MANAGUA.- (Por GABRIELA SELSER.- AP) — El obispo auxiliar de Managua, abierto crítico del gobierno de Daniel Ortega, abandonó el martes Nicaragua tras un requerimiento del papa Francisco para ser transferido al Vaticano por tiempo indefinido.
“Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua”, dijo Silvio Báez a periodistas y a algunos simpatizantes en el aeropuerto de Managua. Báez ofició su última misa el domingo sin revelar la fecha de su viaje.
Ninguno de los miembros de la Conferencia Episcopal despidió a monseñor Báez en la terminal aérea. El religioso, de 60 años, dijo que les dejó una carta a sus colegas obispos.
“Me duele irme, pero mi corazón queda aquí también y estaré siempre pendiente (de Nicaragua). Las veces que sea necesario y que el papa Francisco me pida hablar con él, le daré mi visión de la realidad de la manera más objetiva posible”, afirmó.
El obispo indicó que compartirá unos días con familiares en Miami antes de viajar a Roma.
El traslado del religioso se anunció hace dos semanas y causó preocupación y sorpresa entre la oposición, así como celebraciones entre los allegados a Ortega.
Monseñor Báez participó el año pasado como mediador durante un breve primer diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis que estalló en abril. Ortega, quien invitó a la Iglesia como mediadora del proceso, posteriormente criticó a los obispos y los acusó de planear un golpe de Estado.
Báez y otros obispos fueron agredidos por simpatizantes del gobierno y amenazados de muerte. Este año el obispo de Managua no fue invitado a participar en una nueva ronda de negociaciones en las que el Vaticano participa como “testigo y acompañante” junto a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En sus últimas declaraciones en el aeropuerto, el prelado dijo que desea para Nicaragua “una sociedad fundada en la justicia social de la que brota la paz verdadera, donde la pluralidad ideológica no sea un delito sino una riqueza para construir un país y donde todos sepamos poner las ideas y los bienes materiales de todos en común, sin egoísmos, por el bien del país”.
Reveló que recibió una carta de despedida y de agradecimiento en nombre de las personas detenidas por participar en las protestas. “Los presos políticos no tienen que agradecer, somos nosotros los que debemos agradecerles a ellos por resistir… deseo que se les respete su dignidad y que salgan libres lo más pronto posible”, añadió.
“Mi corazón está muy dolido por la gente que ha sufrido, por los nicaragüenses que han muerto, por los que son reprimidos constantemente”, dijo Báez.
A los miembros de la opositora Alianza Cívica les recomendó ser “firmes” pero sin “romper el diálogo, porque les van a echar la culpa” si éste fracasa e instó a la población a apoyar a los negociadores de la oposición porque “están haciendo lo mejor que pueden”.
La actual negociación se encuentra en suspenso. La Alianza Cívica se reunió el martes con los testigos y acompañantes, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el funcionario de la OEA, Luis Rosadilla, para anunciarles que no continuará negociando mientras Ortega no cumpla con la liberación de más de 600 presos y el restablecimiento de las libertades fundamentales, restringidas desde el año pasado.
“En lugar de ir a escuchar promesas de implementación (de los acuerdos) queremos actos de implementación”, dijo el catedrático Carlos Tunnermann, uno de los negociadores de la oposición, en declaraciones a periodistas.
En una carta distribuida a la prensa, la Alianza Cívica advirtió que el gobierno no ha dado muestras de voluntad ni ha cumplido lo pactado, mientras persisten los arrestos de personas vinculadas con la oposición por parte de paramilitares armados que cooperan con la policía.
«En esta relación dejamos constancia con absoluta claridad que la implementación de estos acuerdos debió producirse hace varias semanas atrás y que su falta de concreción lo que evidencia es la falta de voluntad de sostener una negociación real”, señaló el documento.
Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril del año pasado contra los recortes a la seguridad social y derivaron después en un reclamo por la renuncia de Ortega.
La crisis derivada de las protestas dejó al menos 325 personas muertas y más de 2.000 heridas, mientras que más de 52.000 han huido del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La oposición asegura que más de 700 personas han sido detenidas por motivos políticos, pero el gobierno señala que la cifra es mucho menor.
