CARACAS, Venezuela.- (excelsior.com.mx).- «Señor, cuida a mi hijo», suplicó Miriam al escuchar disparos lejanos, pero la tragedia estaba consumada: Luis, su único hijo, moría a manos de un escuadrón policial que aterroriza a las barriadas de Venezuela.
Balazos en el tórax apagaron las vidas de Luis, Jesse, Cristian y decenas más presuntamente ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas en 2017.
La situación es tal que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió su «disolución» tras reunirse en junio con familiares de víctimas.
Desde 2018 la ONG de derechos humanos Cofavic, que asesora a los deudos, recibió información de 831 supuestas ejecuciones, la mayoría de hombres jóvenes, que implicarían a las FAES.
Amanecía el pasado 13 de mayo cuando un agente mató a Luis Ariza, de 21 años, en las Adjuntas, vecindario humilde de Caracas.
Un parte interno de las FAES conocido por la AFP asegura que Luis caminaba con un revólver en la mano y que, «haciendo caso omiso» a una orden de detenerse, disparó contra una comisión policial que lo abatió.
Pero familiares aseguran que, inerme, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.
La comisión lo vinculó con un homicidio, pero el mismo parte indica que la policía no tenía registrada el arma ni requería a Luis.
«Iba bajando a trabajar y cuando escucho el disparo sentí algo en el pecho. Lo único que dije fue ‘Señor, cuida a mi hijo'», recuerda entre largos silencios Miriam, empleada bancaria de 39 años que vive en el sector.
Luis había estado detenido tres meses en el marco de protestas opositoras que dejaron 125 muertos en 2017.
Bachelet documentó los casos de seis jóvenes «ejecutados por las FAES en represalia» por manifestaciones a inicios de 2019.
El presidente socialista Nicolás Maduro activó las FAES el 14 de julio de 2017, en plenas protestas, para «proteger al pueblo del crimen y bandas terroristas» que relacionó con la oposición.
Pero las denuncias de violaciones abundan: allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes, según Bachelet, oenegés, víctimas y documentos revisados por la AFP.
Bachelet teme que las FAES sean un «instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social», según dijo en julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Venezuela acaba de obtener una controvertida banca.
«Como (el gobierno) sabe que ha perdido popularidad en los barrios, para amedrentar manda a estos asesinos», afirma Carmen Arroyo, cuyo único hijo, Cristian Charris, fue baleado el 24 de septiembre de 2018.
Pero Maduro, respaldado por la Fuerza Armada en medio de la grave crisis socioeconómica, no se inmuta. «¡Todo el apoyo para el FAES! ¡Que viva el FAES!», arengó tras acusar a Bachelet de «mentir».
La AFP pidió al ministerio de Interior -del que dependen las FAES- un comentario sobre las denuncias de Bachelet, sin respuesta.
El gobierno reportó 17.849 muertes por «resistencia a la autoridad» entre 2016 y mayo pasado, que involucran a distintos organismos. Para Bachelet, muchas «pueden constituir ejecuciones extrajudiciales».
Una «reestructuración» de las FAES avanza, según fuentes oficialistas que denuncian «represión y abusos».
Venezuela sufre una epidemia de violencia. Según el más reciente informe de la ONU, registró 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, nueve veces la tasa mundial.
Las operaciones de las FAES -cuyo jefe Rafael Bastardo fue sancionado por Estados Unidos- se caracterizan por su «letalidad», asegura la ONG Provea.
Se ignora cuántos efectivos tienen, aunque Maduro anunció que en 2017 llegarían a 1.000.
De uniforme negro con una calavera bordada, encapuchados y con armas largas, toman barrios y retienen a la gente en sus casas, además de exhibir -según Cofavic- personas baleadas «para que sea ejemplarizante».
Al borde de la tumba, Ruth Pérez llora desconsolada a su sobrino Johander, «ejecutado» el 1 de noviembre de 2019 en una incursión de presuntos agentes de las FAES.
Fue sepultado al lado de su cuñado Wuilkerman Ruiz, fallecido en el mismo operativo en un edificio invadido en la favela caraqueña de Petare. Tenían 21 años.
Vecinos dijeron a la AFP haber visto a Johander arrodillado y con los ojos vendados. Luego, confinados en sus viviendas, escucharon balazos y al salir, encontraron el cadáver.
Según esas versiones, los policías lo acusaron de ladrón, lavaron el charco de sangre y movieron el cuerpo. En otro lugar caía Wuilkerman en similares circunstancias.
Ruth, de 35 años, ya perdió a otros dos familiares, según ella en ataques de las FAES.
Su hermano Jesse, albañil de 29 años, murió el 11 de julio de 2018 de un «proyectil único al tórax», dice el acta de defunción; a Yondris, su sobrino de 18, le dieron tres tiros el pasado 14 de agosto, cuenta Ruth, que atribuye este «ensañamiento» a represalias por sus denuncias.
Ruth creyó que mencionar a un agente su reunión con Bachelet salvaría a Yondris, a quien, sostiene, le fabricaron junto a Johander una acusación por posesión de drogas tiempo atrás.
«‘Esa maldita vieja que se meta en sus asuntos (…). Voy a matar a toda tu familia y la última vas a ser tú'», relata Ruth que le respondió. En vano, ha pedido protección oficial.
Entre sepulcros destruidos y un ambiente sórdido, los dolientes no pudieron ver por última vez a Johander y a Wuilkerman. Tras cuatro días de trámites y colectas para pagar los entierros, los cuerpos estaban descompuestos en bolsas negras.
La impunidad ronda 98% de los casos, señala Liliana Ortega, fundadora de Cofavic.
Pero la Fiscalía asegura que 353 agentes están presos y 695 acusados por homicidio, tortura, arrestos ilegales y violación de domicilio, con 109 condenas, en causas abiertas desde 2017.
La AFP consultó al organismo si hay procesados de las FAES, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el 28 de octubre anunció el enjuiciamiento de seis efectivos por un doble homicidio el 6 de marzo.
En el barrio La Lira, de Petare, Carmen Arroyo accedió al expediente de su hijo después de un año.
Barbero de 25 años y amante del baloncesto, Cristian murió de un disparo en el tórax cuando volvía a casa tras festejar su cumpleaños. Dejó tres niños que observan con naturalidad fotos suyas en el ataúd con el rostro herido.
Un testigo contó a Carmen que pidió manos en alto que no lo mataran.
Las FAES lo presentaron como un criminal, pero no tenía antecedentes según un oficio del CICPC (policía científica), también acusado de ejecuciones.
La familia denuncia que agentes pusieron un revólver cerca del cuerpo y que una experticia no halló concordancia entre la ubicación de éste y la del arma.
Intentando limpiar su nombre, muchos firmaron un acta en La Lira, donde niños aprovechan un repentino chaparrón para bañarse, pues el agua por tubería es un vago recuerdo.
Si «el policía que mató a mi hijo estuviera preso, tendría un poco de paz», dice Carmen, quien a sus 52 años estudiará abogacía buscando «justicia».
Parientes y amigos cuelgan cada fin de semana, en el enmallado de la cancha, la camiseta con la que jugaba Cristian, cuyo rostro pintaron en un mural. Para no olvidar.
