Diego LEGRAND. (AFP).- El presidente de Colombia, Iván Duque, sacó los militares a las calles de las principales ciudades para controlar manifestaciones y disturbios que rechazan su reforma tributaria. Pero la decisión causa temor en un país golpeado por más de medio siglo de conflicto armado.
Acompañado por el comandante del ejército, anunció el sábado que usará la figura de «asistencia militar» para combatir «a quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad». Para «la ciudadanía, esta medida fue recibida de manera negativa como una militarización», e incluso como una «represión», advierte Eduardo Bechara, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad Externado.
Y es que tras seis décadas de un conflicto armado que persiste pese a la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016, los gobiernos están más acostumbrados a lidiar con la guerra en el campo que con las protestas urbanas, coinciden expertos entrevistados.
Según la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), los disturbios y manifestaciones dejan al menos 19 muertos. El ministerio de Defensa, por su parte, contabiliza más de 800 heridos y cientos de establecimientos destruidos. El viernes, Cali fue la primera ciudad militarizada, en medio de desmanes que se dieron a la par de protestas pacíficas.
El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el despliegue de 700 soldados en la capital del Valle del Cauca (suroeste) para enfrentar «organizaciones criminales» que orquestan los disturbios.
Apagar las protestas
Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, este es un intento por amedrentar la protesta social. «Creo que es la vieja estrategia de siempre, de que a punta de represión entierran las personas. Es un mensaje para apagar las protestas», afirma el investigador.
En Bogotá y Medellín, los alcaldes de oposición rechazaron la oferta de militarizar sus ciudades. Aún así, soldados patrullan la capital por orden presidencial. La cifra de efectivos desplegados es reservada. En Colombia hay 266.606 militares y 157.820 policías que dependen del ministerio de Defensa, según datos oficiales.
La militarización se instala mientras la policía está en el ojo del huracán por la manera como reprime las protestas contra el gobierno.
En 2020 la fuerza pública enfrentó a bala movilizaciones contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos.
La Corte Suprema de Justicia ordenó luego al ministerio de Defensa pedir disculpas por sus excesos y reformular sus protocolos. Pero las denuncias vuelven de la mano de oenegés, organismos internacionales y oposición por presuntos atropellos cometidos durante las jornadas en curso.
Según la ONG Temblores hubo 940 casos de abuso policial en los últimos días y se investiga «la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías».
Este martes, el portavoz del servicio diplomático de la Unión Europea, Peter Stano, se dijo a su vez preocupado por la situación en Colombia y aseguró que «es realmente una prioridad contener la escalada de violencia y evitar el uso desproporcionado de la fuerza».
En tanto que la oficina local de derechos humanos de la ONU denunció en Twitter «amenazas y agresiones», así como «disparos realizados por la policía» contra una comisión humanitaria. En la misma red social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado a esclarecer su participación en ataques que incluyen abusos sexuales.
Mientras tanto el gobierno guarda silencio y reconoce apenas un civil y un policía fallecidos relacionados con las protestas.
Regreso al pasado
Sacar a los militares a las calles acarrea «un riesgo terrible», ya que el ejército está acostumbrado a combatir a sangre y fuego a grupos armados, advierte Ávila.
«Es una respuesta excesiva (…) que va a incrementar el número de muertos», añade.
Para Florent Frasson-Quenoz, especialista de seguridad internacional, la decisión va en consonancia con los «electores de derecha dura» que votan por el partido en el poder (Centro Democrático), a un año de elecciones presidenciales.
Se trata de un regreso a la política de «mano dura» que lideró el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), mentor político de Duque, durante su lucha contra las guerrillas de izquierda.
Twitter censuró el viernes un mensaje del exmandatario que invitaba a la fuerza pública a «utilizar sus armas para defender su integridad, para defender a las personas y bienes (…) del terrorismo vandálico».
Presionado por las manifestaciones, Duque retiró la propuesta de reforma tributaria y propuso formular una sin los artículos más controvertidos y agresivos con la clase media.
El Comité Nacional de Paro, que reúne a sectores inconformes, anunció que seguirá convocando a manifestaciones para exigirle a Duque cambiar el rumbo de sus políticas.
Para Bechara es la oportunidad de que «el gobierno y otros sectores políticos y sociales y económicos converjan en torno a esta necesidad de repensar la seguridad en un marco de referencia distinto» al del conflicto armado.
