Biden escogió a su secretario del Tesoro y dice que lo anunciará «pronto»

(AFP).- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que ya escogió a su futuro secretario de Tesoro y que pronto anunciará su nombre.

«Pronto conocerán mi elegido para el Tesoro. Ya tomé mi decisión», dijo desde su feudo de Wilmington, Delaware, señalando que lo anunciará «antes o después del Día de Acción de Gracias», refiriéndose al feriado del 26 de noviembre.

«Se trata de alguien que creo que será aceptado por todos los miembros del Partido Demócrata, los progresistas y los moderados», añadió Biden quien asumirá el 20 de enero.

Lael Brainard, de 58 años, única voz demócrata en el comité de política monetaria de la poderosa Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos, es la favorita, dijeron a AFP fuentes financieras cercanas a Biden.

Sería la primera mujer secretaria del Tesoro en más de dos siglos.

Esta tecnócrata, egresada de la prestigiosa Universidad de Havard, conoce el Tesoro, equivalente a un ministerio o secretaría de Economía y Finanzas, donde estuvo a cargo de los asuntos internacionales bajo el gobierno de Barack Obama antes de ser nombrada en la Reserva Federal.

Brainard estuvo a cargo del expediente sobre la presunta manipulación de la moneda china, el yuan, por parte de Pekín. También se destacó durante la crisis de la deuda de la eurozona de 2011, instando entre bastidores a la Unión Europea a adoptar un ambicioso plan para ayudar a los países sobreendeudados, según la prensa estadounidense.

Brainard, sin embargo, podría enfrentar la oposición del ala progresista del Partido Demócrata, que cree que no ha sido lo suficientemente dura con China.

Sin embargo, su posición centrista podría facilitar su confirmación en el Senado, sobre todo si la Cámara Alta permanece bajo control de los republicanos.

Janet Yellen, expresidenta de la Fed; Roger Ferguson, director del fondo de pensiones TIAA; Mellody Hobson, quien codirige el fondo Ariel Investments; y Sarah Bloom Raskin, exadjunta del Tesoro bajo la era de Obama; completan la lista de principales candidatos, según fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

El próximo secretario del Tesoro tendrá la pesada tarea de ayudar a sacar a la economía estadounidense de la recesión en la que la ha sumido la pandemia de coronavirus.

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Unicef advierte de una crisis sanitaria por la falta de agua en Centroamérica

Panamá.- (EFE).- Unicef consideró este jueves que es primordial evitar una crisis sanitaria en Centroamérica que se sume a la de la covid, por la falta de acceso a agua potable de miles de personas tras el paso de dos potentes huracanes y solicitó que se destine urgentemente 46,2 millones de dólares para atender a más de 640.000 afectados.

Muchas familias que lo han perdido todo, primero por la furia del huracán Eta y luego por Iota, no tienen acceso a agua potable, tanto en sus comunidades arrasadas, donde hay aguas estancadas tras el temporal, como en los albergues a los que han sido llevadas, dijo a EFE el jefe Regional de Comunicación de Unicef, Laurent Duvillier.

«Si hay agua estancada pero no agua potable, es muy elevado el riesgo de que tengamos un nuevo brote que se agregue a la pandemia de la covid-19. O sea sería una triple tormenta: el huracán, la covid y nuevos brotes de enfermedades. Es lo que tenemos que evitar, una triple tormenta», expresó el funcionario de la ONU.

Ya los «primeros casos de malaria y hepatitis han sido reportados en varios albergues, lo que evidencia el riesgo» sanitario, agregó Duvillier.

«Los niños, niñas y adolescentes que sobrevivieron a ambos huracanes ahora corren el riesgo de morir de enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades infecciosas», afirmó en un comunicado el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.

Miles de personas permanecen en albergues tras el paso este noviembre de Eta e Iota, que dejaron al menos dos centenares de muertos, desaparecidos y graves daños a la infraestructura y a la agricultura de los países de Centroamérica, una región históricamente pobre ya abatida económica y socialmente por la pandemia del nuevo coronavirus.

NECESIDAD URGENTE DE RECURSOS PARA ATENDER A LOS AFECTADOS

Unicef precisó este jueves que unos 4,6 millones de personas, de ellas 1,8 millones de menores, resultaron afectadas en Centroamérica por Eta, que dejó necesidades «inmensas y que muy probablemente seguirán aumentado tras Iota», aseveró el funcionario de esta agencia de la ONU.

De allí la «urgente» necesidad que tiene Unicef de obtener 42,6 millones de dólares «para cubrir las necesidades humanitarias más críticas de más de 646.000 personas, de ellas 327.000 niños, afectadas repetidamente por inundaciones y deslizamientos de tierra en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice».

Los recursos servirán para llevar suministros vitales y servicios básicos en refugios y comunidades en las zonas más afectadas en esos cuatro países, dijo el ente de la ONU en un comunicado.

Los 42,6 millones de dólares «es solo una cifra inicial, porque lo que sí vemos es que todavía nuestros equipos en el terreno están descubriendo cada vez más necesidades. Aún hay zonas totalmente desconectadas», dijo el funcionario de la ONU.

«No nos alcanzan por el momento los recursos que tenemos para brindar asistencia humanitaria, y si no lo hacemos de manera rápida hay niños y niñas que corren el riesgo de morir de enfermedades que se pueden prevenir y eso sería una triple tormenta», alertó.

Duvillier hizo un llamado a «la diáspora latinoamericana en EE.UU., en Europa» para que apoyen a Unicef con la «garantía de que el dinero vaya a los más necesitados, especialmente a los niños y a las madres, que se ven como los más necesitados y vulnerables en estos momento».

También al sector privado, que puede jugar un papel muy importante no tanto en donaciones logísticas y materiales, porque al final «cuesta más movilizarlos y lo más eficiente es brindar asistencia que permita que en los países podamos comprar lo que se necesita para ayudar a las familias damnificadas y más afectadas».

Hace dos semanas, los equipos de Unicef y sus socios en Centroamérica comenzaron de inmediato a entregar suministros vitales y apoyo humanitario a las familias más necesitadas en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice, dijo el organismo.

(c) Agencia EFE

Argentina registra 10.097 nuevos casos de coronavirus

Buenos Aires.- (EFE).- Argentina registró este jueves 10.097 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios se elevó a 1.349.434, mientras que las muertes ascendieron a 36.532, tras ser confirmados 188 fallecimientos en las últimas 24 horas.

El número de casos conocidos hoy marca un levísimo descenso respecto a los registrados este miércoles, cuando se notificaron 10.332 contagios.

De acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (599.817, de los cuales 2.743 fueron notificados este jueves), seguida por la capital del país, con 155.459 contagios confirmados, 479 de ellos reportados hoy.

En tercer lugar se sitúa la central provincia de Santa Fe, con un total de 134.252 positivos, 1.666 notificados este jueves.

Por otra parte, según informaron fuentes oficiales, hay 1.167.514 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 4.292 personas con diagnóstico confirmado de la covid-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 57,8 % a nivel nacional, pero del 61 % si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.

Hasta el momento, en Argentina se ha realizado un total de 3,5 millones de test para detectar el virus, con una tasa de 79.006 pruebas por cada millón de habitantes.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el pasado 6 de noviembre la continuidad, en principio hasta el próximo día 29, de las medidas sanitarias adoptadas desde el 20 de marzo para hacer frente a la pandemia, aunque introdujo cambios en cuanto a la calificación sanitaria de algunas zonas del país.

El cambio más destacado se ha dado en la región de Buenos Aires y su cordón urbano, que concentra a 15,4 millones de habitantes y que es el área con mayor número de casos de todo el país, pero que en las últimas semanas comenzó a desacelerar la curva de contagios.

La región metropolitana de Buenos Aires se encontraba bajo la categoría de aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo y desde el 6 de noviembre ha pasado a estar bajo la categoría de distanciamiento social preventivo y obligatorio, lo que habilita a reanudar varias actividades, aunque manteniendo los protocolos de prevención.

El Gobierno decidió que otras diez zonas del país, donde la tasa de contagios está estable o en crecimiento, permanezcan bajo la categoría de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Los positivos habían llegado en Argentina a un récord diario de 18.326 el pasado 21 de octubre.

(c) Agencia EFE

Campaña en EE.UU. busca ayuda para los afectados por los huracanes en Centroamérica

Los Ángeles.- (EFE).- Organizaciones sin fines de lucro en EE.UU. lanzaron este jueves una campaña para apoyar a las comunidades devastadas por los huracanes Iota y Eta en Centroamérica.

Hispanic Federation, Alianza Américas y Presente.org buscan con esta iniciativa a apoyar de manera urgente a organizaciones que asisten a las personas que han sufrido la devastación de estos fenómenos naturales, que afectaron la región con apenas 13 días de diferencia.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red que aglutina a más de 50 organizaciones pro-inmigrantes en Estados Unidos, dijo en un comunicado que ambos fenómenos han agravado la crisis humanitaria que ya vivían estos países, incluso antes de la crisis por la pandemia de la covid-19, por lo que es urgente esta ayuda.

“Entre la población afectada están las poblaciones negras e indígenas, que históricamente han sido excluidas y discriminadas, y donde la pobreza tiende a concentrarse de manera desproporcionada», añadió Chacón.

En este sentido, Frankie Miranda, el presidente de Hispanic Federation, explicó que, tras la experiencia con la ayuda a Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017, la forma más efectiva de ayudar es apoyando a las organizaciones que se encuentran trabajando sobre el terreno ofreciendo respuesta.

La campaña arranca con un fondo de 100.000 dólares y se espera que se puedan recolectar más recursos, recalcó Miranda.

El dinero recaudado a través de la campaña será entregado a organizaciones con las que Alianza Américas trabaja en la región, como el Colectivo Artesana, en Guatemala; la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) y el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), en Honduras; y la Fundación San Lucas, en la costa de Nicaragua.

“Nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua, Honduras y Guatemala han vivido una experiencia increíblemente difícil y necesitan nuestro apoyo ahora”, recalcó Miranda.

Los activistas hicieron un llamado urgente para hacer donaciones a Central American Hurricane Relief.

La coalición advirtió que los fondos recaudados se destinarán directamente a brindar ayuda humanitaria a las víctimas en las regiones afectadas de Centroamérica.

“A medida que las comunidades continúan siendo severamente afectadas por la crisis climática, pedimos apoyo urgente para los afectados por estas tormentas y para abordar la crisis climática a fin de garantizar comunidades seguras y un futuro digno para todas las comunidades”, puntualizó Matt Nelson, director de presente.org.

(c) Agencia EFE

Maduro abre sector petrolero de Venezuela a aliados con polémica ley para esquivar sanciones

(Por. Andrea TOSTA.- AFP).- Cercado por sanciones de Washington, el presidente socialista Nicolás Maduro abre de par en par las puertas del golpeado sector petrolero de Venezuela a aliados como China con una controversial legislación que da carta blanca a inversiones bajo anonimato.

Especialistas consideran que la llamada Ley Antibloqueo, presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la chavista Asamblea Constituyente que rige en el país, es el preámbulo de procesos de privatización sin contraloría y, por ello, terreno fértil para la corrupción.

«La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!», expresó hace días Maduro, aupando inversiones privadas en el campo energético para «contrarrestar» la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluye un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

Con esta norma, que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar «privatizaciones» o esquemas de apertura preservando «el anonimato de aquellas personas o empresas» que negocien con su gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, explicó a la AFP el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.

La ley, según su articulado, da al gobernante potestad de «inaplicar» normas legales «cuya aplicación resulte imposible o contraproducente» por los efectos de las sanciones. Declara además «secretos y reservados» todos los actos derivados de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas.

La estatal petrolera PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas.

La producción de Venezuela, de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años, ha sido menor a 400.000 barriles diarios en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930.

Teniendo las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país ha debido recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible.

  • «Perfecta para la corrupción» –

El «secretismo» de la Ley Antibloqueo es violatorio de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley al Parlamento, dirigido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara «usurpador» a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018.

Al «enmascarar» negociaciones con anonimato, «va a ser una ley perfecta para actos de corrupción», sostuvo Daniels.

El Parlamento advirtió que quien llegue a acuerdos al amparo de esta ley, que califica de «instrumento paralegal», podría estar incurso en delitos como «asociación ilícita para delinquir» y «aprovechamiento de bienes provenientes del delito», entre otros.

Sin embargo, la unicameral Asamblea Nacional ha sido prácticamente borrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas sus decisiones tras declararla en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la cámara.

La oficialista Asamblea Constituyente, que tomó en la práctica sus atribuciones, tiene previsto cesar funciones en diciembre para dar paso en enero a un nuevo Parlamento, que se elegirá el 6 de diciembre en unas elecciones que Guaidó y los principales actores opositores decidieron boicotear por considerarlas fraudulentas.

  • Eludir sanciones –

Oliveros avizora inversiones provenientes de China y Rusia, principales acreedores de Venezuela, y otros aliados internacionales de Maduro como Irán.

De antemano, en una alocución televisada, Maduro adelantó que está «abierto» a «ampliar inversiones» a «todo nivel de la industria energética venezolana» con China.

El mandatario responsabiliza a Washington del colapso de la industria petrolera venezolana, denunciando «un bloqueo criminal», aunque expertos vinculan la situación con falta de inversión, negligencia y corrupción.

Blanco de sanciones que buscan impulsar su salida del poder, el mandatario venezolano «ha estado aprendiendo» de sus aliados a «hacer movimientos de dinero sin que la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense) se dé cuenta», señala Oliveros.

No obstante, añade, será «difícil» para el gobierno socialista y sus aliados ocultar a la OFAC transacciones multimillonarias propias de la industria del petróleo.

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El Ejército australiano reconoce haber cometido crímenes de guerra en Afganistán

Sídney (Australia).- (EFE).- Soldados de élite australianos asesinaron a 39 civiles y prisioneros afganos, ninguno de ellos en incidentes «bajo la presión del combate» y muchos como parte de rituales de iniciación de nuevos soldados, según un informe presentado este jueves por el jefe de las Fuerzas de Defensa de este país, Angus Campbell.

«Hoy, se están exigiendo cuentas a las Fuerzas de Defensa de Australia con razón por las graves acusaciones de mala conducta de algunos miembros de nuestras fuerzas especiales durante operaciones en Afganistán», declaró el jefe del Ejército del país oceánico, Angus Campbell, en una rueda de prensa en Camberra.

«Al pueblo de Afganistán, y en nombre de las Fuerzas de la Defensa Australiana, le pido perdón sinceramente y sin reservas por cualquier crimen cometido por soldados australianos», dijo Campbell, al presentar el esperado informe, elaborado por el Ejército tras una serie de denuncias que inicialmente el gobierno intentó acallar.

El informe final de la Inspectoría General de las Fuerzas de la Defensa Australiana, de 465 páginas y con varias secciones censuradas por razones legales, aborda los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Afganistán entre 2005, año en que Australia reforzó su presencia militar en ese país, y 2016, cuando se ordenó la investigación.

Los investigadores también piden que la Policía Australiana investigue a 19 soldados de cuerpos de élite por su participación en 23 incidentes sobre los que existe «información creíble» de que violaron las leyes internacionales de guerra y las leyes humanitarias sobre el trato a los no combatientes.

CÓDIGO DE SILENCIO

El texto revela que los asesinatos ilegales, en su mayoría perpetrados en 2012 y 2013, no se produjeron «bajo presión en el fragor de la batalla», y que incluso algunos de los comandantes de las patrullas australianas obligaron a los soldados más jóvenes a matar a prisioneros afganos en rituales de iniciación.

La investigación indica que tras las ejecuciones extrajudiciales se colocaron armas, municiones u otros equipos de combate junto a los cadáveres para presentarlos en fotografías como blancos legítimos y encubrir las atrocidades.

El documento apunta que los soldados de bajo rango sufrieron en algunos casos intimidaciones o descrédito para impedir que denunciasen los crímenes y veían a los comandantes de sus patrullas, generalmente sargentos o cabos, como una especie de semidioses.

En su rueda de prensa, Campbell aceptó todas las recomendaciones del informe, que incluyen derivar los casos de presuntos delitos a la oficina especial, creada la semana pasada por el gobierno australiano, para buscar el procesamiento de los responsables.

El jefe del Ejército también anunció que pedirá al gobernador general de Australia que retire las condecoraciones a los presuntos criminales que las recibieron por sus servicios al país.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Aunque el informe hecho público aborda los 57 incidentes que habían sido denunciados, no especifica las identidades de los perpetradores, las víctimas o los lugares en que ocurrieron estos asesinatos ilegales.

Sin embargo, los hechos se conocen gracias a informantes y a la prensa, que los ha estado divulgando desde 2016, año en que la investigación de la socióloga militar Samantha Crompvoerts sirvió como uno de los detonantes para el proceso que ha culminado en el informe.

Crompvoerts denunció incidentes en los que soldados de élite interrogaban a hombres y jóvenes afganos, los ataban y torturaban.

Después de que los militares abandonaban los pueblos de las víctimas, éstas «eran halladas muertos, con disparos en la cabeza y algunas veces vendados y degollados», según un documento publicado en el portal del Parlamento australiano.

Otro incidente descrito fue el de dos adolescentes de 14 años de los que el Ejército australiano sospechaba de ser simpatizantes de los talibanes, a los que se les cortó la garganta, tras lo cual sus cadáveres fueron arrojados en un río cercano.

La cadena australiana ABC también denunció presuntos crímenes de guerra perpetrados por los militares australianos en Afganistán, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, lo que llevó a la Policía a registrar su redacción tras la filtración en 2017 de los conocidos como «Archivos afganos» sobre estos abusos.

En mayo, ABC denunció que el llamado «Soldado C» presuntamente asesinó a tiros a un hombre con dispacacidad mental y desarmado en 2012 en una aldea de Afganistán, después de divulgar imágenes, grabadas aquel mismo año, en las que este mismo militar aparecía abatiendo a tiros a otro civil desarmado.

«Nos embarcamos en esta investigación con la esperanza de informar de que los rumores sobre los crímenes de guerra carecían de fundamento. Ninguno de nosotros deseó los resultados obtenidos. Todos estamos demoralizados», escribió el autor del informe, el general mayor Paul Brereton.

Rocío Otoya

(c) Agencia EFE