(AFP).- Estados Unidos responsabilizó este lunes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de unos 350 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril.
Ortega, por su parte, acusó a Washington de financiar las manifestaciones opositoras y admitió que su gobierno está detrás de los paramilitares que persiguen a los manifestantes, en una entrevista divulgada este lunes.
En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo «son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo».
Es la primera vez que Estados Unidos responsabiliza nominal y directamente al actual presidente y su esposa por la situación en Nicaragua, y por ello defendió anticipar las elecciones presidenciales a 2019.
«Estados Unidos está del lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo miembros del Frente Sandinista, que piden reformas democráticas y el fin de la violencia», afirmó la Casa Blanca, haciendo alusión al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para el gobierno estadounidense, la celebración de «elecciones libres, justas y transparentes son la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua».
– «Enemigo poderoso» –
En una entrevista con Euronews, Ortega dijo que se enfrenta a «un enemigo poderoso» que «son los Estados Unidos», que afirma ha asignado millones de dólares a grupos locales responsables de las protestas. Aseguró tener pruebas de ese financiamiento, pero no las reveló.
Esos fondos «se desvían para desestabilizar el país y estimular acciones armadas, son bandas que cometen crímenes», según el gobernante de 72 años.
En la entrevista, Ortega admitió que su gobierno controla a los paramilitares que han actuado con los antimotines para desmontar las protestas.
«Son policías voluntarios», dijo Ortega, contradiciendo lo que dijo en una entrevista anterior a otra cadena internacional, cuando declaró que los paramilitares son «organizados por la derecha» golpista.
Ortega se mostró anuente a reanudar el diálogo que su gobierno inició en mayo con la oposición para resolver la crisis, con la mediación de los obispos católicos, pero con nuevas «reglas».
Sin embargo, rechazó la posibilidad de discutir un adelanto de las elecciones del 2021 al 2019, como proponen los obispos y amplios sectores nicaragüenses.
«Seguir ese camino es abrir la puertas a la anarquía en el país. Una ruptura de Nicaragua estaría tomada por el narcotráfico», argumentó.
El presidente nicaragüense, no obstante, discutió la realización de un referendo sobre el adelanto de las elecciones en un diálogo con CNN, según fragmentos anticipados de ese diálogo que la cadena anunció este lunes que transmitirá.
Ortega afirmó además en esa entrevista que desea integrar al diálogo a organismos internacionales para fortalecer el trabajo de mediación de la Iglesia católica.
– Estudiantes en desobediencia –
El sábado, miles de nicaragüenses peregrinaron en Managua en apoyo a los obispos, que han sido insultados y agredidos por fuerzas del gobierno, y acusados por Ortega de «golpistas».
Pese a la represión, cientos de estudiantes universitarios de la occidental ciudad de León, un importante centro académico de Nicaragua, se declararon en desobediencia al iniciar este lunes las clases y marcharon para exigir justicia por los muertos en las manifestaciones.
Condenaron además el despido de al menos 80 médicos y personal de salud por haber apoyado a los heridos en las protestas contra el gobierno en las ciudades de León y Jinotepe (sur).
En tanto, periodistas independientes protestaron este lunes en Managua contra las agresiones que ha sufrido el gremio durante las coberturas.
La manifestación en la capital se produjo después de que el fin de semana dos corresponsales de Canal 10 de Jinotega (norte) y Granada (sur) fueron objeto de arresto arbitrario mientras cubrían manifestaciones opositoras de apoyo a la Iglesia católica.
– Sugerencia de más sanciones –
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró «el inicio, no el fin, de potenciales sanciones».
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
Daniel Ortega, quien gobernó de 1979 a 1990 y volvió al poder en 2007, ofreció la semana pasada una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
