Brasilia.- (EFE).- El ultraderechista Jair Bolsonaro, un excapitán que aspira a la Presidencia de Brasil y lidera por escaso margen las encuestas, reforzó hoy el talante militar de su fórmula al anunciar a un general como su candidato a vicepresidente.
«Brasil precisa remedios fuertes», afirmó Bolsonaro al declarar al general retirado Hamilton Mourao como su compañero de fórmula en las elecciones de octubre, para las que los sondeos le atribuyen una intención de voto del 17 %, en un escenario totalmente atomizado.
En el mismo acto, también anunció que, si llegase al poder, su canciller será el empresario Luiz Philippe de Orléans e Bragança, miembro de la antigua familia imperial brasileña y conocido como «el príncipe».
Mourao es un general de línea dura que pasó a retiro en febrero pasado y que hace dos años, en medio del proceso que condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, llegó a afirmar que el «caos» que la corrupción había generado en el país sólo acabaría con una «intervención militar».
El general, de 64 años y en la reserva del Ejército, pertenece al Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), formación de derecha que confirmó en una breve nota oficial que el militar ha aceptado la candidatura a vicepresidente.
La respuesta del general pone fin a la búsqueda de un candidato a vicepresidente, que se le puso cuesta arriba a Bolsonaro, polémico defensor del régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, sobre el cual sostiene que fue una «revolución» y no una dictadura.
Primero coqueteó para su fórmula con el senador Magno Malta, pastor de una influyente iglesia evangelista, quien se negó y se plegó a un grupo de partidos de centroderecha que optaron por tomar distancia de Bolsonaro frente al «radicalismo» de sus propuestas.
Conversó luego con Janaína Paschoal, una de las impulsoras de la destitución de Rousseff en 2016, y con el astronauta Marcos Pontes, único brasileño que participó en operaciones espaciales de la NASA.
Ambos recusaron y ahora se inclinó por Mourao, a quien le unen la defensa de la dictadura y el aprecio por la disciplina del Ejército, en el que Bolsonaro sirvió hasta 1988, cuando pasó a la reserva, se metió en política y obtuvo un escaño de diputado que aún mantiene.
Según las últimas encuestas, Bolsonaro tiene un 17 % de intención de voto y supera a la ecologista Marina Silva (13 %), al laborista Ciro Gomes (8 %) y al socialdemócrata Geraldo Alckmin (6 %), así como a otra decena de candidatos que, en conjunto, no suman un 4 % de intenciones de voto.
Sin embargo, eso en escenarios que no contemplan la posible participación en el pleito del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien pese a haber sido proclamado candidato este sábado por el Partido de los Trabajadores (PT) está virtualmente vetado por la ley.
Lula fue condenado a doce años de prisión por corrupción, está preso desde abril pasado y las normas electorales brasileñas dicen que una persona con una sentencia confirmada en segunda instancia, como es su caso, no puede aspirar a ningún cargo electivo.
Según las encuestas, si Lula fuera candidato obtendría un 30 % de los votos, y se impondría en una segunda vuelta a cualquiera de sus potenciales adversarios.
La situación jurídica de Lula, junto con su potencial electoral, ha atomizado a la izquierda e impedido algún intento de unidad para las elecciones de octubre próximo.
El laborista Gomes intentó formar un frente progresista sin Lula, pero el PT frustró sus objetivos convencido de que su líder estará en la disputa, lo cual será definido por la justicia electoral una vez que su candidatura sea registrada, el próximo 15 de agosto.
El desconcierto de la izquierda se reforzó hoy, cuando el Partido Socialista Brasileño (PSB) se declaró «neutro» para las elecciones y enterró la posibilidad de apoyar a Gomes, el único miembro del campo progresista al que los sondeos le atribuyen alguna posibilidad si, como es previsible, se confirma el veto legal contra Lula.
Pese a la «neutralidad» anunciada, el PSB vetó explícitamente todo tipo de apoyo a Bolsonaro, sobre quien dijo que «representa una amenaza a la democracia y los derechos humanos».
