(Por. Sara España,Santiago Torrado.- EL PAÍS).- El aluvión de venezolanos que huyen de la crisis de su país ha ido comprometiendo la solidaridad de los Estados vecinos, que han endurecido las condiciones para atravesar sus fronteras. El último freno lo ha puesto Ecuador, que ha empezado a exigir visa desde la medianoche de este lunes. Con el argumento de garantizar una migración segura y poder atender a los venezolanos adecuadamente registrados en el país, el Gobierno de Lenín Moreno anunció el pasado 25 de julio la decisión de emitir y exigir una visa para extranjeros, una decisión que ha acelerado las llegadas de venezolanos.
En el último mes, la llegada de venezolanos a Ecuador se había duplicado y rondaba los 2.500 cada día. Este fin de semana, el último antes de la exigencia de la visa, el volumen de personas que atravesaron la frontera norte se duplicó, hasta las 11.000 en dos días, según las autoridades colombianas. Las numerosas filas confirmaron la previsión que hizo el Gobierno de Moreno y se prolongaron hasta la madrugada en el puente internacional de Rumichaca, repitiéndose escenas de meses atrás con familias con mochilas, mantas y otros enseres personales que llegaban a la carrera antes de que se cerrara el paso migratorio. Para evitar situaciones de desprotección, Quito aclaró que aceptaría la entrada de aquellos desplazados que tuvieran el sello de salida de Colombia con fecha anterior al 26 de agosto, pese a que ingresaran en territorio de Ecuador después de la hora límite.
Visado gratuito, pero 50 dólares por el trámite
Hasta ahora, los venezolanos podían ingresar al país presentando documentos de identidad, pero desde este lunes necesitan tramitar una visa que les garantizará el acceso a las prestaciones de ayuda de Ecuador. Para obtener el permiso, hay que hacer un trámite a través de la página web de los consulados. El visado es gratuito, pero el trámite cuesta 50 dólares (45 euros), una cantidad más que respetable en la Venezuela de hoy. Se aceptan pasaportes caducados —hasta un máximo de cinco años— y se exige un certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por las autoridades venezolanas. Será válido por dos años.
El precio del trámite ha desalentado a los migrantes que llegan con el dinero justo. «Hay muchas personas que no tienen, llegamos aquí con ayuda, y la verdad es que no me parece justo», subraya Adriana Romero en declaraciones a la agencia Efe. Ella fue una de las que consiguió atravesar la frontera después de la medianoche con su marido y sus dos hijos.
Por decreto ejecutivo, el presidente Moreno dispuso, además, la regularización de los venezolanos que ya estaban en Ecuador antes del 26 de julio —cuando se anunció la medida— y que no tienen documentos migratorios en regla. Se les dará un permiso temporal de residencia a partir de octubre con la condición de que no hayan infringido las normas ecuatorianas. El objetivo del Gobierno es medir la magnitud del éxodo venezolano y controlar a quienes se quedan en su territorio. La mayoría de venezolanos que llegaron al país salieron por la frontera sur, en tránsito hacia Perú o Chile. Aun así, las cifras oficiales estiman que Ecuador ha acogido a 300.000 desplazados desde que comenzó el fenómeno migratorio, una cifra que se espera que acabe alcanzando el medio millón de personas.
Cuello de botella en la frontera colombiana
Miles de venezolanos atraviesan a diario el territorio colombiano en autobús, a pie o haciendo autostop, para llegar hasta Rumichaca. Colombia, que comparte 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, es por mucho el principal receptor de la diáspora: ya acoge más de 1,4 millones de ciudadanos del país vecino, empujados por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad. Ese flujo migratorio se desborda hacia Ecuador, y de ahí a Perú, Chile o Argentina. Ante la emergencia humanitaria y la parálisis de las autoridades venezolanas en la emisión de documentos, Bogotá ha tenido una política de puertas abiertas y flexibilidad migratoria que comienza a contrastar con el resto de la región. El Gobierno de Duque ha pedido en incontables ocasiones mayor colaboración de la comunidad internacional.
En ese contexto, el éxodo venezolano se ha encontrado de tiempo atrás con un cuello de botella en la otra frontera colombiana con Ecuador. El flujo masivo a través del cruce fronterizo en el puente de Rumichaca —entre Ipiales y Tulcán— alcanzó un nuevo pico a raíz del anuncio de Quito, con más de 4.500 venezolanos solo este domingo y más de 37.000 en la última semana, de acuerdo con la autoridad migratoria colombiana. En total son 85.000 —430.000 en lo que va de año— los venezolanos que han cruzado ese puente desde que se anunció la medida a finales de julio. En Ipiales, la alcaldía declaró el viernes el estado de «calamidad pública» para evitar una emergencia sanitaria y ha establecido un plan de contingencia con seis albergues con capacidad máxima de 700 personas.
«Respetamos las decisiones de cada país, pero insistimos en que imponer medidas drásticas como las visas o llegar a cerrar una frontera, no es la solución para atender una población que está muriendo de hambre, que está padeciendo necesidades. Por el contrario, ese tipo de medidas lo que incentiva es la irregularidad, el cruce por pasos no autorizados, y la corrupción, pues la migración, cuando es por necesidad, no se detiene», ha declarado Christian Krüger, director de Migración Colombia.
