Lula da Silva preso: ya viaja a Curitiba para comenzar a cumplir su condena por corrupción

(Por. Clarín).- El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, partió en la noche de este sábado desde el aeropuerto de Congonhas hacia la ciudad de Curitiba, donde comenzará a cumplir una condena de 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción vinculados al escándalo conocido como “Lava Jato”.

Horas antes y luego de un intento fallido, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) había abandonado el sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, donde permanecía atrincherado desde el jueves a la tarde.

El ex mandatario logró dejar el edificio en medio de escenas de tensión y forcejeos por el bloqueo de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que rechazan su arresto. Lula salió a pie y abordó un vehículo de la Policía Federal que esperaba en las inmediaciones para dirigirse al aeropuerto. El convoy de la fuerza de seguridad estuvo compuesto por vehículos oscuros sin insignias de la institución, tal como había solicitado su defensa.

Más temprano, Lula había intentado dejar el sindicato, pero sus seguidores que rodearon el edificio impidieron que lo haga. El líder del PT subió junto a uno de sus abogados a un auto gris que pertenecería a la Policía, luego de una maniobra de distracción con coches negros por otro de los portones de salida.

Sin embargo, el operativo no dio resultado y los manifestantes bloquearon ambos accesos. Luego de unos minutos de tensión, Lula se bajó del vehículo y volvió a ingresar al edificio.

Al mediodía, el ex mandatario había participado frente al sindicato de una misa en memoria de su fallecida esposa. Lo que arrancó como un homenaje se convirtió en un acto político en el cual Lula dio un encendido discurso en el cual se defendió de las acusaciones. Además, confirmó que iba a «atender el mandato de prisión».

El ex Presidente de Brasil, de 72 años, tenía orden de detención desde el jueves para empezar a cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego de acordar las condiciones de entrega, la Policía armó este sábado un operativo «camuflado» para intentar que abandone el sindicato sin incidentes, debido a que una multitud rodea el edificio.

Al lugar donde el ex Presidente pasó la noche del viernes ingresaron agentes de civil y un autos de las fuerzas de seguridad que parecían particulares.

El juez federal Sérgio Moro, quien emitió la orden, le había dado a Lula un plazo hasta las 17 del viernes para presentarse a cumplir su condena. Sin embargo, según la defensa del ex mandatario, la detención no debía concretarse debido a que hay recursos en marcha en la causa.

El ex mandatario ignoró entonces el plazo inicial y prefirió permanecer dos noches atrincherado en su búnker sindical, rodeado por miles de militantes que mantuvieron una vigilia día y noche. En la sede de los metalúrgicos estuvieron sus hijos, así también como figuras del mundo de la política y el deporte.

En la mañana del sábado empezaron a circular versiones de que la defensa del líder PT había llegado a un acuerdo con las autoridades para que se entregara después de finalizada la ceremonia religiosa en homenaje a su mujer, Marcia Leticia.

La esposa de Lula falleció en febrero de 2017. Este sábado habría cumplido 68 años. Su nombre figuraba en la causa que llevó a la condena de Lula, como beneficiario de un departamento en un balneario ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos en Petrobras.

Luego de su entrega está previsto que el ex mandatario se dirija hacia el aeropuerto de Congonhas, donde lo espera otro grupo de seguidores.

Desde allí volará hacia Curitiba, en el estado de Paraná, la ciudad donde oficia Moro. En esta ciudad, a menos de una hora de vuelo, al ex jefe de Estado lo espera una celda de unos 15 metros cuadrados, con baño privado y derecho a dos horas diarias de aire libre.

 

Tribunal guatemalteco cierra el proceso penal contra Ríos Montt tras su muerte

Guatemala.- (EFE).- El Tribunal de Mayor Riesgo B decidió hoy cerrar el proceso penal en contra del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos, fallecido el pasado domingo a los 91 años y quien era juzgado por genocidio en un proceso especial.

Además, el alto tribunal resolvió que se le devuelva a la familia la caución económica de 500.000 quetzales (67.567 dólares) que el exjefe de Estado de facto (1982-1983) había cancelado para gozar de arresto domiciliario.

Ríos Montt murió a la edad de 91 años el pasado domingo de un infarto.

La clausura de la persecución penal fue solicitada por los abogados del fallecido general retirado del Ejército, entre ellos Luis Rosales.

Una de las juezas que integran el tribunal dijo durante una audiencia celebrada este viernes que de acuerdo con la Ley, por la muerte del acusado «se extingue la persecución penal».

Mientras se daba esta resolución, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y familias de víctimas del genocidio, realizaban una protesta en las afueras de la Torre de Tribunales, donde exigieron que se acelere el juicio contra el otro general retirado también acusado de genocidio, José Rodríguez.

El fallecido exjefe de Estado era juzgado por el asesinado de 1.171 indígenas de la etnia maya ixil durante su régimen de facto, un caso por el que en mayo de 2013 había sido condenado a 80 años de prisión.

Sin embargo, esa sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, por errores en el proceso judicial.

El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes en el proceso por genocidio que se celebraba contra Ríos Montt, ha asegurado que volverán a probar que hubo genocidio en Guatemala en la causa abierta contra Rodríguez, quien fue su exjefe de inteligencia.

«Ya probamos en 2013 que sí hubo genocidio. Volveremos a probarlo en el 2018 en el juicio contra Rodríguez, por lo que seguimos en este camino hacia la Justicia», dijo la organización de derechos en un comunicado después del fallecimiento del exdictador.

Rodríguez, quien en mayo de 2013 fue absuelto, es juzgado también por el asesinato de los 1.171 ixiles.

 

Turquía mata a 73 supuestos guerrilleros del PKK en el norte de Irak

Estambul.- (EFE).- Al menos 73 presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, han muerto esta semana en ataques aéreos del Ejército turco en el norte de Irak, informó hoy la agencia Anadolu.

«En las operaciones de tierra y aire llevadas a cabo el 5 de abril de 2018 en la región de Hakurk en el norte de Irak, se ha neutralizado a 14 terroristas y se han destruido 14 refugios de la banda», anunció hoy el Estado Mayor en su cuenta de Twitter.

En otra nota aparte, el Ejército indicó que durante los días 1 y 2 de abril, unos 59 presuntos miembros de la guerrilla murieron en ataques aéreos en la región de Hakurk y Zap, también situada en el norte de Irak.

En el último mes la Fuerza Aérea turca ejecuta casi a diario incursiones en el norte de Irak para bombardear posiciones del PKK.

Más de 100 combatientes han muerto en esos ataques en la región de Hakurk y Zap.

El Gobierno turco ha anunciado su intención de iniciar una ofensiva militar en el norte de Irak para expulsar a la guerrilla kurda de los territorios cercanos a su frontera.

Ankara ha propuesto a Bagdad llevar a cabo una operación conjunta, aunque ambos Gobiernos aún no han llegado a un acuerdo.

La expresidenta de Corea del Sur fue condenada a 24 años de cárcel por corrupción

(Por. Clarín.com).- La expresidenta surcoreana, Park Geun-hye, fue condenada hoy por un tribunal de Seúl a 24 años de prisión por su papel en la trama de corrupción de la «Rasputina», que forzó su destitución en enero de 2017.

Primera mujer elegida presidenta de Corea del Sur, Park, que fue destituida y detenida en marzo de 2017, fue declarada culpable de corrupción, abuso de poder y coerción por el tribunal del distrito central de Seúl, que le impuso además una multa de 18.000 millones de wones (13 millones de euros, 17 millones de dólares).

Por su parte, la fiscalía había pedido 30 años de prisión y el pago de una multa de 95 millones de dólares.

En la sentencia, cuya lectura fue televisada en directo durante casi dos horas, se considera probado que la expresidenta conservadora y su amiga Choi Soon-sil, conocida como la «Rasputina», crearon una vasta red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Hyundai, Samsung y Lotte.

«La acusada utilizó ilegalmente su autoridad presidencial a la demanda de Choi para obligar a las empresas a dar dinero a las fundaciones», afirmó el magistrado Kim Se-yoon.

«Las empresas fueron obligadas a dar sumas importantes de dinero y la acusada dejó a Choi controlar las fundaciones cuando no tenía derecho a hacerlo», agregó.

Park, de 66 años, tiene prisión preventiva desde marzo de 2017 y es el primer jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, lo que motivó un adelanto electoral que deparó en mayo del año pasado la victoria del liberal Moon-Jae-in.

La sentencia de hoy llega después de que la conocida como la «Rasputina» surcoreana fuera condenada el pasado febrero a 20 años de cárcel y a pagar una multa multimillonaria por ser el cerebro de la trama de corrupción que escandalizó al país asiático.

La negativa de Alemania impediría al Supremo juzgar a Puigdemont por rebelión

Madrid.- (EFE).- La decisión de la justicia alemana de denegar la extradición a España del Carles Puigdemont por rebelión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por ese delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena.

La legislación sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido.

Aunque esa misma ley abre una posibilidad para que el expresident sea juzgado por rebelión en un futuro, después de cumplir una primera condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta.

Para que ese segundo juicio fuera posible, una vez recuperada la libertad debería pasar 45 días en territorio nacional o irse al extranjero y regresar.

Actualmente, el juez del Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión).

Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición porque considera que no se cumple el requisito de la violencia.

Es la misma interpretación que hace la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Conselleria de Economía ni en la jornada del 1-O.

Esa decisión conduce a una situación en la que el Supremo podría juzgar por rebelión a parte del antiguo Govern de la Generalitat, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero no a Puigdemont, a quien el juez Llarena considera principal responsable.

El tribunal alemán aún debe decidir si lo extradita por malversación de caudales públicos y, de ser así, Puigdemont solo sería juzgado por ese delito. Al menos en el actual proceso.

Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden.

El juez Llarena ya tomó esa decisión el pasado 5 de diciembre, poco después de asumir la causa, cuando retiró las órdenes de detención que había dictado anteriormente la juez Lamela contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas.

Lo hizo ante la perspectiva de que Bélgica no lo entregara por los delitos más graves, lo que, según plasmó en su auto, perjudicaría el proceso y a los acusados que sí que se pusieron a disposición de la justicia.

Pyongyang podría haber detenido su reactor nuclear, según fotos por satélite

Seúl.- (EFE).- Corea del Norte podría haber detenido las operaciones de su único reactor atómico, según apuntó hoy una web especializada en plena expectación de cara a las cumbres en las que el líder Kim Jong-un tratará la posible desnuclearización de su régimen.

Según las imágenes por satélite tomadas el pasado 30 de marzo y analizadas hoy por el portal especializado en Corea del Norte 38north, los generadores del reactor experimental de 5 megavatios del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon (80 kilómetros al norte de Pyongyang) no parecen mostrar actividad alguna.

Esto podría indicar que ha sido desactivada la unidad de fisión, que el régimen siempre ha defendido que sirve para generar electricidad exclusivamente, pese a las fundadas sospechas de la comunidad internacional de que es empleado también para producir plutonio que luego es reprocesado para su uso en armas nucleares.

Además de esto, la web, ligada a la universidad estadounidense Johns Hopkins, indica que «no hay evidencias de que se esté llevando a cabo reprocesamiento de plutonio en el Laboratorio Radioquímico» que hay en Yongbyon.

Sin embargo, el análisis de 38north insta a la prudencia argumentando que la situación en Yongbyon «debería ser vigilada de cerca en el futuro» e indicando que las imágenes también muestran unas excavaciones cercanas que podrían estar destinadas a que el reactor opere «con mayor continuidad y seguridad» en el futuro.

El análisis llega en un momento de expectación de cara a las dos cumbres convocadas entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y los presidentes de Corea del Sur y EE.UU., Moon Jae-in y Donald Trump, que podrían suponer un punto y aparte en el conflicto generado por el programa nuclear norcoreano.

La reunión con Moon el 27 de abril será la primera cumbre intercoreana desde 2007, mientras que la de mayo -que sigue sin fecha ni lugar concreto- supondrá la primera vez en la historia en que mandatarios de Corea del Norte y EE.UU. se reúnen tras siete décadas de confrontación a raíz de la guerra de Corea (1950-53).