La segunda decisión es que se declarará la emergencia en el SOTE, sustentada en los informes técnicos que alertan sobre el avance de un frente de erosión. Según la Secretaría de Riesgos se han identificado puntos susceptibles de movimientos en masa en el tramo Papallacta El Reventador, por donde atraviesan 113 kilómetros del oleoducto. Esta medida permite ejecutar acciones inmediatas y urgentes como la implementación de protocolos operativos en exploración, producción y comercialización.

El gerente general de EP Petroecuador, Leonard Bruns, manifestó que, se está atravesando una situación compleja por las condiciones climáticas y que se ha tomado medidas preventivas para minimizar los impactos. “Se detuvo el bombeo de petróleo y se drenó el fluido en la tubería. Continúa la construcción de la variante a fin de poder transportar el crudo de manera segura”.

En cuanto a las exportaciones, la autoridad indicó que hasta la fecha se han cumplido los compromisos previstos. Las próximas entregas serán diferidas y notificadas a las empresas. A nivel de producción, hasta la fecha, se han apagado 560 pozos petroleros.

Por otra parte, el ministro de Energía y Minas (S), Guilhermo Ferreira, indicó que, el fuerte temporal provocó inestabilidad en el suelo, lo que intensificó la erosión regresiva afectado también el accionar de hidroeléctricas. Este fenómeno natural ocurre cuando los ríos arrastran materiales como tierra, arena o piedras desde las cuencas hacia las zonas de captación, lo que puede obstruir los sistemas internos y afectar el funcionamiento de las centrales, el cual tiene mucho movimiento de arena y sedimentos, razón por la que se tuvo que suspender temporalmente las operaciones.

Además, el ministro (S) Ferreira, aseguró que, por el apagado de las hidroeléctricas, el país no tendrá cortes de energía, dada que la demanda nacional está cubierta con la producción que se tiene actualmente. Detalló que el país cuenta con mecanismos de respaldo energético, como los electrógenos de los privados, la interconexión regional, energía flotante y la recuperación de las centrales térmicas, así también como la operación continua de Toachi Pilatón, acciones que demuestran una gestión responsable de los recursos para garantizar el suministro eléctrico.

Sobre la situación del sector hidrocarburífero destacó la sinergia entre EP Petroecuador y OCP Ecuador al trabajar paralelamente atendiendo la emergencia con equipos técnicos especializados, lo que agilita los trabajos.

Al respecto, el presidente Ejecutivo de OCP Ecuador, Juan Bucheli, indicó que, se está trabajando durante largas jornadas en la construcción de la variante, lo que permitirá al oleoducto alejarse de la zona de riesgo.

Se informó que el abastecimiento de combustibles está garantizado. Se realiza un seguimiento minuto a minuto y se ha logrado mantener el suministro. “Estamos trabajando 24/7 para restablecer el bombeo con todos los estándares de seguridad y protección ambiental,” dijo Buchelli.