Davos, Suiza. (Lindon Sanmartín Rodríguez. S.R.Radio).- En el marco de su agenda oficial en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, mantuvo este 21 de enero una reunión de trabajo con representantes de Palantir Technologies, empresa líder a nivel global en análisis avanzado de datos e inteligencia artificial.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar alianzas estratégicas internacionales que permitan acelerar la modernización del Estado ecuatoriano y fortalecer su competitividad, particularmente en áreas sensibles como la seguridad, la defensa y la inteligencia estatal.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, destacó la importancia de esta cooperación tecnológica y la calificó como una relación estratégica para el país. “Se trata de una relación clave para el Ecuador en materia de seguridad, defensa e inteligencia”, señaló tras concluir la reunión.

Ecuador ya utiliza soluciones tecnológicas desarrolladas por Palantir en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), donde la plataforma integra y analiza grandes volúmenes de información para identificar patrones de riesgo, redes de contrabando y esquemas de defraudación tributaria. Esta herramienta ha fortalecido la transparencia institucional y optimizado los procesos de control aduanero.

Según datos oficiales, la implementación de esta tecnología ha generado resultados concretos: un incremento del 15 % en la recaudación aduanera, con una proyección de crecimiento similar para el año 2026. Además, el sistema ha permitido alcanzar un perfilamiento superior al 90 % de las declaraciones aduaneras, elevando la eficiencia operativa del Estado.

La cooperación con Palantir abre la puerta a la expansión de estas capacidades tecnológicas hacia otros sectores estratégicos, con impactos directos en el comercio exterior, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de talento local especializado en analítica de datos e inteligencia artificial.

La agenda del presidente Noboa en Davos refuerza así una visión orientada a incorporar tecnología de vanguardia como eje transversal para la seguridad, el desarrollo económico y la transformación institucional del Ecuador.

Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, una iniciativa orientada a mejorar la competitividad del país y promover el empleo juvenil formal.

La presidenta de la Comisión, la asambleísta Valentina Centeno, destacó que el informe es el resultado de un amplio proceso de construcción técnica y participativa, que incluyó 26 comparecencias y 13 sesiones de trabajo. En estas jornadas participaron representantes de instituciones públicas, la academia, institutos técnicos, universidades y actores del sector productivo.

Centeno señaló que el eje central del proyecto es el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y de la formación dual, bajo el enfoque de “aprender haciendo”, como una herramienta clave para incrementar la productividad y generar oportunidades de empleo adecuado para los jóvenes.

El informe introduce definiciones claras sobre la formación dual, establece la figura de las entidades receptoras formadoras —principalmente empresas— y reconoce los aprendizajes previos adquiridos por los estudiantes. Entre sus principales innovaciones se incluyen la homologación del bachillerato técnico, cursos y certificaciones por competencias hacia carreras de nivel superior, así como la validación de la experiencia profesional para el acceso a carreras técnicas, tecnológicas y duales.

Asimismo, la propuesta normativa contempla la creación de un comité público-privado y de 24 clústeres académico-productivos a nivel nacional. Estos espacios articularán al Estado, las instituciones de educación superior y el sector empresarial, con el objetivo de alinear la oferta educativa a las necesidades productivas específicas de cada provincia.

La ley también impulsa la implementación de un Registro Nacional de Formación Dual, la contratación de seguros contra accidentes para los estudiantes y el acceso a líneas de crédito preferencial para los institutos que adopten este modelo educativo.

El informe incorpora, además, incentivos para docentes, acciones afirmativas de inclusión dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, jóvenes de zonas rurales y grupos en situación de vulnerabilidad, y refuerza el principio de gratuidad de la educación, ampliándolo a una segunda carrera dentro de una trayectoria tecnológica sucesiva en instituciones públicas.

Finalmente, la Comisión estableció plazos concretos para la reglamentación y aplicación de la ley, con el fin de garantizar su implementación efectiva. El informe aprobado será remitido al presidente de la Asamblea Nacional para su difusión, debate y eventual aprobación en el Pleno del Parlamento.

Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sobre el estado, alcances y resultados del proceso de reconocimiento mutuo de títulos de educación superior entre las Repúblicas del Ecuador y de Chile, en el marco del ejercicio de control político y fiscalización legislativa.

Durante la sesión, la delegada del Ministerio, María Alejandra Cevallos, explicó que el convenio de reconocimiento mutuo de títulos fue suscrito en 2015 con el objetivo de facilitar la homologación de títulos de educación superior entre ambos países. Sin embargo, su aplicación se ha visto limitada por cambios normativos posteriores, particularmente en los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Cevallos detalló que en el Ecuador el modelo vigente se basa en la acreditación de carreras y programas académicos, mientras que en Chile predomina la acreditación institucional de universidades. Esta diferencia estructural ha generado dificultades técnicas para la ejecución del convenio, debido a la falta de criterios plenamente compatibles de equivalencia entre ambos sistemas, lo que ha derivado en observaciones por parte de la autoridad chilena y en demoras en su implementación.

La funcionaria informó que, hasta enero de 2025, se consolidó un informe conjunto que recoge las acciones ejecutadas, así como los puntos de convergencia e incompatibilidad normativa identificados. A partir de este diagnóstico, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Cancillería ecuatoriana, impulsó gestiones diplomáticas y técnicas para la instalación de mesas de trabajo bilaterales orientadas a adecuar el convenio a la normativa vigente de ambos países.

Durante el debate legislativo, varios asambleístas alertaron sobre la afectación directa a la comunidad ecuatoriana residente en Chile, especialmente a profesionales del área de la salud que no han podido ejercer su profesión debido a la falta de reconocimiento de sus títulos. Se señaló que esta situación tiene un impacto significativo en la economía y estabilidad de numerosas familias ecuatorianas.

El Ministerio de Educación reiteró su disposición para avanzar hacia una solución integral, indicando que ha entregado al Gobierno de Chile toda la información normativa requerida, ha designado puntos focales técnicos y ha planteado la posibilidad de suscribir un nuevo convenio que contemple mecanismos compatibles con los actuales sistemas de acreditación, tanto para nuevos profesionales como para quienes ya residen en territorio chileno.

Finalmente, se enfatizó que una solución definitiva dependerá de la voluntad política binacional y de un trabajo coordinado entre las autoridades educativas, los organismos rectores de la educación superior, la Cancillería y los gobiernos de ambos países, con el objetivo de garantizar la movilidad académica y profesional, así como el pleno ejercicio de derechos de la ciudadanía.

Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió este miércoles, 21 de enero, observaciones técnicas de la Procuraduría General del Estado y de un experto en derecho constitucional, como parte del análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, iniciativa orientada a fortalecer la justicia constitucional y reducir la inseguridad jurídica.

La propuesta normativa busca, entre otros aspectos, limitar el abuso de las garantías constitucionales, especializar la justicia constitucional y establecer reglas más claras para su aplicación, con el objetivo de preservar su naturaleza excepcional y garantizar el equilibrio institucional.

Durante la sesión, Rafaella Uzcátegui Pacheco, directora nacional de Consultoría de la Procuraduría General del Estado, presentó varias sugerencias para perfeccionar el texto legal. Entre ellas, planteó incorporar la figura de la formalidad condicionada en el ejercicio de acciones constitucionales, especialmente en el caso de entidades que no cuentan con personería jurídica, a fin de que no sea necesaria una delegación expresa de la Procuraduría para comparecer en estos procesos.

Asimismo, recomendó definir con mayor precisión el concepto de abuso del derecho y diferenciarlo de la declaratoria jurisdiccional previa. También sugirió establecer claramente la distinción entre inadmisión e improcedencia, al tratarse de decisiones que se adoptan en momentos procesales distintos dentro de una acción constitucional.

Por su parte, Emilio Suárez Salazar, experto en materia constitucional, abordó aspectos relacionados con la competencia territorial en acciones constitucionales, como el habeas corpus. Señaló que, aunque la norma dispone que la acción se presente en el domicilio de la víctima, es necesario regular los casos en los que la demanda es interpuesta por una pluralidad de legitimados.

En cuanto a la declaratoria de incompetencia por razón del territorio, Suárez propuso que la ley determine con claridad hasta qué etapa procesal puede ser planteada, con el fin de evitar dilaciones indebidas y conflictos de competencia.

El experto también enfatizó la necesidad de legislar de forma expresa sobre el abuso del derecho, la desnaturalización de las garantías constitucionales, el prevaricato y el incumplimiento de las sentencias reparatorias. Adicionalmente, advirtió sobre los riesgos del dictamen tácito en las propuestas de consulta popular, que se configura cuando la Corte Constitucional no se pronuncia en el plazo de 20 días, situación que, a su criterio, podría afectar el normal funcionamiento del régimen democrático.

La Comisión continuará recabando aportes técnicos y jurídicos antes de avanzar en el tratamiento del proyecto de reformas, con el objetivo de construir una normativa que garantice seguridad jurídica, respeto a los derechos constitucionales y un adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- El Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador, formalizó este miércoles la entrega de equipos tecnológicos a 19 comunidades ubicadas en zonas de frontera y Amazonía, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y prevención de enfermedades.

Esta iniciativa permitirá que vigilantes comunitarios reporten alertas sanitarias en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles brotes y futuras pandemias. La acción se enmarca en el Proyecto de Optimización de la Respuesta a Pandemias a través de Comunidades y Territorios Comprometidos en Ecuador (PROTECT), ejecutado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Bajo el liderazgo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, el proyecto PROTECT implementa la estrategia de Vigilancia de Eventos Basada en la Comunidad (VEBC) en ocho provincias del país. Esta iniciativa articula la salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque integral de “Una Salud”, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).

La vicepresidenta Pinto destacó que el fortalecimiento del sistema de salud requiere una acción preventiva desde el territorio. “El fortalecimiento del sistema de salud pasa por la prevención, la detección temprana y la coordinación efectiva entre las instituciones del Estado”, señaló.

La entrega de los equipos electrónicos permitirá mejorar la comunicación entre los vigilantes comunitarios y los centros de salud en provincias como Carchi, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y Sucumbíos. Según informó Sonia Quezada, representante de la OPS/OMS en Ecuador, la donación está valorada en USD 187.425 y beneficiará a aproximadamente 66.000 habitantes de 11 cantones priorizados.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía subrogante, Javier Medina, explicó que esta tecnología facilitará la generación de alertas tempranas sobre enfermedades zoonóticas asociadas a la fauna silvestre, así como el fortalecimiento de la gestión territorial frente a actividades como el tráfico y la tenencia ilegal de especies.

Desde el Ministerio de Salud Pública se resaltó que el proyecto PROTECT mejora la capacidad de respuesta institucional desde el territorio, conecta a las comunidades con el sistema formal de salud y garantiza que la información sanitaria llegue de manera oportuna a las autoridades competentes.

El proyecto se desarrolla en comunidades priorizadas de las provincias de Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Carchi y Sucumbíos. Está financiado por el Fondo Pandémico y se implementa en siete países de Sudamérica, con el objetivo de robustecer los sistemas de vigilancia y respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

Ecuador forma parte de esta iniciativa regional orientada a fortalecer la cooperación intersectorial y la detección temprana de riesgos sanitarios, consolidando un modelo de salud preventiva y comunitaria.

Guayaquil. (Pablo Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) alcanzó un hito sin precedentes al convertirse en el primer gremio bananero del mundo en obtener la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), un estándar internacional que avala altos niveles de seguridad, transparencia y control en la cadena logística y comercial.

El reconocimiento fue oficializado durante la primera Asamblea General de Socios de AEBE del año 2026, en la que se presentaron los resultados de la gestión correspondiente a 2025. El encuentro contó con la participación del presidente del gremio, Jorge Encalada Villacís; la vicepresidenta, Marianela Ubilla; el director ejecutivo, José Antonio Hidalgo; la subdirectora ejecutiva, Pamina González; así como representantes de empresas exportadoras y actores clave de la cadena de valor del sector bananero.

Durante la jornada, desarrollada en un marco de rendición de cuentas y planificación estratégica, el presidente de AEBE destacó el contexto desafiante que enfrenta la industria, marcado por factores económicos, fitosanitarios, regulatorios y operativos. No obstante, subrayó que la asociación ha mantenido una visión clara y consistente para preservar el liderazgo del banano ecuatoriano en los mercados internacionales.

“Como gremio, hemos trabajado con un objetivo definido: preservar el liderazgo del banano ecuatoriano, no solo en volumen, sino también en sostenibilidad, seguridad y reputación, atributos que al sector le ha tomado décadas construir”, afirmó Jorge Encalada.

El presidente resaltó el carácter inédito de la certificación BASC a nivel global y señaló que este logro envía un mensaje contundente a los mercados internacionales sobre el compromiso del sector bananero ecuatoriano con estándares de seguridad y confianza. La entrega oficial del certificado estuvo a cargo de Fabricio Muñoz, director ejecutivo de BASC Capítulo Guayaquil.

Este avance se complementa con el fortalecimiento de los estándares internos del gremio. Desde abril de 2025, todas las empresas interesadas en integrarse a AEBE deben superar un riguroso proceso de compliance, desarrollado junto a los aliados Verificante y COFACE, lo que garantiza la incorporación de compañías con bajos niveles de riesgo y prácticas alineadas a normativas internacionales.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, destacó que este enfoque refuerza la representatividad del gremio. “Estamos orgullosos de ser AEBE, porque las empresas cumplen con procesos administrativos y esquemas de seguridad exigentes. De esta forma, al gremio ingresan empresas de bajo riesgo que cumplen con estándares de seguridad de alto nivel”, señaló.

El logro de la certificación BASC se suma a una agenda técnica sostenida durante 2025, que permitió avances en ámbitos laborales, logísticos y regulatorios, así como la participación activa del gremio en procesos de reforma para optimizar la producción y el comercio exterior.

En relación con la presencia del hongo Fusarium en Ecuador, AEBE reiteró la importancia del cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y la corresponsabilidad de los productores para proteger las plantaciones y la sostenibilidad del sector.

Actualmente, la asociación se consolida como un gremio con mayor capacidad de gestión, representación y defensa del sector, reafirmando su compromiso con la seguridad, la competitividad y la reputación del banano ecuatoriano como referente mundial en comercio seguro y responsable.