Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), calificado como urgente en materia económica.

La iniciativa plantea incorporar reglas fiscales orientadas a priorizar la inversión pública, el mantenimiento de infraestructura y la provisión eficiente de servicios en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Cambios en la asignación presupuestaria

El proyecto reforma el artículo 192 del COOTAD para precisar que los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, condicionado al cumplimiento de una regla de asignación mínima prioritaria.

Esta disposición establece que los gobiernos provinciales y municipales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual codificado de egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos directamente vinculados a la prestación de servicios.

Además, se redefinen los grupos de inversión y se incorpora una nueva categoría: “Contratación de Estudios, Investigación y Servicios Técnicos Especializados”.

Transparencia y control fiscal

En materia de transparencia, la reforma al COOTAD prioriza inversión en los GAD mediante la obligación de publicar trimestralmente en los portales institucionales el indicador de gasto y las acciones adoptadas para cumplir la regla fiscal.

El ente rector de las finanzas públicas deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento y, en caso de incumplimiento, aplicar los porcentajes constitucionales de asignación e informar a la Contraloría General del Estado.

Aplicación gradual hasta 2028

Las disposiciones transitorias contemplan una implementación progresiva:

2026: seguimiento desde el 1 de diciembre, verificando al menos el 65 % desde el 1 de junio.

2027: cumplimiento mínimo del 68 %.

Desde 2028: aplicación plena del 70 %.

También se prevé la emisión de lineamientos técnicos para estandarizar anexos presupuestarios y un régimen especial para el presupuesto prorrogado de 2027.

Postura de la Comisión

El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la Comisión, afirmó que la propuesta no reduce la autonomía ni los recursos de los GAD, sino que ordena el uso responsable de los fondos públicos y prioriza los servicios básicos.

Señaló que durante el proceso de análisis —que incluyó 122 sesiones de trabajo— se evidenció una gestión desorganizada en varios gobiernos locales, lo que ha derivado en cantones que aún carecen de agua potable, alcantarillado y vialidad adecuada.

Franco sostuvo que el país requiere eficiencia, transparencia y resultados inmediatos en los territorios, priorizando servicios esenciales sin desconocer la importancia de la cultura y las festividades. Concluyó que la normativa establece reglas claras para que la prioridad sea la ciudadanía y no las autoridades de turno.

Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó la convocatoria pública al concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Fiscal General del Estado. El proceso iniciará el 18 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo de 2026.

La decisión fue adoptada en la Sesión Extraordinaria Nro. 6, celebrada el 12 de febrero de 2026.

Requisitos constitucionales

De conformidad con el artículo 196 de la Constitución de la República, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.

Poseer título de tercer nivel en Derecho.

Acreditar conocimientos en gestión administrativa.

Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por al menos diez años.

Prohibiciones expresas

La convocatoria establece restricciones específicas para garantizar la transparencia del proceso. No podrán participar quienes:

Posean bienes en paraísos fiscales.

Mantengan contratos con el Estado.

Registren obligaciones en mora con instituciones públicas.

Se encuentren procesados, llamados a juicio o condenados por delitos como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, terrorismo, delitos contra la administración pública, corrupción o crimen organizado.

Postulación y recepción de expedientes

La documentación deberá incluir certificados académicos, de cumplimiento legal y administrativo, emitidos por las entidades competentes, además de los formatos oficiales establecidos por el CPCCS.

Las postulaciones se recibirán de forma física en:

La matriz del CPCCS en Quito.

Delegaciones provinciales a escala nacional.

Embajadas y consulados del Ecuador en el exterior.

El horario de recepción será de 08H30 a 17H00 y el último día, 3 de marzo, se aceptarán expedientes hasta las 24H00.

La convocatoria será publicada en el portal institucional del CPCCS, en carteleras oficiales y se difundirá el 13 de febrero mediante cadena nacional de radio y televisión.

Llamado a participación

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, enfatizó el carácter público del proceso. “Este proceso no pertenece a una institución ni a una autoridad en particular; pertenece al país. Por eso, hacemos un llamado a los profesionales del Derecho, a la academia y a la ciudadanía a participar activamente en esta convocatoria”.

La designación del Fiscal General del Estado constituye uno de los procesos institucionales más relevantes dentro del sistema de justicia ecuatoriano, dado su rol en la dirección de la política criminal y la persecución penal.

Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en la construcción del proyecto para erradicar el reclutamiento infantil y adolescente en Ecuador. Durante la última sesión, delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República expusieron la urgencia de blindar a los menores frente al avance de los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Durante la sesión, Paola Escobar, delegada del Ministerio del Interior, y Diego Cisneros, asesor de la Vicepresidencia de la República, expusieron los alcances del proyecto, que propone un abordaje integral del fenómeno.

Un enfoque integral: Prevención, Seguridad y Justicia

La iniciativa no busca ser únicamente punitiva. Según Diego Cisneros, asesor de la Vicepresidencia, el proyecto para erradicar el reclutamiento infantil se sostiene sobre un sistema nacional articulado en tres ejes: prevención social, seguridad estratégica y justicia efectiva.

Para lograrlo, la propuesta plantea reformas integrales a múltiples cuerpos legales, entre los que destacan:

Código de la Niñez y Adolescencia: Para fortalecer el entorno de protección.

COIP: Para ampliar los tipos penales y endurecer sanciones.

LOEI y Ley de Salud Mental: Para garantizar la detección temprana de vulnerabilidades en las aulas y apoyo psicológico especializado.

El reto de tipificar el «uso y utilización»

Uno de los puntos más críticos discutidos es la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto para erradicar el reclutamiento infantil busca que la ley no solo sancione la captación forzada, sino también el «uso y utilización» de menores.

«Lo que se debe hacer es sancionar con mayor rigurosidad al reclutador», enfatizó Paola Escobar, delegada del Ministerio del Interior. Esta distinción es vital, ya que busca castigar a quienes emplean a niños para cometer delitos, se benefician de su participación o los instrumentalizan, incluso sin que medie un reclutamiento formal previo.

Mapa de vulnerabilidad y rehabilitación

Desde el Comité COPRUNNA se ha trabajado en un mapa de vulnerabilidad que identifica las zonas del país donde los niños son más propensos a ser captados por bandas criminales. El proyecto para erradicar el reclutamiento infantil contempla acciones priorizadas en estos sectores, incluyendo:

Programas de desvinculación: Procesos de rehabilitación específicos para menores.

Medidas socioeducativas: Herramientas para la adecuada reincorporación a la sociedad.

Acción deliberada: Estrategias para neutralizar la captación «voluntaria» inducida por la falta de oportunidades.

La normativa, que cuenta con el respaldo de 13 instituciones y organismos internacionales, busca frenar el deterioro del tejido social y asegurar que la infancia deje de ser el objetivo de la criminalidad organizada en el territorio nacional.

Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Tribunal de Garantías Penales sentenció a cinco años de pena privativa de libertad a Francisco Sebastián B. A., hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, tras declararlo culpable del delito de oferta de realizar tráfico de influencias, en calidad de autor directo, dentro del denominado caso Nene.

Además de la condena principal, los jueces impusieron una multa equivalente a doce salarios básicos unificados, la suspensión de los derechos de participación por diez años y la obligación de ofrecer disculpas públicas.

El fallo fue emitido de forma oral luego de más de tres semanas de deliberación, período en el que el Tribunal analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

Oferta de cargo y exigencia de dinero

Durante la audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción expuso los elementos probatorios que sustentaron la acusación.

Según los testimonios, el 8 de diciembre de 2023 la víctima se reunió con el ahora sentenciado en un hotel de Quito, donde se le ofreció un cargo en la Vicepresidencia de la República a cambio de entregar 1.700 dólares mensuales de su sueldo, que ascendía a 3.200 dólares.

Como garantía del pago, el perjudicado firmó una letra de cambio por 30.600 dólares, monto que debía cancelarse en el plazo de un año.

La víctima aceptó el puesto, pero fue desvinculada meses después. Posteriormente, mantuvo una reunión con Francisco B. en una oficina en Cuenca, donde —según la investigación— el procesado incineró la letra de cambio.

Pruebas periciales y testimonios

Entre las pruebas presentadas constan pericias de cotejamiento de voces correspondientes a una grabación telefónica en la que se coordinaba la entrega del dinero. El análisis determinó que las voces pertenecen a Francisco Sebastián B. y a la víctima.

También se incorporaron informes de seguimiento y vigilancia, el informe investigativo de los agentes intervinientes, el reconocimiento del lugar donde se quemó la letra de cambio y el análisis de una fotografía tomada mientras el documento era incinerado.

La causa se inició tras una denuncia ingresada en el Buzón de Transparencia del portal institucional de la Fiscalía.

Proceso pendiente para segundo implicado

En el mismo caso, un segundo procesado, Daniel R., permanece prófugo, por lo que su juicio está suspendido hasta su localización y captura.

Marco legal

El delito de oferta de realizar tráfico de influencias está tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años.