CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso guatemalteco dio marcha atrás a un polémico presupuesto de la nación para el próximo año cuya aprobación desencadenó protestas ciudadanas contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el Legislativo al criticar que recortaba fondos para la atención de la salud y la educación.

Apoyado por la junta directiva y aliados, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, informó que suspendían el trámite del presupuesto, que había sido aprobado por 116 de 160 diputados la madrugada del miércoles. Con la medida, el presupuesto no será enviado para su publicación o veto presidencial, con lo cual quedaría suspendido.

Sin embargo, no estaba claro aún qué pasará ahora con la política presupuestaria para el próximo año. Roberto Alejos, expresidente del Congreso y exconstituyente, dijo que la Junta Directiva del Legislativo por sí sola no puede detener el trámite del presupuesto.

Señaló que si bien los diputados mencionan un precedente de 2017 cuando dieron marcha atrás a una reforma a la justicia que también generó el repudio en la población, este no era el paso legal a seguir en el tema de la ley de presupuesto.

Para Alejos, lo que corresponde es que se deje que la ley llegue al Ejecutivo y que este la vete. Si eso no ocurre y la ley se publica y entra en vigencia, el Congreso posteriormente puede modificarla.

“Suponiendo que los diputados lo hicieron con buena intención (anunciar la suspensión), lo están haciendo es para darle la seguridad al pueblo y decirle que ya no hay presupuesto para bajar la tensión con la población, para quitarle esa papa caliente al presidente y que no sea él el que la vete”, afirmó.

Rodríguez, el líder del Legislativo, dijo que varios partidos políticos, que participaron en la aprobación, habían presentado algunas objeciones posteriores.

Samuel Pérez, diputado opositor y que votó en contra de la aprobación, dijo que la Junta Directiva y aliados querían modificar el presupuesto a su conveniencia, y dejó entrever que este fue apenas un punto que colmó la paciencia de los guatemaltecos, hastiados por otros problemas como la corrupción.

“No entendieron nada. El Presupuesto fue el extremo de su descaro, pero el problema es estructural, y lo tienen frente al espejo”, dijo Pérez en su cuenta de Twitter.

El sábado, un grupo de manifestantes furiosos incursionó al Congreso e incendió una parte de sus oficinas. Posteriormente, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a unas 10.000 personas que protestaban pacíficamente a unas cuadras en la Plaza de la Constitución.

Al menos 12 policías resultaron heridos, así como 15 de los manifestantes, dos de ellos de gravedad por los impactos de bombas lacrimógenas. Según reportes de los medios, hubo al menos una treintena de detenidos, aunque la gran mayoría han sido liberados por jueces al no encontrar pruebas contra ellos.

Giammattei denunció el domingo que las protestas pretendían darle un golpe de estado y pidió a la Organización de Estados Americanos que interviniese para lograr solucionar la crisis hasta ahora más grave de su gobierno.

El vicepresidente Guillermo Castillo, quien públicamente pidió a Giammattei que ambos presentaran su renuncia para salir de la crisis, dijo a periodistas que era importante abrir un proceso de diálogo que incluya a todos los sectores.

“No es posible seguir en estas condiciones, y necesitamos el desarrollo del país, (que) nos sentemos a encontrarle soluciones”, dijo.

“Lo que necesitamos es dialogar, es lo que las personas están queriendo, los sectores quieren ser escuchados, los golpes de estado ya no los da la población, los golpes de estado en muchos países que ustedes conocen se los dan los mismos gobernantes con sus reiterados actos de corrupción, su intolerancia a platicar con la población y decisiones equivocadas en contra del bien común”, agregó Castillo.

Varias organizaciones pidieron una investigación por lo que consideraron el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes, así como de los actos en que se incendió parcialmente el Congreso. También exigieron la destitución del ministro de Gobernación y del director de la Policía.

Bogotá.- (EFE).- Al menos ocho recolectores de café fueron asesinados en una finca del municipio colombiano de Betania, en el departamento de Antioquia (noroeste), hasta donde llegaron hombres que los tirotearon, confirmaron fuentes oficiales.

«Hombres fuertemente armados irrumpieron la madrugada de este domingo en una de las fincas cafeteras de la vereda (caserío) La Julia y dispararon a las personas que estaban en el alojamiento en donde había cerca de 14 recolectores, dejando como saldo siete muertos y tres heridos, pero uno de esos heridos falleció», dijo a Efe el alcalde de Betania, Carlos Mario Villada.

Villada explicó que en esta parte del país hay presencia del Clan del Golfo, la mayor banda de delincuencia surgida del paramilitarismo, y que está en disputa con una de sus disidencias por controlar la cadena del narcotráfico.

«Aquí tenemos una disputa entre el Clan del Golfo y Gaitanistas por plazas de microtráfico en el municipio y eso es lo que tiene alterada la situación de orden público», dijo el gobernante.

Villada detalló que en esta época del año en el departamento de Antioquia se está recogiendo la cosecha de café y eso explica la numerosa presencia de recolectores que se alojan en las fincas.

Por su lado, el comandante de la Séptima División del Ejército, el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, dijo en redes sociales que «ante información sobre un hecho violento en Betania, Antioquia, tropas del Ejército adelantan operaciones militares en el área para proteger a la población. Policía y Fiscalía investigan los hechos».

El alcalde Villada explicó también que debido a la situación de orden público hoy se realizará un Consejo de Seguridad en el que estará el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, entre otras autoridades.

De otro lado, cuatro personas fueron asesinadas el sábado por la noche en el caserío el Mango, que hace parte del municipio de Argelia, departamento del Cauca (suroeste).

Las personas asesinadas departían en un establecimiento comercial cuando fueron atacadas a tiros por desconocidos que huyeron en motocicletas.

Varios grupos armados al margen de la ley, entre ellos disidencias de las FARC, se pelean la zona donde existen cultivos de coca y numerosos laboratorios para el procesamiento de cocaína.

(c) Agencia EFE

(AFP).- Al menos 14 combatientes de las milicias proiraníes en Siria, en su mayoría iraquíes, murieron en bombardeos nocturnos contra sus posiciones en el este del país, informó este domingo la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

Esta organización atribuyó a Israel los ataques perpetrados en la provincia siria de Deir Ezzor, en la frontera con Irak. Por el momento, Israel no reaccionó ante estas informaciones.

«Más de una decena de bombardeos aéreos tuvieron como blanco posiciones de milicias proiranís» en los alrededores de Bukamal, ciudad situada muy cerca de la frontera, precisó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del OSDH.

Los bombardeos mataron a «ocho iraquíes y seis afganos», precisó.

El sector está dominado por las facciones proiraníes que cuentan a menudo con milicianos extranjeros.

Israel no reivindica sistemáticamente sus ataques en Siria, pero desde el inicio del conflicto en 2011 en este país, ha perpetrado cientos de bombardeos contra las fuerzas del régimen sirio, pero también contra las de sus aliados, Irán y el Hezbolá libanés.

En la provincia de Deir Ezzor, las fuerzas del régimen cuentan con el apoyo de milicias extranjeras, en especial combatientes iraquíes e iraníes.

En esta misma provincia también está presente una alianza de combatientes kurdos y árabes, apoyada por los aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

Esta coalición internacional antiyihadista también admitió que había atacado a fuerzas prorrégimen.

La guerra en Siria, que ha causado desde 2011 más de 380.000 muertos y millones de desplazados, se volvió más compleja con el paso de los años debido a la implicación de diversos actores y potencias extranjeras.

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La Paz.- (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, tuvo este sábado su primer encuentro público con el exmandatario Evo Morales tras su retorno a Bolivia, en una reunión de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), en el centro del país.

Arce y el vicepresidente del país, David Choquehuanca, acudieron al encuentro, convocado por Morales, que se realiza en un centro de convenciones en las afueras de la ciudad central de Cochabamba.

Arce y Morales se saludaron con un apretón de manos y un abrazo, en medio de aplausos y vítores de los militantes presentes en el salón.

La reunión, a la que asisten dirigentes sindicales, campesinos e indígenas afines al MAS, fue organizada para marcar las líneas del partido gubernamental hacia las elecciones subnacionales de 2021.

En su discurso, Arce aseguró estar «contento» de poder participar en la reunión nacional del MAS que «ha generado una gran expectativa», lo que, a su juicio, ratifica que ese partido es «la primera fuerza del país».

El gobernante recalcó la importancia de escuchar a las «bases» que piden «que se dé oportunidad a nuevos actores», a lo que los asistentes respondieron coreando «queremos gente nueva».

Entretanto, Morales agradeció a quienes votaron por su partido, lo que permitió al MAS volver al Gobierno y a él retornar a Bolivia después de un año.

Morales salió de Bolivia el 11 de noviembre de 2019, un día después de anunciar su renuncia asegurando que era forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de denuncias de fraude a su favor en las fallidas elecciones de octubre de ese año que son investigadas penalmente y que él niega.

El exgobernante estuvo primero en México y luego en Argentina, desde donde comandó la campaña electoral del MAS hacia los comicios generales del pasado 18 de octubre, en los que Arce ganó con el 55,1 %.

Morales sostuvo que una de las tareas que tienen ahora es «cuidar a Lucho presidente» y para lograrlo, deben asegurarse una amplia victoria en las elecciones subnacionales.

En estos comicios, convocados para el próximo 7 de marzo, se elegirá a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.

La meta fijada por Morales, que también reasumió la presidencia del MAS, es ganar siete de las nueve gobernaciones bolivianas y al menos 300 de las 337 alcaldías en disputa.

«Es el mejor blindaje para defender nuestro proceso y apoyar al compañero Lucho presidente», apuntó el exmandatario, quien también confesó que le «asusta» el plazo breve que resta para inscribir las candidaturas.

La inscripción de candidatos está fijada para los próximos 18 y 19 de diciembre, según el calendario electoral.

El salón donde se desarrollaba la reunión no alcanzó para acoger a toda la militancia que acudió, por lo que muchos se quedaron fuera.

Varios militantes no ocultaron su molestia con los medios de comunicación presentes, a los que tildaron de «prensa vendida» por su supuesto apoyo al Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.

(c) Agencia EFE

Miami.- Tres casos emblemáticos son el rostro de la campaña «Lápices Inmortales» de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para universalizar el tema de la violencia contra periodistas y honrar la vida de más de 600 asesinados y desaparecidos en las Américas desde 1987.

Este año la SIP adhiere con su campaña «Lápices Inmortales» el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas que se conmemora cada 2 de noviembre. El objetivo de la campaña es que el público firme peticiones para pedir al gobierno que acabe con la impunidad. Se pide a los medios utilizar los anuncios y banners disponibles aquí para unirse a esta campaña.

La campaña lleva el nombre de «Lápices Inmortales» porque el grafito de cada una de las unidades tiene incorporado el ADN de los periodistas Carlos Lajud asesinado en Colombia en 1993 y de Irma Flaquer de Guatemala y Alfredo Jiménez Mota de México, desaparecidos desde 1980 y 2005, respectivamente.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó que «para nuestra organización la impunidad que rodea a muchos crímenes contra periodistas es un tema de prioridad: así como la búsqueda de justicia y que se implementen cada vez más políticas que garanticen a los periodistas trabajar en ambientes seguros».

«Toda persona que repudie la impunidad, apueste a la justicia, a la protección de los periodistas y que desee honrar a las víctimas de la violencia, debería sumarse a la campaña», exhortó Canahuati, presidente de Grupo Opsa de San Pedro Sula, Honduras.