Créditos que cambian vidas impulsan economía popular

Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, destacó la entrega de USD 62 millones en créditos destinados a fortalecer la economía popular y solidaria, así como USD 6,9 millones dirigidos a mujeres rurales a través del programa AgroVioleta, durante el evento “Del Territorio al Desarrollo: Millones que Transforman Vidas”.

“Pensamos en las mujeres del sector agrícola, en los emprendedores, en quienes tienen un sueño y solo necesitan financiamiento para convertirlo en realidad”, afirmó el Mandatario.

La presidenta del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), María Belén Loor, informó que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se colocaron USD 62 millones en créditos para sectores de la economía popular y solidaria. Destacó que el 57 % de estos recursos se encuentra en manos de mujeres.

“De cada USD 100 entregados, USD 57 están en manos de mujeres que trabajan por el bienestar de sus familias y comunidades”, precisó Loor.

Uno de los testimonios fue el de Rosa Morocho, emprendedora del sector florícola, quien señaló que el financiamiento le permitió expandir su negocio.

En paralelo, el presidente del directorio de BanEcuador, Eduardo Peña, detalló que desde la implementación del Crédito AgroVioleta en julio pasado, más de 2.400 mujeres rurales han accedido a USD 6,9 millones en financiamiento. El programa está orientado a fortalecer la productividad agrícola y promover la independencia financiera femenina.

María Sari, beneficiaria del crédito, explicó que los recursos le permitieron mejorar los pastizales de su finca y optimizar la genética de su ganado.

El presidente Noboa subrayó que su administración considera a la mujer como eje del desarrollo productivo nacional. Recordó que el 70 % de las 180.000 becas entregadas por el Gobierno ha sido destinado a mujeres, además de la ampliación del acceso a créditos productivos e hipotecarios.

“Cuiden estos créditos, inviértanlos en sus sueños, en su trabajo y en su comunidad. Este gobierno cree en ustedes”, concluyó.

Incautación de droga en Espíndola deja 5 detenidos

Espíndola. Loja.-  En el marco de la Estrategia Operacional 3D, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en el cantón Espíndola, sector Amaluza, que permitió la aprehensión de cinco ciudadanos y la incautación de 731 kilos de marihuana ocultos en estructuras metálicas.

La intervención fue desarrollada por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas, tras la obtención de información reservada que alertaba sobre una bodega utilizada como centro de acopio de sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento se identificó un vehículo tipo camión que transportaba 150 andamios con alteraciones estructurales. Tras la verificación técnica, los agentes detectaron en su interior paquetes con sustancia vegetal verdosa, con características similares a marihuana, evidenciando una modalidad de camuflaje utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico transfronterizo.

Indicios incautados:

150 andamios contaminados con presunta marihuana

1.050.000 gramos de droga (equivalente a 731 kilos)

01 vehículo tipo camión retenido

05 teléfonos celulares incautados

Aprehendidos:

Pablo Javier S. M., ecuatoriano, 44 años, sin antecedentes

Segundo Fernando A. J., ecuatoriano, 53 años, sin antecedentes

Marcos Joselito G. J., extranjero, 25 años, sin antecedentes

Elit Claudio G. J., extranjero, 28 años, sin antecedentes

Héctor Marcelo G. J., extranjero, 32 años, sin antecedentes

Los ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

De acuerdo con la Policía Nacional, esta operación representa un golpe directo al núcleo logístico de una estructura criminal, afectando su capacidad operativa y su cadena de abastecimiento.

La institución reafirmó su compromiso de mantener cercos territoriales estratégicos en zonas fronterizas y de intensificar acciones investigativas para impedir que el territorio nacional sea utilizado como corredor del narcotráfico.

Incendio estructural en San Cayetano fue controlado

Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Un incendio estructural en San Cayetano fue atendido oportunamente por el Cuerpo de Bomberos de Loja la tarde de este miércoles, en la calle Hamburgo, al norte de la ciudad.

La emergencia fue controlada por efectivos de la Estación Norte, con el apoyo del bravo de la Estación Centro y bajo la coordinación del inspector de turno.

El inmueble afectado pertenece al señor Arcesio Segarra Bravo, de 84 años. En la vivienda también reside, en calidad de inquilina, la señora Fanny Elza Lara Chalco, de 40 años.

Como resultado del incendio, un cuarto utilizado como bodega fue consumido en su totalidad por la acción del fuego. Entre los bienes afectados se reportan una cama, colchón, ropero, cocina y varios utensilios domésticos. Además, se registraron daños adicionales provocados por el agua empleada durante las labores de extinción.

El personal bomberil ejecutó tareas de control, enfriamiento y verificación para evitar una posible reignición. Posteriormente, el inspector de la Jefatura de Prevención de Incendios inició el procedimiento técnico correspondiente para determinar las causas que originaron el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Loja reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortó a la población a realizar revisiones periódicas de instalaciones eléctricas y sistemas de gas, con el fin de prevenir emergencias similares.

Juez dicta prisión preventiva para Aquiles Álvarez

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El juez Jairo García dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del proceso denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

La medida cautelar también fue dispuesta contra los hermanos del burgomaestre, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, así como para otros siete procesados. En uno de los casos, el juez resolvió aplicar medidas sustitutivas, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad judicial.

La decisión se produjo tras la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló de manera presencial y a puerta cerrada, sin acceso para público ni periodistas.

Fiscalía expone teoría del caso

El fiscal Dennys Villavicencio, a cargo de la investigación, presentó los elementos recabados durante la indagación previa contra 11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, sus hermanos, empresarios y funcionarios vinculados a la administración municipal.

Según la Fiscalía, el proceso investiga un “entramado societario complejo” que habría operado en torno a la comercialización de combustible, presuntamente evadiendo controles estatales y corrompiendo funcionarios públicos.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, argumentando la necesidad de neutralizar riesgos procesales. Para una persona de la tercera edad pidió arresto domiciliario. Además, requirió el congelamiento de cuentas bancarias.

Postura de la defensa

La defensa de Aquiles Álvarez sostiene que el caso se origina en una denuncia anónima y que la principal prueba presentada corresponde a una pericia sobre aproximadamente 150.000 páginas de chats de WhatsApp.

Ramiro García, abogado del alcalde y de sus hermanos, manifestó que las conversaciones corresponden a intercambios coloquiales propios de actividades empresariales. Asimismo, cuestionó el pedido de prisión preventiva, señalando que su defendido habría cumplido con medidas previas de presentación ante la Fiscalía.

Otros abogados defensores, como Guido Prado y Carlos Soria, también criticaron la solidez de la teoría fiscal, indicando que la acusación se basa fundamentalmente en conversaciones digitales obtenidas de un procesado en otra causa judicial.

Avanza la instrucción fiscal

Con la formulación de cargos y la decisión judicial, el caso Goleada entra oficialmente en etapa de instrucción fiscal, fase en la que se recopilarán y practicarán nuevas diligencias investigativas.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido mayores detalles oficiales debido a la reserva parcial de la audiencia.

CPCCS inicia proceso designación del vocal suplente de la Judicatura

Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició el proceso para la designación del vocal suplente del presidente del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de evitar una posible acefalía en el Pleno del organismo.

La decisión se adoptó luego de conocer el Oficio CJ-DG-2026-0197 y su respectivo alcance, remitido por el director general del Consejo de la Judicatura, Jorge Maruri Vecilla, mediante el cual se solicita la activación del mecanismo de selección conforme a las competencias constitucionales del CPCCS.

En el documento se advierte la existencia de una ausencia definitiva de la vocal suplente correspondiente a la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, lo que podría generar una conformación incompleta del Pleno.

Ante este escenario, el CPCCS requerirá formalmente al presidente de la Corte Nacional de Justicia el envío de la terna respectiva para proceder con la designación del vocal suplente. Además, convocará a la integración de una Veeduría Ciudadana encargada de vigilar la transparencia del proceso.

Fases del proceso

De acuerdo con el Reglamento para la Selección y Designación de las y los Vocales Principales y Suplentes del Consejo de la Judicatura, el procedimiento contempla las siguientes etapas:

Revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes.

Escrutinio público e impugnación ciudadana.

Presentación del plan de trabajo.

Designación por parte del Pleno del CPCCS.

El organismo reiteró que el proceso se desarrollará en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando principios de transparencia, participación y control social.

Proyecto de Ley que Regula Procedimientos Eutanásicos

Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El proyecto de Ley de Procedimientos Eutanásicos, en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud, continúa su fase de análisis con la comparecencia de especialistas en bioética, medicina interna y cuidados paliativos, quienes aportaron criterios técnicos y conceptuales al proceso legislativo.

Durante la sesión, el doctor en Filosofía Miguel Pastorino, desde Uruguay, advirtió que en América Latina persiste una confusión conceptual en torno a la eutanasia. Señaló que prácticas médicamente aceptadas —como la adecuación del esfuerzo terapéutico, el retiro de soportes vitales, las voluntades anticipadas o la sedación paliativa— suelen ser catalogadas erróneamente como eutanasia.

Pastorino precisó que la eutanasia se define exclusivamente como la acción directa destinada a provocar la muerte de una persona en contexto médico y con su consentimiento. Añadió que dicha práctica no constituye un derecho humano y sostuvo que el deseo de morir suele disminuir cuando existen cuidados paliativos adecuados y accesibles.

Debate sobre autonomía y marco legal

El asambleísta Jorge Tamayo planteó interrogantes respecto a la manifestación de voluntad en casos donde el paciente no puede expresar su decisión. En respuesta, se expuso la experiencia uruguaya, que contempla marcos normativos como la ley de voluntades anticipadas y el acceso universal a cuidados paliativos, instrumentos orientados a garantizar la dignidad sin recurrir a la eutanasia.

Por su parte, la médica colombiana María Cristina Cervantes advirtió sobre inconsistencias éticas en diversos proyectos de “muerte digna”. Subrayó que la dignidad es inherente al ser humano y que no debe reducirse a la posibilidad de solicitar la eutanasia. Señaló que la verdadera autonomía requiere acceso efectivo a tratamientos médicos y cuidados paliativos integrales.

Asimismo, alertó sobre eventuales riesgos jurídicos, como consentimientos verbales insuficientemente regulados, aceleración de procedimientos y la inclusión de equipos paliativos en prácticas cuyo objetivo sea provocar la muerte, recordando que la medicina paliativa busca aliviar el sufrimiento, no causarlo.

Cuestionamientos sobre regulación y control

La asambleísta Cristina Jácome manifestó preocupación por la eventual participación de clínicas privadas en estos procedimientos, advirtiendo sobre el riesgo de mercantilización en decisiones relacionadas con el final de la vida.

En la misma línea, Viviana Dávalos, PhD en Ciencias Médicas y máster en Atención Paliativa, enfatizó la necesidad de precisión terminológica en el debate legislativo. Reiteró que la eutanasia no incluye la omisión o retiro de tratamientos desproporcionados, ni la sedación paliativa o la adecuación del esfuerzo terapéutico, prácticas reconocidas dentro de la buena praxis clínica.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que el respeto a la autonomía exige sistemas robustos de decisiones anticipadas y acceso universal a cuidados paliativos, condiciones que permitirían decisiones informadas, libres y responsables al final de la vida.