(Europa Press).- Estados Unidos se ha desvinculado este martes del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado 22 de febrero y ha subrayado que el Gobierno de Donald Trump «no tuvo nada que ver con esto».

Preguntado al respecto, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Palladino, se ha remitido este martes a las autoridades españolas para conocer «cualquier detalle» al respecto de este incidente ya que son quienes «están investigando».

«El Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con esto», ha subrayado en cualquier caso después de que se haya conocido que el asalto a la Embajada se atribuye a una organización criminal formada por diez personas cuyo líder, un mexicano residente en EEUU, contactó después con el FBI para informar sobre los hechos.

Según se desprende de las actuaciones tras levantarse el secreto de sumario, el día 27 de febrero, cuando no había pasado ni una semana desde el asalto, el cabecilla se puso en contacto con el FBI desde Nueva York para informar.

Cuando no había pasado ni una semana desde el asalto, el cabecilla se puso en contacto con el FBI desde Nueva York para informar

Dijo, tal y como recoge el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que contó su entrada al edificio y su huida posterior «dando superficiales detalles», como que buscaban dentro «armas y otras cosas».

Finalmente, Palladino ha incidido en que EEUU «siempre pide la protección de las Embajadas pertenecientes a cualquier misión diplomática en todo el mundo». «Estamos obligados a ello por los tratados internacionales y la práctica», ha apostillado.

(EFE).- La Cancillería rusa defendió hoy la presencia de militares rusos en Venezuela, que ha sido muy criticada por Estados Unidos y la oposición venezolana.

«La presencia de especialistas rusos en territorio de Venezuela es regulada por el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar suscrito en mayo de 2001 por los Gobiernos de Rusia y Venezuela y que fue ratificado en su momento por ambos países», dijo María Zajárova, portavoz rusa de Exteriores, en un comunicado.

La diplomática precisó que el cumplimiento del acuerdo no necesita de la «aprobación adicional» de la Asamblea Nacional de Venezuela, que está encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino del país latinoamericano.

«Rusia desarrolla la cooperación con Venezuela en estricta consonancia con la Constitución de ese país y en pleno respeto de su legislación», destacó.

Zajárova subrayó que Moscú «tiene intención de continuar construyendo una cooperación constructiva tanto con Venezuela, que es socio estratégico de Rusia, como con otros países de América Latina y del Caribe».

A su vez, refutó las críticas vertidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó este lunes de «inadmisible» la llegada de tropas rusas a Venezuela para prestar apoyo al «régimen usurpador» del presidente Nicolás Maduro.

La portavoz de la Cancillería opinó que la OEA, a la que calificó de «órgano técnico», no es quien para ordenar a un país soberano con quien cooperar.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió el lunes en conversación telefónica a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia «exacerba» la tensión en Venezuela.

«La inserción continua de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela pone en riesgo que se prolongue el sufrimiento del pueblo de Venezuela que respalda de forma apabullante al presidente interino Juan Guaidó», dijo.

En respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que los intentos de EEUU de orquestar un golpe de Estado en Venezuela son una «abierta injerencia» y una violación de los estatutos de la ONU.

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, defendió la cooperación militar que mantiene con Rusia para la «protección del pueblo».

«La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y mantendrá la cooperación militar con sus aliados en el mundo, para fortalecer los métodos de protección del pueblo y el territorio venezolanos ante cualquier agresión externa», indicó en Twitter.

El domingo, dos aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas, informaron medios de comunicación locales y un legislador opositor.

De acuerdo con el diario El Nacional, casi un centenar de militares rusos llegaron al país suramericano con 35 toneladas de material no especificado.

Panamá.- (EFE).- El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, elevó este jueves su protesta por la detención de Roberto Marrero, el jefe de despacho del gobernante interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dijo que la misma «atenta contra una salida pacífica» a la crisis venezolana.

Guaidó denunció este jueves la detención de Marrero en el barrio Las Mercedes, de Caracas, y exigió su inmediata puesta en libertad.

«La detención de Roberto Marrero, Jefe de Gabinete del Presidente @jguaido es inaceptable y atenta contra una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Exigimos su inmediata liberación», escribió el presidente panameño en su cuenta de Twitter.

En un audio difundido por redes sociales, Marrero dijo antes de ser detenido que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habían irrumpido en su vivienda.

«No se detengan, cuiden al presidente, fuerza y fe», indicó el jefe del despacho.

En Twitter, Guiadó escribió: «Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino».

Mientras Guaidó denunciaba la detención, Venezuela está pendiente del nuevo gabinete del gobernante Nicolás Maduro, que se espera desde inicios de semana.

Panamá, como parte del Grupo de Lima, no reconoce a Nicolás Maduro como jefe del Estado desde que asumiera en enero pasado un segundo mandato consecutivo, sino al opositor Guiadó, presidente del parlamento venezolano.

El presidente Varela recibió este lunes las cartas credenciales de Fabiola Zavarce como embajadora designada por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

La representante de Guaidó fue recibida con todos los honores oficiales a su llegada a la sede del Palacio de las Garzas (casa de Gobierno), y con el Himno Nacional de Venezuela «Gloria al Bravo Pueblo» interpretado por la Banda Republicana de Panamá.

La abanderada del autoproclamado presidente interino de Venezuela, en una breve declaración a los periodistas, agradeció a las autoridades panameñas «por este reconocimiento y esta reivindicación en esta lucha por la democracia» en Venezuela.

Sao Paulo.- (EFE).- Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer se encuentran en las antípodas de la política pero ambos, a ojos de la Justicia, tienen algo en común: están acusados de liderar organizaciones delictivas en Brasil.

Temer, detenido este jueves por corrupción, alcanzó la Presidencia en 2016 tras el juicio político a Dilma Rousseff, despojada del poder por el Congreso, en medio del descontento de miles de brasileños hartos de la corrupción y la crisis económica atribuida al Partido de los Trabajadores (PT).

Mientras el izquierdista PT cerraba de forma forzosa trece años de poder, su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzaba a ser cercado por sospechas de corrupción y una dura acusación por parte de la Fiscalía, la de ser «comandante máximo» de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras y el jefe de «sobornocracia».

Lula, el político más carismático de la historia de Brasil (2003-2010), acusó a la justicia de iniciar una persecución política en su contra, al tiempo que apuntaba el dedo hacia el Gobierno de Michel Temer al tacharlo de «golpista».

Las sospechas por corrupción no tardaron en planear sobre Temer, quien quedó contra las cuerdas después de una explosiva revelación realizada por los dueños del gigante cárnico JBS y que le convirtieron en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser denunciado formalmente por la Fiscalía por asuntos de corrupción.

El entonces presidente se valió de su astucia política para conseguir apoyo en el Congreso y frenar así dos de las tres denuncias presentadas por la Fiscalía durante el ejercicio del poder, pero los procesos, junto a otros anteriores, fueron remitidos a primera instancia una vez que perdió el fuero privilegiado tras dejar la Presidencia, el pasado 1 de enero.

Mientras Temer hacía malabarismos para impedir el avance de las denuncias y mantenerse con vida en el Gobierno, el expresidente Lula fue detenido en abril por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento en la costa de Sao Paulo por parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos.

Casi un año después del encarcelamiento de Lula, Temer se convirtió en el segundo expresidente de la historia de Brasil arrestado por delitos de corrupción.

Al igual que Lula, la Fiscalía le acusó ser el «líder de una organización criminal» que incurrió en los crímenes de corrupción, malversación y lavado de dinero y «el principal responsable por los actos de corrupción» descritos.

La investigación en este caso se basó en la denuncia hecha por el propietario de la empresa Engevix, José Antunes Sobrinho, que aseguró que pagó sobornos para adjudicarse un contrato en la construcción de la central nuclear Angra 3 y que estos pagos para favorecer a líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) eran de conocimiento de Temer y del exministro Wellington Moreira Franco.

A pesar de los desencuentros políticos protagonizados en los últimos años a raíz del impeachment a Dilma Rousseff, el antiguo líder sindical y el abogado constitucionalista se han visto derrotados políticamente por el mismo escándalo, la Lava Jato.

La mayor operación contra la corrupción de Brasil, que comenzó en 2014 como una pequeña investigación de blanqueo de capitales en un puesto de lavado de coches, ha determinado el destino de esos dos animales políticos.

Lula cumple desde el pasado 7 de abril una condena de doce años y un mes en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), mientras que Temer ha sido objeto de una orden de arresto preventiva y, según lo establecido por la justicia, será encarcelado en Río de Janeiro.

Managua.- (EFE).- El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de personas arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, rechazó este jueves el acuerdo entre el Gobierno y una alianza opositora, de liberar a los reos en un plazo de tres meses, en el marco de las negociaciones para superar la crisis local.

«Demandamos que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se liberen a todas y todos los presos políticos», informó el Comité, en un comunicado.

Ayer miércoles el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron la liberación de los presos y detenidos en el contexto de las manifestaciones contra Ortega a partir del 18 de abril de 2018, en un plazo máximo de 90 días.

Las partes no informaron el número de «presos políticos» que será tomado en cuenta, ya que por un lado el Comité cuenta 802, mientras que el Gobierno establece la cifra en 340. Tampoco mencionaron nada sobre personas desaparecidas que podrían estar en prisión.

El acuerdo no tomó en cuenta la exigencia del Comité y de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo la misma Alianza Cívica, de no iniciar las negociaciones con manifestantes en prisión por temor a que el Gobierno los utilizada como rehenes y únicamente los liberara de acuerdo con sus necesidades.

«Demandamos la liberación de todas y todos los presos políticos a través de la anulación de los procesos judiciales. No apoyaremos ninguna solución que lleve a la impunidad», agregó el Comité.

Los familiares de los «presos políticos» también exigieron conocer el calendario de liberación de presos, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo pidieron que tanto la Cruz Roja Internacional, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y el Comité, formen parte de las negociaciones, como garantes de la liberación.

La crisis que vive Nicaragua desde abril ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, y Ortega, quien alega un intento de golpe de Estado en su contra, acepta 199.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.