Un tsunami provoca al menos 222 muertos y casi 843 heridos en Indonesia

(Por. Xavier Fontdeglòria, Agencias).- Al menos 222 personas han muerto y casi 843 han resultado heridas después de que un tsunami golpeara este sábado las costas del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia. Decenas de edificios han resultado dañados por la fuerza del mar, que ha golpeado a las playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java. Las autoridades han avisado de que el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas. La principal hipótesis de las autoridades es que el fuerte oleaje se originó debido a la actividad del volcán Anak Krakatoa, situado en una pequeña isla en ese estrecho.

La cifra de víctimas fue confirmada este domingo la Agencia Nacional de Gestión de Desastres a través de su portavoz, Sutopo Purwo Nugroho, que ha informado asimismo de otras 35 personas desaparecidas. El tsunami, que llegó a la costa entre las 21:27 hora local y las 21:35 del sábado dependiendo de la zona, ha afectado especialmente a la región costera de Pangdeglang, un polo turístico popular entre los locales por sus playas que está situado en la isla de Java, a unos 200 kilómetros de Jakarta, la capital del país. Allí se han registrado al menos 92 muertos, mientras que el número de víctimas en Lampung sur, en el otro lado del estrecho, asciende a 35. Centenares de casas han sido gravemente dañadas por el oleaje.

Las autoridades han informado de que ha comenzado el reparto de ayuda logística hacia las zonas más afectadas, pero advirtieron que la principal vía de acceso está dañada por el tsunami. También están en marcha las tareas de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas entre los escombros de los edificios que se han derrumbado.

Las autoridades investigan las causas del maremoto, que no se produjo a raíz de un seísmo. “Un tsunami es un fenómeno raro en el estrecho de Sonda. La erupción del monte Anak Krakatau no es significativa. El temblor es continuo, pero no ha habido frecuencias tan altas. No hubo ningún terremoto en ese momento que provocara el tsunami, y esa es la principal dificultad para determinar las causas del incidente”, dijo el portavoz.

Todo indica, según apuntó Purwo Nugroho, es que la erupción del Anak Krakatoa (hijo del volcán Krakatoa que explotó en 1883 con consecuencias desastrosas y que forma una pequeña isla en el estrecho de la Sonda) haya provocado un deslizamiento de tierra submarino que, junto a las marejadas debido a la luna llena, aumentara la fuerza de este repentino tsunami. Las autoridades han detectado una creciente actividad en este volcán durante los últimos meses, siendo la última erupción este viernes, cuando durante algo más de dos minutos expulsó cenizas que alcanzaron una altitud de 400 metros por encima de su cima.

Al no haber ocurrido ningún temblor significativo en la zona, las autoridades indonesias aseguraron en un primer momento que no se trataba de un tsunami, sino simplemente de un aumento de la marea, y pidieron a la población que no entrara en pánico. «Si hubo un error al principio, lo sentimos», escribió más tarde el citado portavoz en la red social Twitter. Las erupciones volcánicas submarinas, que son relativamente infrecuentes, pueden provocar tsunamis causados por el desplazamiento repentino de agua o quiebres de pendientes, según el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis.

La Agencia de Gestión de Desastres ha pedido a la población que abandone las zonas de la costa a lo largo del estrecho ante la continua actividad del volcán y el peligro de nuevos tsunamis. La alerta se mantendrá activa de momento hasta el 25 de diciembre. «En el caso de terremotos, la posibilidad de un segundo tsunami es muy pequeña. Pero como este ha sido causado por una erupción, el escenario es diferente», comentó Rahmat Riyono, director de la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia, en otra comparecencia ante los medios, según recoge Efe.

Indonesia -el cuarto país más poblado del mundo con más de 260 millones de habitantes- es una de las zonas más proclives a sufrir catástrofes de la Tierra al encontrarse en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde coinciden placas tectónicas y se producen una gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta. El 28 de septiembre, un terremoto de magnitud 7,5 en la zona central de la isla de Célebes provocó un tsunami que dejó 2.102 muertos y más de 200.000 desplazados, la mayoría en la ciudad de Palu y sus alrededores. Otros centenares de personas siguen desaparecidas meses después del desastre, muchas de ellas engullidas por la tierra tras el potente seísmo.

El 26 de diciembre 2004, un tsunami desencadenado por un sismo submarino de magnitud 9,3 frente a las costas de Sumatra causó la muerte de 220.000 personas de varios países del océano Índico, 168.000 de ellas en Indonesia. Fue la mayor catástrofe de este tipo en la historia moderna.

En 1883, la explosión del Krakatoa se convirtió en una de las peores erupciones volcánicas que se conocen. Desató olas gigantescas que provocaron la muerte de unas 36.000 personas. Sus cenizas, expulsadas durante semanas, llegaron incluso al continente americano. La configuración de esas islas quedó modificada tras esa erupción y el Krakatoa desapareció bajo el mar. Sin embargo, alrededor del año 1930 apareció una nueva isla en aproximadamente la misma localización, también con un volcán que sigue creciendo cada año. En indonesio se bautizó como «Anak Krakatau», literalmente «hijo del Krakatoa».

Incendio devora un barrio pobre de Manaos, Brasil

(AFP).- Un incendio destruyó al menos 600 viviendas construidas sobre pilotes en un barrio pobre de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, sin que se señalasen hasta ahora víctimas mortales, informaron el martes las autoridades locales y un fotógrafo de la AFP.

«Es tal vez el mayor incendio urbano de la historia de Manaos», declaró el subsecretario de Defensa Civil del estado, Hermógenes Rabelo.

El siniestro se declaró al anochecer del lunes y fue controlado después de medianoche por unos 100 bomberos, indicó la Secretaría de Seguridad de Amazonas.

«Fueron más de tres horas de trabajo intenso, que involucró a todos los efectivos de la capital y a refuerzos de la región metropolitana de Manaos», agregó.

Los servicios médicos dieron parte de 17 personas hospitalizadas, incluyendo una mujer de 53 años en estado grave tras haber inhalado gran cantidad de humo.

El incendio devastó el barrio popular Educandos, cerca del centro de la ciudad, a orillas del río Negro, uno de los mayores afluentes del Amazonas.

Centenares de habitantes abandonaron sus hogares en medio de escenas de pánico, tratando de salvar sus pertenencias, indicó un fotógrafo de la AFP. Unas 150 familias perdieron literalmente todo y quedaron en la calle, según las autoridades.

Los bomberos tuvieron dificultad en abrirse paso por las calles estrechas de la zona y debieron usarse camiones de remolque para sacar del camino a coches estacionados.

Los primeros elementos de la investigación indican que el desastre pudo ser provocado por una cacerola a presión. El fuerte viento que soplaba por la noche ayudó a propagar las llamas.

Al amanecer, la zona parecía un paisaje de guerra, con humaredas en viviendas reducidas a escombros.

Una campaña de solidaridad, que movilizó a numerosos empresarios locales, consiguió 70 toneladas de alimentos en donaciones, informó el diario A Crítica.

Un incendio similar había arrasado en 2012 otro barrio de Manaos, Sao Jorge, dejando sin abrigo a 300 familias.

Guatemala retira inmunidad y ordena salida de funcionarios de misión antimafias de ONU

(AFP).- Guatemala retiró la inmunidad y ordenó la salida del país de 11 funcionarios de una comisión de la ONU, protagonista en la lucha contra la corrupción y que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por irregularidades en la campaña de 2015, anunciaron este martes el gobierno y la misión.

La cancillería señaló en una notificación publicada en el periódico oficial que los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) «dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades».

El retiro de la inmunidad es consecuencia de la «revocatoria y denegatoria» de las visas de cortesía a los funcionarios de la comisión por parte del gobierno en octubre, detalló el ministerio.

Horas después, delegados del Instituto Guatemalteco de Migración se presentaron a la sede de la Cicig para notificar que los funcionarios «tenían 72 horas para hacer abandono del país», dijo a periodistas el uruguayo Matías Ponce, vocero de la misión de la ONU.

La Cicig afirmó en un comunicado que la acción del gobierno de Morales «busca afectar la independencia» en el trabajo contra los grupos ilegales, tanto los que están en investigación como los litigios en curso.

La comisión puso en duda la orden del gobierno al explicar que las inmunidades que gozan los investigadores se basan en un acuerdo entre Guatemala y la ONU, y no están adheridas a las visas.

Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto del año pasado hostilidades contra la Cicig, días después de que el ente de la ONU, junto con la fiscalía, pidieran quitar los fueros presidenciales para investigar sospechas de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.

El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, medida frenada por la corte constitucional.

En agosto pasado, Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, y el 4 de septiembre prohibió el retorno al país de Velásquez, aprovechando una gira que el comisionado realizaba en Estados Unidos.

El gobierno guatemalteco sostiene que Velásquez y la comisión son una «amenaza a la paz» y que se extralimitaron en sus funciones.

La Cicig cobró relieve en 2015 tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.

El régimen de Ortega condenó al líder opositor campesino a 76 años de cárcel

Nicaragua.- (Por. Infobae).- El veredicto, emitido la medianoche del lunes, condena a Mairena a 76 años de cárcel, y lo declara culpable de los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato y secuestro, dijo en rueda de prensa su abogado Julio Montenegro. En la misma audiencia se declaró culpable de los mismos delitos al también líder campesino Pedro Mena, quien fue condenado a 63 años de reclusión.

Se aplicaron esas duras sentencias pese a que la legislación nicaragüense establece una pena máxima de 30 años de prisión, explicó Montenegro.

Mairena y Mena son miembros del movimiento campesino opuesto a la construcción de un canal interoceánico impulsado por el gobierno de Ortega. El movimiento anticanal fue duramente reprimido cuando se manifestó contra el proyecto.

El fallo del juez penal Edgard Altamirano fue cuestionado por activistas de derechos humanos y el abogado de Mairena, quienes cuestionaron la ausencia de pruebas.

«Luego de que un ‘fiscal’ presentara una acusación sin NINGUNA prueba, un ‘juez’ condena al líder Medardo Mairena», escribió en Twitter José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.

Montenegro aseguró que «el fallo ya estaba listo pese a que después de terminar los alegatos lo usual es que el juez se toma un tiempo (…) Pasó a dar lectura al veredicto, es decir ya lo tenía establecido».

Mairena fue detenido el 13 de julio tras ser señalado como responsable de un ataque contra la alcaldía y la policía del municipio sureño de Morrito, donde murieron cinco agentes, en medio de protestas antigubernamentales.

Más de 600 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril, aunque el gobierno reconoce solo 240.

La sentencia fue emitida al cumplirse ocho meses del estallido de las protestas contra el gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Organismos de derechos humanos contabilizan que la revuelta ha dejado más de 320 muertos, 2.000 heridos, más de 600 detenidos y miles de refugiados en países vecinos. (Con información de AFP).

El Gobierno colombiano recibe con frialdad el anuncio de tregua navideña del ELN

Bogotá.- (EFE).- El Gobierno colombiano recibió hoy con frialdad el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de una tregua navideña de once días e insistió en que esa guerrilla debe liberar a los secuestrados y parar sus actividades criminales para retomar las negociaciones de paz en Cuba.

La tregua del ELN, que se iniciará el próximo 23 de diciembre y culminará el 3 de enero de 2019, se da en un momento en el que los diálogos de paz están suspendidos y su reanudación supeditada por el Gobierno del presidente Iván Duque a que la guerrilla «ponga fin a todas las actividades criminales».

Es por eso que el mandatario afirmó hoy, en la ceremonia de reconocimiento y presentación de la nueva cúpula militar, que no calificaría «ese gesto o esas decisiones» porque considera que el hecho de que algunos grupos armados ilegales le «hablen al país de treguas o de ceses unilaterales» en la temporada navideña se ha «hecho usual».

«A aquellos que quieren seguir en la violencia y sembrando desolación, y que quieren hablar muchas veces de paz mientras siguen en las actividades violentas, la única manera en que puede haber confianza, en un verdadero gesto de paz, es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales», manifestó.

El Comando Central (Coce) del ELN señaló en un comunicado divulgado esta madrugada que hará un «cese de operaciones ofensivas» para «aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año Nuevo» y recalcó que sigue «comprometido con la búsqueda de una solución política del conflicto», por lo que no se levantará de la mesa de conversaciones.

La guerrilla dijo que el Gobierno no debe «abandonar los caminos y esfuerzos de diálogo y paz» porque considera que eso «terminaría destruyendo lo que queda de los acuerdos con las FARC y desconoce el proceso de solución política con el ELN».

Sin embargo, en el comunicado no hay ninguna referencia a la liberación de los secuestrados y a detener sus actividades criminales para retomar las negociaciones de paz en Cuba, aunque la guerrilla insistió que continuará trabajando por la continuidad de los diálogos de La Habana y por un nuevo cese el fuego bilateral.

El año pasado, cuando las negociaciones tenían como sede Quito, el Gobierno y el ELN acordaron un cese el fuego bilateral de 101 días que estuvo vigente entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, con el fin de crear condiciones más propicias para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo a periodistas que el Gobierno está «muy preocupado» porque el anuncio de la guerrilla no incluye «la liberación de los secuestrados».

«El anuncio del ELN no satisface el clamor de la sociedad civil, muchos grupos de la sociedad civil estaban esperando que el anuncio incluyera la liberación de las personas que están secuestradas (…) Eso de ninguna manera se compadece con la voluntad expresada por el Gobierno nacional», manifestó Ceballos.

En ese sentido lamentó que la guerrilla no se refiriera en el comunicado a «los secuestros», al «reclutamiento de menores» y a «las extorsiones», al igual que «al aumento de la siembra de minas antipersona».

«Es muy importante que realmente ese grupo tome en serio lo que ha manifestado siempre el señor presidente: si no hay cese de la violencia como mecanismo que utiliza ese grupo armado para presionar a la sociedad, de ninguna manera habrá un espacio para el diálogo», recalcó.

Entre tanto, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), manifestó en Twitter que el anuncio debería «producir» que el Gobierno designe a un equipo negociador para reanudar los diálogos y para pactar «el cese definitivo de hostilidades y un acuerdo final de paz».

En las últimas semanas, con las negociaciones suspendidas, esa guerrilla ha llevado a cabo ataques contra la Policía y contra la infraestructura petrolera y transportistas en distintas partes del país.

Los diálogos están suspendidos desde el pasado 1 de agosto cuando concluyó en la capital cubana el sexto ciclo de negociaciones con el Gobierno del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.

ONG de DDHH reta al Gobierno de Nicaragua a demostrar delitos imputados

Managua.- (EFE).- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) retó hoy al Gobierno a que demuestre los delitos por los que le canceló la personalidad jurídica la semana pasada, entre ellos «golpe de Estado», en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

«Retamos al Gobierno que demuestra en qué momento hemos hecho algo dentro del Cenidh, por el hecho que nos están imputando», dijo la presidenta del organismo, Vilma Núñez.

La semana pasada la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica del Cenidh y otras 8 ONGs críticas del Gobierno, con el argumento de que incumplieron disposiciones legales.

Horas después del despojo de la legalidad, el Ministerio de Gobernación decomisó de forma sorpresiva los bienes de las ONGs, entre ellas el Cenidh, y de un grupo de medios de comunicación que no estaba relacionado con la decisión del parlamento nicaragüense, sin que hasta ahora las autoridades brinden explicaciones.

Núñez afirmó que, a pesar de que no existe confianza en el Ministerio Público, denunciará ante la Fiscalía al director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, por «imputaciones calumniosas», que le valieron a la Asamblea Nacional para cancelar la personalidad jurídica de la ONG.

Entre las calumnias que alega el Cenidh está el no presentar los estados de cuenta, no realizar elecciones de junta directiva y participar en un «golpe de Estado».

«El único que ha desbaratado este país es el Gobierno, que ha destruido todas las instituciones de Nicaragua», sostuvo Núñez.

Nicaragua atraviesa una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de «golpistas», «terroristas» y «delincuentes comunes».

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de «golpe de Estado», pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.