Video por andesecuador
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La Habana.- (Andes) – Andrés París y Fidel Rondón, miembros del equipo negociador de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia dialogaron con la agencia Andes sobre los avances y los desafíos que implica el proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012.
– ¿Las discusiones sobre la solución del problema de las drogas ilícitas son las que más han durado (cinco meses). ¿Cuál es la razón?
Fidel Rondón: Es más complicado que los puntos anteriores en los cuales hay acuerdos parciales, porque es el punto nodal de la economía colombiana. Habrá que discutir hasta qué punto se ha comprometido el actual modelo económico, los anteriores gobiernos, el sector financiero, de la industria, en el tema de las drogas. Nos vamos a enfrentar, el Estado desde su perspectiva dirigida y amparada por políticas internacionales en las cuales está comprometido, y nosotros desde la perspectiva más progresista mirando el problema del consumo y la producción de hoja de coca donde están los campesinos bastante involucrados. Se le pueda dar una solución más social, no militar, no represiva, donde se escuche a todas las partes.
– ¿Cuál es la participación de las FARC en la cadena del narcotráfico?
FR: El pecado que han cometido las FARC es vivir en las áreas donde se desarrollan los cultivos ilícitos, compartir zonas con los campesinos. Cobramos un impuesto a todos los grandes capitales que circulan por nuestras regiones para desarrollar la lucha por la paz en Colombia.
Andrés París: Ese impuesto no establece una política de colaboración con las mafias del narcotráfico. Lo hacemos desde la existencia de un ejército revolucionario que le impone la condición a estos capitales que si no acceden al pago de ese impuesto tienen que abandonar las regiones donde se hacen presentes. Estos capitales también saben sobornar esa cadena institucional legal que se ve comprometida en estos eslabones.
– ¿Se han planteado la participación de Estados Unidos en la mesa para tratar el tema de las drogas ilícitas?
AP: Lo hemos planteado y no estamos solos en ese planteamiento. Varios presidentes han planteado una política diferente a la guerra. La guerra contra el narcotráfico es parte consustancial de la eficiencia del negocio del narcotráfico. Es un eslabón que permite incorporar al fenómeno del narcotráfico el negocio de la venta de armas que son norteamericanas las que llegan a Colombia a dotar a las Fuerzas Armadas. Pero además hay un surtido de elementos químicos para el procesamiento de estas drogas que también son norteamericanos.
– ¿Cómo encaran el tema de las víctimas y cuál es la importancia de la comisión de la verdad que proponen las FARC?
FR: Lo vamos a enfrentar con todo el peso de la responsabilidad que le cae al establecimiento y la responsabilidad que le quepa a la insurgencia. El trabajo del Centro de Memoria Histórica necesita una revisión. Pedimos la creación de un grupo para el esclarecimiento del conflicto y no como pretende el gobierno de las últimas tres o cuatro décadas. Esto se debe discutir por lo menos desde 1936, en la responsabilidad en la guerra que se ha desatado desde el Estado contra el pueblo. La participación de los partidos, de la Iglesia católica. En el informe (del Centro de Memoria Histórica) faltan el pueblo colombiano y la insurgencia.
– ¿Qué pasará si el gobierno no acepta esa propuesta?
AP: El comandante Iván Márquez ha advertido en documento reciente que si no se facilita la creación de esta comisión, difícilmente vamos a empezar el punto. El gobierno pretende ponernos en cada uno de los seis puntos como si fuéramos el Estado insurgente que tiene que responderle al país. Preparan su base mediática para mostrarnos en el punto de víctimas como los responsables de 600.000 o 700.000 colombianos muertos y desparecidos a lo largo de esta guerra interna desde 1948. De víctimas que somos, pues la guerrilla nació como respuesta a la violencia estatal, invierten el cono y están trabajando por volver la mesa de La Habana en tribunal de Núremberg para juzgar guerrilleros. Por eso tenemos que decirnos la verdad aquí: quién empezó el conflicto, quién tiene la mayor responsabilidad en este episodio fatídico que dura más de 50 años. Si no hay avance en esta comisión, ahí paran los diálogos.
– ¿Es así de crucial esta exigencia?
AP: Los tres puntos que hemos avanzado los hemos logrado porque hemos llegado a líneas rojas para el gobierno y hemos dicho entonces firmemos acuerdos parciales, dejamos el desacuerdo para después. En este punto de víctimas es muy difícil entrar a una línea roja porque el gobierno quiere empezar sindicándonos a nosotros, poniéndonos en la picota pública nacional e internacional de ser los responsables de más de 600.000 colombianos desaparecidos, muertos en este largo conflicto, más de 6,5 millones de refugiados que buena parte están en Ecuador, y nos quiere hacer responsables del desplazamiento interno de otra cantidad de millones de colombianos que han abandonado el campo colombiano. No podemos empezar un punto partiendo de que nosotros somos los acusados. Somos parte de las víctimas y los acusadores del régimen político colombiano. Por eso tiene que empezar con el pie derecho esta discusión.
– ¿Cómo ven la propuesta de justicias transicional del gobierno?
AP: La justicia transicional existente la rechazamos, y la interpretación que hace Colombia de esa justicia y del marco jurídico internacional que regula la justicia transicional es mucho más retardataria que la propia existencia de esas leyes. Hemos dicho que es necesario construir unas normas de tránsito de la guerra a la paz, de la confrontación armada a la participación política, pero esa juridicidad debe emanar de la mesa, no de tratados o normas internacionales que vienen en este mundo unipolar imponiéndose como concepto. Si es tan correcta la justicia transicional, que obligue a todo el mundo. ¿Por qué Estados Unidos y las grandes potencias no suscriben los acuerdos que regulan la justicia internacional?. China no acepta que ningún funcionario o soldado sea juzgado en el marco de la ley internacional, Estados Unidos menos. Esta justicia transicional está hecha para los pobres, para los países dependientes que han sido derrotados en confrontación armada y para los pendejos. No van a encontrar en las FARC, la única organización que está en un proceso de paz, suscribiendo el fin del conflicto, viendo a sus dirigentes y comandantes en la cárcel. Se han dado dos o tres casos de juzgamiento en Yugoslavia, pero eso fue otro tipo de conflicto. Nosotros no hemos sido derrotados, gozamos de la libertad que nos ha dado nuestra capacidad militar de andar por todo el territorio nacional. Yo he caminado libremente desde la frontera ecuatoriana a las fronteras brasileña, venezolana, a pie, y a mí nadie me ha capturado. ¿Vamos a renunciar a esa libertad como movimiento guerrillero para terminar encarcelados?. Aquella fuerza, país, gobierno que se subordine a estos conceptos de justicia transicional está acabado. El acuerdo del fin del conflicto en Colombia es político, se pueden inventar muchas leyes que pueden impedir el acuerdo, pero la solución de un conflicto armado es esencialmente política.
– ¿Qué balance hacen de la organización cuando está a punto de cumplir 50 años?
FR: El avance del proceso revolucionario, del partido comunista clandestino, de las fuerzas guerrilleras es notable, tanto así que estamos en condiciones de arrancar al establecimiento soluciones políticas si es que toca, o estamos en condiciones de prolongar la lucha guerrillera por tiempo indefinido si no se llega a acuerdos sustanciales que cambien la vida económica, social y política de los colombianos.
– El gobierno dice que las FARC tienen unos 8.000 combatientes. ¿Es real esa cifra y cómo están militarmente?
AP: Las FARC no es tan pequeña como lo desean nuestros enemigos internos y externos. La dimensión de las FARC nuestros amigos no la pueden percibir porque se nos ha rodeado de una matriz mediática que estableció que las FARC habían sido derrotadas militarmente. No sabría decirle cuántos somos, pero somos más que esa cifra. Las FARC no son solamente hombres en armas, es un pueblo, un partido clandestino y una movilización campesina.
Estamos presentes en las luchas obreras, campesinas, juveniles, de mujeres, negritudes. Las FARC siguen siendo la frontera norte de Ecuador, a lo largo de 2.219 kilómetros que compartimos con Venezuela están nuestros frentes guerrilleros. Igualmente en Panamá. Están en el territorio colombiano, nos encontramos en el corazón de la patria. Las FARC han potenciado un músculo militar porque las ofensivas militares en la época de (el expresidente Alvaro) Uribe fortalecieron ese músculo y ese músculo no ha dejado funcionar en el gobierno de (Juan Manuel) Santos, porque las ofensivas militares han continuado siendo lo mismo o más intensas. El vigor de las FARC se ve en la profundidad de las propuestas que estamos haciendo de solución política. En Colombia existen todavía realidades que justifican la lucha armada. Las bajas enemigas, según estadísticas de la organización Arcoíris, se acercan a tres y cuatro mil anuales. El conflicto sigue siendo recio y eso lo hace una organización militar existente.
– ¿Es importante para las FARC ser retiradas de las listas de grupos terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea?
AP: Hay que trabajar por desaparecer de esas listas no solamente a las FARC sino al conjunto de organizaciones, países y Estados que en el mundo son incorporados por decisión de la política exterior norteamericana. Ese hábito es muy dañino.
– El presidente Rafael Correa ha dicho que el proceso de paz con las FARC es la noticia más importante de la última década en la región y que la lucha armada perdió toda razon de ser. ¿Qué opinan al respecto?
AP: Conocemos de las posturas públicas e internacionales del presidente Correa a favor del proceso de paz que desarrollamos en La Habana y decimos que es un aporte importante para que éste se mantenga. La lucha armada en Colombia seguirá vigente mientras la clase dirigente siga usando la violencia como el recurso principal de gobierno. Defendemos la vigencia de la lucha armada en Colombia, no tenemos una visión de hacer vigente la resistencia armada en todos los países, indistintamente de la decisión de los partidos de vanguardia o izquierda que dirijan esos procesos. Estamos dispuestos a transitar los caminos de la lucha política, legal, pero eso no puede ser solamente de corazón, sino que tiene que ser un acto apoyado en las profundas razones que hemos venido explicando en los procesos de diálogo. Muchos de nosotros tenemos discursos guardados hace años para echárnoslos en la plaza pública, pero nuestro discurso es transitar esa senda y queremos entregarles al presidente Correa, al presidente Maduro, a todos los presidentes que protagonizan los cambios democráticos en América Latina, darles las noticias nosotros que hemos llegado a un acuerdo del fin del conflicto, para que Colombia deje de afectar a los países vecinos, a nuestras hermanas repúblicas, y el día que lo tengamos ellos serán invitados de honor a este acuerdo. Mientras llegamos a esa etapa nos esforzamos en transmitir nuestras ideas claras de las dificultades del proceso. Ratificamos nuestra voluntad de llegar al fin del conflicto, a ese acuerdo definitivo, a esa solución política que la logramos con una frase sencilla: construyamos la paz con justicia social y firmamos la paz.
– Algunos observadores han advertido que reductos guerrilleros podrían desconocer un eventual acuerdo de paz y agravar problemas como el narcotráfico y la minería ilegal en las zonas de frontera. ¿Existe ese riesgo?
AP: Un asesor de seguridad colombiano se pasea por esa especulación de qué pasará con las FARC tras la firma de un acuerdo, especulan sobre posibles divisiones de las FARC o no acatamiento de las órdenes que se impartan. Eso va más dirigido a confundir a la opinión colombiana e internacional de lo que estamos resolviendo en el proceso de paz. Estamos resolviendo las vías para que una organización pueda optar por otras formas para hacer la política, distintas a la armada, eso es posible sobre la base de unas garantías y unos cambios. Eso (el desarme) no modificará el panorama general de Colombia como una república llena de todo tipo de violencias, irregularidades e ilegalidades. Todos esos problemas en la frontera seguro van a continuar. Pero no son nuestra responsabilidad las que hoy existen y mucho menos las que se puedan incrementar en el futuro a partir de nuestra transformación de organización militar a organización política. Si en esa transformación llegamos a ser gobierno, que los ecuatorianos estén tranquilos que firmamos todo tipo de acuerdos para hacer de la frontera un lugar común de prosperidad y de buen vivir. Mientras no seamos poder o gobierno no está en nuestras manos responder a esas situaciones hipotéticas, que se ubican en el posconflicto, pero que tienen una carga de especulación y efecto inmediato sobre nosotros, que siembran la duda sobre nuestra capacidad de unidad de mando. Eso está garantizado en nuestra organización. Las FARC no han sufrido ninguna división a los largo de toda su historia.
– El presidente Santos ha dicho que su eventual reelección en los comicios del próximo 25 de mayo es una garantía para dar continuidad al proceso de paz. ¿Qué opinan de eso?
Hemos exigido que las delegaciones que se sientan a dialogar con las FARC representen políticas de Estado, no solo del gobierno de turno y tampoco y mucho menos del partido de gobierno, para no prestarnos a esa manipulación de intereses inmediatistas, electoreros, como en este caso se ve en ese optimismo rampante del presidente de utilizar la mesa de diálogo para su reelección. No tenemos compromisos electorales con ningún candidato, pensamos que el proceso de paz es mucho más importante, trasciende en el tiempo y en las expectativas y anhelos de los colombianos. En ese proceso electoral se expresará una fracción minoritaria de toda la población, pues la abstención es del más del 60%. La paz, en cambio, le habla a los 42 millones de colombianos. Por eso, reducir las expectativas de paz a la reelección de un señor es minimizar los alcances del proceso de paz. Saludamos que varios candidatos hayan dicho que continúan el proceso de paz en La Habana. Con todos ellos estamos dispuestos a conversar ante la eventualidad del triunfo de uno u otro, pero la paz no puede ser artículo de uso electorero y más con fines de un presidente que no ha hecho todo para que este proceso avance lo suficientemente rápido. Nuestro candidato o candidata será la asamblea nacional constituyente que tendrá necesariamente que ser el mecanismo refrendatorio de los acuerdos para el fin de conflicto y para una paz duradera.
