Loja.- (Pablo Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- El reciente debate del cabildo de Loja en torno al cierre del paso fronterizo en el cantón Macará dejó en evidencia profundas falencias en el manejo jurídico, político y técnico de un tema que, por su naturaleza, corresponde a la esfera de la seguridad nacional y la política internacional del Estado ecuatoriano.
Durante la sesión, varios concejales impulsaron un denominado “exhorto” dirigido al Gobierno Nacional, solicitando la reapertura de la frontera, bajo el argumento de afectaciones económicas y sociales para la provincia de Loja. Sin embargo, analistas jurídicos advierten que el uso del término es incorrecto y ajeno a la competencia administrativa de un cabildo municipal.
En el ámbito jurídico, el exhorto es una figura propia del derecho procesal, utilizada exclusivamente entre jueces o tribunales para la ejecución de diligencias fuera de su jurisdicción. No constituye una herramienta válida para que un gobierno cantonal solicite acciones al Presidente de la República, menos aún en temas de política exterior o seguridad del Estado.
Más allá del error conceptual, el debate reflejó una preocupante ausencia de fundamentos de hecho y de derecho. No se presentaron informes económicos, estadísticas oficiales ni análisis de impacto que sustenten las supuestas pérdidas comerciales derivadas del cierre fronterizo. Tampoco se consideraron los elementos de inteligencia y seguridad que, según la normativa constitucional, respaldan decisiones presidenciales en contextos de conflicto armado interno y amenazas transnacionales.
El cierre de fronteras, explican especialistas, no responde a decisiones arbitrarias, sino a información sensible proveniente de organismos de seguridad, relacionada con flujos migratorios irregulares, crimen organizado y riesgos a la soberanía nacional. En ese sentido, comparar la situación actual con conflictos históricos como el del Cenepa permite dimensionar que, ante amenazas al Estado, la prioridad es la protección del territorio y la población.
Asimismo, se cuestionó que el cabildo haya abordado el tema desde una óptica ideológica y localista, sin comprender que se trata de un asunto de geopolítica y derecho internacional, ámbitos que superan ampliamente las competencias municipales. La falta de articulación con entidades como la Cancillería, la Asamblea Nacional o la Comisión de Asuntos Internacionales refuerza esta debilidad institucional.
No obstante, el análisis también plantea una oportunidad. En lugar de cuestionar decisiones de seguridad nacional, el Parlamento cantonal podría liderar un reclamo legítimo y estratégico: exigir al Estado una política permanente de fronteras vivas, basada en inversión pública, industrialización, desarrollo productivo y generación de empleo en la provincia de Loja.
Proyectos agroindustriales, energías renovables, fortalecimiento ganadero, innovación tecnológica y turismo sostenible son alternativas viables para transformar la frontera sur en un eje de desarrollo y defensa territorial. La presencia activa de población, con condiciones dignas y oportunidades económicas, constituye en sí misma un factor de soberanía y seguridad.
El debate sobre el cierre de fronteras, concluyen los analistas, no debe centrarse únicamente en el impacto inmediato al comercio o al transporte, sino en una visión integral de Estado. Para ello, el cabildo de Loja tiene la responsabilidad histórica de elevar el nivel del debate, fundamentar sus resoluciones y actuar con responsabilidad institucional frente a decisiones que trascienden el ámbito cantonal.
