Quito.- Ecuador e Italia consolidan una alianza estratégica para enfrentar el crimen organizado y la corrupción. El presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet a Giovanni Melillo, procurador nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, con quien analizó nuevas formas de cooperación técnica que fortalezcan las capacidades investigativas y judiciales del Estado ecuatoriano frente al narcoterrorismo.

La canciller Gabriela Sommerfeld resaltó que esta visita reafirma una relación estrecha en materia de seguridad y destacó el apoyo italiano en equipamiento, capacitación y lucha contra la corrupción institucional. La delegación italiana incluyó al embajador Giovanni Davoli, a la fiscal Bárbara Sargenti y a Paolo Di Sciuva, director del programa ITAJUS, una iniciativa enfocada en el fortalecimiento institucional del sistema de seguridad y justicia.

En el marco de los 125 años de relaciones diplomáticas, Noboa subrayó que Italia se ha convertido en un socio clave dentro de la Unión Europea, al brindar respaldo en áreas como seguridad, justicia y modernización del Estado. En reconocimiento a su aporte, el Mandatario entregó al embajador Davoli la condecoración “Honorato Vásquez” en el Grado de Gran Cruz por su labor en la formación judicial y su apoyo a iniciativas antimafia. Davoli dedicó el homenaje a las víctimas de la criminalidad en ambos países.

El presidente Noboa también destacó el trabajo de Paolo Di Sciuva, quien desde el programa ITAJUS ha capacitado a más de 1.400 guías penitenciarios y colaborado activamente en la crisis carcelaria pese a amenazas de grupos delictivos. Su trayectoria en investigaciones antimafia y contra carteles del narcotráfico le valió recibir la Orden Nacional “Al Mérito” en el Grado de Comendador.

Con estas acciones, el Gobierno busca consolidar herramientas, alianzas y formación especializada que permitan enfrentar de manera más eficaz a redes criminales transnacionales, fortaleciendo la institucionalidad y la seguridad del país.

Quito.- La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional inició el trámite legislativo del Tratado sobre el Comercio de Armas, luego de recibir el oficio enviado por el presidente Daniel Noboa el 20 de noviembre de 2025. El documento solicita la aprobación parlamentaria previa a su ratificación, conforme a lo indicado en el artículo 419, numeral 3 de la Constitución.

La presidenta de la Comisión, Lucía Jaramillo, explicó que la Asamblea debe seguir el procedimiento establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tratamiento de instrumentos internacionales que requieren autorización legislativa. Señaló que el tratado busca regular el comercio de armas convencionales, evitar su desvío a estructuras criminales y fortalecer los mecanismos de transparencia y cooperación internacional.

El proceso inicia con la instalación de mesas técnicas junto a asesores legislativos y despachos de los comisionados, con el objetivo de profundizar en el análisis jurídico y operativo del instrumento. Tras este trabajo, la Comisión elaborará un informe que será remitido al Pleno para su debate y eventual ratificación.

El asambleísta Edwin Jarrín recordó que la Constitución establece claramente el rol de la Asamblea en esta materia. Destacó que existe voluntad política —al menos entre los legisladores comprometidos con la seguridad nacional— para respaldar el tratado, pues su aprobación permitirá combatir la comercialización ilegal de armas, una práctica que alimenta la violencia y fortalece redes criminales.

Jarrín anticipó su apoyo al informe final y respaldó el trabajo técnico que se realizará en las próximas semanas, subrayando la importancia de garantizar un análisis responsable que contribuya al fortalecimiento institucional y a la lucha contra el tráfico ilícito de armas.

Quito.- La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de dos proyectos de ley que abordan temas sensibles y de alto impacto social: la autonomía del paciente y la regulación de la eutanasia. La decisión se tomó tras la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que determinó que ambas propuestas cumplen los requisitos formales y pueden, si corresponde, unificarse con iniciativas similares que se tramitan en el Legislativo.

El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, dispuso el inicio del análisis y ordenó abrir el proceso de socialización a través de las plataformas institucionales para recibir aportes ciudadanos y técnicos. El primer proyecto, presentado por la exlegisladora Marcela Holguín, busca regular los derechos y obligaciones de pacientes, profesionales y centros de salud, garantizando el respeto a la autonomía, el acceso a información clínica y la posibilidad de solicitar la terminación voluntaria de la vida.

La segunda propuesta, impulsada por la exasambleísta Rosa Belén Mayorga, establece un marco legal para ofrecer una muerte digna a personas con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos que imposibiliten su calidad de vida. La normativa plantea requisitos estrictos y un procedimiento regulado que respete la voluntad del paciente y asegure un enfoque humano y ético.

Ambas iniciativas abren un debate profundo sobre derechos, dignidad y decisiones médicas en situaciones extremas, marcando un nuevo capítulo en la discusión legislativa sobre el final de la vida en Ecuador.

Quito.- La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa para el Migrante Ecuatoriano con la comparecencia de Pablo Roldán, subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana del Ministerio de Relaciones Exteriores. La intervención tuvo como objetivo aportar criterios técnicos y responder inquietudes sobre el alcance y viabilidad de la propuesta.

La presidenta de la Comisión, Lucía Jaramillo, destacó que este tipo de socializaciones fortalece la calidad del debate legislativo y garantiza un análisis responsable, sustentado en información técnica y conforme al marco jurídico vigente. Recordó que el propósito es construir una normativa clara, aplicable y alineada con la política pública de movilidad humana.

Durante su exposición, Roldán señaló que el proyecto presenta observaciones de fondo, ya que reproduce derechos y procedimientos que actualmente están previstos en la recientemente reformada Ley Orgánica de Movilidad Humana. Incluso, advirtió que la propuesta plantea derogar artículos esenciales de dicha ley, lo que podría dejarla sin contenido operativo y generar contradicciones normativas.

El subsecretario explicó que temas como emprendimiento, capacitación, homologación de licencias, registro de títulos o mecanismos alternativos de solución de conflictos ya están regulados e implementados por las instituciones competentes. Asimismo, destacó que la afiliación voluntaria al IESS desde el exterior es una opción vigente y plenamente habilitada.

Uno de los puntos más sensibles señalados por la Cancillería fue el riesgo de flexibilizar la obtención del certificado de migrante retornado mediante silencio administrativo o simple relato verosímil, lo cual —advirtió— podría abrir espacio a abusos y facilitar la entrega de beneficios a personas que no cumplen los requisitos legales.

Finalmente, Roldán observó que el proyecto se centra casi exclusivamente en los migrantes retornados, dejando fuera a ecuatorianos residentes en el exterior, lo que genera un desequilibrio frente al enfoque integral que promueve la actual Ley de Movilidad Humana. La Comisión continuará recabando insumos para elaborar un informe técnicamente sólido que será debatido en el Pleno.