La justicia de EEUU apunta a la certificación del 737 MAX de Boeing

(Por Delphine TOUITOU con Luc OLINGA en Nueva York,AFP).- Boeing y las autoridades estadounidenses están en una posición cada vez más delicada, tras el pedido de la justicia de que aclaren el estado de la certificación del modelo 737 MAX tras los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines con cuatro meses y medio de diferencia.

El 11 de marzo, un día después de la tragedia del vuelo de Adís Abeba-Nairobi, la justicia recurrió al menos a una persona involucrada en el desarrollo del programa 737 MAX para que proporcione documentos, incluyendo cartas, correos electrónicos y otros mensajes, reveló The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas al caso.

Los documentos deben presentarse este mismo mes, dice el WSJ.

La crisis de Boeing «toma un giro completamente nuevo con la investigación penal», opinó Scott Hamilton, experto aeronáutico de Leeham Company. «A diferencia de Francia, donde las investigaciones criminales son habituales cuando se produce un accidente aéreo, eso es muy, muy raro en Estados Unidos», dice, recordando un solo precedente, el de ValuJet en 1996, que mató a 110 personas en Florida.

Mientras tanto, el Departamento de Transporte estadounidense está realizando una investigación sobre el proceso de aprobación por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) del 737 MAX, informó también el WSJ el domingo. Se centra en particular en el sistema de la aeronave para evitar su desestabilización, conocido como «MCAS» (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Con este marco, el CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, intentó este lunes reafirmar en un video el compromiso de la firma con la seguridad aérea, en tanto anunció que «pronto divulgaremos una actualización del software y del entrenamiento para pilotos del 737 MAX que abordará las preocupaciones planteadas».

Un 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines se estrelló el 10 de marzo al sureste de Adís Abeba, matando a 157 personas; mientras que un Lion Air 737 MAX 8 cayó en el mar de Java a fines de octubre, dejando 189 muertos.

Si bien las conclusiones finales de la investigación no se conocerán hasta dentro de varios meses, las autoridades etíopes dijeron el domingo que había «similitudes» entre los dos accidentes: ocurrieron minutos después del despegue tras trayectos de vuelo erráticos.

La oficina francesa de investigación y análisis (BEA), que ha descifrado las cajas negras de la aeronave, dijo el lunes también que «los equipos de investigadores observaron claras similitudes entre los vuelos Ethiopian Airlines 302 y Lion Air 610».

Estas tragedias llevaron a la suspensión de uso de los 737 MAX en todo el mundo, una decisión sin precedentes para un avión que entró en servicio hace menos de dos años.

  • ¿Auto-certificación? –

Consultada el lunes, la FAA, regulador del transporte aéreo estadounidense, no comentó sobre las investigaciones en curso, limitándose a afirmar que la certificación del 737 MAX, una versión rediseñada del avión más vendido de Boeing, el 737, se llevó a cabo de acuerdo con las reglas.

«El 737 MAX fue certificado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de acuerdo con los requisitos y procesos que rigen la certificación de todas las aeronaves fabricadas por Boeing, nuevos modelos y variantes», aseguró también el fabricante de aeronaves.

Y agregó que la FAA «examinó la configuración final y los parámetros operativos del sistema MCAS durante la certificación del Boeing 737 MAX, y concluyó que este sistema cumple con todos los requisitos reglamentarios y de certificación aplicables».

De acuerdo con documentos disponibles en el sitio web de la FAA, el 737 MAX se certificó como una variante del 737 NG, avión al que reemplaza. Por eso, no fue inspeccionado en su totalidad, ya que la FAA no consideró necesario revisar algunos sistemas. Esto no es inusual en aeronáutica cuando se trata de un avión que no es completamente nuevo.

Más inconveniente es, según fuentes concordantes, que ante los recortes presupuestarios y la falta de expertos el regulador haya delegado a los empleados de Boeing la certificación del MCAS.

Este sistema fue diseñado específicamente para que el 737 MAX compensara el hecho de tener motores más pesados que los instalados en el 737 NG y que, por lo tanto, generan un mayor riesgo de desestabilización.

El lunes, la FAA le dijo a AFP que ya había aprobado la revisión de algunos sistemas, incluido el MCAS que Boeing está desarrollando.

Por otro lado, no pudo decir qué medida tomó entre el accidente de Lion Air y el de Ethiopian Airlines.

Según un experto aeronáutico que solicitó el anonimato, los cambios estaban listos para fines de año, pero el cierre parcial de las administraciones estadounidenses en diciembre y enero habría retrasado su aprobación e instalación en los aviones.

Peter DeFazio, presidente de la Comisión de transporte de la Cámara de Representantes estadounidense, planea iniciar una investigación sobre la certificación del 737 MAX, según fuentes parlamentarias, que agregaron que no se descartan audiencias públicas de funcionarios de la FAA.

El Parlamento acuerda reincorporar a militares que desconozcan a Maduro

Caracas.- (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó este martes un acuerdo para que los militares que desconozcan al mandatario, Nicolás Maduro, sean reincorporados a la Fuerza Armada respetando sus derechos, grado y condecoraciones.

«Se garantiza que cada ciudadano profesional militar que decida actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer en lo adelante a quien usurpa el poder en nuestra patria será igualmente reincorporado a la Fuerza Armada Nacional», dice el acuerdo aprobado por la mayoría opositora del Legislativo.

El documento, titulado «Acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la Fuerza Armada», señala también que se les respetarán «todos sus derechos» tanto «en grado como en condecoraciones».

El Legislativo ya aprobó en enero pasado una ley de amnistía para los militares que decidan «defender» la Constitución y desobedecer a Maduro, pero en el documento de hoy se les indica a los funcionarios castrenses que se les «respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos» para la institución.

«Muy especialmente, no se le exigirá a ninguno de los profesionales militares ni a la institución el favorecer o pertenecer a una organización política. Se garantiza que solo estarán al servicio de la nación», añade al señalar que no estarán bajo dominación extranjera.

Asimismo, el Parlamento señaló que está en disposición de aprobar reformar legales para dar «estabilidad e independencia» a los militares y garantizarles mejores niveles de vida.

En el acuerdo también se declaró nula la degradación y expulsión de más de 100 miembros de la Fuerza Armada que fue decretada por el Gobierno el pasado 27 de febrero a través de la gaceta oficial, y por tanto se ordenó la reincorporación de estos militares.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de país, recordó a los militares que serán amnistiados si desconocen a Maduro.

Venezuela vive desde enero pasado una nueva fase de crisis política, pues la oposición, liderada por Guaidó, ha elevado la presión contra Maduro, a quien consideran un usurpador por haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos.

EE.UU. sanciona a empresa estatal de Venezuela que opera en el sector del oro

(EFE).- El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a la empresa estatal de minería de Venezuela, conocida como Minerven, que opera en el sector del oro, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo.

«Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental», apuntó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Minerven, propiedad del Estado venezolano y con sede en El Callao (Venezuela), se dedica a explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, en el sur del país.

En un comunicado, Mnuchin consideró que «el régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela, a la vez que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat».

En los últimos meses, el Gobierno estadounidense ha aumentado la presión contra los funcionarios venezolanos relacionados con Maduro y ha advertido de que Venezuela recurre de manera creciente al comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad para financiar supuestas redes de corrupción.

«La minería y la posterior venta de oro han sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano», argumentó hoy martes el Tesoro.

El Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, denunció que estos mineros y sus comunidades «están expuestos a abusos ambientales», ya que se utilizan elementos tóxicos peligrosos, como el mercurio, en el proceso minero.

Como consecuencia de las sanciones, quedan congelados los activos que estas entidades e individuos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíben transacciones financieras con ellos.

En enero, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, avisó de que EE.UU. está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela, después de imponer más sanciones a la petrolera estatal Pdvsa.

EE.UU. ya anunció sanciones a aquellos ciudadanos y empresas estadounidenses que hagan «transacciones fraudulentas y corruptas» con oro venezolano en noviembre, aunque hasta ahora no había impuesto restricciones a los negocios ilícitos con ese sector.

El Gobierno de Nicaragua pide «seriedad y responsabilidad» a la alianza opositora

Managua.- (EFE).- El Gobierno de Nicaragua exigió este lunes «seriedad y responsabilidad» a la opositora Alianza Cívica con la que mantienen unas negociaciones para superar la crisis que estalló hace casi un año y que ha dejado cientos de muertos, detenidos y miles en el exilio.

En un comunicado, la delegación que representa al Gobierno de Daniel Ortega ante la mesa de conversaciones tildó de «inconcebible, contradictoria e insólita» la actitud de miembros de la Alianza Cívica que el sábado pasado «formaron parte de una provocación y alteración del orden público y de la seguridad de las familias nicaragüenses».

«La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional espera de la contraparte seriedad y responsabilidad, que muestre el compromiso sincero de conversar y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua», señaló el Ejecutivo en la nota leída ante los medios por el canciller Denis Moncada.

Este comunicado gubernamental fue difundido mientras las representaciones de Ortega y de la Alianza opositora mantenían este lunes una nueva reunión en el marco de las negociaciones que instalaron el pasado 27 de febrero.

Los opositores a Ortega intentaban manifestarse el sábado en Managua para pedir la liberación de cientos de «presos políticos», aunque las fuerzas policiales habían prohibido la protesta porque constituían «la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua luto, aflicción, dolor, y han dejado tantas pérdidas de vidas, de bienes públicos y privados, y graves afectaciones a la economía nacional».

La Policía Nacional detuvo temporalmente al menos a 107 personas que intentaban protestar, según datos de esa institución, o 164 de acuerdo con el movimiento que convocó a una marcha, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que además reportó seis heridos a causa de los disparos realizados por los agentes.

También se denunciaron agresiones de oficiales a periodistas y su irrupción a centros de comercio privados para capturar a los manifestantes, así como el asedio por varias horas en los edificios a los que no pudieron arrestar.

Por otro lado, el canciller nicaragüense afirmó que es «falso» el dato de que existen «más de 700 presos» opositores, como sostiene la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

«El Sistema Penitenciario (Nacional) dará a conocer los datos objetivos sobre los presos», anunció Moncada.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos y la Alianza Cívica.

El Gobierno de Ortega reconoce 340 detenidos por su participación en el «fallido intento de golpe de Estado», como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018, y los llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».

Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199.

Un grupo de expertos internacionales, tutelados por la CIDH, han insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.

Perú: Keiko Fujimori se niega a declarar por caso Odebrecht

LIMA (AP) — Frente a las denuncias, el silencio.

Encarcelada mientras es investigada por presuntamente lavar dinero de la empresa brasileña Odebrecht, la líder opositora Keiko Fujimori decidió no declarar el lunes en un interrogatorio por el caso.

El fiscal del caso, José Domingo Pérez, confirmó la negativa a declarar de la política opositora tras salir de la cárcel de mujeres donde había llegado para tomar las declaraciones de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Pérez añadió que las preguntas estaban relacionadas a las investigaciones con las que se busca determinar el origen del dinero que Fujimori, de 42 años, usó en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Decenas de simpatizantes de Fujimori forcejearon con la policía para acercarse al fiscal Pérez, a quien le gritaron “desgraciado” y le arrojaron botellas con agua. El fiscal cayó al piso y luego se levantó sobándose la nuca, según imágenes fotográficas difundidas por los medios locales. La fiscalía indicó luego que Pérez y una fiscal adjunta que lo acompañaba presentaron una denuncia por la agresión ante una comisaría policial cercana a la cárcel.

En varios mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, la política señaló que “después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad”. No indicó si sólo se mantendrá en silencio para la presente diligencia o en las sucesivas que ocurrirán en adelante.

Pérez, fiscal que también investiga al expresidente Alan García por sus presuntos nexos con Odebrecht, se ha convertido en centro del desprestigio de los simpatizantes de ambos políticos.

En abril el fiscal Pérez y otros investigadores del caso Odebrecht interrogarán a Jorge Barata, uno de los exejecutivos más importantes de la constructora en Perú.

La oposición, que está en manos del fujimorismo y los aliados de Alan García, interpelarán el jueves al ministro de Justicia Vicente Zeballos por estar en contra del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la fiscalía. Los analistas afirman que este gesto busca golpear al gobierno del presidente Martín Vizcarra quien apoya las investigaciones anticorrupción.

El caso Odebrecht remece a la élite política de Perú, al igual que otros países de la región, luego que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.

Maduro pidió la renuncia a todo su gabinete tras el masivo apagón en Venezuela

(Redacción iProfesional).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió la renuncia de todo su gabinete luego del masivo apagón eléctrico que sufrió el país.

Así lo informó el domingo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a través de Twitter.

El anuncio llega diez días después de que un corte generalizado de luz paralizara el país durante una semana.

El mandatario chavista lo atribuyó a «ciberataques» de los Estados Unidos con respaldo de la oposición, aunque el sábado, durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas, prometió ir a una «transformación profunda» de las empresas del sector.

Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, general Luis Motta, los atribuye a sabotajes de la oposición, que por su parte denuncia el abandono de la infraestructura y corrupción.

El del 7 de marzo afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas, provocando la interrupción del suministro de agua y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de dinero en efectivo.

Asimismo, más de 20 personas murieron en los hospitales ante la falta de atención. El régimen, no obstante, desmiente que se hayan registrado muertos.

Recién cinco días después de la falla, Maduro anunció que el servicio de energía había sido restablecido en casi toda Venezuela.

La emergencia obligó a suspender la jornada laboral hasta el pasado jueves, mientras que las clases se reanudarán este lunes.

Cambios en el gobierno chavista

Si bien Rodríguez no dio detalles de los cambios que se darán, generalmente suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos.

Las movidas más recientes se produjeron a medidos de junio de 2018, luego de las fraudulentas elecciones en las que el dictador fue reelegido para el período 2019-2025.

Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tareck El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban «una revolución económica», en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación.

La reestructuración del gabinete también se produce en medio de la presión local y externa liderada por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.

Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero ante un multitud, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara «usurpador» a Maduro por estimar «fraudulenta» su reelección el 20 de mayo de 2018.