Sao Paulo.- (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declarará de nuevo este miércoles ante la Justicia como imputado por supuesta corrupción, en un momento en el que las acusaciones en su contra se multiplican y alguno de sus aliados han decidido cargar con él.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, rendirá cuentas por segunda vez ante el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, en los juzgados de primera instancia de Curitiba, donde se concentran las investigaciones de la enorme trama corrupta que operó en la petrolera estatal.
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero y le acusó de recibir sobornos del grupo Odebrecht, una de las empresas implicadas en la red corrupta, a través del exministro Antonio Palocci, hoy preso.
Los sobornos, que según la querella se acercan a los 13 millones de reales (unos 4,2 millones de dólares), se habrían destinado a la compra del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
La expectativa para esta segunda cita en los juzgados de Curitiba es menor que la que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando Lula prestó declaración en otro proceso por el que luego fue condenado a nueve años y medio de prisión, decisión recurrida en un tribunal de segunda instancia.
Las autoridades han planificado un dispositivo menor que la pasada vez, pero igualmente notable, con más de mil policías y otros agentes de distintos órganos, quienes velarán por la seguridad antes y después de la audiencia, prevista para las 14.00 hora local (17.00 GMT).
Según las previsiones, unos 50 autobuses llegarán a la capital del estado de Paraná con cerca de cinco mil manifestantes, tanto a favor como en contra del que fuera faro de la izquierda latinoamericana.
La situación del popular líder es, sin embargo, peor que la última vez que se vio las caras con Moro, quien dijo que no decretó la prisión de Lula en julio pasado para evitar «ciertos traumas».
Pero los traumas para Lula no cesan con tres nuevas denuncias más presentadas por la Fiscalía tan solo este mes y el golpe que supuso la acusación de uno de los hombres fuertes de su gobierno, Antonio Palocci, reo también en este caso.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció la semana pasada a Lula por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, junto a la expresidenta Dilma Rousseff y a la cúpula del partido del Partido de los Trabajadores (PT).
Lula, que aparece primero en los sondeos electorales y ha manifestado su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, fue denunciado también en la víspera por la Fiscalía por sospechas de haber editado una ley a cambio de sobornos para favorecer a empresas automotrices.
Además está sujeto a varias investigaciones a partir de las confesiones de 77 exdirectivos de Odebrecht, cuyo contenido sacudió los cimientos de la democracia brasileña y hasta salpicó al presidente Michel Temer.
El cerco a Lula, de 71 años, se estrecha aún más después de que Palocci, que también fue ministro en el Gobierno de Rousseff, incriminase al exgobernante en el cobro de coimas.
De acuerdo con el testimonio a la Justicia de Palocci, Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht, abordó a Lula a finales de 2010, en los últimos días de su segundo mandato, para hacer un «pacto de sangre» que incluía un «paquete de sobornos».
Ese supuesto «paquete» envolvía regalos personales, conferencias pagadas a 200.000 reales (unos 64.000 dólares) y una reserva 300 millones de reales (unos 100 millones de dólares) que estarían disponibles para las campañas electorales del PT.
Lula, que acaba de darse un baño de masas en la región nordeste de Brasil con una gira de 20 días, dice sufrir una «persecución» judicial y política y que luchará en 2018 por «devolver la democracia» al pueblo brasileño, siempre y cuando la Justicia no se lo impida.
