Asamblea Nacional aprueba reforma al COOTAD

Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con 77 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), una iniciativa económica urgente que establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales deberán destinar progresivamente hasta el 70% de su presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión.

La normativa dispone que estos recursos se orienten a obra pública, mantenimiento, reposición de infraestructura y bienes que respalden la prestación de servicios públicos esenciales. El 30% restante podrá utilizarse para gasto corriente.

Prioridad a servicios básicos

Durante la ponencia para segundo debate, la legisladora Valentina Centeno recordó que esta regla ya estaba vigente desde 2011, pero no se ha cumplido de forma efectiva. Señaló que la reforma busca garantizar que los recursos públicos atiendan necesidades urgentes, como el acceso al agua potable.

Según lo expuesto en el Pleno, cuatro millones de habitantes carecen de agua potable, y del total que sí dispone del servicio, el 71% recibe agua de baja calidad.

Centeno enfatizó que la reforma no prohíbe la inversión en infraestructura educativa y defendió que una adecuada priorización del gasto permitirá mejorar la calidad de vida de la población.

Regla fiscal obligatoria y control trimestral

La regla de asignación mínima prioritaria será obligatoria y verificable en todas las fases del presupuesto institucional: formulación, asignación, reformas, devengado y ejecución. No se aplicará a los gobiernos parroquiales.

Municipios y prefecturas deberán publicar trimestralmente el indicador de gasto, su composición y las medidas adoptadas para cumplir la normativa. Por su parte, el Ministerio de Finanzas elaborará un informe de seguimiento dentro de los 60 días posteriores a cada trimestre.

La implementación será progresiva:

65% en 2026

68% en 2027

70% desde 2028 en adelante

El texto aprobado también incluye una disposición transitoria para el presupuesto prorrogado de 2027, permitiendo ajustes y reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de competencias.

Próximo paso: sanción presidencial

El proyecto será remitido al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, quien deberá sancionarlo u objetarlo dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Presidenta de FENAPE integra Consejo de Comunicación

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE), Mgs. Nydia Susana Piedra Aguirre, fue designada como integrante del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, tras el proceso formal de selección de los representantes de los gremios periodísticos ante el Pleno del organismo.

El procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación y la Resolución No. CDPIC-PLE-2024-001. La convocatoria fue dirigida a todos los gremios de periodistas con personería jurídica, garantizando transparencia y apego al marco normativo vigente.

Dentro del plazo previsto, FENAPE presentó la postulación de la Mgs. Nydia Susana Piedra Aguirre y del Dr. Alberto Palacios Palma. Tras la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, el Pleno eligió a ambos profesionales como consejeros representantes de los gremios periodísticos, quienes se integran de manera inmediata al organismo.

El presidente del Consejo destacó que el proceso cumplió con la normativa y subrayó la importancia de incorporar la voz de los periodistas en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas vinculadas al sector de la comunicación.

Por su parte, la Mgs. Susana Piedra resaltó el compromiso del gremio periodístico con el fortalecimiento institucional y señaló que su participación contribuirá al desarrollo de la comunicación en el país, a través del aporte de periodistas y medios de comunicación.

Con esta designación, el Consejo reafirma su compromiso con la participación activa de los gremios periodísticos en la construcción de políticas públicas orientadas a promover una comunicación plural, responsable y alineada con el fortalecimiento democrático.

Proyecto de agua potable en Zapotillo fracasa

Zapotillo. Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Proyecto de agua potable en Zapotillo fracasa, pese a una inversión cercana a los cinco millones de dólares financiados mediante crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador, según denuncias ciudadanas que cuestionan la planificación, ejecución y recepción de la obra.

La infraestructura, iniciada en 2018 durante la administración de la exalcaldesa Juliana Rogel y concluida en el período 2019–2023 del exalcalde Freddy Vidal, contemplaba la captación de agua subterránea en el sector Saucillo, ubicado a 20 kilómetros de la cabecera cantonal de Zapotillo.

Sin embargo, de acuerdo con Martín Mega, exvocero de la veeduría ciudadana que fiscalizó el proceso, el sistema nunca logró abastecer de agua potable a la población. Actualmente, el 90 % del cantón continúa consumiendo agua entubada y clorada proveniente de un sistema antiguo ejecutado en 2009.

Cuestionamientos a los estudios técnicos

Martín Mega señaló que los estudios técnicos —contratados por un monto aproximado de entre 250.000 dólares— determinaron supuesta abundancia de agua en Saucillo. No obstante, tras la instalación de tuberías, tanques de reserva y más de 20 kilómetros de conducción, las perforaciones realizadas no encontraron el caudal necesario.

Según la denuncia, se efectuaron al menos cinco perforaciones sin resultados positivos, lo que convirtió la obra en un “proyecto fallido”. Pese a ello, fue inaugurada oficialmente.

La veeduría presentó denuncias ante organismos de control y entidades financieras, pero asegura que no obtuvo respuestas concluyentes ni acceso completo a la información contractual.

Financiamiento y responsabilidades

El proyecto fue financiado con un crédito cercano a los cinco millones de dólares, de los cuales aproximadamente dos millones serían no reembolsables y el resto reembolsables, lo que compromete recursos municipales futuros.

La obra fue recibida en 2023 por la actual administración del alcalde Burner Moncayo, aunque hasta la fecha no cumple con el objetivo para el que fue contratada.

Martín Mega advierte que, de no emitirse oportunamente los títulos de crédito correspondientes, el cantón podría enfrentar cobros con intereses en futuras administraciones, como ocurrió anteriormente con otras obras municipales.

Nuevo intento de solución

Ante el fracaso del sistema subterráneo, la actual administración impulsa una alternativa mediante captación superficial de agua desde el río, con la instalación de una planta compacta. Sin embargo, existen preocupaciones ambientales y técnicas debido a la cercanía de un relleno sanitario mancomunado aguas arriba.

Mientras tanto, barrios y comunidades continúan reportando problemas de abastecimiento, baja presión y calidad deficiente del líquido vital.

Clamor ciudadano

El caso ha generado cuestionamientos sobre la fiscalización del Concejo Municipal y la actuación de los organismos de control. Para los denunciantes, la situación vulnera el derecho constitucional al acceso al agua potable.

“Es un crimen que, teniendo dos ríos cerca, el cantón no tenga agua potable segura”, sostuvo Mega, quien calificó la inversión como uno de los mayores fracasos en infraestructura básica en la historia reciente del cantón.

Balcázar garantiza elecciones y seguridad en Perú

Lima. Perú. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Tras prestar juramento ante el Congreso, el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, asumió formalmente el cargo y delineó los principales ejes de su gestión: garantizar elecciones limpias y transparentes, enfrentar con firmeza la inseguridad ciudadana y mantener la estabilidad económica del país.

Durante su mensaje a la Representación Nacional, el mandatario aseguró que su prioridad será garantizar una transición democrática pacífica y electoral sin cuestionamientos. “Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, afirmó.

En materia de seguridad, sostuvo que el crimen organizado ha evolucionado y ya no responde a esquemas tradicionales, por lo que convocará a especialistas y actores políticos dispuestos a trabajar por la pacificación del país. En ese sentido, anunció que invitará a todos los congresistas a colaborar activamente. “En un solo mes podemos hacer muchas cosas”, enfatizó.

Respecto al ámbito económico, Balcázar reafirmó su compromiso de mantener los lineamientos vigentes para evitar escenarios de incertidumbre. “No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos”, remarcó.

Asimismo, informó que sostendrá reuniones con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, con el fin de evaluar la situación financiera del país y explorar alternativas que permitan atender la denominada deuda social.

El jefe de Estado hizo un llamado a la unidad política, dejando de lado divisiones ideológicas. “Ya no estamos en tiempo para pelear, aquí no hay derechas ni izquierdas”, subrayó, al tiempo que instó a construir consensos para fortalecer la democracia.

Finalmente, advirtió que el sistema democrático enfrenta desafíos estructurales y requiere correctivos urgentes. “La democracia no está funcionando, es una democracia informal. Si no tiene sus propios correctivos, en el futuro va a desaparecer”, expresó.

Congreso nombra presidente interino de Perú

Lima. Perú. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Congreso de la República designó este miércoles 18 de febrero al legislador José María Balcázar como presidente interino del país, tras la destitución de José Jerí. El nuevo mandatario ejercerá funciones hasta el 28 de julio, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales previstas para el 12 de abril.

Con 64 votos a favor, Balcázar obtuvo la mayoría necesaria para asumir la jefatura del Estado. Tras la votación parlamentaria, el congresista prestará juramento de ley para formalizar su designación como presidente de la República.

Transición en medio del proceso electoral

El relevo presidencial ocurre a pocas semanas de los comicios generales, en los que la ciudadanía elegirá al nuevo mandatario o mandataria para el próximo periodo constitucional. Balcázar tendrá la misión de conducir el Ejecutivo durante cinco meses y garantizar la estabilidad institucional hasta el traspaso de mando.

En su discurso de investidura, el dirigente de izquierda afirmó que trabajará para asegurar que las elecciones sean “de las más limpias”, al tiempo que defendió la vigencia de la democracia en el país. “No es difícil gobernar un país”, expresó ante el pleno legislativo.

Perfil político y contexto

Balcázar es integrante del partido Perú Libre, agrupación de orientación marxista con la que Pedro Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021. Con su designación, se convierte en el mandatario de mayor edad en la historia republicana del país y en el octavo gobernante en casi una década de inestabilidad política.

En la votación participaron también otros aspirantes que formalizaron su candidatura: María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento; Edgard Reymundo, dirigente socialista; y Héctor Acuña, representante de una agrupación cuestionada por denuncias de corrupción.

La designación de Balcázar marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis política peruana, caracterizada por sucesivos cambios de gobierno y confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Asamblea Nacional censura y destituye a Mario Godoy

Quito, (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con 148 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir, en ausencia, al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Fabricio Godoy Naranjo, al determinar su responsabilidad política por manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones.

La decisión se fundamentó en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Como efecto inmediato, el exfuncionario quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años.

Renuncia y ausencia en el Pleno

Godoy no asistió a presentar sus alegatos de defensa ante el Pleno. De manera previa, remitió su renuncia irrevocable al presidente del Legislativo, Niels Olsen.

Tras la votación, Olsen señaló que la Asamblea actuó con responsabilidad y en estricto apego a la ley, subrayando que la decisión no representa una victoria política, sino un acto en defensa del respeto a las normas y procedimientos institucionales.

Argumentos del juicio político

El proceso inició con la lectura del informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, que sustanció la solicitud de enjuiciamiento presentada por los asambleístas Viviana Veloz y Franklin Samaniego.

Los interpelantes señalaron presuntos incumplimientos constitucionales y legales, especialmente en la garantía de independencia judicial, el control disciplinario sobre servidores judiciales, la protección a jueces amenazados y la transparencia en la administración de justicia. También se mencionaron presuntas presiones indebidas a la jueza Nubia Vera.

Durante el debate, la legisladora Ana Belén Tapia presentó la moción de censura, que fue aprobada por amplia mayoría. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, destacó que el informe fue producto de un trabajo técnico y sin cálculos políticos.

Conclusiones del informe

El informe legislativo concluyó que Godoy incurrió en manifiesta inoperancia, no solo por incumplimiento de funciones, sino por actuaciones consideradas deficientes e ineficaces frente a un contexto de crisis de seguridad. Según el documento, la respuesta institucional ante atentados y amenazas a operadores de justicia fue tardía y limitada a trámites burocráticos.

Notificaciones y efectos legales

La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo para los fines legales correspondientes y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que proceda conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, la Asamblea Nacional ejerció su facultad de fiscalización y control político en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales.